Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que no es pertinente la cancelación anticipada del ciclo escolar anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo argumentos relacionados con las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial FIFA 2026. La educación requiere planeación, certeza y visión de largo plazo, evitando decisiones improvisadas que afecten el aprendizaje, alteren la dinámica de las familias y generen incertidumbre en la organización laboral y productiva del país.

Reconocemos la importancia de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante condiciones climáticas extremas; sin embargo, sostenemos que la solución no debe ser concluir de manera anticipada el ciclo escolar en todo el país. México enfrenta realidades regionales distintas y, por ello, resulta indispensable implementar medidas diferenciadas por entidad, municipio o zona escolar, que permitan concluir adecuadamente las actividades académicas mediante ajustes horarios, clases híbridas, adecuaciones temporales de infraestructura o esquemas flexibles que garanticen el cumplimiento del calendario educativo.

La decisión anunciada genera además cuestionamientos jurídicos relevantes. La SEP cuenta con facultades para definir el calendario escolar oficial, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, cualquier modificación debe realizarse con claridad normativa, sustento técnico y procedimientos formales. La emisión de anuncios administrativos sin suficiente precisión genera incertidumbre para escuelas, docentes, madres y padres de familia, así como para las empresas que deben reorganizar horarios, cuidados y dinámicas laborales ante cambios imprevistos.

También advertimos que reducir semanas efectivas de clase profundiza un rezago educativo que México aún no logra revertir. Los resultados de PISA 2022 colocaron al país en el lugar 35 de 37 naciones de la OCDE. A ello se suma que, de acuerdo con datos del INEGI, el rezago educativo afecta al 19.4% de la población y mantiene una tendencia creciente desde 2016. En este contexto, disminuir el tiempo de aprendizaje representa una señal equivocada para un sistema educativo que requiere fortalecerse, no debilitarse.

La cancelación anticipada del ciclo escolar impacta la economía familiar, la productividad y la operación de las empresas. Miles de madres y padres trabajadores deberán reorganizar horarios y resolver esquemas de cuidado no previstos. Este impacto recae especialmente en las Mujeres Trabajadoras: de acuerdo con el IMCO, en 2025 alrededor de 17.7 millones
combinaron labores de cuidado con un empleo. Para muchas de ellas, la escuela representa un espacio seguro para sus hijas e hijos mientras cumplen con su jornada laboral.

Consideramos indispensable construir alternativas viables junto con autoridades educativas, especialistas, docentes y la Asociación Nacional de Padres de Familia. Proponemos mecanismos regionales que permitan concluir el ciclo escolar conforme a las condiciones de cada entidad, priorizando el aprendizaje, la seguridad y la continuidad académica. También es necesario fortalecer la infraestructura escolar, especialmente en ventilación, acceso a agua y espacios adecuados para enfrentar fenómenos climáticos extremos sin afectar la formación educativa.

En COPARMEX sostenemos que la educación constituye uno de los pilares más importantes para la competitividad, la movilidad social y el desarrollo del país. México necesita formar talento capaz de responder a los retos de la economía global, la innovación tecnológica y la relocalización de inversiones.

Las decisiones en materia educativa son estratégicas para construir un porvenir más justo, equitativo y floreciente para cada niña y niño que se forma en las aulas de nuestro país, por lo que deben construirse con responsabilidad, sustento técnico y visión de Estado.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos los avances presentados en el Plan México: Acciones Inmediatas para la Inversión, particularmente en materia de simplificación regulatoria, ventanilla única y agilización de procesos. Consideramos que, para lograr un impacto real y sostenido, es indispensable complementar estas medidas con acciones que fortalezcan la certeza jurídica, la seguridad y la confianza para invertir.

El Plan, que contempla inversiones públicas y privadas por 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos, atiende una de las principales preocupaciones del sector empresarial: la sobrerregulación. De acuerdo con #DataCoparmex 2025, el 48.9% de nuestros socios enfrenta dificultades relacionadas con trámites administrativos y destina, en promedio, 82 horas mensuales a su cumplimiento. En este contexto, medidas como la afirmativa ficta en 90 días, la ventanilla única y el expediente único digital de comercio exterior representan avances concretos para mejorar la competitividad del país.

