Autor: Gustavo A. de Hoyos Walther
El tránsito de una democracia representativa a una participativa, no es sencillo. Sin embargo, México está dando importantes pasos en esa dirección. Cada vez son más las organizaciones de la sociedad civil que se involucran en lo público, transitando de una postura defensiva y de resistencia, a una de propuesta y exigencia.
Esta participación se expresa en distintas dimensiones, desde la acción comunitaria para incidir en el entorno urbano (calles, parques y ambientes de seguridad), hasta la colaboración en el diseño de políticas públicas (estado de derecho, macroeconomía y apertura comercial).
En el ámbito de los grandes retos nacionales, la intervención de la sociedad en la modernización del marco legislativo vigente juega un papel fundamental: las transformaciones de fondo se deben cimentar en la adecuación del marco jurídico, que permita la acción del gobierno para hacer realidad las transformaciones que requiere la Nación.
Un primer momento definitorio en la conformación de estos espacios de participación cívica se dio el 20 de Mayo de 2014, con la publicación de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, consecuencia de la reforma del Artículo 71 Constitucional, y que incorporó la figura de la Iniciativa Ciudadana, y con ello inició la ruta para el desmantelamiento del monopolio constitucional que controlaban el Presidente de la República, los Senadores y los Diputados federales, así como las Legislaturas estatales, para iniciar el proceso legislativo en materia federal, mediante la promoción de una iniciativa de ley.
Un segundo momento fundacional de la participación ciudadana, sucedió el 18 de Julio de 2016 al promulgarse las leyes que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción, y de forma especial, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conclusión del primer ejercicio exitoso en el ámbito federal, de una iniciativa ciudadana, y que coloquialmente se conoció como la “Ley 3 de 3”.
En lo que será un nuevo hito en este proceso de maduración democrática, el pasado 19 de Abril ocurrió un tercer momento referencial, cuando el Instituto Nacional Electoral celebró un convenio con la COPARMEX, con el cual pone a nuestra disposición una aplicación móvil (App) para capturar el apoyo ciudadano a las iniciativas de ley que impulse el sindicato patronal. Se trata de la misma aplicación que utilizaron quienes aspiraron a una candidatura independiente.
El uso de esta aplicación, primero por la COPARMEX y seguramente después por muchas otras organizaciones de la sociedad, marca el inicio de una nueva era en la participación ciudadana. Será un número creciente de iniciativas, desde lo local hasta lo nacional, e incluso lo constitucional, donde el impulso de la sociedad civil organizada, empezará a tener un nuevo papel transformador del Estado de Derecho en México, gracias al vehículo informático que lo hará asequible a más organizaciones sociales.
El viejo monopolio para iniciar leyes está llegando a su fin. La democracia participativa, se empieza a consolidar como una realidad. Por México, que bien que así sea.
