El pasado 10 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, el más grande de la historia, que exige instituciones sólidas y certeza para conducir una elección de esta magnitud. 

En COPARMEX consideramos que la democracia se construye y fortalece cada día con la participación de la ciudadanía y la colaboración de las instituciones y las autoridades.

En este escenario, dos recientes decisiones del INE reducen mecanismos de verificación y revisión relevantes para la certeza electoral. Por una parte, se mantiene la prohibición para que servidores públicos que operan programas sociales del Gobierno federal participen como observadores electorales, pero se elimina el mecanismo para verificar quiénes podrían encontrarse en esa condición.

Actualmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) opera con dos vacantes derivadas de la renuncia de dos de sus integrantes, mientras que el Senado mantiene pendiente su designación. A ello se suma la reciente renuncia de la Secretaría Ejecutiva del INE, responsable de coordinar la planeación y organización del proceso electoral.

Por otra parte, se modifican los criterios para revisar las llamadas “boletas planchadas”, aquellas que aparecen completamente lisas dentro de las urnas pese a que, por las dimensiones de la boleta y de la ranura, deben doblarse para ser introducidas.

Ambas determinaciones comparten una misma inquietud: reducen herramientas para verificar el cumplimiento de las reglas y detectar oportunamente situaciones que pueden generar dudas sobre la certeza y confiabilidad de una elección.

La certeza se construye con controles

Las garantías de una elección descansan en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, que permiten que cada etapa del proceso se desarrolle conforme a la ley, con transparencia y bajo condiciones que fortalezcan la confianza ciudadana.

En este marco, los controles electorales son indispensables para verificar el cumplimiento de las reglas, identificar posibles irregularidades y atender cualquier duda mediante procedimientos claros y objetivos. Esto incluye también la vigilancia de actos anticipados de precampaña y campaña que puedan contravenir la normatividad electoral y generar ventajas indebidas en la contienda.

La certeza electoral no se construye eliminando controles, sino fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender oportunamente cualquier irregularidad.

Por ello, es necesario que las autoridades electorales actúen de manera oportuna ante cualquier incumplimiento y brinden certeza a la ciudadanía sobre la aplicación de las reglas. La confianza en las instituciones se fortalece cuando existen mecanismos efectivos de vigilancia y capacidad para revisar y atender oportunamente aquello que pueda poner en duda la integridad de una elección.

Participación ciudadana y observación electoral 

En COPARMEX hemos hecho de la participación ciudadana, la defensa de las instituciones y el fortalecimiento democrático, un compromiso permanente durante más de tres décadas. Por ello, seguiremos promoviendo una ciudadanía activa y señalando cualquier decisión que pueda debilitar las condiciones de vigilancia y certeza de los procesos electorales.

La observación electoral constituye una expresión concreta de participación ciudadana y una herramienta fundamental para la transparencia. La democracia requiere mucho más que acudir a las urnas: necesita ciudadanos que observen, organizaciones que acompañen, academia que genere conocimiento, medios que investiguen y una sociedad civil que exija rendición de cuentas.

Una participación amplia fortalece la legitimidad de las elecciones y contribuye a que las instituciones permanezcan abiertas al escrutinio público.

POSTURA COPARMEX

En COPARMEX somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Nuestra participación en la vida pública parte de la defensa de la democracia, las libertades, las instituciones y el Estado de Derecho, sin respaldar ni rechazar candidaturas o partidos políticos. 

De cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027, pedimos al INE y a las autoridades electorales preservar y fortalecer los mecanismos de verificación, vigilancia y revisión que permitan prevenir, detectar y atender oportunamente cualquier situación que pueda generar dudas sobre la integridad de una elección y con ello vulnerar la voluntad ciudadana.

Como Confederación, promoveremos una participación ciudadana activa durante las distintas etapas del proceso, mediante la observación electoral, el voto informado y razonado, el seguimiento ciudadano y la documentación de posibles incidencias por las vías institucionales correspondientes.

Asimismo, fortaleceremos la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, academia, especialistas y medios de comunicación para impulsar información y análisis que contribuyan a un debate público informado. 

A través de nuestros Centros Empresariales y nuestra red de participación ciudadana, promoveremos que más ciudadanos conozcan sus derechos, se involucren en la vida democrática y den seguimiento a las distintas etapas del proceso.

También señalaremos públicamente y por las vías institucionales, cualquier decisión o práctica que pueda reducir las condiciones de certeza, transparencia, vigilancia o participación ciudadana.

En COPARMEX seguiremos participando, observando, documentando y pidiendo rendición de cuentas. Porque la integridad democrática se construye con instituciones vigiladas, reglas que se cumplen y ciudadanos que participan.

LA DEMOCRACIA SE PROTEGE TODOS LOS DÍAS.

Las reformas que se discutirán incidirán directamente en la inversión, la innovación, la competitividad y el empleo formal, por lo que su impacto en las empresas, especialmente en las
MiPyMEs, debe evaluarse con responsabilidad.

Legislar bien implica asegurar que los beneficios de una norma superen los costos de su implementación.

Paquete Económico y Miscelánea Fiscal 2027: Tendrán efectos transversales sobre las empresas, especialmente a través de las decisiones fiscales y presupuestarias. Rechazamos cualquier reforma fiscal que incremente innecesariamente las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión. El Paquete Económico debe priorizar la competitividad, fortalecer el empleo formal y generar condiciones de certeza para quienes invierten, producen y generan oportunidades en México.

Protección de derechos de autor y propiedad industrial: Las iniciativas en materia de derechos de autor y propiedad industrial merecen especial atención debido a su potencial impacto en el ecosistema digital y las empresas involucradas. Es fundamental que cualquier modificación en la legislación preserve la certeza jurídica y no imponga cargas excesivas a los proveedores de internet, evitando así que se desincentive la inversión y se alteren las condiciones de competencia. Las medidas deben equilibrar la protección de los derechos de propiedad intelectual con un entorno que fomente la innovación y el crecimiento empresarial.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: Ante la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, consideramos indispensable conciliar la protección ambiental con la certeza jurídica, la viabilidad técnica y el fomento a la inversión, especialmente al tratarse de una ley
que articula más de 10 disposiciones en materia ambiental. En el Congreso deben abrirse espacios de diálogo y Parlamento Abierto con el sector empresarial para construir un marco moderno, ágil y transparente, que reduzca la sobrerregulación, evite la discrecionalidad en trámites y autorizaciones y fortalezca la competitividad de México con responsabilidad ambiental.