Asimismo, valoramos la incorporación de elementos de certeza fiscal, como la no retroactividad y la simplificación administrativa, así como la necesidad de evitar discrecionalidad en la actuación del SAT, garantizando interpretaciones claras, uniformes y no sujetas a decisiones unilaterales de la autoridad. Destaca también la reducción del 50% en trámites y de 76 días en tiempos de resolución en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que puede convertirse en un modelo replicable para otras instituciones públicas.

De igual forma, reconocemos la ampliación proyectada de la capacidad energética mediante esquemas de participación público-privada, a través de convocatorias de hasta 3,300 MW bajo un esquema 54/46. Estas acciones representan una señal positiva para fortalecer la competitividad y atender una demanda prioritaria para el desarrollo económico.

Consideramos que la incorporación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podría generar riesgos para su adecuado funcionamiento. Consideramos indispensable que esta institución preserve plena independencia técnica, operativa y presupuestaria, ya que su fortaleza radica en actuar como un auténtico contrapeso en la defensa de los contribuyentes. La coordinación institucional debe fortalecer capacidades, no generar subordinación.

Además, subrayamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección de personas juzgadoras. Consideramos indispensable posponer los procesos de elección hasta 2028, para garantizar condiciones adecuadas y evitar riesgos de improvisación o sesgos en la designación. Proponemos la integración de un comité de selección y evaluación independiente, con criterios técnicos, de mérito y experiencia comprobable, que asegure perfiles idóneos y preserve la imparcialidad del sistema judicial. Un Poder Judicial sólido e imparcial es indispensable para brindar certeza jurídica y confianza a la inversión.

Identificamos un vacío relevante en el Plan: la ausencia de una estrategia integral de seguridad. Según #DataCoparmex 2025, el 46.8% de nuestros socios ha sido víctima de algún delito, mientras que la inseguridad continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. Garantizar seguridad, justicia y paz no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para la actividad productiva y el desarrollo del país.

Adicionalmente, consideramos que el impacto de las medidas de simplificación regulatoria será limitado si no existe una coordinación efectiva entre Federación, estados y municipios, así como con instancias clave del gobierno como el IMSS, la Secretaría del Trabajo y otras dependencias vinculadas a la operación empresarial. Actualmente, el 36.2% de las empresas afiliadas reporta problemas con trámites municipales, el 33.4% con estatales y el 30.5% con federales. Sin una implementación homogénea en los tres órdenes de gobierno, los beneficios del Plan difícilmente alcanzarán todo su potencial.

En un entorno de alta incertidumbre y bajo crecimiento, es fundamental preservar la estabilidad política y económica para recuperar la inversión y fortalecer el crecimiento del país. La confianza se construye de manera gradual, a partir de la consistencia y la congruencia en las decisiones públicas. Por ello, resulta indispensable actuar con prudencia y objetividad en la relación con Estados Unidos, evitando generar mayor incertidumbre mediante escenarios de confrontación. Un manejo predominantemente político podría poner en riesgo la estabilidad económica y profundizar la debilidad de la inversión.

México cuenta con condiciones para atraer inversión y fortalecer su economía, pero ello requiere decisiones firmes que generen confianza y certidumbre. Desde COPARMEX impulsamos una agenda que priorice seguridad, energía suficiente, Estado de Derechos y certeza jurídica, como bases indispensables para promover el crecimiento sostenido y el desarrollo económico. Reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con las autoridades y dependencias involucradas, a fin de contribuir a una implementación efectiva de las medidas anunciadas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Federación Asturiana
de Empresarios (FADE) firmaron el miércoles 22 de abril, un Convenio de Colaboración que
fortalece la cooperación empresarial entre México y el Principado de Asturias, consolidando
una alianza estratégica orientada a aumentar el intercambio comercial entre ambas regiones.

En el marco de la visita a México de una delegación de alto nivel encabezada por Juan José
Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX, Adrián Barbón Rodríguez, Presidente del
Principado de Asturias, y María Calvo Carvajal, Presidenta de FADE, representantes
empresariales de ambos países sostuvieron un encuentro que afianza el diálogo directo y la
colaboración entre sus sectores productivos.

