Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @QuadratinMexico X: @cchicaza

No estamos frente a una crisis económica declarada, pero sí ante un problema estructural que puede resultar igualmente costoso: la normalización del crecimiento mediocre.

Y cuando una economía crece poco, las consecuencias no se limitan a las estadísticas. Se traducen en menos empresas, menos oportunidades laborales, menores ingresos fiscales y una creciente dificultad para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

El FMI confirma lo que los empresarios vienen advirtiendo

El comunicado de COPARMEX tiene una relevancia que merece destacarse. Las recomendaciones del FMI coinciden con planteamientos que el organismo empresarial ha venido impulsando: disciplina fiscal, mayor eficiencia del gasto público, fortalecimiento institucional y condiciones de certeza jurídica para recuperar la inversión.

Esta coincidencia no es menor. Significa que las preocupaciones expresadas desde el sector productivo mexicano encuentran respaldo en el análisis de un organismo financiero internacional.

Uno de los puntos más importantes es la advertencia sobre el endeudamiento público. El FMI considera necesarios mayores esfuerzos para colocar la deuda en una trayectoria descendente, mientras COPARMEX sostiene que la reducción del déficit prevista para 2027 resulta insuficiente.

Aquí existe un problema de fondo: un país no puede construir una estrategia de crecimiento sostenible financiando permanentemente sus desequilibrios con mayor deuda.

El endeudamiento no es negativo por definición. Puede ser una herramienta legítima cuando financia infraestructura y proyectos capaces de elevar la productividad. El problema aparece cuando se convierte en un mecanismo recurrente para sostener gastos que no generan valor económico de largo plazo.

Por eso resulta pertinente la posición de COPARMEX: no se trata simplemente de gastar menos, sino de gastar mejor.

México necesita revisar programas de bajo impacto, eliminar duplicidades y concentrar los recursos públicos en infraestructura, energía, agua, educación, seguridad y otros factores indispensables para elevar la competitividad.

Un Consejo Fiscal Independiente: una propuesta que merece prosperar

Entre las recomendaciones retomadas por COPARMEX destaca la creación de un Consejo Fiscal Independiente, dotado de autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos del presupuesto, analizar riesgos y dar seguimiento al comportamiento de la deuda pública.

Considero que esta propuesta debería convertirse en una prioridad de la discusión económica nacional.

México necesita instituciones que fortalezcan la credibilidad de sus decisiones presupuestarias, independientemente de quién ocupe la Presidencia de la República.

Un organismo de esta naturaleza no tendría que sustituir las facultades del Ejecutivo ni del Congreso. Su función sería aportar evaluaciones técnicas independientes que permitan identificar riesgos, contrastar proyecciones y elevar la transparencia.

La disciplina fiscal no debería depender de la voluntad política de cada administración, sino apoyarse en instituciones capaces de ofrecer certidumbre a largo plazo.

Y esa certidumbre es precisamente uno de los activos que más valora cualquier inversionista.

Sin confianza no habrá inversión suficiente

El otro gran mensaje del FMI, destacado por COPARMEX, es contundente: para elevar el crecimiento potencial de México será indispensable estimular la inversión privada.

Aquí está, probablemente, el mayor desafío económico del país.

Las empresas no toman decisiones de inversión únicamente por incentivos fiscales o costos laborales. Evalúan la estabilidad de las reglas, la disponibilidad de infraestructura, la seguridad, el respeto a los contratos y la existencia de mecanismos confiables para resolver controversias.

Cuando estas condiciones se deterioran o generan incertidumbre, los proyectos se posponen, se reducen o simplemente buscan otros destinos.

El capital tiene alternativas. México compite todos los días con otras economías que también quieren atraer fábricas, centros logísticos, tecnología y empleos de calidad.

Por ello, la certeza jurídica no puede considerarse una exigencia exclusiva de los empresarios. Es una condición necesaria para el crecimiento económico.

En este contexto, los cambios regulatorios y las transformaciones institucionales deben evaluarse también por su impacto en la confianza de quienes están dispuestos a comprometer recursos productivos durante los próximos diez o veinte años.

La inversión no se decreta desde el gobierno. Se construye mediante confianza, instituciones sólidas y reglas que se respetan.

El nearshoring no esperará indefinidamente

México tiene frente a sí una oportunidad histórica derivada de la reorganización de las cadenas internacionales de suministro y de su integración productiva con América del Norte.

Pero sería un error asumir que nuestra cercanía con Estados Unidos garantiza automáticamente la llegada de inversiones.

El nearshoring es una oportunidad, no un derecho adquirido.

Sin energía suficiente, infraestructura moderna, seguridad, disponibilidad de agua y condiciones regulatorias competitivas, muchas inversiones potenciales podrían no concretarse.

Y cada proyecto que se pierde representa empleos que no se generan, proveedores nacionales que no se desarrollan y regiones que dejan pasar oportunidades de crecimiento.

Aquí también existe una responsabilidad empresarial. Las grandes inversiones deben traducirse en cadenas de valor que incorporen a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, amplíen las capacidades productivas y generen beneficios más allá de las grandes corporaciones.

El verdadero éxito del nearshoring no debería medirse solamente por los anuncios de inversión, sino por los proyectos efectivamente realizados, los empleos formales creados y el valor agregado que permanece en México.