Ley de Inversión Extranjera: Desde COPARMEX reconocemos la importancia de salvaguardar la soberanía nacional; sin embargo, advertimos que la reforma a la Ley de Inversión Extranjera podría introducir un esquema de control y discrecionalidad que podría llegar a comprometer la certeza jurídica y el clima de negocios en México. Condicionar las inversiones mayores al 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad, aplicar la negativa ficta ante el silencio administrativo e imponer sanciones desproporcionadas de hasta 200 mil UMAS, crearía trabas burocráticas que restan competitividad, vulneran la certidumbre para el nearshoring y pueden contravenir compromisos internacionales enmarcadas en el T-MEC.

Regulación de la Inteligencia Artificial: Será uno de los asuntos de mayor relevancia para las empresas. Las nuevas disposiciones tendrán efectos en su operación y costos, por lo que México debe garantizar certeza y protección sin frenar la innovación, la inversión tecnológica ni el desarrollo de nuevas soluciones.

Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos: Ante la legislación secundaria que discutirá el Congreso, consideramos indispensable que los procesos de opinión con las comunidades tengan reglas claras, transparentes, plazos definidos y certeza jurídica, evitando la incertidumbre o la parálisis en proyectos estratégicos y de inversión que generan desarrollo en las regiones más necesitadas. Exhortamos al Poder Legislativo a construir, mediante un Parlamento Abierto, un marco que garantice los derechos de las comunidades y, al mismo tiempo, impulse inversiones sostenibles que generen empleo formal y progreso duradero en sus territorios.

Traslado de menores en transporte terrestre: Las nuevas disposiciones impactarían directamente a las empresas de transporte y logística. Su discusión debe considerar las condiciones operativas del sector y establecer reglas viables que garanticen la seguridad de los menores sin imponer obligaciones desproporcionadas.

Lactancia extendida: La propuesta de ampliar hasta 24 meses el periodo de lactancia en empresas con más de 50 empleados tendría efectos en la organización laboral. Es necesario evaluar su alcance, viabilidad e impacto en los centros de trabajo, considerando que plantea un periodo poco común en el ámbito internacional.

Seguros: Ampliar el acceso a seguros puede fortalecer la estabilidad financiera de las MiPyMEs. Contar con mecanismos para enfrentar riesgos permite proteger inversiones, preservar empleos y mantener la continuidad de los negocios ante situaciones adversas.

Estado de Derechos y certeza jurídica
Reformas secundarias en materia judicial: Las propuestas derivadas de la reforma constitucional al
Poder Judicial deben perfeccionarse para garantizar certeza jurídica y fortalecer la confianza necesaria
para la inversión. Es fundamental que las leyes secundarias impulsen la profesionalización y especialización de los perfiles, simplifiquen el proceso electoral y fortalezcan los mecanismos de investigación, evaluación y transparencia de los juzgadores. Con ello, cualquier cambio en la estructura judicial deberá contribuir a un sistema más confiable y a un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico.

Reformas en materia anticorrupción: Fortalecer la transparencia y la integridad institucional puede
recuperar la confianza y mejorar la relación entre autoridades y empresas. Las nuevas disposiciones
deben ser claras, proporcionales y aplicables, sin generar cargas innecesarias para la actividad empresarial.

Legislación secundaria reforma Constitucional Intervención extranjera: El fortalecimiento de la
democracia y del Estado de derecho es esencial para atraer inversión. Por ello, COPARMEX dará seguimiento a la legislación secundaria de esta reforma, tanto en su discusión en el Congreso como en su implementación por parte de las autoridades electorales, para evitar que se convierta en una herramienta política para desacreditar candidaturas ganadoras, lo cual generaría incertidumbre y desconfianza en el Estado mexicano. Cualquier modificación debe preservar la certeza jurídica y evitar disposiciones que desincentivan la inversión o alteren las condiciones de competencia.

Nombramiento de la persona que sustituirá a la exmagistrada Mónica Soto: Tras su renuncia, queda
vacante un espacio clave en el TEPJF de cara al proceso electoral de 2027. Consideramos indispensable que sea ocupado por un perfil técnico, con amplio reconocimiento en materia electoral y alejado de cualquier ideología política.

Postura COPARMEX
En COPARMEX reconocemos la relevancia del próximo periodo ordinario de sesiones y deseamos éxito al Congreso de la Unión. La agenda tendrá efectos en la inversión, la innovación, el empleo y la operación de las empresas, por lo que insistimos en nuestro llamado para que su discusión se conduzca con responsabilidad y visión de largo plazo.

México necesita un Poder Legislativo que escuche a quienes invierten, emprenden y generan empleo, y que evalúe con rigor los efectos de cada disposición. Legislar implica medir costos, prever impactos y asegurar que las nuevas obligaciones sean viables.

Por ello, se debe privilegiar el diálogo, el análisis técnico y la construcción de acuerdos, así como garantizar certeza jurídica y evitar cargas regulatorias innecesarias, particularmente para las MiPyMEs.

Además, será necesario garantizar presupuestos
adecuados para instituciones como el Instituto Nacional Electoral y las Fiscalías, así como dar seguimiento a los nombramientos de las Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para asegurar que cuenten con las capacidades para cumplir sus funciones.

Reiteramos nuestra disposición para participar de manera responsable y constructiva. Queremos un Congreso que legisle para el futuro, de certeza a la inversión y genere condiciones para que las empresas crezcan, innoven y creen más empleos formales.

Es indispensable que todos hagamos un esfuerzo para recuperar la confianza y la inversión ya que de acuerdo con #DataCOPARMEX, el ánimo para invertir en México se desplomó a su nivel más bajo desde que COPARMEX mide este indicador: apenas 23% de los socios considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos porcentuales frente al año anterior. Entre los principales obstáculos se encuentra la incertidumbre política, con 16.6%, que se ubica como el tercer factor que más condiciona las decisiones empresariales.

Al cierre del primer semestre del año y, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión se mantiene como el principal delito al alza en México, En los seis primeros meses de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas, un incremento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025, lo que representa la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.

La dimensión real del problema es aún mayor. Según el INEGI, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra, por lo que las cifras oficiales representan apenas una pequeña fracción del fenómeno.

Ante este escenario, el Monitor de Seguridad de COPARMEX da seguimiento a la incidencia delictiva nacional, estatal y municipal para analizar su impacto en empresas y ciudadanía. Estos resultados confirman la urgencia de fortalecer la estrategia contra la extorsión, que continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades. Por ello, reiteramos la necesidad de aplicar efectivamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Evolución de la extorsión en México
De enero a junio de 2026 la extorsión aumentó en 551 víctimas, frente al mismo periodo de 2025. El incremento se extiende por todo el país: 19 entidades registraron un aumento entre enero-junio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, y 12 alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.

Las mayores variaciones anuales se registraron en Chihuahua (+2,325%, de 4 a 97 víctimas), Zacatecas (+551.4%, de 35 a 228), Yucatán (+400%, de 1 a 5) y Tabasco (+184.2%, de 82 a 233). Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, las entidades con mayores registros fueron Morelos (18.8), Querétaro (15.5), Zacatecas (13.2), Ciudad de México (12.7) y Baja California Sur (12.4).