Durante la firma del convenio, el presidente de la Confederación destacó: “El comercio bilateral
entre México y España supera los 11 mil millones de dólares, dentro de una relación más amplia
entre México y la Unión Europea que rebasa los 88 mil millones de dólares, consolidando a
Europa como el tercer socio comercial de nuestro país. Esto es una evidencia de la confianza
que se tiene, de la integración productiva y de oportunidades compartidas”.

Ambas organizaciones reconocieron a FADE, integrante de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), como una aliada estratégica y homóloga de
COPARMEX en Asturias, lo que posiciona este acuerdo como un puente institucional sólido
para fortalecer la relación empresarial bilateral.

A través de este convenio, impulsarán el intercambio de información, experiencias y mejores
prácticas, así como el desarrollo de iniciativas conjuntas que promuevan la inversión, la
innovación y la generación de empleo, contribuyendo al dinamismo económico de México y
Asturias.

Asimismo, promoverán la realización de encuentros empresariales, foros y espacios de
vinculación que faciliten el contacto directo entre empresas, con el objetivo de identificar
sinergias, consolidar alianzas estratégicas y ampliar su presencia en mercados internacionales.

Reafirmaron su compromiso con la vinculación global del empresariado, al reconocer que la
cooperación internacional fortalece la competitividad y genera condiciones favorables para el
crecimiento económico en un entorno de Estado de Derechos, certeza jurídica y apertura.

Con la firma de este Convenio de Colaboración, COPARMEX y FADE consolidan una alianza
de largo plazo que fortalece la confianza mutua, amplía las oportunidades de negocio y
posiciona a ambas regiones como socios estratégicos en el desarrollo económico internacional.

En el marco de la Mesa de Diálogo Sindical, representantes de 28 organizaciones de trabajadores y 9 organismos y asociaciones empresariales reafirmaron su convicción de que el desarrollo inclusivo de México se construye mediante el
entendimiento, la corresponsabilidad, la colaboración y el compromiso entre quienes conforman el sector productivo del país. Por ello, coincidieron en que el diálogo social es la vía para consolidar acuerdos útiles, sostenidos y con visión de largo plazo.

En una reunión de trabajo que dio continuidad a los esfuerzos iniciados en el primer Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos, celebrado en mayo del año pasado, avanzaron en la construcción de una agenda compartida en favor de México, con enfoque en la productividad, el desarrollo laboral y el progreso de las personas trabajadoras y sus familias.

Los participantes coincidieron en que este tipo de espacios permite construir soluciones compartidas con beneficios concretos para las personas trabajadoras y empleadoras, al promover mejores condiciones laborales, fortalecer la productividad, la competitividad y generar entornos más estables para la actividad productiva.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre temas estratégicos para el país, destacando la importancia de mantener una visión común frente a los retos del entorno económico, la integración regional, el desarrollo del talento y el medio ambiente, reconociendo que la coordinación entre sectores es fundamental para impulsar resultados de largo plazo.

Como parte de estos acuerdos, definieron los términos para la realización del Segundo Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos que marcará un nuevo paso en la consolidación de este diálogo y en la construcción de mecanismos institucionales de colaboración.

El diálogo permanente y el trabajo conjunto entre Trabajadores y Empresarios es la base para la construcción de un México mejor, con pleno respeto al Estado de Derecho, certeza jurídica y condiciones que favorezcan la inversión, el empleo digno y el crecimiento económico. Es indispensable para alcanzar acuerdos que eleven la estabilidad de las personas y consoliden la productividad y competitividad del país.

ANEXO
En este encuentro estuvieron presentes las siguientes Organizaciones Sindicales Nacionales:

1. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).
2. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA).
3. Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT).
4. Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM).
5. Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM).
6. Confederación de Trabajadores de México (CTM).
7. Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).
8. Confederación Obrera Revolucionaria COR.
9. Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
10. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
11. Consejo Nacional Laboral (CONLABOR).
12. Federación Autónoma del Sindicalismo Independiente en México (FASIM).
13. Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA).
14. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
15. Federación Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas (FENASA).
16. Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB).
17. Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).
18. Federación Nacional Sindical “Manuel Carranza Mejía”.
19. Nueva Central de las y los Trabajadores.
20. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
21. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
22. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
23. Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de
    Préstamo Prendario (SNENTNMP).
24. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).
25. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
    Mexicana (SNTMMSSRM).
26. Sindicato Nacional de Trabadores del Seguro Social (SNTSS).
27. Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM).
28. Transformación Sindical (TS).
    Además, se contó con la asistencia de los siguientes Organismos del sector Empresarial:
29. Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
30. Asociación de Sociedades Emisoras de Vales A.C. (ASEVAL).
31. Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE).
32. Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
33. Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO CDMX).
34. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
35. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
36. Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
37. Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En un contexto donde el propósito social se ha consolidado como un factor decisivo para la rentabilidad y la competitividad empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llevó a cabo el Foro de Impacto Social 2026, un espacio que reunió a empresarios, expertos y organizaciones para evidenciar que la Responsabilidad Social Empresarial no solo impulsa la transformación de las comunidades, sino que también fortalece de manera tangible el desempeño financiero de las empresas.

