Al inicio de la administración federal fueron aprobadas reformas estructurales de gran calado, para incidir en distintas dimensiones de política pública, desde relaciones económicas y productivas, hasta dinámicas sociales.
Sin embargo, como se ha documentado en el libro “The Missing Reform”[La Reforma Pendiente] [1], publicado este año por el Wilson Center en Washington, el potencial de estas reformas para inducir en el desarrollo de México, no se ha materializado cabalmente. La transformación más relevante sigue pendiente: el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En COPARMEX coincidimos con este diagnóstico, al que se suma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en su publicación “Getting it Right” [Haciéndolo Bien] [2], hace un llamado al fortalecimiento de las instituciones legales y de justicia, como el principal reto de nuestro país. Considera que la vigencia del Estado de Derecho en México es frágil, especialmente en estados y municipios, donde el 60% de la población considera que la corrupción gubernamental es un fenómeno generalizado.
La ausencia de credibilidad en las instituciones en México, tiene un efecto determinante en los bajos niveles de productividad y crecimiento económico, y detona un desencanto con la democracia como medio eficaz para ordenar la convivencia social.
En los últimos años esta desconfianza ha crecido de manera alarmante respecto al promedio de los países de la OCDE, al punto que México es el país con menor confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes.
En este contexto, en COPARMEX tenemos claro que dentro de los retos que enfrenta el país, el más apremiante sigue siendo el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En específico consideramos que los temas de atención prioritaria son:
- La erradicación de la corrupción.
- La mejoría en la seguridad pública, personal y patrimonial, y,
- El combate a la impunidad.
- Es necesario emprender una cruzada contra la corrupción.
La corrupción es un fenómeno prevalente tanto en el sector público, como en su relación con el sector privado y la ciudadanía. Un problema extendido, costoso y persistente.
Los datos son contundentes: México ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la OCDE, y empeoró en el índice de Percepción de la Corrupción. De los 180 países evaluados, México ocupa el penoso lugar 135.
Peor aún, según cifras del INEGI, las motivaciones para incurrir en actos de corrupción están mayoritariamente asociadas a agilizar trámites, evitar multas y obtener licencias o permisos. Esto cuesta al sector empresarial poco más de 1,600 millones de pesos anuales, un promedio por empresa de más de 12 mil pesos.
El costo de la corrupción es aun mayor si consideramos que estos actos inhiben la inversión en el país, como se afirma en el Reporte de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, donde determinan que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México.
Vivimos en un país donde el 50% de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún servidor público, siendo éste el mayor porcentaje en América Latina. De la población abierta, una porción elevada cree que el gobierno no está combatiendo la corrupción de manera adecuada.
Para COPARMEX la ruta de acción es clara: combatir las resistencias que han impedido la completa instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es tan impostergable que en el Senado de la República se nombre el Fiscal Anticorrupción, como que sean designados los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que juzgarán las faltas graves en materia de corrupción.
Un reto emergente resulta despejar las dudas sobre cualquier concertación política tendiente a atenuar la profundidad de las acciones del Auditor Superior de la Federación, recién designado por la Cámara de Diputados. Ello será posible si las revisiones que se realicen, así como las denuncias de hechos que formule en los casos que procedan, se realizan con exhaustividad, agilidad y pertinencia técnica.
Los funcionarios públicos que integran el Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), deben prestar mayor apoyo institucional a las recomendaciones del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del propio SNA.
A la fecha ha quedado de manifiesto la escasa voluntad política del CC para atender las recomendaciones del CPC, evidenciando una severa discontinuidad funcional del Comité Coordinador (integrado por seis funcionarios y un ciudadano), no obstante los intentos de quienes lo han presidido por dinamizarlo.
En cuanto a los Sistemas Locales Anticorrupción (SLAs), resulta imperativo acelerar el paso y completar el proceso de su integración plena lo antes posible, preservándose el objetivo de lograr su independencia de los Gobiernos Estatales.
Según la evaluación del proceso, al mes de febrero en muchos estados persisten deficiencias estructurales y presupuestales. La estructura operativa sólo se ha satisfecho plenamente en once estados, mientras que las reformas normativas sólo han procedido completamente en diez. La mitad de los estados no han asignado presupuesto, impidiendo cualquier avance en la materia.
Estamos convencidos que la cruzada contra la corrupción, es un proyecto de fortalecimiento del estado de derecho, del que depende directamente la funcionalidad de la democracia, y en buena medida, la prosperidad de nuestro País.
- Reducir los niveles inaceptables de inseguridad en el país.
México tiene la tasa de homicidios más alta de la OCDE. No solo eso: Una muestra cotidiana de la alteración de la paz social, es que sólo el 46% de la población dice sentirse segura al caminar sola en la noche en la zona donde vive, lo cual contrasta con el 68% promedio de los países de la organización internacional.
