Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que las aportaciones que realizan trabajadores y empresas para sostener el sistema de seguridad social no se están reflejando plenamente en la calidad de los servicios que reciben millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las cuotas obrero-patronales constituyen una fuente fundamental para el financiamiento y funcionamiento del sistema de seguridad social en México. Trabajadores y empleadores contribuyen de manera conjunta para garantizar el acceso a servicios de salud, tratamientos, medicamentos e infraestructura médica. Por ello, quienes sostienen económicamente el sistema tienen derecho a exigir que esos recursos se traduzcan en una atención de calidad, oportuna y acorde con las necesidades de los derechohabientes.

Hoy eso no ocurre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI, el IMSS tenía 53.6 millones de derechohabientes. De ellos, 38.2 millones tuvieron una necesidad de salud, 29.3 millones recibieron atención médica y solo 13.5 millones fueron atendidos en el IMSS.

Apenas 45.9% de los derechohabientes del IMSS que recibieron atención acudió a esa institución. Cerca de 16 millones tuvieron que atenderse en otro lugar. A nivel nacional, 6 de cada 10 personas acudieron a establecimientos privados o farmacias, pese a que 63% reporta afiliación a una institución pública.

Ese desplazamiento tiene un costo directo para las familias: el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio de 6 mil 421 pesos anuales por hogar. En 2024 representó 3.4% del gasto corriente monetario, frente al 2.7% en 2016 y 2.6% en 2018. En comparación, los hogares mexicanos pagan de su bolsillo el doble de lo que paga el promedio de la OCDE.

De acuerdo con México Evalúa, entre 2018 y 2024, el gasto real en medicamentos de los hogares cuya jefatura está afiliada al IMSS aumentó 98%. Por ello, exigimos informes periódicos del IMSS sobre el desabasto, sus causas y las medidas para atenderlo, con indicadores que permitan evaluar avances, mejorar el acceso a medicamentos y reducir la carga económica de las familias.

Las recientes movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han visibilizado carencias relacionadas con el desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal, la falta de insumos médicos y los rezagos en infraestructura que afectan tanto a quienes prestan los servicios de salud como a millones de derechohabientes.

En COPARMEX reconocemos y valoramos profundamente el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del personal médico, de enfermería, técnico y administrativo del IMSS. Su labor incansable, muchas veces realizada bajo condiciones complejas y con recursos limitados, es muestra de una extraordinaria dedicación hacia los trabajadores mexicanos y sus familias. Gracias a su esfuerzo cotidiano, millones de personas reciben atención médica y encuentran respaldo en momentos de necesidad.

Precisamente por la relevancia de su trabajo, es indispensable que el personal de salud cuente con las herramientas, los medicamentos, el equipamiento, la infraestructura y el apoyo humano necesarios para desempeñar sus funciones con calidad, oportunidad y seguridad. No obstante, las carencias que persisten en el sistema limitan su capacidad de respuesta y terminan afectando tanto sus condiciones de trabajo como la atención que reciben los derechohabientes.

Esta situación también refleja desafíos de política pública que limitan la capacidad de respuesta del sistema de salud: deficiencias con la planeación y ejecución de recursos públicos, falta de coordinación institucional y dificultades para garantizar servicios oportunos y de calidad. A ello se suman los retos del modelo de atención universal para asegurar cobertura efectiva, acceso a medicamentos, suficiencia de personal médico e infraestructura adecuada para millones de derechohabientes.

Aunque los presupuestos del IMSS y de IMSS-Bienestar están separados, ambos comparten hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel. Esa carga compartida satura los servicios y genera costos que deben considerarse en la planeación financiera del Instituto para asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

El IMSS debe garantizar que los recursos aportados por trabajadores y empleadores respondan a las necesidades de la población asegurada. Ampliar la atención sin financiamiento suficiente compromete la viabilidad del sistema. Por ello, es indispensable transparentar el uso de los recursos y rendir cuentas sobre los resultados y la calidad de los servicios.

La inquietud es mayor al observar que, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto público en salud alcanzaría 1 billón 136 mil 648 millones de pesos, un crecimiento real de 10.6% respecto a 2026, un incremento que reconocemos como una decisión positiva, pues llevaría el gasto en salud a su nivel más alto como proporción del PIB en una década. Los recursos para medicamentos y material médico y de laboratorio llegarían a 164 mil 245 millones de pesos, el monto más alto del periodo analizado.

Sin embargo, el presupuesto del IMSS para estos rubros caería 5.9% (7 mil 373 millones de pesos menos), pese a concentrar 71.4% del total público. La reducción se concentra en materiales y suministros médicos (-32.0%, 5 mil 925 millones menos) y en medicinas y productos farmacéuticos (-3.3%, 3 mil 409 millones menos). Así, en el año de mayor presupuesto histórico para medicinas, la institución financiada por trabajadores recibiría menos recursos para surtirlas.

Además, el gasto público en salud se mantendría en 2.9% del PIB, menos de la mitad del 6% recomendado por la OMS para alcanzar la cobertura universal. El INEGI estima que el sector salud equivale a 5.2% del PIB, pero solo 2.2 puntos corresponden al sector público; el resto lo cubren el sector privado y el trabajo no remunerado de las familias.

El reto es traducir los recursos en mejores resultados para los derechohabientes. La vida de las personas debe ser la prioridad, con tratamientos e infraestructura suficientes para brindarles la atención que necesitan.