La decisión es política, pero las consecuencias son económicas

El mensaje que dejan las recomendaciones del FMI y la posición de COPARMEX es que México necesita recuperar una agenda de crecimiento sustentada en responsabilidad fiscal, inversión productiva y fortalecimiento institucional.

No se trata de confrontar al gobierno con los empresarios ni de presentar al sector privado como sustituto del Estado.

Se trata de reconocer que el desarrollo requiere de ambos: un gobierno capaz de ofrecer estabilidad, infraestructura y servicios públicos eficientes, y empresas dispuestas a invertir, innovar, competir y generar empleo.

La administración federal tiene la oportunidad de convertir estas recomendaciones en decisiones concretas. Pero para hacerlo necesita asumir que la confianza empresarial no se recupera con discursos y que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza el crecimiento.

También el sector privado debe asumir compromisos verificables de inversión y productividad.

A mi juicio, el mayor riesgo para México no es solamente que la economía crezca 1.5% o 1.8%. El verdadero riesgo es que nos acostumbremos a esas cifras y terminemos considerando aceptable un desempeño que está muy por debajo de nuestro potencial.

COPARMEX ha puesto sobre la mesa propuestas concretas y el FMI ha reforzado su pertinencia técnica. Ahora corresponde al gobierno abrir una discusión seria y traducirla en políticas públicas.

Porque México no necesita administrar mejor su estancamiento. Necesita recuperar la ambición de crecer.

Y para crecer, primero hay que recuperar la confianza.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @MundoEjecutivo X: @panchosuarezh

México produce alimentos. Tiene campo, industria, infraestructura, empresas, tecnología, talento y organizaciones sociales extraordinarias. Entonces, ¿por qué seguimos enfrentando desperdicio de alimentos, inseguridad alimentaria, presión hídrica, emisiones e ineficiencias en la cadena?

Quizá porque hemos intentado resolver problemas sistémicos con soluciones aisladas.

Esta fue una de mis reflexiones tras participar el pasado 29 de septiembre en “f_talks Food Summit México 2026”, organizado por KM Zero Food Innovation Hub, realizado en Deloitte University CDMX, en el panel “Alianzas para transformar el sistema alimentario”.

Compartimos conversación Mariana Jiménez (Banco de Alimentos México), Carolina Loya (Grupo Bimbo) y Zerene Kahan (Tetra Pak), moderados por Juan Carlos Chávez (Greentology).

Mensaje principal del panel: ninguno representamos por sí solo al sistema alimentario, pero juntos integramos una cadena que debe aprender a trabajar de manera integrada.

La primera pregunta fue directa: ¿cuál es el principal punto de quiebre del sistema alimentario mexicano?

Mi respuesta también lo fue: la desconexión.

Desconexión entre quienes producen, transforman, transportan, comercializan, consumen y atienden las necesidades comunitarias.

Por eso debemos cambiar la pregunta. Nos hemos preguntado: ¿cómo podemos producir más?

Hoy deberíamos cuestionarnos: ¿cómo podemos producir mejor, distribuir mejor y desperdiciar mucho menos?

El futuro va más allá de cuánto producimos; apunta a qué tan inteligentemente utilizamos lo que tenemos.

Del campo al plato

Un alimento requiere tierra, agua, energía, fertilizantes, tecnología, trabajo y capital. Se procesa, empaca, transporta, almacena y coloca frente al consumidor.

Si termina en la basura, no solo desperdiciamos alimento: desperdiciamos agua, energía, suelo, trabajo, inversión y generamos emisiones.

El alimento más sostenible no siempre es el que producimos mañana; muchas veces es el que evitamos perder hoy.

Aquí aparece una enorme oportunidad para México.

Necesitamos ver la cadena completa, del campo al plato. Entender que muchos desafíos ocurren entre eslabones.

Trazabilidad, descarbonización, circularidad y seguridad alimentaria no pertenecen a un solo actor.

Todos son problemas compartidos.

¿Competidores o aliados?

Durante el panel surgió una pregunta clave: ¿en qué momento las empresas dejan de competir por su eslabón y empiezan a colaborar para resolver un problema sistémico?

Mi respuesta parte de una convicción desarrollada trabajando en sostenibilidad: competir donde genera valor y colaborar donde el problema es común.

La competencia impulsa innovación, eficiencia y mejores servicios. Pero la sostenibilidad introduce otra lógica.

Podemos competir comercialmente y colaborar para recuperar materiales, reducir emisiones o construir soluciones hídricas. Trabajar juntos cuando enfrentamos desafíos comunes.

En sostenibilidad, las fronteras entre competidor y aliado se transforman.

La pregunta pasa por “¿cómo optimizo mi eslabón?” a “¿cómo optimizamos juntos el sistema?”.

Ese cambio puede transformar industrias enteras.

Cuando desperdiciar menos, también alimenta más

Existen ejemplos concretos.

La colaboración de Fundación FEMSA y OXXO con la Red de Bancos de Alimentos de México demostró lo que ocurre cuando sector privado y sociedad civil conectan capacidades.

Alimentos que mantienen valor nutricional se rescatan para comunidades que los necesitan, evitando que terminen en desperdicio.

El impacto es doble: social y ambiental.

Combatimos la inseguridad alimentaria y evitamos desperdiciar recursos económicos y ambientales.

Esta lógica debería escalarse conectando información de inventarios, demanda, transporte y bancos de alimentos.

Con IA podemos anticipar demanda, optimizar rutas, identificar excedentes y conectar la oferta con necesidades sociales en tiempo real.

