Artículo de Opinión escrito por Fernando Sánchez Argomedo / Presidente de la Comisión Nacional de Innovación de COPARMEX| Vía: @elsolde_mexico X: @fsargomedo

México no es un país de brazos cruzados. Aunque a veces el ruido político o la incertidumbre económica nos quieran convencer de lo contrario, la realidad es que la verdadera fuerza de esta nación no está en los discursos, sino en su gente y en quienes se levantan cada día a crear oportunidades.

Hoy nos enfrentamos a desafíos monumentales. No te hablo solo de números en una gráfica, te hablo de la realidad de millones de familias. Pero, en medio de este panorama, hay una luz que brilla con fuerza: la esperanza está en la sociedad civil y en el sector empresarial.

Nuestro Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra, qha puesto sobre la mesa una visión clara y potente: el Diálogo Social. No se trata solo de sentarse a platicar por cortesía; se trata de reconocer que solo sumando las voces de trabajadores, academia, gobierno y empresas, podremos construir el México que nos merecemos.

¿Por qué el empleo es nuestra mejor arma?

Los datos no mienten y son fríos. Según el CONEVAL, la pobreza laboral —este fenómeno donde el ingreso de un hogar no alcanza para alimentar a todos sus integrantes— ha rondado niveles cercanos al 35% en los últimos periodos. Es una cifra que duele porque detrás de ese porcentaje hay rostros humanos con nombre y apellido.

Sin embargo, hay una verdad probada con datos y realidades concretas: el empleo formal es el motor más potente para la movilidad social. No es una opinión, es un hecho. Una persona que entra a la formalidad no solo recibe un sueldo; recibe seguridad social, acceso a vivienda y la posibilidad de que sus hijos aspiren a una realidad distinta.

Una apuesta de ida y vuelta: Responsabilidad y Certeza

Como empresarios y ciudadanos organizados, estamos asumiendo nuestra parte. No estamos esperando a que nos den permiso para actuar. Estamos convocando a la participación social porque entendemos que la responsabilidad de crear bienestar es compartida. Nos toca:

1. Crear mejores condiciones de trabajo: No solo puestos, sino empleos con sentido, dignidad y enfoque en el impacto social.
2. Impulsar el bienestar integral: Que la empresa sea un espacio de crecimiento humano, no solo de producción.

Pero ojo, esta es una calle de dos sentidos. Para que el motor del empleo arranque a toda velocidad, necesitamos que las autoridades hagan lo que les toca. Exigimos certeza y condiciones para la inversión y el desarrollo económico. Nadie construye una casa sobre arena movediza; de la misma forma, nadie invierte o crea fuentes de trabajo si no hay reglas claras, seguridad jurídica y un entorno de confianza.

Es momento de actuar

La invitación que nos hace Juan José Sierra a través del diálogo social es una convocatoria a la acción. No podemos permitir que la división nos paralice. Si queremos derrotar a la pobreza y cambiar nuestra realidad impulsando la movilidad social, el camino es el trabajo conjunto.

La esperanza no es un sentimiento pasivo; es la fuerza que nos impulsa a exigir lo que por derecho nos corresponde y a cumplir con lo que por compromiso nos toca. México tiene todo para ganar, siempre y cuando entendamos que el bienestar individual solo es posible si trabajamos por el bienestar colectivo.

¡Vamos por ese México de oportunidades, de diálogo y de resultados!.

Artículo escrito por Alfredo Ortiz Becerril, Presidente de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex | vía  @ElIndpendiente X:@AlfredoOrtiz92

El Plan México tiene como una de sus principales palancas de desarrollo el crecimiento y el aumento de la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mejor conocidas como MiPyMEs. Sin embargo, este segmento —que emplea a cerca del 70% del personal ocupado en unidades económicas del país— enfrenta un desafío estructural: más que crecer, muchas apenas logran sostenerse.

Los datos son contundentes: solo el 7% de estas empresas participa en exportaciones; su productividad es varias veces menor que la de empresas de mayor escala en países de la OCDE; y concentran la mayor parte del empleo informal en México. A esto se suman limitaciones en el acceso al crédito, baja generación de patentes y una débil integración a las cadenas de valor. Todo apunta a lo mismo: un ecosistema atrapado en una lógica de supervivencia. 

Recientemente, en una conversación con Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, y Manuel Bravo, presidente del Consejo de Empresas Globales, tuve la oportunidad de profundizar en este fenómeno. Lo que esperaba fuera un contraste de visiones entre empresas globales y nacionales resultó ser una coincidencia clara: existe una necesidad urgente de transformar la cultura empresarial de las MiPyMEs en México.

