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Autor: C.P. Juan Manuel Hernandez Niebla, Presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático

“La preocupación nos debe conducir a la acción, no a la depresión” K. Horney

Con la aprobación de las leyes del sistema anticorrupción federal y estatales, la lucha ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad ha comenzado.

Ahora es necesario ir por más. Llevar a la práctica estas nuevas leyes para evitar que funcionarios públicos sigan lucrando y enriqueciéndose a costa de nuestros recursos públicos; y si lo hacen, que sean verdaderamente castigados.

Para esto, es fundamental que los ciudadanos que tuvimos una participación en la construcción y promulgación de las leyes anticorrupción, sigamos trabajando en la construcción de un verdadero estado de derecho como base constitucional para el desarrollo del país.

Necesitamos seguir luchando por completar la construcción del andamiaje anticorrupción, pugnando por el nombramiento de fiscales y magistrados verdaderamente autónomos y con los recursos necesarios para operar.

De igual manera, y ante gobiernos cada vez más opacos en sus procesos de contratación de servicios, y de obras públicas que se derrumban y colapsan recién construidas, es necesario una nueva generación de reformas legislativas que den más claridad al proceso de adquisición y concesión de obras públicas y servicios.

Cada vez son más los casos de gobiernos que contratan obra pública con severas deficiencias o insumos de baja calidad, donde las mismas también generan serias dudas sobre la manera en que los contratos fueron otorgados, por lo que se hace indispensable la creación de un paquete de reformas complementarias para el buen funcionamiento del sistema anticorrupción, y que deberán tener las siguientes características:

Deben contener ordenamientos que respeten los lineamientos de integridad y transparencia establecidos en los sistemas anticorrupción.

  • Deben garantizar la calidad y sustentabilidad de los proyectos contratados, asegurándose la mayor eficacia y transparencia en la inversión de recursos públicos, con total certeza legal y continuidad operativa de los actores involucrados en el proyecto.
  • Deben realizar todo el ciclo de contrataciones mediante plataformas electrónicas que brinden transparencia en los procesos de licitación y contratación, donde idealmente las mismas estén conectadas a la plataforma de compras de la SHCP, para asegurar se apliquen las herramientas de seguimiento y fiscalización del gasto público, dentro de la correcta clasificación de los rubros presupuestales correspondientes.
  • Deben igualmente establecer mecanismos de denuncia por posibles irregularidades cometidas dentro del proceso de contratación, donde en el caso de encontrarse responsabilidad a las empresas que hayan cometido infracciones graves, las mismas sean castigadas y descalificadas de otros proyectos, todo esto de acuerdo a la ley general de responsabilidades administrativas.

Finalmente, es importante fortalecer la cultura de la legalidad, asegurándose la eficiencia en la operación del sistema anticorrupción, promoviendo los datos claves sobre las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de los protagonistas, aumentando las acciones preventivas y desde luego, sancionar ejemplarmente a quien viole la ley.

Los mexicanos ya estamos cansados de tanta corrupción. Se ha demostrado que mientras dejemos la tarea de luchar contra la corrupción a los políticos, este mal no terminará por desaparecer en el país.

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