Cuando en 1962 se aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución General de la República para incorporar la figura del Salario Mínimo, ni el Presidente Adolfo López Mateos, ni los Diputados y Senadores que conformaban las Cámaras del Congreso de la Unión, ni los Diputados locales que por entonces integraban las Legislaturas de los Estados, todos ellos participantes en el proceso de adición a la Carta Magna, pudieron prever que pasar de una aspiración social consagrada en el texto constitucional, a una realidad económica, llevaría, más de 55 años.
La falta de visión y metas de largo plazo en materia salarial en sucesivos gobiernos federales, los recurrentes ciclos erráticos de la economía mexicana, las ortodoxas estrategias de control de la inflación basadas en la contensión salarial, así como la baja productividad sistémica imperante en diversos sectores, determinaron que los salarios mínimos emprendieren por décadas, una ruta de alejamiento gradual del ideario Constitucional, conforme al cual, el Salario Mínimo General (SMG), debe ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”.
Ante esa realidad y a partir de 2016, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) realizó una convocatoria social a los diversos actores políticios y económicos, para celebrar un Acuerdo Nacional por una Nueva Cultura Salarial (ANNCS).
El planteamiento central de esta propuesta, consiste en lograr una evolución planeada y progresiva de los sueldos en México, estableciendo objetivos precisos de mediano y largo plazo, para que el país deje de caracterizarse por contar con los menores salarios de la OCDE, y a las vez, los salarios mínimos más bajos de prácticamente de toda Latinoamérica.
En una visión al 2030, concordantes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en las Naciones Unidas y avalados por México, los niveles de remuneración deben de evolucionar, para que una familia mexicana que para entonces tendría en promedio 3.5 miembros, logre que con el salario de entre 1.7 y 2.0 de sus integrantes, en cualquier trabajo dentro de la economía formal, el ingreso acumulado necesario para que la familia alcance la llamada Línea de Bienestar.
Esto implica que a valores constantes de 2017, el SMG en 2030 alcance entre 162.35 y 194.68 pesos, lo que que para ser factible, requiere una evolución progresiva cada año, de entre 5.8 y 8.5 pesos en valores actuales.
El pasado 21 de Noviembre de 2017, se ha dado un paso en la dirección correcta. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) determinó que a partir del 1º de Diciembre de 2017, el SMG pasare de 80.04 pesos (vigente a partir del 1º de Enero de 2017) a 88.36 pesos.
En su nueva cuantía de 88.36 pesos diarios, el SMG que está vigente apenas hace dos días, cubre el 91.89% del monto necesario para alcanzar la nivel individual la “Linea de Bienestar” definida por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que al mes de Octubre se calcula es de 96.16 pesos.
Una premisa de la economía de mercado, es que todas las personas que trabajan en la economía formal, obtengan cuando menos para si mismos, el 100% de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en núcleos urbanos, es decir, para que alcancen la Linea de Bienestar.
No obstante, ese es solo un primer escalón. Una visión integral acorde a los principios básicos de la responsabilidad social empresarial, implica que la Linea de Bienestar se alcance a nivel de núcleo familiar.
Lo más relevante del acuerdo, es el reconocimiento implícito de los actores económicos y de las autoridades gubernamentales, de que al margen de la evolución de los salarios contractuales y de los salarios mínimos profesionales, el SMG debe evolucionar con un ritmo diferenciado, con mayor aceleración, que el resto de los salarios.
En efecto, el incremento acordado por CONASAMI al igual que el pactado a finales de 2016, se estructuró en un esquema mixto: parcialmente en 5.00 pesos bajo el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y que será aplicable únicamente al Salario Mínimo General (SMG), y adicionalmente, un incremento porcentual del 3.9% aplicable a la totalidad de los Salarios Mínimos. Este esquema mixto, es el que hace posible la evolución diferenciada.
En el acuerdo alcanzado en CONASAMI se definió que ambos incrementos entrasen en vigor el 1º de diciembre pasado.
No menos relevante es el acuerdo establecido en actas de CONASAMI, y comprometido públicamente por el Secretaria del Trabajo, para que a más tardar el 30 de Abril de 2018, se lleve a cabo un nuevo ajuste que permita que el SMG llegue, a nivel individual, al 100% de la Linea de Bienestar.
También es destacable, que la parte fundamental del impulso para la evolución del SMG, haya provenido del sector privado mexicano, venciendo incluso algunas posiciones dogmáticas dentro del gobierno federal y el banco central.
Ya durante 2017 quedó de manifiesto, que la evolución del SMG no generó el llamado “efecto faro” que preocupaba a algunos distorisonara las negociaciones colectivas. Además, todos los análisis, incluso del Banco de México, demuestran que la variación del SMG ha sido irrelevante como determinante de la inflación. Finalmente, hay evidencia clara qué ese incremento, no afectó el ritmo de la creación de empleos, ni tampoco provocó un incremento de la informalidad en las micro empresas.
Ahora que desde el Gobierno Federal se destaca el cumplimiento en las metas de generación de empleos, que por cierto son mérito del sector privado que los crea, debemos tener presente que el desafío de México no es solo generar 1 millón 200 mil puestos de trabajo cada año, sino que los mismos sean empleos de calidad en razón de su nivel de remuneración. En este año, solo el 61% de los empleos que se están creando en 2017, son de tiempo completo y con ingresos que permiten al trabajador cubrir sus necesidades básicas de acuerdo con el CONEVAL.
Los programas sociales, aunque necesarios, no son una solución definitiva para abatir la pobreza y disminuir la desigualdad. Esto se logra solo a través del trabajo bien remunerado, en la economía formal.
Por ello, el mayor reto de México en materia económica y social, es la evolución ordenada de su mercado laboral para que sea el instrumento primario para el abatimiento de la desigualdad.
Tiene que ser una verdadera política prioritaria del Estado Mexicano, a 55 años de la adición del ideario del Salario Mínimo en el texto constitucional. Por ello, el imperativo es alcanzar ya, antes de que acabe esta administración federal, un Acuerdo Nacional por una Nueva Cultura Salarial.