Por ello, consideramos indispensable garantizar:

• El abasto oportuno y suficiente de medicamentos en todas las unidades médicas.
• La disponibilidad de insumos y tratamientos para enfermedades de alta incidencia.
• La ampliación y modernización de la infraestructura hospitalaria.
• La cobertura de plazas vacantes para reducir la saturación de los servicios.
• La evaluación permanente de la calidad de la atención que reciben los derechohabientes.

En COPARMEX reiteramos que los trabajadores y sus familias merecen servicios médicos dignos y humanos. Quienes contribuyen al sostenimiento del IMSS tienen derecho a recibir servicios oportunos, medicamentos disponibles y una infraestructura acorde con las necesidades actuales del país.

La salud de los trabajadores no puede esperar. Garantizar atención médica de calidad debe ser una prioridad nacional.

• La inversión privada requiere condiciones de certidumbre jurídica, infraestructura suficiente y reglas claras.

México enfrenta el desafío de reducir su deuda, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, generar confianza para invertir y aprovechar plenamente las oportunidades del nearshoring.

En este contexto, las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) coinciden con diversos planteamientos que COPARMEX ha impulsado para fortalecer el crecimiento económico y la competitividad del país. El organismo internacional estima que la economía mexicana crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, un avance positivo, aunque insuficiente para acelerar el desarrollo y aprovechar plenamente las oportunidades de inversión que tiene el país.

Además, el FMI coincide con COPARMEX en una de sus principales propuestas: la creación de un Consejo Fiscal Independiente, con autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos de los Paquetes Económicos, analizar riesgos fiscales, monitorear la evolución de la deuda pública y contribuir a una mayor transparencia y confianza en la conducción de las finanzas públicas.

Las recomendaciones del FMI sobre consolidación fiscal, fortalecimiento institucional y disciplina presupuestaria refuerzan la necesidad de construir una ruta responsable para reducir los déficits fiscales y asegurar una trayectoria sostenible de la deuda pública. En particular, resulta relevante que el organismo señale que “serán necesarios mayores esfuerzos para colocar la deuda en una trayectoria descendente”, lo que confirma que la reducción del déficit público propuesta para 2027 es insuficiente. 

El análisis del FMI respalda esa necesidad de mejorar la calidad del gasto público. Desde COPARMEX hemos sostenido que el desafío no es gastar más, sino gastar mejor: revisar programas de bajo impacto, eliminar duplicidades, fortalecer la evaluación de resultados y orientar los recursos hacia infraestructura y proyectos que impulsen la productividad y la competitividad.

Otro de los mensajes centrales del organismo internacional apunta a la necesidad de fortalecer la inversión privada como motor del crecimiento. De manera explícita, el FMI señala que “para aumentar el crecimiento potencial será necesario estimular la inversión privada”, además de reducir obstáculos regulatorios y fortalecer las condiciones para hacer negocios.

Además de infraestructura y competitividad, el FMI reconoce que la confianza para invertir también depende de instituciones sólidas, respeto al Estado de Derecho, protección efectiva de los derechos de propiedad y mecanismos confiables para la resolución de controversias. Asimismo, advierte que la incertidumbre relacionada con diversos cambios regulatorios y con el entorno de negocios continúa representando un desafío para la actividad económica y la inversión.

Precisamente por ello, COPARMEX ha señalado que la certeza jurídica es indispensable para detonar nuevas inversiones, generar empleo y elevar el potencial de crecimiento del país. 

Las recomendaciones del FMI constituyen un importante respaldo técnico a las propuestas que COPARMEX ha promovido de manera consistente para fortalecer la sostenibilidad fiscal, la inversión productiva y la competitividad nacional. 

Más inversión significa más empleo, mayores ingresos y más oportunidades para las familias mexicanas. Por ello, México debe generar las condiciones que permitan atraer capital productivo, fortalecer su competitividad y aprovechar plenamente las oportunidades de integración económica y desarrollo que hoy tiene frente a sí.

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Dos de cada tres empresas socias de COPARMEX reportan que la Reforma Judicial ya está afectando sus decisiones de inversión. A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX revela que la incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México.
Con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de COPARMEX, los resultados de la Encuesta de Data COPARMEX muestran la magnitud de esta inquietud: 67.8% de las empresas reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.

El dato adquiere mayor relevancia al observar cómo está cambiando la conducta empresarial. El 38.9% de las empresas, es decir, 4 de cada 10, señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir y el 28.8%, 3 de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos.
Los resultados reflejan que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito jurídico y comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal.

El análisis de Data COPARMEX también muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos. El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación. En conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.

Esta situación se relaciona con una percepción de menor certeza jurídica. El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora. Para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos.

En COPARMEX hemos sostenido que México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derechos. Hoy, frente a la evidencia que nos proporcionan las empresas, consideramos indispensable pasar de la discusión sobre el diseño de la Reforma Judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleo.

Por ello, proponemos abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, con indicadores que permitan evaluar tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de las personas juzgadoras, previsibilidad de los criterios y eficacia en la protección de los derechos. Buscamos que el nuevo modelo funcione, que existan contrapesos efectivos y que ninguna persona o empresa tenga que elevar sus costos de protección jurídica para confiar en las instituciones.

La inversión necesita certeza sobre las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos y confianza en que los contratos, el patrimonio y los derechos estarán protegidos. Por eso, los resultados de Data COPARMEX deben servir como punto de partida para corregir aquello que genere incertidumbre y para construir las condiciones institucionales que permitan que los recursos destinados a inversión se conviertan en proyectos, empleos y crecimiento.