El desperdicio de alimentos también es un problema de información.

El agua tampoco reconoce fronteras empresariales

Ninguna empresa puede garantizar por sí sola la seguridad hídrica regional.

La experiencia de Fundación FEMSA en la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, Agua Capital en el Valle de México y esfuerzos en Monterrey ofrece una gran lección.

Diversos sectores pueden compartir ciencia, recursos y capacidades para proteger cuencas y fortalecer la resiliencia hídrica.

¿Por qué funciona este modelo?

Porque el agua nos obliga a reconocer algo fundamental: todos estamos conectados.

Lo más difícil de compartir

Otra pregunta del panel fue provocadora:

¿Qué cuesta más compartir entre empresas: información, infraestructura, tecnología, inversión o control?

La respuesta es el control y, detrás de él, la información.

Durante décadas construimos cadenas de suministro intentando controlar proveedores, datos y logística.

Pero los problemas ambientales no respetan límites organizacionales.

La pregunta incómoda es inevitable:

¿Cuánto estamos dispuestos a compartir para crear un valor que, solos, nunca podríamos generar?

Construir alianzas antes de necesitarlas

Finalmente, el tema más importante: si sabemos que necesitamos colaborar, ¿por qué no lo hacemos más?

El obstáculo, muchas veces, es humano.

Falta confianza, se visualiza a corto plazo y no existe gobernanza clara.

Por eso compartí una idea fundamental:

Las alianzas deben construirse en tiempos de paz, no cuando llega la crisis.

No podemos esperar una sequía o emergencia para intercambiar información.

La confianza es infraestructura y debe construirse antes de que sea indispensable.

Este panel me dejó optimista.

México tiene capacidades, talentos y tecnología. Pero necesitamos conectar esas capacidades.

La empresa del futuro comprenderá que forma parte de un sistema donde agua, alimentos, energía y comunidades están conectados.

Quizá la próxima gran innovación no sea un nuevo producto o tecnología, sino aprender, finalmente, a colaborar.

Artículo de Opinión escrito por Rubén Furlong Martínez Presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X: @RubenFurlongM

El pasado 10 de septiembre inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Faltan poco más de ocho meses para el día de la elección. Y, por cómo se están dando las cosas, cualquiera diría que será el próximo mes.

Y es claro que esto no comienza cuando instalamos las casillas. Comienza mucho antes: cuando se fijan las reglas, se nombran autoridades, se establecen controles y se decide qué se vigila, cómo se vigila y, también, qué dejamos de vigilar.

Pero la ley prohíbe que aspirantes y suspirantes a candidatos se adelanten a los tiempos que claramente establece. No es un capricho: entre otras cosas, busca garantizar equidad en la contienda.

El problema es que prácticamente todos parecen haber decidido que el calendario electoral es apenas una sugerencia. Llevan meses haciendo campaña, auspiciados por las dirigencias de sus partidos, mientras el INE observa y el TEPJF permanece, cuando menos, demasiado lejos de la conversación.

¿Cómo esperan que confiemos en ellos si sus acciones nos gritan que no son confiables, que no respetan la ley?

Aprovechan que las instituciones y autoridades encargadas de cuidar la integridad del proceso llegan sometidas a una enorme presión y parecieran no tener las herramientas ni la voluntad para poner orden y fortalecer nuestra confianza.

Por eso son tan preocupantes algunas decisiones recientes.

Aunque el INE mantiene la prohibición para que servidores públicos vinculados con programas sociales participen como observadores electorales, eliminó la verificación automática que permitía comprobarlo. También modificó los criterios para revisar las llamadas “boletas planchadas”.

Son solo dos ejemplos y podemos discutir técnicamente ambas decisiones. Lo importante está en otro lado: cuando la confianza es frágil, reducir controles difícilmente ayuda a recuperarla.

La certeza no se decreta. Se construye con reglas claras, instituciones fuertes, controles verificables y autoridades dispuestas a explicar sus decisiones y someterlas al escrutinio público.

Pero sería demasiado cómodo dejar toda la responsabilidad en el INE, los tribunales o los partidos.

La democracia también necesita ciudadanos.

Ciudadanos que observen. Organizaciones que documenten. Academia que analice. Medios que investiguen. Empresarios que participen. Sociedad civil que pregunte y autoridades que rindan cuentas.

En Coparmex llevamos más de tres décadas participando en procesos electorales. En 2027 tendremos que volver a hacerlo, pero el reto exige ir más lejos: conectar capacidades ciudadanas en todo el país, observar permanentemente lo que ocurre, documentarlo, generar información y convertirla en incidencia.

Vertebrar para incidir

No para sustituir a las autoridades ni para favorecer o combatir partidos. Somos altamente políticos y totalmente apartidistas. Se trata de algo más elemental: vigilar que las reglas se cumplan y la voluntad ciudadana se respete.

Porque la integridad de una elección no se revisa cuando termina. Se construye y se vigila desde antes. La democracia no se protege un solo día. Se protege todos los días.

El 2027 ya empezó. Nuestra responsabilidad como ciudadanos también.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

La semana pasada, dos espacios distintos pusieron sobre la mesa una misma pregunta. ¿Cómo aprovechar mejor las capacidades que México ya tiene para prevenir riesgos y responder con mayor eficacia frente a la delincuencia?

