Queridos amigos,
Los ciudadanos y empresarios que conformamos la Coparmex llevábamos más de una década exigiendo una ley que modificara la estructura regulatoria con el fin de hacerla más efectiva.
Hoy, estamos en ese camino. Felicitamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo por la aprobación de la ley el pasado mes de abril y el día de hoy, 18 de mayo, celebramos con mucho entusiasmo su promulgación por parte del ejecutivo federal, ley histórica que representa una verdadera reforma estructural.
La aprobación de este marco normativo implicó un largo trayecto que inició con una reforma constitucional que dotó de facultades al Congreso de la Unión para que pudiera legislar en materia de regulación gubernamental, no solo en el ámbito federal, sino también para todos los órdenes de gobierno, incluyendo los organismos autónomos.
La audacia de implementar una reforma tan ambiciosa le ahorró al país la ruta de hacerlo paulatinamente, municipio por municipio, y desperdiciar en ello una generación entera.
La Ley llega en un momento oportuno para resolver una amplia variedad de problemáticas inherentes a la regulación actual que suponen uno de los mayores obstáculos que México enfrenta en términos de competitividad.
Según el Índice de Competitividad Global, por ejemplo, México se encuentra en el lugar 120 de 137 países en términos de la carga impuesta por la regulación, ubicándose por detrás de países como Jamaica y Haití. En el mismo índice, la ineficiencia de la burocracia gubernamental se encuentra como el tercer factor más problemático para hacer negocios, antecedido por la corrupción y el crimen.
Para las empresas, el costo de cumplir un marco regulatorio abigarrado es un inhibidor de inversión y, por lo tanto, de desarrollo.
Según el indicador #GastoRegulatorio de #DataCoparmex, las empresas gastan en promedio 48,871 pesos en cumplir con la carga regulatoria gubernamental, y en varios estados el promedio se encuentra incluso por encima de los 100 mil pesos.
Reiteradamente en COPAMEX habíamos expuesto cómo la regulación vigente era demasiado compleja causando pérdida en competitividad y eficiencia.
Así, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI; casi la mitad de los usuarios (46.2%) reportaron haber tenido problemas al realizar un trámite en 2017.
Otro inconveniente es la cantidad de trámites que existen actualmente. Según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) existen más de 150 mil trámites en el país. En promedio, una persona tiene que realizar 9.3 trámites al año.
Los requisitos, plazos y costos de estos trámites, en la mayoría de los casos, no son transparentes para la ciudadanía, sobre todo en el ámbito estatal y municipal. Esto facilita que se exijan requisitos y cuotas que no corresponden legalmente, aprovechando el desconocimiento de los ciudadanos sobre el marco regulatorio.
Aún más, en el ámbito estatal como en el municipal existe un panorama heterogéneo en cuanto a lo requerido por el marco regulatorio en cada estado y municipio. La heterogeneidad del marco regulatorio es obvia cuando se analizan los plazos para recibir una Licencia de Construcción: mientras que en Tlalnepantla registra un promedio de 12 días, en Coatzacoalcos la espera es de más de un año (452 días). Como resultado, el gasto regulatorio con el que las empresas se tienen que enfrentar varía enormemente de estado a estado: en estados como Hidalgo y Chiapas, este gasto ronda los 15 mil pesos, mientras que en Nuevo León y Baja California Sur la suma puede ascender por arriba de los 170 mil. La falta de transparencia evita que estos datos sean de conocimiento general, teniendo una implicación adicional sobre la competitividad relativa de los estados, que podrían competir con estas métricas.
Por último, la mayor deficiencia que conllevaba el actual marco regulatorio era el constante abuso de poder y extorsión por parte de las autoridades en las visitas de inspección a las empresas. La complejidad de los trámites y los largos plazos de espera se vuelven un incentivo para la corrupción. Una de las principales causas para incurrir en actos de corrupción es la intención de agilizar algún trámite gubernamental y esto ocurre en todos los estados de la República. Para el 82% de los empresarios encuestados en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2016, los actos de corrupción se presentan de manera frecuente y/o muy frecuente. Las entidades donde se percibe más corrupción son la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz.