Las compañías desempeñan hoy un papel determinante en la construcción de un México con mayor crecimiento económico y oportunidades para todos. En un entorno que exige resultados sostenibles, el compromiso con un propósito claro incide directamente en la productividad y en la atracción de talento: el 71% de los colaboradores considera el propósito social un factor clave al elegir empleo, y el 90% se siente más inspirado en organizaciones con valores y objetivos
sociales.

Bajo el lema “Empresas que trascienden en valor económico, humano y ambiental”, el Foro impulsó una visión compartida en la que la Responsabilidad Social Empresarial se consolida como una inversión estratégica de largo plazo, capaz de generar valor económico, fortalecer el capital humano y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Durante la inauguración, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, destacó: “México necesita empresas sólidas, pero también necesita empresas responsables. Necesita crecimiento económico, pero también cohesión social. Desde COPARMEX creemos que el desarrollo sostenible del país requiere condiciones como la seguridad, la energía suficiente y la certeza jurídica. Pero también requiere de empresas comprometidas con su entorno y con su gente. Ese es el espíritu de este Foro”.

Asimismo, subrayó la evolución de este esfuerzo al señalar: “Hoy sabemos que las empresas con alto compromiso social pueden registrar hasta 23% más rentabilidad. Sabemos también que aquellas con un sólido desempeño en criterios ambientales, sociales y de gobernanza han logrado superar al mercado entre 3% y 6% anual. Y que distintos análisis a gran escala confirman una relación positiva entre la Responsabilidad Social Empresarial y variables clave como el retorno sobre activos y el retorno sobre capital”.

El primer panel, “Valor que no cabe en el Excel: SROI y rentabilidad integral de la RSE”, contó con la participación de Francisco Demesa, CEO de Natura y Avon México; Ana Cristina Dahik, Directora del Centro de Investigaciones de RSE, IPADE y Marité Chavira Mendoza, Directora Oficina ASG, BANAMEX. Los especialistas destacaron la importancia de medir el retorno social de la inversión (SROI) como una herramienta que permite traducir el impacto social en valor económico, reputacional y de gestión de riesgos, evidenciando que las decisiones responsables generan beneficios tangibles para las empresas.

En la mesa, “Ser buen ancestro: decisiones empresariales para el largo plazo”, Héctor Castillo Olivares, Director de Relaciones Gubernamentales de Red Ambiental, Regina Espinoza Athié, CEO de Cuéntame y Antonio Suárez Lara, CFO de Grupo Coppel, profundizaron en la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad, cambio climático y justicia social en la estrategia empresarial. Subrayaron que adoptar una visión de largo plazo no solo responde a una responsabilidad ética, sino que permite anticipar riesgos, fortalecer la resiliencia organizacional y generar ventajas competitivas sostenibles.

La mesa, “Dignidad del trabajo en tiempos de IA y automatización”, abordó el impacto de la inteligencia artificial en los modelos laborales, con la participación de Luis Peña Muñoz, Socio Líder de People Advisory Services en EY México; Salma Jalife Villalón, CEO de Centro México Digital y Patricia Debeljuh, Profesora del IAE Business School. Se destacó que la adopción tecnológica debe ir acompañada de estrategias de capacitación y protección de derechos laborales. En este contexto, se señaló que una cultura organizacional con propósito puede reducir la rotación hasta en 52%, y que el 53% de la Generación Z busca empleos con significado

En el panel, “Gobernanza, transparencia y reportes que sí importan”, Juan David Ferreira, Director de Programas, Latimpacto; Jordi Cueto-Felgueroso Arocha, Global Sustainability Manager, Coca-Cola FEMSA y José Antonio Quesada Palacios, Presidente del CNCPIE, coincidieron en que la implementación de estándares ESG, marcos como ISO 26000 y sistemas de medición robustos son fundamentales para fortalecer la confianza. Asimismo, destacaron que la rendición de cuentas contribuye directamente a la reputación corporativa.