La concentración territorial también es significativa. 10 de los 20 municipios con mayor tasa se ubican en sólo 2 entidades: Guanajuato, con 5 municipios, y Ciudad de México, con 5 alcaldías. El municipio con la tasa más alta del país es Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Nuevas modalidades de extorsión
En el acumulado del semestre, de acuerdo con la nueva metodología “Registro Nacional de Incidencia Delictiva”, 7 de cada 10 extorsiones son a distancia, mediante internet, redes sociales o teléfono, mientras que 2 de cada 10 son presenciales y el resto corresponde a tentativas. Además, 13 entidades superan el promedio nacional de 14% en tentativas, entre ellas Campeche, Aguascalientes y Tabasco, lo que también refleja diferencias en la adopción del nuevo criterio de registro.

Durante el primer semestre de 2026, la extorsión fue el único delito que va al alza. En contraste, los demás delitos registraron disminuciones: asesinato (-29.6%), homicidio doloso (-30.1%), feminicidio (-10.7%), secuestro (-25.3%), robo a negocio (-7.3%), robo a transportista (-19.4%) y robo de vehículo (-16.9%).

Índice de Extorsión COPARMEX
COPARMEX desarrolló el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), que combina tres variables: magnitud del delito, con datos del SESNSP y un peso de 0.50; cifra oculta y percepción de inseguridad, con información del INEGI y un peso de 0.25 cada una.

El IEC muestra que 14 entidades tienen un IEC mayor que el promedio Nacional (49.7%). Guerrero da el salto más pronunciado del ranking, del lugar 11 al 5, y se instala en el top 5 nacional. Sinaloa (22 al 17) y Michoacán (16 al 13) también suben posiciones. En contraste, Tlaxcala (17 al 23), Baja California (7 al 12) y Jalisco (23 al 28) bajan posiciones en el ranking. Los resultados permiten identificar dónde la extorsión representa una mayor amenaza y dónde es necesario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Postura COPARMEX
Desde COPARMEX consideramos indispensable pasar del reconocimiento del problema a la implementación efectiva de las herramientas existentes. El combate a la extorsión requiere coordinación, capacidades especializadas y mecanismos verificables de cumplimiento. Por ello exigimos:

• Concluir con la homologación de las legislaciones locales conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
• Crear y garantizar la suficiencia presupuestal para la operación de unidades especializadas contra la extorsión en las fiscalías locales, como establece el artículo 13 de la Ley General.
• Seguimiento y acompañamiento de las fiscalías mediante nuestros Centros Empresariales, identificando progresos y pendientes.
• Instalar inhibidores en los Centros Penitenciarios, conforme al artículo 38 de la Ley General, para impedir comunicaciones desde estos espacios.
• Verificar la implementación de estas medidas mediante nuestros Centros Empresariales, una vez concluidos los plazos establecidos.

Necesitamos instituciones capaces de responder con eficacia y una aplicación efectiva de la ley. De ello dependen la seguridad de las personas, la continuidad de las empresas y la confianza para invertir.

La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales. Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse.

Reconocemos los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir este problema; sin embargo, las cifras muestran que aún son insuficientes. Desde COPARMEX sostenemos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones.

La corrupción debilita el desarrollo económico

Además del impacto económico para millones de ciudadanos, la corrupción sigue presente en la operación de las instituciones públicas. En 2025, de acuerdo con la ENCIG, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción, mientras que la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24% más que en 2015.

Prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer. Dicho deterioro también se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo 27 de 100 puntos y ocupó el lugar 141 de 182.

La corrupción también afecta a las empresas

Los resultados de #DataCoparmex 2025, mediante el indicador #MxSinCorrupción, muestran que 40.2% de las empresas socias de COPARMEX enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuatro de cada diez empresas siguen enfrentando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.

La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal (62.2%), seguido del estatal (57.8%) y el federal (42.8%). Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural. A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas.

La corrupción afecta especialmente a las MiPyMEs que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y costos administrativos, poniendo en riesgo su operación. Ello reduce su productividad, limita su capacidad para crecer y desincentiva la formalidad. Esto resulta especialmente grave porque concentran el 70.7% del personal ocupado del país y las propias empresas identifican la corrupción como uno de los principales obstáculos para su actividad, solo por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura y servicios.

El exceso regulatorio agrava este problema. Según #DataCoparmex 2025, el 48.9% de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destina en promedio 82 horas mensuales al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario incrementa la discrecionalidad, eleva los costos de cumplimiento y abre espacios para la corrupción. Simplificar y digitalizar los procesos administrativos también constituye una política efectiva de prevención.

Llamado de COPARMEX

Desde COPARMEX consideramos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional. Es indispensable fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas. Por ello exigimos:

• Fortalecer los mecanismos de control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno.
• Aplicar sanciones efectivas y oportunas contra quienes incurran en actos de corrupción, especialmente servidores públicos, y publicar indicadores verificables de sus resultados. 
• Simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial.
• Implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas.
• Impulsar una política permanente de integridad pública que fortalezca el Estado de Derechos, la transparencia y la certeza jurídica.
• Combatir frontalmente la extorsión, especialmente cuando involucre a autoridades o a quienes actúen bajo esa apariencia.
• Garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.

En COPARMEX reiteramos nuestra disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas, reformas regulatorias y mecanismos de integridad que reduzcan la corrupción de manera sostenida. Solo mediante instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho efectivo será posible fortalecer la confianza, atraer inversión y construir un México más competitivo.

El Mundial representa una plataforma para atraer inversión, acelerar infraestructura, dinamizar el comercio, fortalecer cadenas productivas y promover el talento, la cultura y la capacidad empresarial del país. Las cifras disponibles muestran expectativas positivas entre el sector empresarial. Sin embargo, también evidencian que el impacto económico dependerá de la capacidad para generar condiciones de seguridad, certeza jurídica, conectividad, energía suficiente y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

De acuerdo con #DataCoparmex 2026, el 53% de las empresas considera que el Mundial mejorará el entorno económico para hacer negocios. Los sectores con mayor optimismo son medios masivos (71%), esparcimiento cultural y deportivo (64.4%), energía, agua y gas natural (62.2%) y corporativos (60.3%).

A nivel estatal, la percepción favorable alcanza 57% en Ciudad de México, 56.9% en Nuevo León y 53.2% en Jalisco. Estos datos reflejan que las entidades sede visualizan al Mundial como un detonador económico importante para actividades vinculadas con turismo, movilidad, servicios y entretenimiento.