Porque, en esencia, una empresa no nace para sobrevivir. Nace para resolver un problema, crear valor, innovar y mejorar la vida de las personas. Gran parte del mundo que hoy habitamos es resultado de esa capacidad empresarial de construir soluciones.

Cuando una empresa tiene claridad sobre el problema que busca resolver —cuando entiende su propósito—, herramientas como la capacitación, la digitalización, la vinculación con organismos empresariales o la participación en programas gubernamentales dejan de ser un fin en sí mismas. Se convierten en una consecuencia natural de una visión clara.

Pero en el modo supervivencia, nada de esto ocurre. Las empresas nacen con un objetivo distinto: mejorar las condiciones de vida de sus fundadores. Y aunque esto es legítimo, también representa una trampa. Una trampa que produce empresas desconectadas de cadenas globales, atrapadas en guerras de precios, enfocadas en reducir costos en lugar de crear valor y que terminan perpetuando un ciclo de bajo crecimiento.

Es una cultura que no impulsa evolución; apenas permite resistir. La pregunta inevitable es: ¿Cómo transformarla? La respuesta, coincidían ambos líderes, no es inmediata. Es generacional y requiere actuar en dos frentes: el presente y el futuro.

En el presente, la palabra clave es estabilidad. México necesita condiciones de certidumbre, reglas claras y confianza para quienes invierten y generan empleo. Sin este piso mínimo, cualquier intento de transformación cultural será frágil. 

Cuando otras prioridades desplazan el desarrollo económico y la atracción de inversión, el resultado es claro: más empresas atrapadas en la supervivencia y menos espacio para la innovación con propósito.

Pero el cambio profundo se construye hacia adelante.

Transformar la cultura empresarial implica sembrar desde las nuevas generaciones. Y esto requiere acciones concretas.

Durante la adolescencia, etapa natural de descubrimiento, es fundamental acercar a los jóvenes al mundo empresarial, no como una abstracción, sino como una posibilidad real de impacto.

Es urgente fortalecer las habilidades humanas. En un entorno donde la inteligencia artificial automatiza cada vez más lo técnico, la capacidad de colaborar, comunicar, liderar y adaptarse será el verdadero diferenciador.

La creación de empresas con propósito nace de individuos en constante desarrollo personal. Por ello, los sistemas educativos deben integrar con mayor profundidad contenidos de autoconocimiento, pensamiento crítico y desarrollo humano.

Frente a este panorama, iniciativas como Crece mi Negocio, impulsada por COPARMEX, buscan revertir esta dinámica al fortalecer capacidades empresariales, impulsar la digitalización y facilitar el acceso a herramientas que permitan a las MiPyMEs transitar de la supervivencia al crecimiento sostenido.

Finalmente, el liderazgo no se improvisa: se forma. Y aquí, la colaboración entre la academia y el sector empresarial es indispensable para construir ecosistemas que desarrollen talento con visión, disciplina y sentido de responsabilidad.

La transformación de la cultura empresarial en México no es un ideal aspiracional, es una condición necesaria.

Si queremos que nuestras MiPyMEs dejen de sobrevivir y comiencen a competir, innovar y crecer, necesitamos cambiar la raíz: la forma en la que entendemos la empresa misma.

Porque, al final, el verdadero motor del desarrollo no está solo en los planes, sino en la mentalidad con la que construimos empresas.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X:@jsierraalvarez

El tiempo es el activo más escaso y valioso que posee una nación, especialmente cuando hablamos del tiempo frente al aula. No es recuperable, no se puede compensar con buenas intenciones y, cuando se pierde, la factura la termina pagando la competitividad del país décadas después.

Por ello, la decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026, bajo argumentos que oscilan entre la logística de la Copa Mundial de la FIFA y las inclemencias climáticas, es un mensaje de claudicación que desde Coparmex consideramos que no es pertinente.

La educación debería ser la columna vertebral de cualquier proyecto de nación serio. Si hablamos de un “Plan México” que busca atraer inversiones, potenciar el nearshoring y convertirnos en una potencia logística, tenemos que entender que las inversiones no llegan solo por nuestra ubicación geográfica o por los incentivos fiscales, sino por la calidad de nuestro talento.

Al recortar semanas efectivas de clases, estamos diciéndole al mundo que para México la formación de sus jóvenes es una prioridad de segundo orden, supeditada a eventos deportivos o a la incapacidad de adaptar nuestra infraestructura al clima.

Reconocemos, por supuesto, que la salud de los estudiantes es prioritaria frente a las olas de calor. Sin embargo, la respuesta del Estado no puede ser el cierre total y simplista. Lo que necesitábamos era una gestión inteligente y diferenciada: esquemas híbridos, ajustes de horarios, inversiones urgentes en ventilación y acceso a agua en las escuelas. La solución técnica existe, lo que faltó fue la voluntad política de priorizar el aprendizaje por encima de la comodidad burocrática.