Según datos de #DataCOPARMEX el 43% de las empresas han sido presas de algún delito. Y de acuerdo a encuestas de victimización y violencia, tenemos una tasa de casi 29 mil delitos por cada 100 mil habitantes, y en el ámbito productivo, un 35% de las empresas de Coparmex, afirman que son víctimas de delitos.
Tenemos un sistema de justicia poco confiable y un acceso desigual a ese valor esencial de la democracia y el régimen republicano.
Los cambios al sistema de justicia penal y a leyes secundarias asociadas, no podrán ser eficaces, a menos que garanticemos políticas públicas coherentes que garantice su adecuada implantación.
En COPARMEX hemos planteado con anterioridad medidas concretas que no han avanzado en el Poder Legislativo y que consideramos cada vez más urgentes:
Hemos sostenido la necesidad que se apruebe una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que después de un difícil proceso de consenso en el Senado de la República, fue desechada inexplicable de forma íntegra por la Cámara de Diputados.
En esta legislación, se debe regular el modelo policial de nuestro País, el desarrollo, la formación y la certificación las fuerzas policiales civiles,así como la naturaleza del mando.
La Ley General de Seguridad Pública reglamentaría en el artículo 21 constitucional, la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios, incluyendo los servicios privados y auxiliares de seguridad.
Esta necesidad se vuelve urgente ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación extraordinaria de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, una situación de gran importancia coyuntural, pero que no apoya la profesionalización de los cuerpos de policía.
En relación a la Ley de Seguridad Interior, tal como lo hemos manifestado con anterioridad, en COPARMEX consideramos que deben atenderse las observaciones que buscan mejorarla, atenuando sus inconvenientes jurídicos y riesgos democráticos, buscando en todo momento dar certeza jurídica a las fuerzas armadas y garantías a la ciudadanía.
En este sentido, consideramos necesario revisar los temas correspondientes a la transparencia de información, reservada por ley de manera general, y a la falta de existencia de un mecanismo que dé voz a los municipios frente a las declaratorias de intervención.
Adicionalmente, consideramos necesaria la expedición de una Ley General de Seguridad Privada que homologue los requerimientos estatales para obtener los permisos, brindando con ello certeza jurídica tanto a proveedores como a contratantes del servicio.
Proponemos además la presentación de un informe público y periódico sobre los delitos en materia de derechos humanos, atentados contra periodistas y delitos electorales. La impunidad que priva en estos delitos es visible, grave e insostenible,
Una de las acciones de hondo calado, es la revisión a fondo del entramado institucional en materia de seguridad pública, para evaluar si debe hacerse una modificación a fondo de la arquitectura institucional del ecosistema de seguridad pública, segregando de la Secretaría de Gobernación, la coordinación de la función de seguridad.
El modelo de concentración de todos los instrumentos de gobernabilidad del Estado bajo un solo mando, tiene signos de haber resultado ineficaz, por lo que es pertinente reevaluar la creación de una institución independiente, especializada en la atención exclusiva de temas de seguridad.
Esto ayudaría a despolitizar el tema y a dotar de eficacia a las instituciones inmiscuidas. Estas funciones podrían delegarse, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Seguridad, si se reforma el organismo para darle autonomía jerárquica y funcional. Convocamos a este necesario debate nacional.
- Finalmente: combate a la impunidad.
Tanto la corrupción como la seguridad pública, y desde luego la falta de certidumbre jurídica en muchas áreas de la convivencia social, son problemas directamente asociados a la impunidad rampante que priva en nuestro país.
Más del 93% de los delitos que ocurren en México no se denuncian, o no tienen averiguación previa o carpeta de investigación, que por lo menos indique la intención de castigar a quienes violan la ley.
Según el índice Global de Impunidad, México es el cuarto país del mundo y el primero en América Latina con mayor impunidad. En el mundo es el lugar 66 de los 69 evaluados.
Según este estudio, el resultado no es producto de una carencia de fuerzas policiales, sino un problema de funcionalidad y estructura de nuestro sistema de justicia.
Sostenemos la necesidad de promover una reforma de fondo al artículo 102 constitucional, en el que se sienten las bases de una Fiscalía General de la República, un órgano verdaderamente autónomo y funcional, que no represente ningún interés político y cuente con la confianza ciudadana.
Para que prive un auténtico Estado de Derecho, es necesario contar con una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de intereses políticos; cuyo titular sea una persona competente y no un aliado del gobierno en turno.
Estimados Amigos,
En COPARMEX estamos convencidos que el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser la prioridad nacional.
Para lograrlo requerimos mejores leyes, mejores instituciones y mejores funcionarios públicos.
Hacemos un llamado a los actores políticos, y de forma especial, a los responsables de los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los Estados, para mostrar voluntad política para impulsar estas reformas, con su liderazgo político, ante el Congresos de la Unión y las Legislaturas Locales.
A los Legisladores, Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales, que aprovechen a cabalidad el tramo restante de su mandato, y que buscando el consenso, dejando de lado posiciones irreductibles y cálculos electorales, logren concretar la más importante reforma del México del presente y para el futuro: el Estado de Derecho.