Los resultados de #DataCoparmex muestran que el 55.1% de las empresas prevé que el Mundial generará oportunidades directas o indirectas de negocio. Los sectores con mayores expectativas son alojamiento y alimentos (78.5%), medios masivos (77.4%), servicios recreativos y deportivos (71.1%) y comercio al por mayor (62.7%).

En Ciudad de México, 70.7% de las empresas identifica oportunidades económicas; en Nuevo León, 59.4%; y en Jalisco, 57%. Las micro y pequeñas Empresas son las que muestran mayores expectativas, principalmente en actividades de turismo, movilidad, comercio y entretenimiento.

Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI muestran señales claras de preparación económica en las entidades sede. Entre 2020 y 2024, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León sumaron 184 mil 558 nuevas unidades económicas, equivalente a un crecimiento conjunto de 8.9%.

Nuevo León encabezó el dinamismo con un crecimiento de 14.8%, seguido de Jalisco con 10.9% y Ciudad de México con 5.1%. También destacó el aumento del hospedaje alternativo: Ciudad de México creció 233% en viviendas amuebladas en alquiler, Jalisco 119% y Nuevo León 79%. Además, Nuevo León registró un crecimiento de 178.3% en food trucks; Ciudad de México, de 46.5% en transporte; y Jalisco, de 51.5% en motocicletas vinculadas con movilidad y delivery. Aello se suma la expansión de museos, espacios culturales y actividades recreativas en las tres sedes. Estos indicadores reflejan que el sector privado ya invierte, adapta servicios y amplía capacidades ante la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales.

Las proyecciones económicas reflejan la magnitud del evento. COPARMEX Ciudad de México estima una derrama de 26 mil 985 millones de pesos por cinco partidos oficiales y cerca de 37 días de activación económica.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México proyecta hasta 50 mil millones de pesos; CANACOPE CDMX estima 16 mil 940 millones solo para la capital; y Monex calcula que Ciudad de México captará alrededor de 57 mil millones de pesos, equivalentes al 47% de la derrama nacional prevista. El impacto del Mundial irá más allá del turismo, impulsando comercio, logística, movilidad, publicidad, alimentos, entretenimiento, servicios digitales, infraestructura urbana y economía local.

Desde COPARMEX consideramos que el Mundial 2026 debe asumirse como el punto de partida de una agenda de desarrollo de largo plazo y no únicamente como un evento deportivo temporal.

Las cifras de #DataCoparmex muestran que las Empresas identifican oportunidades reales para fortalecer el turismo, el comercio, los servicios, la movilidad y la atracción de inversión. El reto consiste en convertir este impulso en beneficios permanentes para las regiones sede y para el país.

El verdadero éxito del Mundial deberá medirse por la capacidad de convertir esta oportunidad en una plataforma permanente de crecimiento. México debe aprovechar la exposición internacional del evento para atraer inversión, fortalecer el turismo, incorporar a más MiPyMEs a las cadenas de proveeduría, impulsar infraestructura estratégica, mejorar la conectividad y consolidar condiciones que fortalezcan la competitividad del país.

El legado del Mundial debe reflejarse en más Empresas, más empleo formal, mayor desarrollo regional y una mejor capacidad para aprovechar oportunidades vinculadas con el T-MEC y la relocalización de cadenas productivas. La meta es utilizar este evento como un punto de partida para generar beneficios económicos y sociales que permanezcan mucho después del silbatazo final.

Asimismo, reconocemos plenamente el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Sin embargo, consideramos indispensable que cualquier diferencia social o política se conduzca dentro de un marco de respeto institucional y apego a la ley, evitando afectaciones a la movilidad, la seguridad de los visitantes y la actividad económica.

Desde COPARMEX hacemos un llamado para que autoridades, sector privado y sociedad trabajemos de manera coordinada para aprovechar plenamente esta oportunidad histórica. El legado más importante del Mundial debe ser generar más inversión, más turismo, más desarrollo regional, más seguridad y mejores condiciones de crecimiento para México.

Millones de niños y adolescentes siguen enfrentando condiciones que limitan su aprendizaje: desigualdad, rezagos en infraestructura, falta de inversión y modelos educativos que aún no logran traducirse en resultados. Sin embargo, también existen avances y bases sobre las cuales es posible construir una ruta con visión de futuro.

Desde COPARMEX sostenemos que es momento de pasar de un modelo educativo centrado en la cobertura y los procesos a uno enfocado en el aprendizaje efectivo, con énfasis en la formación integral de las personas y en la vinculación con el sector productivo. No se trata solo de ampliar la cobertura, sino de garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes. México no puede seguir postergando esta decisión. Apostar por la educación es apostar por el talento, la productividad y el futuro del país.

Condiciones estructurales y brechas de desigualdad

La infraestructura escolar mantiene brechas regionales. En el sur y sureste persisten carencias en equipamiento, conectividad y servicios básicos, limitando el aprendizaje (Mejoredu, 2024). A ello se suma la inseguridad: 22% del alumnado no se siente seguro en su trayecto a la escuela (vs. 8% OCDE), 7% en el aula y 11% en espacios escolares (PISA 2022).

En este contexto, no puede hablarse de calidad educativa sin entornos seguros y funcionales. El acoso escolar sigue siendo alarmante: 19% de las niñas y 17% de los niños reportan ser víctimas al menos alguna vez al mes.

Además, la educación no recibe recursos suficientes. En 2025, el gasto en educación, ciencia y cultura fue de 3.2% del PIB, por debajo del 4% – 6% recomendado (BID, CIEP, 2025), ubicando a México en el lugar 28 de 38 países de la OCDE. La reducción sostenida desde 2015 ha profundizado el rezago.

Calidad de los aprendizajes y evaluación de resultados

Los resultados de PISA 2022 evidencian un rezago crítico: México ocupa el lugar 35 de 37 países de la OCDE. Solo 34% del estudiantado alcanza el Nivel 2 en matemáticas (OCDE: 69%), 53% en lectura (74%) y 49% en ciencias (76%); apenas el 1% logra excelencia en lectura, frente a 7% internacional. Estos datos reflejan que, ante la falta de innovación pedagógica, capacitación docente y evaluación formativa, el sistema no garantiza aprendizajes significativos.

La permanencia escolar también es un reto: la deserción es de 0.3% en primaria, 2.5% en secundaria, 8.5% en media superior y 6.0% en superior. Aunque hay avances, persiste una pérdida relevante de alumnos. Según el INEGI, el rezago educativo alcanza 19.4% de la población y crece desde 2016, evidenciando un sistema que no responde a las necesidades del país ni asegura movilidad social.

Nuevas habilidades para un mundo en cambio

El sistema educativo mexicano enfrenta un doble reto: cerrar brechas de acceso y calidad, y preparar a las nuevas generaciones para un entorno global cambiante. Niños y adolescentes deben contar con herramientas para adaptarse y liderar en un mundo donde la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización transforman todos los ámbitos.