El primero fue la presentación del libro La seguridad privada en el Estado mexicano, que tuve el privilegio de coordinar junto con Carlos Matute y Jaime Domingo López. La obra recorre la evolución del sector, desde los antiguos serenos y veladores hasta una industria que hoy protege personas, empresas e infraestructura estratégica, y aborda también sus retos de regulación, profesionalización, tecnología, inteligencia y gestión de riesgos. Presentarlo fue también una forma de dejar memoria de lo construido y de reconocer a todos los que han hecho posible esa evolución.

Su lectura apunta a una transformación profunda, en la que la seguridad depende cada vez más de la capacidad para conectar prevención, información, tecnología y respuesta institucional. En este entorno, autoridades, empresas y seguridad privada cumplen funciones distintas, pero cuentan con capacidades que pueden complementarse para proteger mejor a las personas y anticipar riesgos.

La responsabilidad del Estado en materia de seguridad es fundamental y existen atribuciones que corresponden exclusivamente a la autoridad. Al mismo tiempo, una sociedad que busca fortalecer la paz y la convivencia debe aprovechar responsablemente las capacidades de sus empresas, organizaciones y ciudadanos.

En ese marco sigue siendo importante avanzar hacia una legislación general de la seguridad privada que unifique criterios, reduzca espacios de discrecionalidad, incorpore las nuevas modalidades tecnológicas y facilite una mejor coordinación con las autoridades.

Esta reflexión tuvo una segunda vertiente durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico, donde la discusión fue más allá de las operaciones inmediatas y abordó la necesidad de construir capacidades institucionales permanentes, fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales transnacionales y actuar sobre sus estructuras financieras y redes de operación.

Uno de los puntos centrales fue cómo convertir esa cooperación en resultados sostenibles. Durante el diálogo se planteó que los avances no pueden medirse únicamente por detenciones o extradiciones si las organizaciones conservan recursos, redes y capacidad para reorganizarse. Desde la perspectiva empresarial añadimos otro elemento a esta discusión al plantear que la enorme cantidad de información que generan diariamente las empresas puede convertirse en inteligencia útil mediante mecanismos adecuados de coordinación y análisis oportuno.

Una empresa de transporte conoce las rutas donde se repiten incidentes, los horarios de mayor riesgo y los puntos en los que sus unidades enfrentan problemas.

La extorsión permite dimensionar el problema. La ENVIPE 2026 estima que durante 2025 la cifra oculta de este delito alcanzó 97.5%, lo que significa que prácticamente 98 de cada 100 extorsiones estimadas no fueron denunciadas o no derivaron en una carpeta de investigación.

Estamos entonces ante una enorme distancia entre lo que ocurre y la información que finalmente llega al sistema institucional. Reducir ese vacío exige mejores mecanismos de coordinación entre autoridades, empresas y servicios de seguridad, con protocolos claros, canales confiables y responsabilidades bien definidas que permitan convertir la información disponible en inteligencia útil.

Una vía concreta es avanzar en mecanismos de coordinación por sectores y territorios, con protocolos comunes, interlocutores definidos y canales seguros con las autoridades, especialmente en zonas o instalaciones donde varias empresas enfrentan riesgos semejantes.

La tecnología abre posibilidades que hace algunos años eran impensables. Cámaras, centros de monitoreo, sistemas de rastreo, sensores y herramientas de análisis permiten generar información prácticamente en tiempo real. La inteligencia artificial amplía la capacidad para procesarla e identificar comportamientos o anomalías. El propio contenido del libro refleja hasta qué punto estas capacidades se han incorporado a la discusión contemporánea de la seguridad privada.

La Convención Binacional añadió otra dimensión a esta reflexión. México y Estados Unidos comparten cadenas productivas, transportistas, proveedores, instalaciones, tecnología e inversiones. Los riesgos que afectan a una parte de esa red pueden trasladarse rápidamente al resto. Un robo de carga, una extorsión, una afectación a infraestructura o un ataque a sistemas tecnológicos puede interrumpir procesos productivos que atraviesan los dos países.

Por ello, la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad requiere inteligencia, tecnología y construcción de capacidades. En ese esfuerzo también existe un espacio para incorporar la experiencia del sector empresarial y su conocimiento de los riesgos que enfrenta diariamente.

México ya dispone de autoridades, empresas, profesionales de seguridad, centros de monitoreo, infraestructura tecnológica y grandes cantidades de información. Muchas de esas capacidades todavía trabajan de manera separada. Conectarlas mejor puede ayudarnos a detectar riesgos con mayor anticipación, aprovechar mejor la información disponible y permitir que las autoridades actúen con mayor oportunidad.

Ese puede ser uno de los siguientes pasos en la evolución de nuestro sistema de seguridad. Pasar de registrar lo que ya ocurrió a desarrollar una mayor capacidad para anticipar lo que puede ocurrir.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

El tipo de cambio ha tenido un importante (y para algunos inesperado) debilitamiento en los pasados días, pero en realidad confirma que el aparente fortalecimiento del peso mexicano se debe más a los flujos de divisas que existen allende de nuestras fronteras, que a lo que sucede dentro de México. Como he mencionado en esta columna en otras ocasiones, la gran abundancia de liquidez monetaria que hay en los mercados internacionales explican gran parte de los movimientos en los precios de las divisas. El llamado “carry-trade” consiste en solicitar créditos en países que cobren bajas tasas de interés y depositarlos en aquellos que paguen elevadas tasas, permite beneficiarse del diferencial de las mismas.