Cabe mencionar que el nuevo Poder Judicial no parte de cero: recibe problemas estructurales que la reforma prometió atender. Uno de los más evidentes es el rezago. El propio Órgano de Administración Judicial documentó que 210 mil 459 asuntos federales reportados como integrados y susceptibles de resolución -es decir, el 62.7%- acumulan más de 90 días sin sentencia.

Este dato permite poner el debate en una justa perspectiva: después de una transformación constitucional de esta magnitud, la discusión ya no puede concentrarse únicamente en quiénes integran los tribunales o cómo fueron electos, sino en si la justicia funciona mejor. Menos rezago, resoluciones oportunas y mayor certeza jurídica deben convertirse en parámetros objetivos para medir los resultados de esta nueva etapa.

El nuevo Poder Judicial solo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones.

Desde COPARMEX continuaremos midiendo, documentando y dando seguimiento a la evolución del sistema, porque la certeza jurídica no es un asunto exclusivo de jueces y abogados: es una condición indispensable para invertir, contratar, emprender y generar empleo formal.

México enfrenta un reto que comienza mucho antes de que un joven llegue al mercado laboral: 41.8% de sus estudiantes no alcanza el nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas, mientras apenas 0.5% logra un desempeño alto en alguna de estas áreas. Ante estos resultados de PISA 2025, COPARMEX abrió una conversación sobre el propósito que debe tener la escuela y su capacidad para preparar a las nuevas generaciones para la vida, el trabajo y un entorno que cambia aceleradamente.

La discusión tuvo como punto de partida la premier de El fin de la escuela, proyecto documental de Juan Alfonso Mejía, que recupera una pregunta esencial sobre el papel de la educación: ¿para qué queremos las escuelas? A partir de esta reflexión, COPARMEX vinculó la realidad que muestran los datos con los desafíos que enfrenta México para recuperar aprendizajes, desarrollar talento y ampliar las oportunidades de los jóvenes, particularmente frente a un mercado laboral que demanda nuevas capacidades.

Durante la rueda de prensa, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, destacó: “hablar de educación también es hablar de movilidad social, productividad y empleo formal. El mejor programa social es el empleo formal, y para que más jóvenes accedan a él necesitamos que lleguen al mundo del trabajo con las capacidades que éste demanda. Ahora necesitamos convertir esa realidad en decisiones. Recuperar aprendizajes, fortalecer matemáticas y lectura, impulsar las ciencias, y atender las brechas. El aprendizaje requiere tiempo, atención, seguridad y comunidad”.

Alejandra Carmona Ortega, Codirectora General de Grupo Educación y Directora General de HABLA, afirmó: “Lo que necesitamos es construir comunidad, es darnos alas como seres humanos, más allá de la movilidad social, que sin duda es sumamente importante y con lo que me quedo y agradezco. No es nada más esta invitación a ver cómo caminar juntos para llegar lejos, ser más aliados, sumar a más personas, sino la reflexión de qué es lo que tratamos de hacer todos los días en las escuelas que son parte del grupo. ¿Qué tendríamos que hacer para que la escuela no termine? ¿Qué tenemos que hacer para que ese espacio privilegiado de construcción de bienestar, de encuentro personal, individual y de comunidad, siga adelante? Eso es en lo que estamos apostando”.

Por su parte, Juan Alfonso Mejía comentó: “¿Qué sigue luego del documental? Uno. La conversación no es entre especialistas. La conversación tiene que partir desde los sueños de las mamás que creen que sus hijos y sus hijas ya lo hicieron porque están en tercero de secundaria o en primero de preparatoria. Segundo, esa conversación no es en la Ciudad de México, es en lo local. Y tercero, por favor, olvidémonos de las reformas educativas. Si fuera por reformas, seríamos Noruega”.

Además, los resultados de PISA 2025 muestran que México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en las cuatro áreas evaluadas: ciencias, lectura, matemáticas y resolución de problemas computacionales. En matemáticas, el país registró 388 puntos, 7 menos que en 2022, mientras que en lectura obtuvo 408 y en ciencias 414; además, cerca de la mitad de los estudiantes, 49.6%, se ubicó por debajo del nivel básico de competencia en
ciencias. La evaluación también identificó una brecha de 13 puntos en ciencias a favor de los hombres, la mayor diferencia de género entre los países y economías participantes en esta materia.

Frente a este panorama, COPARMEX planteó que la discusión educativa debe trasladarse de los resultados a las decisiones que permitan recuperar aprendizajes y atender las brechas existentes. Fortalecer matemáticas, lectura y ciencias, impulsar el Modelo de Formación Dual, mejorar las condiciones en las que aprenden los estudiantes, contar con docentes y materiales adecuados, ampliar los recursos digitales y generar entornos que favorezcan el aprendizaje forman parte de una agenda que también incide en la productividad y en la capacidad de los jóvenes para incorporarse a un empleo formal.

La conversación también permitió subrayar la relación entre educación y desarrollo económico. Una persona con mejores herramientas para aprender cuenta con mayores posibilidades para incorporarse al mercado laboral, emprender e innovar; a su vez, las empresas requieren talento preparado para elevar su productividad, adoptar nuevas tecnologías y generar oportunidades.

La premier de El fin de la escuela colocó una pregunta que trasciende la pantalla y conecta directamente con los datos que ofrece PISA: qué debe entregar la escuela para que el origen de una persona no determine las posibilidades de su futuro. El documental recupera experiencias y voces alrededor de esa interrogante y plantea una reflexión sobre una institución que puede ampliar oportunidades cuando logra que el aprendizaje se traduzca en capacidades para la vida.