Finalmente, en el panel “Comunidades, pobreza y resiliencia social”, Javier Solana Lozano, Presidente Nacional de Confederación USEM; María Teresa Cosío Castillo, Encargada de Responsabilidad Social Empresarial en Qualitas y Norma Guel Saldívar, Secretaria de la Familia del Gobierno de Aguascalientes, abordaron el papel de la empresa en la atención de la pobreza multidimensional. Coincidieron en que las organizaciones que impulsan programas de inversión social estratégica, fortalecen capacidades locales y generan oportunidades económicas, contribuyen directamente a la construcción de comunidades más resilientes.

Durante el foro también se presentó el Ranking Conciliación Trabajo-Familia, a cargo de Juan Antonio Baljarg López, una iniciativa que evalúa y reconoce a las empresas que implementan políticas efectivas para equilibrar la vida laboral y personal. Esta propuesta promueve mejores prácticas en gestión del talento, contribuye a elevar la productividad y posiciona a las organizaciones como entornos más atractivos, inclusivos y sostenibles.

Con la realización del Foro de Impacto Social 2026, COPARMEX reafirmó su compromiso con un modelo de desarrollo que integra crecimiento económico con desarrollo social, convencida de que las empresas son el motor para construir un México más justo, competitivo y con visión de largo plazo.

En México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo. Cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha ratificado.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 6 de abril, abandona el criterio fijado por su antecesora, avalando así el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa. Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derechos, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.

La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por una mayoría de 6 votos contra 3, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

El esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa. Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.

La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país.

Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México.

El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria. A diferencia de las grandes corporaciones, carecen de estructuras jurídicas y reservas financieras para enfrentar procesos prolongados ante la UIF o tribunales. Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio.

La resolución de la Suprema Corte no agota el debate; abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo de indicios que justifica un bloqueo, los plazos máximos de duración de la medida cautelar y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional.

En ese sentido, desde COPARMEX exhortamos al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver. Para ello, proponemos:

• ⁠Definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables.
• Establecer un control judicial oportuno que revise la legalidad de la medida en un plazo máximo de 72 horas.
• Garantizar la notificación inmediata al titular, con fundamentos claros que permitan ejercer su defensa.
• Crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas.
• ⁠Incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.
  

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un entorno en el que el combate a la ilegalidad sea plenamente compatible con la seguridad jurídica, condición esencial para impulsar la inversión y el desarrollo sostenido del país.

La iniciativa elimina la obligación de garantizar adeudos fiscales prioritariamente mediante un billete de depósito. Con ello, se permite nuevamente que los contribuyentes elijan la forma de garantía que mejor se adapte a su situación. Esta propuesta brinda mayor flexibilidad en la elección de garantías, facilita el cumplimiento de obligaciones y evita afectaciones a la liquidez de las empresas.

Reconocemos la disposición de las autoridades para dialogar con el sector productivo, ya que esto contribuye a construir reglas más equilibradas y funcionales. Mantener este tipo de apertura es clave para generar confianza y fomentar la actividad económica.

Valoramos que la propuesta contemple mayor flexibilidad en la elección de las modalidades para garantizar el interés fiscal, ya que permite a los contribuyentes optar por mecanismos más acordes con su realidad financiera y operativa. Esto reduce cargas innecesarias, facilita el cumplimiento de obligaciones y evita afectaciones a la liquidez empresarial. Al mismo tiempo, propicia una relación más equitativa entre la autoridad y los contribuyentes, al ofrecer alternativas viables dentro del
marco legal.

Este enfoque contribuye a generar un entorno más predecible, donde las reglas son claras y se aplican de manera proporcional, consolidando la certeza jurídica como un elemento esencial para la planeación y la toma de decisiones de inversión. Un sistema con estas características no solo mejora el cumplimiento fiscal, sino que también incentiva la permanencia y el crecimiento de las empresas en el país.