El 86% de los empleadores a nivel mundial prevé que la inteligencia artificial y el procesamiento de datos modificarán sus modelos de negocio hacia 2030. Las habilidades con mayor crecimiento serán IA y big data, redes y ciberseguridad, así como alfabetización tecnológica. A la par, competencias como pensamiento crítico, liderazgo, creatividad, resiliencia y aprendizaje continúan siendo esenciales.

En este contexto, el 70% de las empresas considera el pensamiento analítico como la habilidad más importante hacia 2025, mientras que el 63% identifica las brechas de habilidades como su principal obstáculo. México no puede rezagarse. La formación de perfiles globales deja de ser un objetivo académico para convertirse en una necesidad económica: el país requiere talento capaz de competir, colaborar e innovar en entornos internacionales, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas productivas.

Situación actual del sistema educativo

A casi dos años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo no ha registrado mejoras significativas en los aprendizajes. Si bien el nuevo modelo plantea un enfoque orientado a la formación integral, la inclusión y el vínculo con la comunidad, estos propósitos aún no se traducen en resultados medibles, y persisten desafíos importantes en su implementación.

El modelo ha privilegiado el acceso y la permanencia por encima del aprendizaje efectivo. Esto ha generado una desconexión entre los objetivos del sistema y la necesidad de mejorar los resultados educativos a nivel individual. En este contexto, la calidad educativa, como eje central de cualquier estrategia formativa, no ha logrado consolidarse como un componente prioritario en la implementación del modelo.

A nivel internacional y en experiencias subnacionales, la evidencia muestra que la mejora educativa se logra con enfoques centrados en el seguimiento de trayectorias de aprendizaje por estudiante, evaluaciones continuas y mecanismos de alerta temprana que permiten prevenir el abandono escolar. En contraste, la limitada cobertura de evaluaciones, aplicadas solo en una parte de las entidades, dificulta contar con información suficiente para tomar decisiones oportunas.

Postura COPARMEX

En COPARMEX sostenemos que la calidad educativa es hoy uno de los principales frenos estructurales para el crecimiento, la competitividad y la movilidad social en México.

Reconocemos la apertura de foros anunciada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como una oportunidad real para escuchar a todos los actores y fortalecer el rumbo del sistema educativo. No obstante, es momento de consolidar un modelo verdaderamente centrado en el aprendizaje, con énfasis en comprensión lectora, pensamiento matemático, habilidades analíticas y formación integral de las personas.

México enfrenta una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse. El nearshoring está redefiniendo las cadenas de valor globales y exige talento calificado. Tras nuestra reciente gira a Washington, confirmamos que, a pesar de los retos en la revisión del T-MEC, las condiciones para fortalecer la integración regional con América del Norte son mayores que los obstáculos. Pero esas oportunidades solo podrán materializarse si el país forma personas con las competencias que los sectores estratégicos y de alto valor demandan. 

Por ello proponemos una agenda educativa centrada en resultados:

• ⁠Un modelo enfocado en aprendizajes clave: comprensión lectora, pensamiento matemático y habilidades digitales como ejes no negociables.

• Formación integral desde edades tempranas, que incorpore habilidades socioemocionales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

• Escuelas seguras y dignas, con infraestructura adecuada, conectividad y entornos que garanticen condiciones mínimas para aprender.

• Docentes mejor acompañados y capacitados, con formación continua y evaluaciones diagnósticas que orienten su desarrollo profesional y mejoren el desempeño en el aula. 

• Un sistema de evaluación educativa sólido, centrado en el alumno, que permita medir aprendizajes, generar evidencia y orientar la toma de decisiones en política pública.

• ⁠Vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo, escalando modelos como la educación dual que ya han demostrado resultados.

• Planes de estudio actualizados y pertinentes, con enfoque en pensamiento computacional, educación financiera y bilingüismo desde la educación básica.

• ⁠Participación activa de madres, padres, docentes, sociedad civil y sector empresarial en el diseño y seguimiento de las políticas educativas.

Estos esfuerzos deben articularse en tres ejes estratégicos: actualización curricular con base en evidencia; fortalecimiento de la formación y acompañamiento docente; y un modelo efectivo de participación social. No son ejes paralelos: ninguno funciona sin los otros.

Invertir en educación es invertir en talento, productividad y desarrollo sostenible. Desde COPARMEX asumimos nuestro papel como co-constructores de soluciones, tendiendo puentes entre el mundo educativo y el productivo, porque sabemos que el crecimiento del país depende de lo que hoy se aprende en las aulas.

Sin aprendizaje de calidad, no habrá crecimiento sostenible. Sin educación pertinente, México perderá su lugar en la economía global. Es momento de actuar con decisión, con evidencia y con visión de largo plazo.

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En un contexto de retos económicos, presiones sobre la formalidad y desafíos en seguridad y Estado de Derechos, la igualdad económica de las mujeres deja de ser una agenda sectorial para convertirse en una prioridad estratégica nacional. No se trata solo de conmemorar, sino de reconocer que el rezago en formalidad, liderazgo empresarial, inclusión financiera y corresponsabilidad en los cuidados, no solo les afecta a las mujeres; está limitando el potencial productivo del país.

Cerrar estas brechas es una decisión económica urgente para fortalecer el crecimiento, ampliar la formalidad y consolidar un Estado de Derechos sólido

El empleo formal es la principal palanca de movilidad económica para las mujeres: eleva ingresos, fortalece la autonomía y brinda estabilidad mediante la seguridad social. En México, las mujeres representan el 40.5% de las personas cotizantes en el empleo formal; a nivel ingreso, una trabajadora formal percibe en promedio $12 mil 971 pesos mensuales, frente a $6 mil 331 en la informalidad, una diferencia de 48%.

A pesar de que las mujeres participan en el mercado laboral formal, persiste una brecha salarial. En el sector de actividades relacionadas al bienestar social, cuidados, salud y la educación, donde 6 de cada 10 personas ocupadas son mujeres, ellas perciben en promedio un 10% menos de ingresos que sus colegas masculinos dentro del sector.

La brecha se agrava al considerar el trabajo no remunerado (como las labores del hogar y de cuidados) cuyo valor equivale al 23.9% del PIB. De ese total, las mujeres aportan el 72.6%, una contribución 2.7 veces mayor que la de los hombres. El trabajo no remunerado impide que las mujeres avancen hacia la formalidad. Sin redistribución de responsabilidades y sin la infraestructura de cuidados necesaria, no será posible liberar el potencial productivo de las mujeres en el mercado laboral formal.