La Confederación reiteró su disposición para aportar datos, propuestas y la perspectiva del sector empresarial a esta conversación, con la convicción de que México cuenta con jóvenes talentosos, curiosos y capaces de aprender, y que garantizar las condiciones para desarrollar esas capacidades es indispensable para construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

La seguridad se mantiene como uno de los principales retos para la actividad empresarial en México. Entre enero y junio de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión, la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años, mientras que este delito continúa afectando las decisiones de operación, inversión y crecimiento de las empresas.

Ante esta realidad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reunió a autoridades de seguridad y representantes del sector empresarial en el Foro de Seguridad 2026, “Responsabilidad Empresarial por un México en Paz”, para fortalecer los canales de colaboración, conocer herramientas de prevención y respuesta, y generar acciones que permitan proteger a las empresas, sus colaboradores y las comunidades donde operan.

Durante la inauguración, el Presidente Nacional Juan José Sierra Álvarez, señaló: “De acuerdo con nuestro Monitor de Seguridad, sustentado con información del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del presente año se registró un promedio diario de 43.3 carpetas de investigación por homicidio doloso, 1.7 por feminicidio, 34.3 por extorsión, 13.9 por robo a transportista y 174.2 por robo a negocio. Esta es la realidad de la que debemos partir. Pero también está en nosotros, participar y no ser espectadores de cómo la inseguridad afecta a nuestras comunidades”.

Por su parte, Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX, destacó: “La seguridad, si bien debe ser garantizada por el Estado, ello no implica que no podamos colaborar. Para ejercer otros tantos derechos con total libertad, la seguridad es la clave de todo ello, y nuestra participación activa es fundamental para suministrar de elementos a las autoridades y que puedan ejercer sus tareas con mayor precisión; por eso estamos abriendo espacios de diálogo a nivel local, mediante las mesa de seguridad, para tener comunicación bilateral entre las autoridades en materia de seguridad y el sector empresarial”.

Omar Reyes Colmenares, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó: “Proteger la economía también es construir seguridad y, de manera inversa, combatir las estructuras financieras de la delincuencia significa proteger a las empresas, los empleos, las cadenas productivas y el patrimonio de las familias mexicanas. El lavado de dinero no debe entenderse únicamente como un delito financiero: es el mecanismo que permite que los recursos generados por actividades ilícitas se oculten, se transformen y eventualmente se incorporen a la economía formal. Detrás de esos recursos puede haber narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, y muchas otras actividades delictivas”.

A su vez, el Coordinador del C5 de la CDMX, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, señaló: “Hace 15 años, el 90% de las tentativas de extorsión presencial o telefónica tenían éxito con frecuencia. En la actualidad, de todos los datos de C5, solo el 5% se formaliza ante la fiscalía o la policía. El otro 95% no, por diversas razones. Ese 5% tiene seis líneas de presión telefónica, ligadas directamente a la extorsión. A partir de estas líneas conocemos la totalidad de los datos, incluidas las variantes. Y lo que comentamos es lo siguiente: en los últimos dos años, la extorsión que ha sido exitosamente consumada, representa menos del 13%, en contraste con el 90% de hace 15 años”.

Finalmente, Jessica Saiden, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, enfatizó: “El pasado 8 de septiembre fue la última información registrada y ahí ya teníamos prácticamente más de 2 mil personas detenidas relacionadas con el delito de extorsión en 29 entidades del país. Esto también es relevante cuando observamos que, dentro de esta estrategia de seguridad, hay resultados visibles: de octubre de 2024 a agosto de 2026, se han reportado incluso más de 67 mil 200 detenciones vinculadas con este delito. Por eso es muy importante la tarea que realizan a través de COPARMEX. Los resultados que muestran en esta política de seguridad han colocado en el centro elementos de atención como el fortalecimiento, por ejemplo, de la Guardia Nacional”.

En el primer panel, “Guardia Nacional. Estrategia de prevención y atención en hechos delictivos contra el sector empresarial”, se abordaron las principales acciones de la institución frente a delitos como robo a negocio, extorsión y robo a transporte, así como las herramientas y canales disponibles para que las empresas puedan solicitar apoyo ante situaciones de riesgo. También se analizó la importancia de fortalecer la comunicación entre la Guardia Nacional y los Centros Empresariales para mejorar la capacidad de respuesta y prevención.

En el segundo panel, dedicado a la Unidad de Inteligencia Financiera, permitió conocer de primera mano los principales elementos que se consideran en una investigación relacionada con lavado de dinero y las señales que pueden advertir operaciones financieras atípicas. Se analizaron también las medidas que las empresas pueden adoptar para prevenir riesgos y fortalecer sus controles internos, particularmente al establecer relaciones financieras con otras compañías.

En el tercer panel, “Seguridad empresarial frente a los ciberdelitos y el mundo de la IA”, se analizaron los nuevos riesgos que enfrentan empresas y ciudadanía ante el crecimiento de los ciberdelitos y el uso inadecuado de la inteligencia artificial. Con la participación de Ángel Peralta, de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Erwin Campos, Presidente de la Mesa de Ciberseguridad de COPARMEX, se abordaron las principales modalidades de estos delitos, las medidas de prevención y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para fortalecer la seguridad.