Subrayamos que, conforme a su Exposición de Motivos, la iniciativa busca equilibrar la eficacia recaudatoria con el pleno respeto a los derechos de defensa, lo que representa un avance hacia un modelo fiscal más justo y moderno. Al privilegiar principios como la proporcionalidad y la legalidad, se contribuye a que las actuaciones de la autoridad se apeguen a criterios objetivos, evitando medidas excesivas que inhiban la actividad productiva.

Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad que pueden fortalecerse para impulsar con mayor fuerza la inversión privada, por lo que consideramos importante mantener abiertos los espacios de diálogo técnico e institucional.

Confiamos en que el Senado de la República apruebe esta reforma a la brevedad, para que sus beneficios lleguen oportunamente a los contribuyentes y al sector productivo.

En COPARMEX reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando de manera conjunta con las autoridades, con el objetivo de fortalecer un sistema fiscal más eficiente, moderno y competitivo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó los resultados de su gira de trabajo en Washington, D.C., en una rueda de prensa encabezada por su Presidente Nacional, Juan José Sierra Álvarez, en la que destacó propuestas concretas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entre ellas la necesidad de una modernización técnica del acuerdo, la eliminación de barreras como la Sección 232 y el fortalecimiento de condiciones de certeza jurídica, seguridad y energía para la inversión.

“Regresamos con alianzas fortalecidas, con interlocutores que escucharon y con una agenda de seguimiento clara. Pero sobre todo, regresamos con una convicción renovada: la voz del sector privado mexicano fue escuchada en Washington. Fue una voz firme, propositiva y responsable. También regresamos con tareas claras: Identificamos que más allá de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que limitan la inversión tanto nacional como extranjera en México”, recalcó el Presidente Nacional de COPARMEX.

La delegación llevó estos planteamientos a reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses, congresistas y líderes empresariales, donde advirtió sobre los riesgos de fragmentar el T-MEC y defendió su carácter trilateral, así como la necesidad de consolidar reglas claras que den certidumbre a la inversión y fortalezcan la competitividad de América del Norte.

En el primer día de actividades, el martes 17 de marzo, la delegación llevó a cabo un encuentro con el Servicio de Investigación del Congreso de la Cámara de Representantes. Posteriormente, la comitiva sostuvo una reunión con Lila Abed, del Inter-American Dialogue, y acudió al Center for Strategic and International Studies (CSIS), donde participó en un diálogo estratégico sobre la revisión del tratado y el nuevo paradigma de seguridad económica regional.

El grupo también participó en la Brookings Institution, con el equipo de la iniciativa USMCA Forward, donde intercambió perspectivas sobre los escenarios de la revisión. La jornada concluyó con una reunión con Woodside Energy, en la que se analizaron perspectivas de inversión en México y oportunidades para fortalecer el sector energético de la región.

Durante el miércoles 18 de marzo, la delegación amplió su agenda con encuentros de alto nivel en el ámbito político y empresarial. Destacó la reunión con el congresista Henry Cuellar, representante del Distrito 28 de Texas, con quien dialogaron sobre la importancia de mantener al T-MEC como eje de integración regional, avanzar hacia una frontera más competitiva y segura, y proteger los más de 15 mil empleos de su distrito que dependen directamente del comercio con México.

Asimismo, sostuvieron reuniones con representantes de la US Chamber of Commerce, la organización empresarial más grande del mundo, donde presentaron la visión estratégica de COPARMEX y coincidieron en la necesidad de fortalecer el tratado sin recurrir a procesos de renegociación, avanzar en la eliminación de barreras como la Sección 232, que afectan el 31% de las exportaciones mexicanas, y consolidar condiciones de certeza jurídica que impulsen la inversión.

La jornada concluyó con un encuentro en la US-Mexico Foundation, en el que se abordaron los retos para fortalecer la relación bilateral, la importancia de una mayor presencia institucional en Washington y la necesidad de impulsar una narrativa más sólida sobre el T-MEC.

El jueves 19 de marzo, la agenda se enfocó en el diálogo con autoridades del gobierno estadounidense. La delegación inició actividades en el Departamento de Estado, donde presentó su agenda estratégica y abordó las condiciones necesarias para fortalecer la inversión, así como los avances y retos en materia de seguridad en la región.