Las mujeres enfrentan una brecha más: la falta de autonomía económica, la cual se agrava con la brecha salarial, en donde de cada 100 pesos que recibe un hombre, la mujer recibirá solo 86 por el mismo trabajo, que permea en el acceso a productos financieros como créditos y cuentas bancarias.

Aunque la búsqueda de la inclusión financiera avanza, no resuelve las barreras de fondo: en 2024, 7 de cada 10 mujeres en México contaron con al menos un producto financiero formal –ahorro, inversión o financiación– y aunque la brecha se acorta, según la OIT, las mujeres reciben préstamos de menor cuantía y tienen mayores dificultades para acceder a financiamiento para negocios propios en comparación con los hombres, lo que se traduce como una barrera más para el emprendimiento.

La brecha también es estructural: casi dos décadas nos separan de la paridad en puestos directivos.
Las mujeres ocupan solo el 3% de Direcciones Generales, cifra estancada desde 2021 y, según IMCOKiik, sólo el 4% de las empresas son presididas por mujeres.
Se estima que al ritmo actual, la paridad llegará en 2043. México no puede permitirse esperar casi dos décadas para alcanzar la paridad en el liderazgo empresarial, especialmente cuando las mujeres han cerrado brechas educativas significativas y siempre han aportado al desarrollo económico desde trabajos remunerados y de cuidados.

Hay una deuda pendiente en común a nivel mundial: no se ha alcanzado la inclusión plena laboral de las mujeres y se estima que la brecha económica global tomaría entre 123 y 134 años para cerrarse, generando una potencial pérdida de 28 billones de dólares en el PIB mundial.

Las mujeres aportan el 37% del PIB global, sin contar los más de 10 billones anuales en trabajo no remunerado, el cual equivaldría al 12% del PIB. A pesar de ello, 2 mil 400 millones de mujeres en edad laboral, carecen de igualdad de derechos económicos en 178 países.

Desde COPARMEX reconocemos que la igualdad encamina al desarrollo inclusivo y sostenido que el país requiere, por ello avanzamos en la representación de mujeres en nuestra Confederación: la Secretaría General está encabezada por una mujer; 79.1% de las direcciones de Centros Empresariales (53 de 71); 23% de las presidencias (16 de 71) y 38.5% de las vicepresidencias nacionales (5 de 13) son ocupadas por mujeres. Impulsamos su formación y acceso a espacios de decisión, convencidos de que la diversidad fortalece la competitividad y la legitimidad institucional.

En COPARMEX sostenemos que la desigualdad económica de las mujeres es hoy uno de los mayores frenos estructurales al desarrollo de México.
No puede hablarse de competitividad cuando más de la mitad del trabajo de cuidados recae desproporcionadamente en ellas. No puede hablarse de estabilidad cuando millones permanecen fuera de la formalidad y la protección social. No puede hablarse de democracia plena cuando su presencia en los espacios de decisión económica sigue siendo marginal.

Por ello, hacemos un llamado firme a colocar la igualdad económica en el centro de la agenda pública y empresarial. México necesita:

• Más mujeres en la formalidad, con seguridad social y acceso a retiro.
• Infraestructura de cuidados que libere talento productivo.
• Condiciones regulatorias y financieras que impulsen su emprendimiento.
• Paridad real en consejos y alta dirección.
• Educación digital y financiera que cierre brechas estructurales.

La igualdad es condición para crecer. Este 8 de marzo no sólo reconocemos el aporte de las mujeres; convocamos a acelerar las decisiones que permitan que su talento impulse plenamente la economía nacional. La competitividad del país depende de ello.

Sin igualdad económica para las mujeres, no habrá crecimiento sólido ni estabilidad duradera ni desarrollo incluyente.

• La FIIE COPARMEX se realizó el 11 y 12 de febrero y logró reunir más de 8 mil participantes. 

• Durante dos días participaron 63 ponentes que ofrecieron herramientas para mejorar, crecer, desarrollar e innovar sus negocios. 

En el marco de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) arrancó oficialmente Crece Mi Negocio, una plataforma digital basada en inteligencia artificial que dará continuidad al acompañamiento empresarial de manera permanente. Crece Mi Negocio nace con la meta de atender y acompañar a 100 mil MiPyMEs en todo el país, fortaleciendo su desarrollo empresarial mediante herramientas tecnológicas accesibles y soluciones prácticas alineadas a los retos actuales del mercado.

Este ecosistema empresarial, de acceso gratuito, permitirá a las MiPyMEs realizar diagnósticos iniciales, acceder a rutas personalizadas de crecimiento, recibir capacitación continua y vincularse con una red de aliados que ofrecen soluciones especializadas.

COPARMEX concluyó dos días de trabajo, intercambio de ideas y generación de oportunidades que ya comenzaron a impactar positivamente a miles de negocios en todo el país. Con esto, la FIIE 2026 reafirmó su posición como el encuentro insignia del organismo empresarial para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, corazón de la economía nacional.

“Desde COPARMEX seguiremos impulsando a las MiPyMEs. Seguiremos construyendo soluciones prácticas. Seguiremos siendo un aliado permanente para quienes generan empleo formal y sostienen la economía real”, afirmó el presidente nacional de la Confederación, Juan José Sierra Álvarez, en su mensaje de clausura. 

“Pero esto no puede ni debe recaer solo en la empresa organizada. Hacemos una invitación clara al gobierno, en todos sus niveles: no dejemos solas a las MiPyMEs. Ellas necesitan seguridad para operar, energía suficiente y competitiva, reglas claras y un Estado de Derechos sólido que dé confianza para invertir, contratar y crecer”, destacó. 

COPARMEX ha sido, es y seguirá siendo el organismo de las MiPyMEs, comprometido con su fortalecimiento, su profesionalización y la generación de condiciones que les permitan desarrollarse con certidumbre y visión de futuro.

La edición 2026 de la FIIE marcó un nuevo hito con una asistencia de más de 8 mil emprendedores, Empresarios, Trabajadores, estudiantes y aliados estratégicos de todo el país. Con la presencia de ocho organismos internacionales: Fundación Konrad Adenauer, KOTRA, UNICEF, Cámara Mexicana-Chilena, e-Residency of Estonia, OIM, PNUD y CAMEXA; 58 stands comerciales, instituciones de educación Media Superior y Superior como CECATI, CONALEP, DGETI, ENACTUS, IPN, UNAM, UVM, UNID, UNITEC y UTEQ, además del organismo de certificación nacional CONOCER y la asistencia de 7 stands de gobiernos estatales y 5 stands municipales, el encuentro confirmó su dimensión nacional e internacional. Además, se llevaron a cabo 37 conferencias, talleres y sesiones prácticas que ofrecieron herramientas concretas para fortalecer la competitividad y profesionalización de las MiPyMEs.