Finalmente, en el cuarto panel, “Responsabilidad Empresarial, buenas prácticas”, se compartieron experiencias de distintas empresas socias de COPARMEX sobre protocolos de actuación, herramientas de prevención y mecanismos para responder ante delitos o escenarios de crisis. Este intercambio permitió identificar prácticas que pueden ser adaptadas por empresas de distintos tamaños y sectores para reducir riesgos y mejorar su capacidad de reacción frente a situaciones que pueden afectar la continuidad de sus operaciones.

Construir un México en paz requiere instituciones capaces, coordinación y participación responsable de la sociedad. Por ello, COPARMEX continuará generando espacios de diálogo que permitan acercar a las empresas información, herramientas y canales de colaboración con las autoridades.

La seguridad no puede limitarse a reaccionar frente al delito: debe traducirse en prevención, capacidad de respuesta y condiciones para que las personas puedan vivir, trabajar, invertir y emprender con libertad.

El Programa de Mediación y Paz del Tec de Monterrey, la World Compliance Association (WCA) Capítulo México, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) realizaron el Foro Nacional de Integridad, Compliance y Mediación: Estándares Internacionales en Acción, encuentro que reunió a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales retos en materia de integridad empresarial, prevención de riesgos, estándares internacionales de compliance y mecanismos alternativos de solución de controversias.

El encuentro reunió a representantes del sector empresarial, la comunidad jurídica, especialistas en cumplimiento y académicos, con el propósito de acercar los estándares internacionales a la realidad de las organizaciones mexicanas y promover una evolución del cumplimiento meramente formal hacia sistemas de integridad que funcionen efectivamente en la práctica.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la incorporación de una perspectiva internacional. En este marco, se presentó la versión en español del documento “Talk Integrity: Cómo la comunicación corporativa impulsa la lucha contra la corrupción”, desarrollado por Business at OECD (BIAC), con el objetivo de analizar cómo las políticas y compromisos de integridad pueden traducirse en decisiones y comportamientos concretos dentro de las organizaciones.

A lo largo de cinco mesas de análisis, los participantes abordaron las tendencias actuales en materia de integridad organizacional y compliance; la cultura y ética empresarial; la implementación y certificación de la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno; la ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance y el papel del Oficial de Cumplimiento; así como el uso de la mediación como herramienta dentro de los programas de integridad.

El programa contó con la participación de especialistas como el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, Yadira García Montero, Jaleyna de la Peña, Carlos A. Pérez Macías, Marco Ibargüen Morales, Bernardo Álvarez del Castillo, Dante Preisser Rentería, Geny Estrella, Pedro Plata y otros expertos de los ámbitos jurídico, empresarial y de compliance.

La discusión sobre estándares internacionales permitió subrayar que los sistemas de compliance deben evolucionar de esquemas centrados exclusivamente en el cumplimiento normativo hacia modelos capaces de identificar riesgos, prevenir conductas indebidas, fortalecer la gobernanza y generar valor para las organizaciones.

Asimismo, el Foro analizó la evolución del papel del Oficial de Cumplimiento y la necesidad de fortalecer su participación en la toma de decisiones de las organizaciones. En materia de mediación, los especialistas analizaron su potencial no solo como mecanismo alternativo para resolver controversias, sino también como una herramienta para detectar y gestionar oportunamente conflictos antes de que se conviertan en riesgos legales, reputacionales o de integridad.

El Programa de Mediación y Paz del Tec de Monterrey, WCA, ANADE y COPARMEX coincidieron en que la construcción de una cultura de integridad requiere la participación de empresas, profesionales del derecho, especialistas en compliance, academia e instituciones, así como una mayor difusión de herramientas que permitan llevar los estándares internacionales a organizaciones de distinto sectores y tamaños.

Las organizaciones refrendaron su compromiso de continuar impulsando espacios de colaboración, diálogo y capacitación que fortalezcan la cultura de la legalidad, la prevención de riesgos y las mejores prácticas empresariales.

La integridad, la resolución pacífica de conflictos, el compliance efectivo y el respeto al Estado de Derecho son elementos esenciales para construir confianza, fortalecer la competitividad y generar mejores condiciones para el desarrollo de México.

La velocidad con la que están cambiando la tecnología, las habilidades y las formas de trabajar están modificando las reglas del mercado laboral mexicano. Productividad, capacitación, empleo formal e inteligencia artificial dejaron de ser asuntos aislados para convertirse en factores que definirán la capacidad de las empresas para crecer, competir y generar nuevas oportunidades de desarrollo. 

Frente a este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) colocó en el centro de la discusión el futuro del trabajo y las condiciones que México necesita para responder a los cambios que ya impactan a empresas y trabajadores. Durante el Foro Nacional Laboral 2026, autoridades laborales, organismos internacionales, especialistas y líderes empresariales analizaron las tendencias que redefinen el empleo y las decisiones necesarias ante esta nueva realidad, coincidiendo en que el futuro laboral de México dependerá de generar condiciones para crear más y mejores empleos formales.

En la inauguración, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló: “La verdadera ventaja de México está en su gente. Tenemos talento, capacidad productiva y vocación empresarial. El reto es convertir estas fortalezas en productividad, mejores salarios, mayor especialización y empleos formales. La productividad debe ocupar un lugar central en la agenda laboral. Necesitamos una política pública que vea la capacitación como una inversión nacional y prepare a nuestros jóvenes para los empleos que existen y para los que todavía no existen”.