En Coparmex creemos que la Ley General de Mejora Regulativa refleja medidas necesarias para combatir la corrupción generada por las deficiencias y complejidades del marco regulatorio, al simplificarla y fomentar su transparencia y competitividad.
Destaco cinco de estas medidas que las autoridades ahora deberán cumplir y que suponen avances críticos respecto a la regulación vigente:
Primero, la publicación de tres registros nacionales de regulaciones, trámites y servicios e inspecciones, en una sola plataforma digital accesible para todo el público. Estos registros facilitarán la comparación de marcos regulatorios entre entidades y municipios, lo que fomentará la transparencia y la competitividad.
El primero es un registro único que contendrá todas las regulaciones aplicables en el país, incluyendo todas las materias y autoridades responsables; abarcará los tres niveles de gobierno junto con todos los organismos constitucionalmente autónomos.
El segundo es un registro con todos los trámites y servicios a nivel nacional. Este registro tiene como objetivo brindar certeza acerca de los únicos requisitos y documentos que se pueden exigir en cada trámite, además de los plazos de respuesta y los costos que se deben cubrir.
El tercero es el registro de inspecciones. En este registro se encontrarán las inspecciones que se pueden realizar y los servidores públicos facultados para hacerlas.
El segundo elemento es la denuncia ciudadana que se facilita mediante la protesta presencial o vía electrónica. Cualquier autoridad que cometa algún abuso o incurra en alguna irregularidad administrativa o acto de corrupción estará obligada a responder en un plazo de máximo 5 días.
Además, ahora se usarán expedientes electrónicos para simplificar el cumplimiento de requisitos documentales y facilitar la resolución de trámites y servicios entre diversas autoridades.
Más aún, un cuarto avance es que ahora existirá participación ciudadana directa en la política de simplificación de regulaciones y trámites existentes, así como del diseño de la estrategia de mejora regulatoria continua. Es decir, un sistema abierto de participación ciudadana.
Finalmente, y en un mismo tenor ciudadano, se hará obligatoria la realización de consultas públicas por parte de los poderes ejecutivos a nivel federal, estatal y municipal ante una futura regulación. Con esto se busca que los ciudadanos y las empresas puedan emitir su opinión con anticipación a cualquier cambio. La realización de las consultas públicas es un logro para la ciudadanía. Al facilitar la participación directa de los ciudadanos, se propicia una mejora continua de los trámites y las regulaciones de una manera más democrática.
Consideramos que con estos cinco puntos se reconoce la fortaleza y pertinencia de la participación ciudadana, dando un acceso directo a la definición de políticas que afectan su productividad. Al brindar una plataforma digital accesible con información completa y actualizada de todas las regulaciones, trámites e inspecciones, los ciudadanos dispondrán de una herramienta para defenderse de los abusos de poder, en tanto que los empresarios tendrán un mecanismo para comparar los distintos marcos regulatorios a lo ancho del país y hacer decisiones educadas que incrementen su productividad y competitividad.
Estimados amigos,
Reconocemos al Poder Legislativo por la disposición de incorporar nuestras demandas en esta materia. También agradecemos a los participantes de las mesas de trabajo en materia de Justicia Cotidiana coordinadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Gracias a su interés en este tema y a su ardua labor, se logró acelerar la redacción, presentación y aprobación de esta ley antes de que concluyera en este periodo de sesiones y su esperada promulgación el día de hoy.
COPARMEX estuvo presente en todo momento en la elaboración de esta ley a través de sus especialistas. Tenemos la firme creencia de que este instrumento abonará a la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, donde la Confederación asume el compromiso de impulsar su pronta y óptima implementación, y que tendrá la misma relevancia que los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia y, junto con ellos, servirá para impulsar la competitividad en nuestro país.
Ahora comienza un arduo camino para desactivar o simplificar los 138 mil trámites que inciden en la actividad empresarial.
México requiere de una regulación moderna, que induzca la competitividad en beneficio la economía de mercado. Hoy se ha dado un gran paso en esa dirección.
Les saludo con gran afecto.
Gustavo A. de Hoyos Walther