Como la Fed de Estados Unidos subió la tasa de interés de referencia en un ¼ de punto porcentual, es decir en 25 puntos base, y el Banco de México mantuvo la misma tasa, se redujo la diferencia entre ambas, lo que bajó el atractivo de las operaciones de carry-trade. Además, esta política de tasas de interés manda la señal de que la autoridad monetaria norteamericana está dispuesta a seguir una política agresiva de reducción de la inflación, haciendo probable que continúen los incrementos en los siguientes meses. Por otro lado, el escenario no es tan claro en el caso de la autoridad monetaria mexicana, reduciendo el atractivo de la operación financiera. Adicional a lo anterior el debilitamiento de la cotización del peso reduce aún más la rentabilidad del esquema de invertir en deuda mexicana.

Por lo mismo, fue muy oportuno el seminario de Moody’s en la Ciudad de México la semana pasada, en el cual comentaron sus procesos de análisis, así como las oportunidades que tiene México de mejorar su calificación, pero destacó los riesgos de que la misma puede bajar, con lo que puede perder el Grado de Inversión. En otros países donde han perdido este nivel de calificación soberana, se ha tenido una fuerte caída en la cotización de la moneda, así como un importante incremento de la inflación, lo cual perjudicó a los sectores de la población más necesitados y a aquellos que tienen ingresos fijos. Se destacaron aspectos que perjudican a la calificación en nuestro caso, como es el llamado “hoyo negro” de las finanzas públicas o sea Pemex, así como el déficit fiscal, en un entorno de bajo crecimiento económico.

Es importante destacar que no solo es relevante el monto e incremento de la deuda para la calificación, sino también es importante la credibilidad de las políticas y objetivos de las autoridades, así como la existencia de un entorno donde exista un Poder Judicial independiente y mayor inversión privada.

En el presupuesto de finanzas públicas que se presentó de manera reciente, se estima un déficit elevado para 2027 y se prevé que habrá diversos mecanismos para elevar la recaudación fiscal apoyándose en los grandes causantes. Aunque esto parece positivo en el corto plazo, reducirá la inversión privada y la economía mexicana seguirá con un crecimiento insuficiente.

Entre diversas medidas que algunos países han tomado para lograr reducir los desequilibrios fiscales están los siguientes:

1) Eliminación drástica de corrupción en el gobierno con medidas de castigo muy fuertes. Cuando se percibe que hay corrupción, las personas consideran injusto el pago de impuestos, por lo que se reduce la recaudación.

2) Creación de comisiones de gasto-financiamiento que autoricen las inversiones públicas con evaluaciones de los distintos proyectos, integradas por funcionarios públicos, académicos reconocidos y sector privado. Este fue el esquema seguido en Chile que les permitió el fuerte avance en décadas pasadas.

3) Reducción drástica de impuestos a las empresas y personas que aumenten sus inversiones en el país.

La prioridad actual debe de ser lograr el mayor crecimiento económico. Muchos problemas se solucionarían de esta manera, pero parece que esta no es la estrategia actual.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X: @XimenaCespedesA

Una elección no se gana ni se pierde solo el día de la jornada. Se construye mucho antes: en las reglas que se fijan, en las autoridades que las aplican y en la confianza que los ciudadanos depositan en ambas. Por eso el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el más grande de la historia, donde se eligen más de 20 mil cargos, no es un trámite de calendario, es la prueba de fuerza de nuestras instituciones democráticas.

Una elección de esta magnitud exige condiciones que no admiten atajos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y libertad de prensa. No son adjetivos de protocolo, son las garantías que permiten que quien pierde acepte el resultado y quien gana gobierne con legitimidad. Cuando alguna se debilita, la duda se instala, y la duda es el peor adversario de una democracia.

Hoy hay señales que obligan a mirar con atención. Las dos vacantes en el TEPJF, aún pendientes de designación por el Senado, y la reciente renuncia de la Secretaría Ejecutiva del INE llegan cuando el proceso apenas arranca. A ello se suman decisiones y cambios recientes en los mecanismos de verificación. Entre ellos, la determinación inicial del INE de sustituir el cruce de registros para identificar a personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales que pretendieran participar como observadoras electorales, medida que posteriormente fue parcialmente modificada a partir de las resoluciones del Tribunal Electoral, que mantuvieron la necesidad de contar con mecanismos de verificación. A esto se suma el cambio en los criterios para la revisión de las llamadas “boletas planchadas”. Estos cambios refuerzan la importancia de preservar herramientas de revisión suficientes y verificables que permitan identificar oportunamente situaciones que puedan generar dudas sobre la integridad y certeza de la elección.

Los controles electorales no son un obstáculo para la democracia, son seguros. Vigilar sirve para prevenir, detectar y atender posibles irregularidades, incluidos los actos anticipados de precampaña y campaña que puedan contravenir la norma y generar ventajas indebidas. Y para que ese seguro funcione, las autoridades deben actuar de manera oportuna y con procedimientos claros y objetivos. Una regla que se aplica tarde, o a discreción, deja de ser regla.

Pero la certeza no es tarea exclusiva de las autoridades. Una democracia sólida no se limita al día de la elección: requiere ciudadanos que observen, organizaciones que acompañen, academia que genere conocimiento, medios que investiguen y una sociedad civil que exija rendición de cuentas. La observación electoral es la participación ciudadana en su forma más concreta: mirar, documentar y, cuando corresponde, denunciar por las vías institucionales.