A través del Pabellón Gubernamental se brindó atención directa a las MiPyMEs mediante módulos del SAT, IMPI, IMSS, NAFIN, CONDUSEF, Secretaría de Economía, INFONAVIT, PROFECO, SNE y FONACOT, fortaleciendo la vinculación institucional y el acceso a servicios clave para el desarrollo empresarial. 

Gracias al apoyo de las empresas socias de COPARMEX, a lo largo de la feria se habilitaron espacios especializados como la Sala de Inspiración, la Sala de Tendencias, los Workshops de Aula Práctica, la Zona de Innovación y Tecnología, la Zona de Incubadoras y los Encuentros de Negocio B2B, donde se concretaron citas empresariales y vínculos estratégicos. Estos espacios permitieron acercar soluciones reales en financiamiento, digitalización, comercio electrónico, liderazgo, cumplimiento normativo e integración a cadenas de valor.

La FIIE cierra sus puertas de esta edición, pero inicia una nueva etapa de acompañamiento permanente para miles de MiPyMEs que hoy cuentan con herramientas concretas para crecer y competir en un entorno nacional e internacional cada vez más exigente.

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Desde COPARMEX analizamos este escenario con una visión de largo plazo. Las decisiones de este año definirán si el país consolida un entorno atractivo para la inversión o por el contrario, prolonga su bajo dinamismo. El crecimiento sostenible exige reglas claras, instituciones sólidas, seguridad efectiva y un compromiso firme con la formalidad y la productividad.

Las proyecciones de crecimiento para el país en 2026 anticipan un progreso moderado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estiman un crecimiento del PIB entre 1.2% y 1.5%, en línea con el Banco de México (Banxico) (1.1%), mientras que el Gobierno Federal proyecta 1.8%–2.8%, por encima del consenso técnico.

De acuerdo con la encuesta de expectativas de Banxico, se prevé inflación de 3.8%, crecimiento de 1.3% y un tipo de cambio de 19.6 a 19.8 pesos por dólar. Este panorama sugiere estabilidad relativa, aunque con bajo dinamismo, pero insuficiente para impulsar la generación de empleo y bienestar. El desafío principal no está en la estabilidad macroeconómica, sino en convertirla en confianza, inversión productiva y crecimiento sostenido.

A pesar del aumento del salario mínimo y de algunos avances en los ingresos, una gran proporción de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y pobreza laboral, sobre todo en la informalidad, lo que puede limitar el impacto social del crecimiento y profundizar desigualdades.

En este contexto, el Paquete Económico 2026 continúa con rezagos en inversión social; salud y educación requieren fortalecerse para asegurar igualdad de oportunidades y movilidad social ya que sin estos pilares los progresos en ingresos son frágiles. El desarrollo económico exige políticas públicas que fortalezcan el capital humano y faciliten el acceso a empleos formales, productivos y con prestaciones.

En 2026, México enfrentará un entorno laboral caracterizado por una menor expansión de su fuerza de trabajo y por una participación insuficiente de amplios segmentos de la población en edad de trabajar, particularmente las mujeres. La desaceleración de la Población Económicamente Activa, junto con una tasa de participación laboral nacional de apenas 59.5% y brechas de casi 30 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, anticipa un reto estructural: sostener la actividad económica con una base laboral limitada.

Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra una informalidad superior al 55%, lo que limita la recaudación y la seguridad social. La OIT plantea una estrategia integral de formalización, capacitación y empleo digno; sin ella, la informalidad podría mantenerse entre 54% y 56%. El empleo formal es la política social más eficaz; elevar la productividad y fortalecer a las MiPyMEs es clave para generar trabajo formal y mayores ingresos sostenibles.

México inicia 2026 con un entorno de inseguridad que sigue inhibiendo el crecimiento. Al cierre de 2025, la percepción de inseguridad permanece elevada, la extorsión alcanzó niveles históricos y los ajustes operativos debilitaron la capacidad del Estado para garantizar el Estado de Derecho.

De acuerdo con estimaciones, la inseguridad cuesta al país varios puntos del PIB al año. El Monitor de Seguridad de #DataCoparmex confirma que este delito, el único en aumento durante 2025, creció 4.4% frente al año previo y registró casi seis mil víctimas solo en el primer semestre. Con una cifra negra cercana al 97%, las estadísticas oficiales reflejan apenas una fracción del problema real. Sin un refuerzo institucional en seguridad y justicia, los costos empresariales aumentarán y la inversión productiva enfrentará mayores barreras.

Para 2026 se anticipa un entorno político de mayor incertidumbre. La discusión de reformas como la político-electoral, los cambios al diseño y uso de la revocación de mandato, la reforma judicial, junto con la eliminación de contrapesos institucionales y el debilitamiento del juicio de amparo, han erosionado la confianza en las instituciones democráticas y la certidumbre jurídica. Este contexto incrementa el riesgo para la inversión y afecta directamente la toma de decisiones económicas de largo plazo.

Adicionalmente, el crecimiento de la deuda y la presión fiscal reducen el margen de maniobra del Estado y exigen decisiones responsables para preservar la estabilidad macroeconómica. En este contexto, la certidumbre jurídica y el respeto al Estado de Derecho resultan indispensables para sostener la competitividad del país.

La revisión del TMEC será un punto determinante para el rumbo económico de 2026. Si bien este acuerdo continúa siendo el principal ancla de la economía mexicana, posibles ajustes en las reglas de origen y en los mecanismos laborales demandan una estrategia clara y coordinada entre gobierno y empresas. Preservar la certidumbre jurídica y comercial en el marco del tratado será esencial para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar la competitividad del país dentro de América del Norte.

Por su parte, el fenómeno del nearshoring ofrece una oportunidad real de inversión y diversificación productiva, pero su aprovechamiento pleno depende de cerrar rezagos en infraestructura, certidumbre regulatoria y seguridad jurídica, claves para consolidar la integración regional y atraer cadenas globales.

Entre los principales riesgos identificamos el bajo crecimiento económico, la inseguridad persistente, el debilitamiento institucional, las presiones fiscales y posibles tensiones derivadas de la revisión del TMEC. A la par, existen oportunidades relevantes en la relocalización productiva, el nearshoring y la integración regional, siempre que se fortalezcan las condiciones de certidumbre, infraestructura y estabilidad macroeconómica.