Posteriormente, en el Departamento de Energía, se destacó el potencial de América del Norte en materia energética y la complementariedad entre los tres países, subrayando que el abasto suficiente, confiable y competitivo es condición indispensable para el desarrollo de las cadenas de valor regionales. Más adelante, en la Embajada de México en Estados Unidos, se compartieron perspectivas sobre la relación bilateral y el papel del sector privado para fortalecerla, así como avances en el diálogo entre ambos gobiernos en el marco de la revisión del T-MEC.

También sostuvieron un encuentro con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde intercambiaron perspectivas sobre los primeros acercamientos en el proceso de revisión del tratado.

La jornada concluyó con una reunión con el Department of Labor, en la que se reafirmó el compromiso del sector empresarial con el empleo formal y la Nueva Cultura Salarial, destacando que México ha recuperado el 148% del poder adquisitivo del salario mínimo en casi una década, cumpliendo y superando sus compromisos laborales en el marco del T-MEC.

Asimismo, la delegación sostuvo un encuentro con el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma y Ernesto Acevedo, representante de la Secretaría de Economía en la Embajada, en el que se compartieron perspectivas sobre la relación bilateral en un momento clave para la región y expusieron avances en el diálogo entre ambos gobiernos en el marco del proceso de revisión del T-MEC, reafirmando la importancia de una estrategia coordinada entre el sector público y el sector privado para fortalecer la posición de México.

En el último día de actividades, la delegación se reunió con Linda Eddleman, CEO de Trust for the Americas, donde exploró alianzas para ampliar el alcance de la estrategia Crece Mi Negocio en México en materia de empleabilidad, capacitación y desarrollo empresarial, destacando que la integración regional también se construye a partir del fortalecimiento del talento de las personas y las empresas.

A lo largo de la gira, COPARMEX impulsó una agenda de competitividad regional basada en cinco ejes prioritarios: competitividad regional y T-MEC, democracia y Estado de Derechos, seguridad, agenda laboral y energía, destacando que la integración de América del Norte requiere certeza jurídica, condiciones de seguridad, energía suficiente y reglas claras para la inversión.

Con esta misión, la Confederación reafirma su papel como voz independiente del sector empresarial mexicano y como un actor clave en la construcción de soluciones para la región. En un momento decisivo para el futuro del T-MEC, la presencia activa del sector privado resulta fundamental para fortalecer la confianza, consolidar la integración económica y asegurar que América del Norte continúe siendo uno de los bloques más dinámicos y competitivos del mundo.

Reiteramos nuestra postura: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. El país necesita fortalecer su Estado de Derechos, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y confiable, y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las Empresas planear, invertir y generar empleo.

Como se expresa en la comunicación dirigida por nuestro Presidente Nacional, “México requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar sus desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer nuestra democracia, generan polarización e incertidumbre”. El momento exige responsabilidad institucional y enfoque en los retos que realmente inciden en el desarrollo del país.

De manera simultánea, las Presidencias de nuestros Centros Empresariales en todo el país, replicaron este ejercicio y dirigieron cartas a las y los legisladores que representan a cada entidad federativa; y en algunos casos también comunicación personal con ellos. En estas cartas se establece con claridad que “México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”, y que alterar el marco institucional en este contexto genera efectos negativos inmediatos.

En las comunicaciones enviadas enfatizamos tres elementos centrales. Primero, que la estabilidad política es condición indispensable para la confianza económica, por lo que alterar las instituciones electorales en este momento genera señales de incertidumbre que impactan directamente en la llegada de capital. 

Segundo, que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa. “Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”. 

Tercero, que existen prioridades urgentes, como seguridad, salud y crecimiento económico, que demandan atención inmediata y soluciones efectivas. Debilitar al árbitro electoral no contribuye a resolver los problemas que afectan a las familias mexicanas, sino que desvía la atención de los retos verdaderamente apremiantes.

Sostenemos, además, que la legitimidad de las reglas democráticas se construye desde la ciudadanía, a través de acuerdos incluyentes y procesos transparentes. Las instituciones electorales actuales han garantizado competencia, pluralidad y alternancia, constituyéndose como un pilar del desarrollo democrático y del equilibrio institucional del país.