Desde Coparmex, llevamos más de 35 años haciendo observación electoral. Nuestra participación en la vida pública parte de la defensa de la democracia, las libertades, las instituciones y el Estado de derecho, sin respaldar ni rechazar candidaturas o partidos. Nuestra causa es la calidad de la elección, no su resultado.

Por eso hacemos un llamado al INE y a las autoridades electorales a preservar y fortalecer los mecanismos de verificación, vigilancia y revisión. Y asumimos nuestra parte. Promoveremos una participación ciudadana activa durante todo el proceso, a través de la observación electoral, el voto informado y razonado, el seguimiento ciudadano y la documentación de posibles incidencias. Fortaleceremos la colaboración con sociedad civil, academia, especialistas y medios de comunicación, y ampliaremos, mediante nuestros Centros Empresariales y nuestra red de participación ciudadana, el conocimiento sobre los derechos y las etapas del proceso electoral.

Participaremos, observaremos, documentaremos y exigiremos rendición de cuentas. Y señalaremos, de manera pública y por las vías institucionales, cualquier decisión o práctica que pueda reducir las condiciones de certeza, transparencia, vigilancia o participación ciudadana.

Llegar a 2027 con una elección confiable no depende de la suerte ni de la buena voluntad. Depende de instituciones que funcionen, de reglas que se cumplan y de una ciudadanía que no se limite a votar. La certeza no se decreta: se cuida, todos los días y entre todos.

Artículo de opinión escrito por Óscar de Jesús Martínez Treviño, Vicepresidente Nacional de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad de Coparmex | Vía @altonivel X: @oscarmartinezt

Hace algunos días, la COPARMEX publicó su #DataCOPARMEX 2026, una encuesta entre poco más de 4 mil de sus empresas asociadas, levantada entre los meses de marzo y junio de este año, con la participación de sus 71 Centros Empresariales a lo largo y ancho del país.

Uno de los aspectos a medir en dicha encuesta fue el ánimo de las empresas para invertir. En esta ocasión, para sorpresa de pocos, el ánimo para invertir de las empresas mostró una importante caída, para ubicarse en el nivel más bajo desde 2020, cuando comenzó a medirse este indicador. Apenas 2 de cada 10 empresas socias encuestadas consideraron que existen condiciones favorables para realizar nuevas inversiones.

Pero ¿por qué esto es importante para ti o para mí, así como para los millones de mexicanos que habitamos este país? Por la sencilla razón de que sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no pueden generarse los empleos formales que requerimos para poder desarrollarnos y llevar el sustento a nuestras familias.

En pocas palabras, la disminución en el ánimo de invertir de las empresas está directamente relacionada con la disminución de buenas oportunidades de trabajo, bienestar y desarrollo para todos.

Más grave aún es el hecho de que la falta de inversión de hoy tendrá sus mayores efectos al limitar el crecimiento en los años por venir. Para decirlo simple y llanamente, las consecuencias de lo que hoy sucede las sufrirán principalmente nuestros hijos.

La pregunta entonces es qué podemos hacer para revertir este desánimo para invertir. La respuesta es muy simple. Se requiere generar confianza, y esta solo se logra cuando hay certidumbre y reglas del juego claras y estables.

Desde luego, decirlo es fácil, pero hacerlo realidad es algo mucho más difícil. Crear las condiciones que nos permitan generar confianza requiere del acuerdo y trabajo conjunto de Gobierno y sociedad. Requiere olvidarnos de ideologías y colores partidistas para focalizarnos en una sola cosa: lograr el desarrollo de México a su máximo potencial.

Para ello, pudiéramos comenzar por convocar a un gran acuerdo nacional por la inversión y el desarrollo, a través del cual se promuevan las siguientes cinco iniciativas:

1. Fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, contando con un Poder Judicial eficiente y profesionalizado.
2. Revisión y diseño del marco regulatorio relacionado con las inversiones, buscando contar con reglas claras y estables.
3. La construcción de un México seguro y en paz. Tenemos que combatir los delitos de extorsión, robo de transporte, robo de mercancías y tantos otros que generan incertidumbre y funcionan como impuestos invisibles que inhiben la inversión.
4. Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de nuestro país, que nos permita contar con la energía suficiente, de calidad y a precios competitivos que el crecimiento demanda.
5. Desarrollo de la infraestructura logística moderna que demanda nuestro país.

Al final, de lo que se trata es de trabajar juntos, Gobierno y sociedad, para generar confianza como requisito previo e indispensable para detonar la inversión. Porque no podemos engañarnos: la inversión, cuando percibe un alto riesgo político, jurídico, energético o de seguridad, busca otros horizontes. Y no tengamos duda: la tarea que no queramos hacer, habrá muchos otros países que sí estén dispuestos a hacerla.

Parafraseando a un clásico, en la carrera por la atracción de inversiones, los países de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Por nuestro bien y el de nuestros hijos, no nos permitamos ser de los de atrás.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

Durante años, hablamos de responsabilidad empresarial frente a grandes desafíos globales: cambio climático, desigualdad, biodiversidad, escasez de agua o transición energética. Todos fundamentales. Sin embargo, existe otra dimensión de la sostenibilidad que comienza mucho más cerca: la capacidad de transformar nuestro entorno inmediato.

Una empresa puede tener grandes metas globales, pero su impacto también se refleja en la comunidad: en el parque donde juegan los niños, en el camellón que atraviesan los vecinos, en los árboles que dan sombra y en las oportunidades para jóvenes y emprendedores.