Por su parte, Gabriel A. Trevizo, Vicepresidente para el Eje Social de COPARMEX Chihuahua, señaló: “Si algo tenemos claro en COPARMEX es que una empresa para ser realmente plena debe ser altamente productiva, plenamente humana y atender su responsabilidad ante la sociedad. Y para eso, en este sentido, lo primero es ofrecer posiciones de trabajo. Y un trabajo digno es un trabajo formal, suficiente, estable y gratificante. El trabajo digno no solo proporciona a las familias un medio de subsistencia, ofrece también seguridad social y le permite a las personas desarrollarse plenamente en el trabajo, en su casa, en su comunidad”.

En su intervención, Diódoro José Siller Argüello, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, resaltó: “Si queremos que las reformas funcionen, tenemos que escuchar al trabajador, tenemos que escuchar al empresario y tenemos que entender la realidad económica de cada región del país. Porque una buena política laboral no se construye únicamente desde un escritorio. Se construye escuchando a quienes todos los días abren una empresa, generan un empleo, pagan una nómina y también a quienes todos los días salen de su casa a ganarse la vida con su trabajo. Ahí está el verdadero mundo laboral”.

La jornada comenzó con la conferencia magistral “La agenda laboral global. Una visión desde la OIT”, impartida por Fabio Bertranou, Director Regional Adjunto de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, quien permitió colocar la discusión mexicana dentro de las principales tendencias internacionales. 

Posteriormente, en el panel “El futuro del trabajo en México: Perspectivas desde los Estados”, representantes de las Secretarías del Trabajo de Coahuila, Sonora y Chihuahua compartieron experiencias y retos regionales, mostrando que las diferencias productivas y demográficas de cada entidad requieren respuestas capaces de atender las particularidades de sus mercados laborales, sin perder de vista una visión nacional.

El análisis continuó con los paneles “Retos y Oportunidades para la Competitividad Laboral” y “Las fuerzas que redefinen el empleo en México”. En el primero, Juan José Sierra Álvarez, Lorenzo Roel y Fidel Antuña abordaron los desafíos que enfrentan las empresas para elevar la productividad, desarrollar talento y mantener su capacidad competitiva ante un entorno económico y tecnológico cambiante.

Adicionalmente, Sergio Mares Delgado, Víctor David Almeida García y Alejandro Lara Cruz analizaron las fuerzas económicas, tecnológicas, demográficas y regulatorias que están modificando las decisiones empresariales y la manera en que se configura el empleo en México.

El último bloque colocó a la inteligencia artificial en el centro de la conversación con el panel “inteligencia artificial y el Futuro del Trabajo: Transformación, Talento y Competitividad”, en el que Jahasiel Sevilla Muñoz, líder de Innovación y Transformación Digital para Latinoamérica y Norteamérica en Google, y Carlos Ruiz, matemático y cofundador del Colegio de Matemáticas Bourbaki, analizaron el impacto de esta tecnología en el mercado laboral. La discusión permitió destacar que la IA es una oportunidad para preparar a las personas para funciones que exigirán capacidades distintas, siempre con el talento humano como eje central.

México necesita convertir el talento de su población en productividad, la capacitación en mayores oportunidades y la innovación en empleos formales capaces de ofrecer mejores condiciones de vida. El mejor programa social es el empleo formal y el mejor empleo formal es aquel que permite a una persona aprender, crecer y construir un proyecto de vida.

Para ello, también se requieren instituciones laborales modernas, diálogo social efectivo entre empleadores y trabajadores, certeza para invertir y condiciones que permitan a las empresas crecer y contratar.

• Aunque no hay impuestos nuevos, los límites fiscales pueden generar ISR aun sin utilidad financiera, elevando la carga para las empresas.
• Es necesario convertir cada peso público en seguridad, infraestructura, inversión y empleo formal.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que el Paquete Económico 2027 mantiene una ruta fiscal que ofrece poco margen de maniobra para impulsar el crecimiento. Aunque el déficit baja de 4.1% a 3.9% del PIB, supera el 2.9% del PIB que se destina a inversión pública: en los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva.

A esto se suma que el saldo total de la deuda pública alcanza 55% del PIB, el porcentaje más alto desde 1990. Ante este escenario, es indispensable que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones necesarias para impulsar un mayor crecimiento económico. Al mismo tiempo, observamos que el espacio fiscal se reduce conforme aumentan los compromisos ineludibles del presupuesto. El costo financiero de la deuda alcanza 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8%. A ello se suman 2.48 billones de pesos para pensiones, equivalentes a dos de cada diez pesos del presupuesto y a 6.2% del PIB.

En materia de ingresos, valoramos que el Paquete no incorpore nuevos impuestos ni aumentos generales en las tasas; sin embargo, advertimos que la estrategia recaudatoria incrementa la carga para determinadas empresas. Las modificaciones amplían la base del ISR para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y establecen nuevos límites a las deducciones y la amortización de pérdidas fiscales. Aunque se concentran en empresas que superan dicho umbral, pueden afectar a aquellas que, aun con altos ingresos, operan con márgenes reducidos. Esto podría generar una utilidad fiscal y una obligación de ISR distinta a su realidad financiera, afectando especialmente a empresas endeudadas, reduciendo los incentivos para invertir e incluso limitando su supervivencia.

Reconocemos, en contraste, la reducción de 12% en el costo del espectro radioeléctrico, una medida que COPARMEX plantea desde 2024 para impulsar la conectividad y que coincide con una de las barreras no arancelarias identificadas por Estados Unidos durante la revisión del TMEC. También valoramos los incrementos reales previstos para seguridad, educación y salud: 3.9% en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 6.6% en la Secretaría de Educación Pública y 4.8% en la Secretaría de Salud, además de 9.8% para el IMSS. Es necesario que estos rubros reciban mayores recursos. No obstante, esperaremos la publicación de los datos abiertos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 para analizar las partidas de gasto de cada rubro y ofrecer una valoración más precisa.

