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Estimados amigos,
La fragilidad del Estado de Derecho, es el principal desafío de México. Hace unos dias, se dio a conocer el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 de The World Justice Project, en el que México se situó en el lugar 92 de 113 países evaluados, retrocediendo 4 lugares desde la evaluación previa, por debajo de países como Rusia, China, Irán, Vietnam o El Salvador, y apenas supera a naciones como Sierra Leona o Venezuela.
La evaluación global de México es de 0.45 (el indicador va de 1.00 a 0.00) lidereado por Dinamarca con 0.89 y en el sótano se encuentra Venezuela con un índice de 0.29.
Aunque el Rule of Law Index se conforma de un análisis de 44 variables, México muestra una situación crítica en algunas como “Investigaciones Policiales Efectivas” con 0.26 como factor. En otras variables como “Ausencia de Corrupción en Investigaciones” y “Tiempo Efectivo de Investigación” el resultado en un factor crítico de 0.29, es decir, igual al promedio Venezolano.
La falta de fortaleza del Estado de Derecho, se manifiesta en México de diversas formas, pero consistentemente se evidencia por niveles crecientes y críticos de impunidad, corrupción e inseguridad.
La justicia en las relaciones económicas, sociales y políticas en un país, requiere la vigencia de un conjunto de leyes justas, pero presupone también, de instituciones eficientes y confiables, que aseguren su aplicación sistemática y oportuna.
En México, la responsabilidad de procurar justicia recae en el Ministerio Público, pero el andamiaje que soporta su operación en la Procuraduría General de la República y la Procuradurías estatales, está agotado y con baja credibilidad.
De allí que el Fortalecimiento del Estado de Derecho, implica el surgimiento de la Fiscalía General de la Republica, que pueda ser autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos y con controles en su actuación, lo que requiere que su diseño sea incorporado a la Constitución Política, a través de la #Reforma102 que ha demandado la sociedad civil.
Reformar el artículo 102 Constitucional es necesario pues ahí se contienen las bases de organización del Ministerio Público de la Federación.
Este artículo ya había sido reformado por decreto el 10 de febrero de 2014, fundamentalmente para transformar la actual Procuraduría General de la República en un organismo público autónomo denominado Fiscalía General de la República.
Sin embargo, varios elementos de la reforma del 2014 fueron omisos, y requieren de una cirugía mayor para lograr un cambio de fondo en la forma en la que está organizado el Ministerio Público.
Los requisitos de elegibilidad del Fiscal General no garantizan, por ejemplo, la elección de un titular que goce de independencia política ni de trayectoria destacada como jurista.
Uno de los elementos de fortaleza de la Fiscalía General, debe ser los procedimientos de ingreso y remoción del Fiscal General.
Con el texto actual, el Presidente de la República conserva fuertes poderes para la designación del Fiscal General, ya que tiene facultad para nombrarlo cuando en el Senado no se logre mayoría calificada. Esto significa que, en la práctica, existe un incentivo para que un partido mayoritario bloquee el consenso legislativo a fin de que sea el Presidente quien haga la designación.
Igualmente, el Presidente de la República conserva una amplia facultad para remover al Fiscal General, ya que para objetar su determinación es necesario una mayoría de senadores.
Por otro lado, el periodo de duración en el cargo del Fiscal General, acorde al texto vigente en la Constitución resulta excesivo. En México, desde el inicio de la vigencia de la Constitución, los procuradores generales han durado en promedio dos años y medio en el cargo. En Iberoamérica, el tiempo promedio de duración en el cargo es de 4 años. No es aconsejable, como actualmente se plantea, que el Fiscal dure 9 años continuos en el cargo.
Además, en su diseño actual, la Fiscalía tiene un riesgo de excesiva concentración de facultades en el Fiscal General, sin contrapesos institucionales.
El titular de la fiscalía puede, por ejemplo, determinar libremente el presupuesto y las normas para ejercerlo, designar a todos los funcionarios superiores, controlar el servicio profesional de carrera, y tiene discrecionalidad para decidir perseguir, o no, casos de corrupción al interior de la fiscalía.
Resulta preocupante, además, que bajo el arreglo constitucional actual, las fiscalías especializadas estén subordinadas al Fiscal General, quien tendrá la facultad para designar y remover libremente a los titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción.
En otra vertiente, resulta preocupante que el diseño constitucional no resuelve múltiples problemas actuales de coordinación o delimitación de competencias con los Estados, ni tiene supuestos claros de atracción de casos al ámbito federal.
Finalmente, se requiere de una fiscalía con personal calificado, capacitado y con presupuesto suficiente, y con un marco legal que obligue a rendir cuentas sistemáticamente a los ciudadanos de su actuación.
Estimados amigos:
Hay unan gran coincidencia de los ciudadanos, la academia, organizaciones sociales, expertos internacionales, y hasta de los partidos políticos, que identifican la fragilidad del Estado de Derecho, como el más importante reto de México y más relevante inhibidor del desarrollo, el bienestar y la paz social.
Por ello, el llamado de hoy es a sumar esfuerzos para impulsar desde la sociedad y de frente a los actores politicos, la reforma al artículo 102 de la Constitución Federal, impulsando la propuesta #Reforma102 (www.reforma102.mx).
Reconociendo que la actual legislatura tiene sus dias contados y que estamos inmersos en un proceso electoral, hemos lanzado un reto, poniendo a prueba el compromiso de los precandidatos para impulsar la #Reforma102, persuadiendo #AquíyAhora a sus dirigencias partidistas y a los legisladores de sus partidos y coaliciones para reformarlo conforme al “dictamen ciudadano” en el actual periodo de sesiones.
Quienes hoy integran y se van pronto del Poder Legislativo, tienen una oportunidad de cumplirle a la sociedad y a México. Para dejar un legado por el Estado de Derecho.
Quienes aspiran a gobernarnos, más allá de los spots vacíos y los compromisos de futuro, #AquíyAhora pueden ganar la confianza de los electores, con posiciones y acciones políticas claras y trascendentes para México.
Les saludamos desde Coparmex, el Sindicato Patronal de México, siempre comprometido con la responsabilidad social empresarial.