Concretamente, la sostenibilidad también significa ser un buen vecino; esta reflexión tiene un significado especial.

Desde hace 40 años he participado en diversas iniciativas comunitarias: voluntariado, reforestación, orfanatorios, proyectos sociales y mentoría a emprendedores sociales.

Experiencias muy distintas, pero con una misma enseñanza: involucrarnos sí hace la diferencia.

Pensamos que recuperar un parque o acompañar a un emprendedor es una contribución pequeña frente a la magnitud de los problemas.

Mi experiencia dice lo contrario; muchas veces, las transformaciones profundas comienzan con acciones pequeñas, concretas y cercanas.

La semana pasada volví a comprobarlo en un lugar muy especial: mi querida Ensenada.

El lugar donde todo comenzó

Participé en dos eventos impulsados por OXXO como parte de Ruta Verde, un esfuerzo para rehabilitar espacios públicos y fortalecer el entorno.

Una de las intervenciones rehabilitó más de 1,700 metros cuadrados de camellones, incorporando plantas nativas y polinizadores acordes a la región.

El concepto es importante porque seleccionar especies adaptadas permite desarrollar áreas verdes con mejor aprovechamiento de recursos, generando condiciones favorables para la biodiversidad.

En una región como Baja California, donde el agua es vital, la infraestructura verde adaptada es particularmente relevante.

La segunda experiencia tuvo un componente muy emocional.

Regresar al Parque Mundo Infantil, cercano a la casa de mis padres y donde jugué de niño y feliz que en este día me acompañó mi hijo mayor Francisco Suárez Armenta “Pancho”.

Volver décadas después, a conservarlo y mejorarlo, cerró un círculo personal.

Durante casi 50 años, este parque ha formado parte de Ensenada. Recuperar un parque significa mucho más que infraestructura: significa recuperar la convivencia, donde comunidades y familias se encuentren y construyan sus propios recuerdos.

El valor de las alianzas

Hicimos un excelente trabajo en equipo entre sector público y privado junto a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos multisectoriales.

Ahí radica otra gran enseñanza:

Los retos son demasiado grandes para ser solucionados por un solo sector.

Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando gobierno, empresas y sociedad, encuentran objetivos comunes y suman capacidades.

El sector público facilita; las empresas aportan recursos y voluntariado; las organizaciones conocen las necesidades reales; y los ciudadanos dan vida y protegen los espacios.

Esa colaboración multisectorial es un instrumento poderoso de transformación.

Reconozco la disposición de las autoridades municipales que hicieron posibles estas intervenciones, del impacto global al metro cuadrado

El mundo empresarial ha desarrollado indicadores sofisticados para medir sostenibilidad.

Medimos emisiones de carbono, consumo energético, agua, circularidad o inversión social.

Indispensables, sí, pero propongo agregar una pregunta más sencilla:

¿La comunidad mejoró porque nuestra empresa está ahí?

La respuesta debería poder observarse.

En un espacio público recuperado, en un árbol que hoy da sombra, en una persona que encontró una oportunidad, en un emprendedor social que pudo convertir una idea en solución, en una comunidad que se siente escuchada, en vecinos conviviendo en un lugar digno.

Cuando multiplicamos esas pequeñas acciones por miles, el impacto se magnifica.

De la filantropía a la creación de valor comunitario

Necesitamos evolucionar la acción social empresarial; no debe limitarse a entregar recursos o realizar actividades aisladas.

Su potencial aparece al integrar el desarrollo comunitario en la operación cotidiana: escuchar antes de intervenir, entender necesidades reales, construir a largo plazo e involucrar a colaboradores y vecinos.

El éxito empresarial y el bienestar comunitario no son contrapuestos: cuando las comunidades están bien, las empresas también y viceversa.

Por eso me gusta el concepto de “ser un buen vecino”: cuidar, escuchar, participar y procurar dejar mejor el lugar que compartimos.

Cuarenta años después

Sigo convencido de que una de las inversiones más valiosas es dedicar tiempo, conocimiento y recursos a mejorar nuestro entorno inmediato.

Nuestra colonia, nuestro parque, nuestra escuela, nuestra empresa, nuestra ciudad.

Regresar al parque de mi niñez me recordó que la sostenibilidad también tiene memoria y los espacios que cuidamos hoy serán los recuerdos de alguien mañana.

La Ruta Verde y las acciones de OXXO en Ensenada representan esa filosofía indispensable: no basta con operar en una comunidad, hay que formar parte de ella.

Una gran empresa, más allá de ventas o valor económico, debe medirse por su valor social y ambiental.

Tras 40 años de acción comunitaria, sigo creyendo en algo profundamente sencillo: todos tenemos un metro cuadrado que podemos mejorar.

Cuando empresas, gobiernos, organizaciones y ciudadanos decidimos hacerlo juntos, transformamos nuestras comunidades.

Esos metros cuadrados se conectan para construir algo mucho más grande: una acción, un parque, un árbol, un emprendedor, un vecino a la vez, para detonar:

¡¡¡Millones de acciones sostenibles!!!

Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy

Hay que decirlo: el Paquete Económico 2027 trae una buena noticia para la salud de los mexicanos.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto en salud crecerá 12.7% real, en un presupuesto federal que apenas avanza 1.1%, y alcanzará 2.9% del PIB, su nivel más alto en una década. Eso es una decisión, no una inercia. Y merece reconocimiento. Aun así, seguimos lejos del 6% recomendado por los organismos internacionales.