El escenario macroeconómico plantea un ajuste al rango de crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para 2027 (de 1.9% a 2.9%), más cercano al 1.8% que estima el mercado. Es positivo que la SHCP haya adoptado supuestos más creíbles respecto a los Pre-Criterios; sin embargo, las condiciones económicas actuales y el bajo ánimo para invertir siguen limitando nuestras posibilidades de crecimiento. Será crucial revertir este panorama para alcanzar los supuestos planteados y, con ello, los ingresos tributarios necesarios para cumplir con los niveles de déficit.

El cumplimiento de las metas fiscales depende de un mayor crecimiento, menores presiones inflacionarias y financieras, y una recaudación tributaria que aumentaría 5.9% real hasta alcanzar un máximo histórico de 15.9% del PIB. Si estos supuestos no se cumplen, el Gobierno enfrentará menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio. Esto podría elevar el déficit y la deuda, o reducir aún más el margen para seguridad, salud, educación e infraestructura. Por ello, consideramos indispensable incorporar escenarios alternativos, medidas preventivas y mecanismos transparentes de ajuste que protejan la inversión productiva y los servicios públicos esenciales.

Desde COPARMEX proponemos crear un Consejo Fiscal Independiente, con autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingresos y gasto, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública. No sustituiría las facultades de la SHCP ni del Congreso: aportaría una valoración imparcial de las proyecciones oficiales, permitiría anticipar desviaciones a tiempo y fortalecería la credibilidad de la política fiscal. En esa misma lógica de credibilidad, esperamos un combate frontal y efectivo contra quienes emiten facturas falsas y contra quienes las adquieren, sin distinción entre el sector público y el privado. Compartimos ese objetivo; lo que hace falta es que se ejecute, y no que se sustituya por fórmulas generales que terminan alcanzando a las empresas que sí cumplen.

En un contexto en el que dos de las principales calificadoras mantienen a México a un solo escalón del grado de inversión y S&P ha colocado su perspectiva en negativa, desde COPARMEX sostenemos que la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto y una mayor inversión pública deben ser prioridades para fortalecer la confianza.

El Paquete Económico 2027 debe centrarse en los resultados que genera cada peso público y en las condiciones que ofrece para que las empresas puedan invertir, crecer y generar empleos. Ordenar las finanzas públicas debe tener como propósito mejorar las condiciones de vida de la población. Por ello, el mejor presupuesto será aquel que convierta los recursos públicos en mayor seguridad, mejor salud, educación de calidad, infraestructura y oportunidades para invertir, emprender y generar empleo formal.

• El Paquete Económico 2027 debe establecer una ruta viable para reducir el déficit, contener el endeudamiento y recuperar el espacio fiscal sin sacrificar la inversión productiva.
• Los recursos públicos deben dirigirse a seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura que eleven la productividad, generen empleo formal y detonen inversión.

Desde  la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que el Paquete Económico 2027 debe ser una oportunidad para dejar atrás la inercia presupuestaria y colocar el gasto público al servicio del crecimiento económico. 

México necesita finanzas públicas ordenadas, pero también recursos que atiendan los rezagos que hoy limitan la productividad, la inversión y la generación de empleo formal. Por ello, esperamos que la propuesta que se presente al Congreso de la Unión establezca prioridades claras y decisiones que permitan recuperar la confianza en el rumbo económico del país.

En los próximos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ante esta discusión, se debe construir una ruta creíble para reducir el déficit y contener el endeudamiento, sin recurrir a recortes indiscriminados que disminuyan la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades fundamentales. 

En materia de ingresos, consideramos indispensable mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos. La consolidación de las finanzas públicas debe sustentarse en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y el fortalecimiento de la base de contribuyentes, sin trasladar nuevas cargas a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

En lo referente al gasto, no podemos seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social. Cada peso gastado debe responder a una necesidad concreta y generar valor para los mexicanos, por lo que resulta indispensable eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Esta revisión también debe alcanzar a las Empresas Públicas del Estado. Pemex y CFE son estratégicas para México, pero requieren esquemas que garanticen su viabilidad financiera y operativa. No podemos comprometer recursos públicos de manera recurrente sin planes claros de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Los recursos destinados a estas empresas deben responder a objetivos verificables y evitar que sus necesidades financieras reduzcan el margen disponible para atender otras prioridades nacionales.

Al mismo tiempo, el presupuesto debe privilegiar la inversión que permita remover los obstáculos que limitan el crecimiento. Seguridad, salud y educación deben contar con los recursos necesarios para cumplir su función, mientras que energía, agua e infraestructura logística, digital y de transporte requieren inversiones capaces de elevar la productividad y facilitar nuevos proyectos. Una mayor capacidad en estos sectores permitiría aprovechar las oportunidades de inversión, fortalecer las cadenas productivas y generar más empleos formales.

La misma lógica debe aplicarse al endeudamiento. Contratar deuda es válido cuando se destina a proyectos con rentabilidad económica o social comprobable, pero no cuando se utiliza para sostener de manera permanente el gasto corriente. México necesita recuperar margen de maniobra en sus finanzas públicas y asegurar que cualquier recurso adicional comprometido tenga un propósito definido, resultados medibles y beneficios duraderos para la sociedad,  sin rebasar límites de endeudamiento que podrían poner en riesgo la estabilidad económica.