Seguiremos impulsando el diálogo respetuoso y la construcción de acuerdos que fortalezcan la vida democrática. Preservar la estabilidad institucional hoy es indispensable para proteger la inversión, el empleo y el futuro de México.

-o0o-

La delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) inició esta semana una gira de trabajo en Washington, D.C., en un momento decisivo para la región, marcado por el arranque del diálogo entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

La representación empresarial busca construir confianza, generar alianzas estratégicas y contribuir a una agenda común que impulse la competitividad, la integración y el crecimiento de América del Norte.
Para COPARMEX, la revisión del T-MEC debe ser un ejercicio de modernización técnica orientado a fortalecer la integración regional, impulsar la cooperación y consolidar a América del Norte como la región más competitiva, resiliente e integrada del mundo.

En este contexto, la revisión también debe traducirse en oportunidades concretas para las micro, pequeñas y medianas empresas, verdadero corazón de la economía y del empleo en México. La integración productiva de América del Norte debe incluir, de manera efectiva, a las MiPyMEs en las cadenas de valor facilitando su incorporación al comercio exterior, el acceso a financiamiento, la innovación y la digitalización.

La Confederación defiende un enfoque trilateral que incluya a México, Estados Unidos y Canadá, y propone evitar esquemas que fragmenten el acuerdo o debiliten los equilibrios alcanzados en el actual tratado comercial.

Para Estados Unidos, la integración de los tres países es estratégica: el comercio regional sostiene más de 13 millones de empleos en ese país, lo que confirma la importancia de preservar y fortalecer este acuerdo.

La delegación, encabezada por el Presidente Nacional, Juan José Sierra Álvarez, está integrada por especialistas en materia económica, laboral, energética y de comercio exterior, con el propósito de fortalecer el diálogo de alto nivel con autoridades, organismos empresariales y centros de pensamiento, así como posicionar a COPARMEX como un interlocutor técnico y confiable del sector privado mexicano en la relación bilateral.

En este contexto, la misión promoverá durante la gira una agenda de competitividad regional estructurada en cinco ejes prioritarios: competitividad regional y T-MEC, certeza jurídica, seguridad, agenda laboral y energía.

En el primer día de actividades, el martes 17 de marzo, la delegación llevó a cabo un encuentro con el Congressional Research Service de la Cámara de Representantes, donde presentó su agenda y dialogó sobre el papel de México en la región, los retos de la revisión del T-MEC y temas como la seguridad, la extorsión y el Estado de Derecho.

Posteriormente, la comitiva sostuvo una reunión con Lila Abed, del Inter-American Dialogue, para revisar las prioridades de México rumbo a la negociación y las oportunidades para fortalecer la integración regional.

En el Center for Strategic and International Studies (CSIS), la delegación participó en un diálogo estratégico sobre la revisión del T-MEC y el nuevo paradigma de seguridad económica regional. En el intercambio, la representación empresarial coincidió con especialistas en que América del Norte está construyendo una fortaleza económica que requiere socios confiables.

El grupo también participó en la Brookings Institution, con el equipo de la iniciativa USMCA Forward, donde intercambió perspectivas sobre los escenarios de la revisión. En la conversación, la misión coincidió en que en momentos de incertidumbre institucional, el sector privado juega un papel irremplazable para sostener la relación bilateral.

El primer día concluyó con una reunión con Woodside Energy, empresa socia de COPARMEX, en la que la delegación conoció sus perspectivas de inversión en México y las oportunidades de fortalecer el sector energético de la región.

Este miércoles 18 de marzo, la representación empresarial llevará a cabo reuniones en la US-Mexico Foundation, con representantes del Congreso de EE.UU., la US Chamber of Commerce y TC Energy.

La delegación de COPARMEX está integrada por Ivette Camacho, Consejera Delegada de la Relación con Canadá; Joaquín Aguirre, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior; Ángel García Lascuráin, Vicepresidente de Desarrollo Económico; Fernando Treviño, Vicepresidente de Asuntos Internacionales; Fidel Antuña, Presidente de la Comisión Laboral; Carlos Aurelio Hernández, Presidente de la Comisión de Energía; Alfonso Solís, Vicepresidente de la Comisión de Energía; Octavio Castillo, Consejero Nacional; y Mylene Cano de la Fuente, Directora de Análisis y Economista en Jefe de COPARMEX.