Pero en salud, el monto es solo la mitad de la historia. La otra mitad es a dónde llega cada peso.

Tres de cada cuatro pesos nuevos irán a la población con seguridad social, principalmente al IMSS, donde casi la mitad del gasto se destina a pensiones. Al mismo tiempo, sus reservas financieras bajan 5.7% real. Para quienes generamos empleo, esto no es un dato técnico: el IMSS se financia con las cuotas de trabajadores y empresas. Cuidar sus reservas es cuidar a quienes sostienen la economía formal del país.

El proyecto también da soporte al Servicio Universal de Salud: que una persona sea atendida donde haya cama disponible, no donde diga su credencial. Es una idea correcta y largamente esperada. Pero el mecanismo para pagar ese intercambio entre instituciones todavía no tiene monto, tarifas ni reglas.

Un derecho sin reglas de pago es una promesa. Con reglas, es un sistema.

Mientras tanto, la brecha la pagan las familias. Según el CIEP, una persona afiliada al IMSS recibirá más del doble de gasto que una atendida por IMSS-Bienestar, y el gasto de bolsillo por persona será 29.3% mayor que lo que el Estado invierte en cada usuario de IMSS-Bienestar. En México, el 39% del gasto en salud sale del bolsillo, el doble del promedio de la OCDE. Y las empresas, además de pagar cuotas, costean seguros, consultorios y medicamentos para que su gente no pierda días de trabajo.

En los hechos, pagamos dos veces por la misma salud.

Desde la iniciativa privada no venimos a señalar. Venimos a sumar. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para fortalecer este presupuesto, y proponemos cuatro ajustes.

Primero, transparentar la compensación del Servicio Universal: monto por institución, tarifario de referencia y reporte trimestral. Segundo, proteger las reservas del IMSS, porque son el ahorro de quienes cotizan. Tercero, integrar la capacidad instalada del sector privado con reglas claras, como complemento de lo público y nunca como sustituto. Cuarto, recuperar la prevención: las transferencias de la Secretaría de Salud a estados caen 90% frente a 2024, y con ellas salen los programas contra obesidad y diabetes. Las empresas pueden ser su mejor aliado: ahí pasan el día millones de mexicanos.

Salud y economía no son agendas paralelas. Son la misma agenda.

El presupuesto ya dio el primer paso. El segundo es que cada peso se convierta en una consulta, un medicamento surtido y un trabajador que regresa sano a casa. Eso no lo logra el gobierno solo. Tampoco la empresa sola.

Lo logramos juntos, o no se logra.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @heraldodemexico X:@jsierraalvarez

En el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la agenda nacional entra en una fase de definiciones cruciales para el porvenir económico del país. Las discusiones que en ambas cámaras inciden de manera directa en la inversión, innovación, competitividad y estabilidad del empleo formal.

Hoy más que nunca, frente a un escenario donde los datos de #DataCoparmex revelan que el ánimo para invertir se ha desplomado 23%, el Poder Legislativo tiene ante sí la responsabilidad histórica de actuar con rigor técnico, apertura y una profunda visión de Estado.

Legislar bien implica entender que cada norma tiene un costo y un impacto operativo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

No podemos darnos el lujo de progresar hacia reformas que incrementen las cargas fiscales, encarezcan la formalidad o introduzcan elementos de discrecionalidad que ahuyenten al capital.

Un ejemplo de ello es la discusión en torno a la Ley de Inversión Extranjera. Si bien es imperativo salvaguardar la soberanía nacional, condicionar las inversiones mayores a 49% en sectores estratégicos al escrutinio de seguridad, aplicar la negativa ficta e imponer sanciones desproporcionadas genera trabas burocráticas que vulneran la certidumbre indispensable para aprovechar el nearshoring y cumplir con los compromisos del T-MEC.

La misma exigencia de equilibrio aplica para las reformas ambientales, como la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Conciliar la protección de nuestros recursos naturales con la viabilidad técnica y la atracción de inversiones exige abrir espacios genuinos de Parlamento Abierto, reduciendo la sobrerregulación y evitando la discrecionalidad en los trámites.

Lo mismo sucede con la regulación de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA): México necesita garantizar un marco protector que no termine asfixiando la innovación ni frenando el desarrollo digital que nuestras empresas requieren para competir globalmente.

En el plano del Estado de Derecho, la consolidación de las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial y anticorrupción debe orientarse a fortalecer la profesionalización, especialización técnica y certeza jurídica, erradicando cualquier resquicio de discrecionalidad. Asimismo, la estabilidad institucional exige que las vacantes en los órganos de impartición de justicia electoral sean ocupadas por perfiles con trayectoria técnica impecable y absoluta independencia ideológica, garantizando la confianza en procesos democráticos.

El momento económico que atravesamos no admite ocurrencias ni decisiones unilaterales. De acuerdo con nuestros indicadores, la incertidumbre política y regulatoria se mantiene como uno de los principales frenos para el crecimiento.

México necesita un Congreso que escuche a quienes arriesgan su patrimonio, que mida los impactos de cada iniciativa y que priorice el diálogo con el sector productivo. De la responsabilidad con la que legislemos hoy depende que México recupere la confianza, fortalezca sus inversiones y asegure el futuro que sus familias merecen.