En la Confederación esperamos que el Paquete Económico 2027 envíe una señal clara de responsabilidad y visión de largo plazo. Reorientar el gasto público permitirá generar certidumbre, movilizar inversión, destrabar proyectos y generar las condiciones necesarias para que el sector productivo crezca y cree más empleo formal.

México enfrenta un momento que exige diálogo, unidad y capacidad para construir propuestas desde todos los sectores de la sociedad. Con esa convicción, COPARMEX anunció la realización del Encuentro Nacional COPARMEX León 2026, un espacio que buscará poner en el centro de la conversación nacional los retos que enfrenta nuestro país y la responsabilidad que se tiene desde el sector empresarial para aportar soluciones.

Del 4 al 6 de noviembre, León y Guanajuato recibirán a más de 700 participantes en el evento más importante del año para COPARMEX. Durante esos días se desarrollará una agenda de conferencias, diálogos y espacios de vinculación empresarial que tendrá como eje el lema “Una sola COPARMEX por un México en Paz y con Desarrollo”, con Poliforum León como sede principal y actividades complementarias en distintos espacios de la ciudad y de Guanajuato capital.

Durante la rueda de prensa, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, destacó: “Queremos que este Encuentro sea una oportunidad para escucharnos, para construir puentes y para demostrar, una vez más, que desde las empresas también construimos país, impulsamos desarrollo y contribuimos al futuro que todos los mexicanos merecemos. Desde COPARMEX, hacemos un llamado a sumar esfuerzos, a construir acuerdos y a trabajar juntos por un México con paz, desarrollo, competitividad y oportunidades para todos. Los empresarios estamos listos para aportar, para proponer y para actuar”.

Michel Sojo Quiroz, Presidente de COPARMEX León, subrayó: “Desde el sector empresarial sabemos que el desarrollo necesita inversión, innovación y talento, pero también seguridad, certeza jurídica y condiciones que permitan a las empresas crecer, competir y generar empleos formales. Estos temas requieren diálogo y trabajo conjunto entre empresarios, sociedad y autoridades. Queremos que este Encuentro deje resultados concretos: nuevas relaciones empresariales, ideas útiles, oportunidades de negocio y una visión más amplia de lo que León y Guanajuato pueden aportar al desarrollo de México”.

Por su parte, Juan Pablo Becerra Alcacio, Director General de Economía del Municipio de León, señaló: “En León confiamos en nuestros empresarios, confiamos en quienes todos los días invierten, emprenden, arriesgan, generan empleos, innovan y hacen que nuestra economía se mueva. Y es por eso que trabajamos con una visión económica integral, con una visión que busca atraer nuevas inversiones, pero también fortalecer a las empresas que ya están aquí, apoyar a las MiPyMEs. Tenemos claro que el desarrollo económico se construye haciendo equipo con quienes generan oportunidades, y COPARMEX es un aliado fundamental en esta tarea”.

A su vez, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, Subsecretario para el Desarrollo de las MiPyMEs, resaltó: “El crecimiento económico se debe reflejar en las familias. Ese trabajo conjunto que hacemos nos hace cada vez mejores y también imparables. Eso es algo fundamental que tenemos que cuidar. Guanajuato suma un nuevo proyecto que es complementario del actual plan de gobierno de la presente administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2024-2030. Y en esa suma que estamos buscando, está el fortalecimiento integral de las MiPyMEs,
un fortalecimiento que tiene que ser iniciado, pero, lo más importante, que haya un seguimiento”.

En representación de la Gobernadora del Estado de Guanajuato, Armando Emmanuel Gasca García, Subsecretario de Promoción Turística, enfatizó: “Cuando Gobierno, iniciativa privada y sociedad organizada compartimos objetivos y trabajamos en una misma dirección, multiplicamos nuestra capacidad para generar desarrollo y bienestar para nuestra gente. Por eso nos da mucho gusto acompañarnos en el lanzamiento de este Encuentro Nacional COPARMEX León 2026, que colocará a Guanajuato en el centro del diálogo empresarial de México y reunirá aquí a quienes generan empleo, invierten, innovan y participan activamente en la construcción del país”.

El programa reunirá a especialistas y líderes con experiencia en economía, seguridad, diplomacia, política, innovación, liderazgo empresarial y análisis social. Entre los ponentes se encuentran Juan Miguel Zunzunegui, Bernardo Zambrano, Martha Bárcena Coqui, Eduardo Sojo Garza Aldape, Sergio Fajardo Valderrama, Juan Pablo Castañón, Francisco Javier Fernández, Raymundo Riva Palacio y Carlos Pérez Ricart, quienes participarán en conferencias y diálogos sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta México.

La agenda estará centrada en los grandes desafíos que enfrenta México, con conferencias y diálogos sobre paz y cohesión social, innovación, competitividad, inversión, seguridad, diálogo social, relación con Estados Unidos, perspectivas del T-MEC, equilibrio institucional rumbo a 2027 y el papel de nuestro país como plataforma para la inversión global. Estos espacios buscarán generar una conversación plural y propuestas que contribuyan a construir mejores condiciones para el desarrollo nacional.

Con el Encuentro Nacional, COPARMEX busca abrir un espacio plural para escuchar distintas voces, fortalecer relaciones, intercambiar experiencias y convertir las ideas en propuestas que contribuyan a un México con mayor seguridad, certeza, competitividad y oportunidades.