En COPARMEX sostenemos que México aún tiene margen para atraer inversión, diversificar su economía y elevar el bienestar social. Para convertir las perspectivas en resultados concretos, consideramos indispensable avanzar en una agenda clara y coherente en seis ejes prioritarios:

• Certidumbre jurídica y Estado de Derecho: reglas claras, estables y previsibles; fortalecimiento institucional y respeto a contratos, inversiones y a la legalidad como condición indispensable para invertir a largo plazo.
• Seguridad para personas y empresas: combate frontal a la extorsión y a los delitos que afectan la actividad productiva, así como fortalecimiento de policías y fiscalías para garantizar condiciones mínimas de operación.
• Energía suficiente, confiable y competitiva: acceso oportuno a electricidad y gas a precios competitivos que permita detonar la inversión productiva, el nearshoring y el desarrollo industrial.
• Finanzas públicas responsables y presupuesto pro-crecimiento: priorizar inversión pública productiva en seguridad, infraestructura, salud y educación que detone la inversión privada, preservando el equilibrio fiscal y un nivel de endeudamiento prudente.
• MiPyMEs como eje del crecimiento: impulsar productividad, formalidad, financiamiento y adopción tecnológica para fortalecer el empleo formal y el mercado interno, junto con una simplificación regulatoria efectiva en los tres órdenes de gobierno. La sobrerregulación y las cargas administrativas encarecen la actividad productiva y terminan incentivando la informalidad.
• Competitividad e integración regional: fortalecer la integración de Norteamérica, la unidad entre sectores para la revisión del TMEC, el cumplimiento de compromisos internacionales y el envío de señales claras de apertura y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.

Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar las decisiones y acuerdos que fortalezcan la competitividad del país, así como de señalar con claridad los riesgos de políticas públicas que debiliten las instituciones o inhiban la inversión productiva. Seguiremos impulsando el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción de propuestas y acuerdos que permitan sentar bases sólidas para el crecimiento económico con empleo formal y desarrollo social en México.

Desde COPARMEX hemos sostenido que fortalecer a las MiPyMEs debe ser una prioridad estratégica regional. En este marco, la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) se consolida como un espacio estratégico que articula a emprendedores, MiPyMEs, startups, inversionistas y actores públicos y privados. Su objetivo es claro: fortalecer capacidades empresariales, promover la digitalización, facilitar el acceso a financiamiento y ampliar la integración a cadenas de valor nacionales e internacionales.

De manera complementaria, a través de Crece Mi Negocio, impulsamos un ecosistema de acompañamiento que acerca capital accesible, formación especializada y vinculación con mercados reales. Estas acciones reflejan una convicción firme: fortalecer a las MiPyMEs es apostar por el empleo formal, el desarrollo regional y una economía más sólida y humana.

MiPyMEs y empleo formal: una prioridad estratégica

Uno de los principales desafíos que enfrentamos en México es la informalidad. Hemos insistido en la necesidad de cambiar el enfoque con el que abordamos este fenómeno. Las MiPyMEs representan mucho más que unidades económicas. Son el corazón de la economía y el tejido social, al generar empleo, sostener ingresos familiares y detonar oportunidades de movilidad social. En México, generan el 71.3% del empleo, a través de 5.4 millones de establecimientos, lo que confirma su papel central en el presente y futuro del país.

Proteger y fortalecer a este sector es una política social efectiva. Los datos del INEGI confirman que 13.7 millones de personas han salido de la pobreza, y más de 1.7 millones lo han hecho directamente a través del empleo. Por ello sostenemos que el mejor programa social es el empleo formal, con todas las prestaciones.

Productividad, diálogo social y cadenas de valor

La evidencia es clara: cuando las MiPyMEs acceden a capacitación, financiamiento e integración a cadenas de suministro, pueden ser hasta cinco veces más productivas y generar cuatro veces más empleos. Para lograrlo, es indispensable consolidar esquemas de colaboración entre gobiernos, Empresarios y Trabajadores, mediante un diálogo social permanente y funcional.

Un ejemplo concreto es el modelo de formación dual. En México, más del 80% de las y los jóvenesque participan en este esquema son contratados por la empresa donde se capacitan, con ingresos superiores al promedio. Elevar este modelo a política pública permite alinear educación, empresa y empleo, fortaleciendo capacidades productivas y cerrando brechas sociales.

Condiciones habilitantes: seguridad, Estado de Derechos y energía

Hemos reiterado que no es posible hablar de desarrollo económico sin condiciones básicas que lo respalden. La seguridad es una de ellas. Sin entornos seguros, las MiPyMEs enfrentan riesgos que ponen en peligro su operación diaria, su patrimonio y la continuidad del empleo. 

A ello se suma la necesidad de fortalecer el Estado de Derechos, entendido como la base de la confianza para invertir. La certeza jurídica permite a las Empresas planear, crecer y generar empleos formales. Asimismo, el acceso suficiente y competitivo a la energía se ha convertido en un factor de supervivencia.

Iberoamérica como soporte y aprendizaje compartido

La agenda que impulsa COPARMEX se ve reforzada por los espacios de diálogo internacional. En el VII Foro MiPyME Iberoamericano, celebrado en Tenerife, Islas Canarias, organismos empresariales, autoridades y líderes productivos coincidimos en la urgencia de replantear la manera en que se impulsa el desarrollo productivo en la región.

En ese evento, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, compartió una visión clara: impulsar una narrativa que coloque al emprendimiento, la formalidad, la seguridad, la energía y la certeza jurídica como condiciones indispensables para que las MiPyMEs desplieguen todo su potencial. 

Las experiencias compartidas en el foro confirmaron que los países que progresan en productividad y empleo formal son aquellos que articulan políticas públicas con diálogo social, fortalecen el Estado de Derechos y acompañan activamente a las MiPyMEs en su proceso de crecimiento e integración a mercados nacionales e internacionales. 

Postura COPARMEX

Desde la Confederación reafirmamos que fortalecer a las MiPyMEs es una tarea prioritaria para el desarrollo económico y social de Iberoamérica. Los espacios de diálogo internacional nos han permitido identificar acuerdos relevantes, entre ellos: cambiar la narrativa sobre la informalidad; crear un Monitor Iberoamericano de MiPyMEs que permita medir progresos y retrocesos; e impulsar herramientas de comunicación en tiempo real para compartir buenas prácticas y conectar ecosistemas productivos.

Esta visión se alinea con el Modelo de Desarrollo Inclusivo que promovemos en COPARMEX, basado en evidencia y orientado a generar más empleo formal, mayor productividad y mejores condiciones de vida.

En coherencia con esta agenda, en COPARMEX impulsamos acciones concretas para fortalecer a las MiPyMEs, como la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE), que articula emprendimiento, innovación y financiamiento para ampliar su integración a cadenas de valor. De manera complementaria, a través de Crece Mi Negocio, acercamos capital, formación y vinculación con mercados, convencidos de que fortalecer a las MiPyMEs es fortalecer el empleo formal, el desarrollo regional y una economía más sólida y humana.

La conversación sobre el futuro de las MiPyMEs está evolucionando. En COPARMEX asumimos el compromiso de seguir impulsando una agenda que coloque al emprendimiento responsable y al trabajo digno en el centro del desarrollo económico de la región.

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