Los datos no mienten y son dolorosos. Ocupar el lugar 35 de 37 naciones en la OCDE dentro de las pruebas PISA es un grito de auxilio que no estamos atendiendo. El rezago educativo en México es una barrera real que condena a millones de niños a la informalidad y a la falta de movilidad social. Cada día sin clases es una oportunidad perdida para cerrar la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes solo tienen la escuela pública como única vía de superación.

A este panorama se suma un impacto económico y social directo en las familias, que pocas veces se analiza desde los escritorios centrales. Esta decisión altera por completo la dinámica de productividad del país. Miles de padres y, muy especialmente, mujeres trabajadoras, ven hoy trastocada su organización laboral.

La escuela es también el nodo que permite que el ecosistema productivo funcione. Obligar a 17.7 millones de mujeres que combinan el empleo con las labores de cuidado a improvisar soluciones de última hora es un golpe directo a su estabilidad económica y al crecimiento nacional.

Por otro lado, la falta de certeza jurídica en estas modificaciones al calendario oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, genera una incertidumbre que permea en todos los sectores.

La inversión requiere reglas claras y previsibilidad. Si el calendario educativo puede cambiarse de forma imprevista y sin un sustento pedagógico sólido, ¿qué señales estamos enviando sobre la seriedad de nuestras instituciones?

El “Plan México” no puede tener éxito si no tiene una base educativa sólida. Necesitamos formar ingenieros, técnicos, especialistas y ciudadanos críticos que puedan competir en la economía global. La educación exige visión de Estado, planeación de largo plazo y, sobre todo, la valentía de poner el futuro de los niños por encima de las presiones del presente.

Es momento de rectificar y de construir, junto con los padres de familia y los docentes, soluciones que protejan la salud sin sacrificar el conocimiento. México no necesita menos días de clase; necesita mejores escuelas, más tecnología en el aula y una determinación inquebrantable de que el aprendizaje es sagrado.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @El_Universal_Mx X:@jsierraalvarez

La confianza se construye con señales nítidas, reglas claras y una realidad que respalde las promesas. El recientemente anunciado “Plan México: Acciones Inmediatas para la Inversión” llega en un momento de definiciones profundas para nuestra economía.

Desde COPARMEX, hemos insistido en que el país necesita una sacudida de competitividad que nos permita aprovechar la ventana histórica del nearshoring. Sin embargo, para que los 5.6 billones de pesos proyectados pasen del papel a la infraestructura, el Plan debe respirar certeza jurídica y, sobre todo, garantizar la seguridad de quienes arriesgan su capital.

Hay que reconocer con honestidad los aciertos. El compromiso por la simplificación administrativa es, quizás, la victoria más tangible para el ecosistema empresarial en este arranque. Los datos de #DataCoparmex 2025 son contundentes: casi la mitad de nuestros socios (48.9%) pelea mes con mes contra un muro de trámites que consume hasta 82 horas de productividad. Que hoy se hable de una ventanilla única, de un expediente digital y de la “afirmativa ficta” a 90 días no es un tema menor; es quitarle el freno de mano a la inversión.

Si logramos replicar a escala nacional el éxito que ha mostrado COFEPRIS al reducir sus tiempos de resolución, estaremos enviando un mensaje potente al mundo: México finalmente entiende que el tiempo del inversionista es sagrado.

Del mismo modo, la apertura en el sector energético mediante el esquema de participación público-privada (54/46) para generar hasta 3,300 MW es una señal de pragmatismo que celebramos. Sin energía suficiente, limpia y competitiva, el Plan México será un motor sin combustible.

Pero la visión de desarrollo debe ser integral para ser sostenible. Aquí es donde la hoja de ruta requiere ajustes de precisión. Inquieta la intención de integrar a la PRODECON dentro de la Secretaría Anticorrupción. La defensa del contribuyente no puede ser juez y parte; la independencia técnica, operativa y presupuestaria de esta institución es el último dique de protección para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Debilitar su autonomía es restarle un contrapeso esencial a la relación entre Estado y ciudadanos. La coordinación institucional es bienvenida, pero la subordinación es un riesgo que no podemos correr.

En la misma frecuencia de la certeza jurídica, el fortalecimiento del Poder Judicial es innegociable. La inversión busca refugio donde la ley se aplica sin sesgos. Los procesos de elección de personas juzgadoras deben posponerse hasta 2028. La improvisación es el peor enemigo de la justicia. Necesitamos comités de selección independientes que prioricen el mérito y la carrera judicial por encima de cualquier otra consideración. Sin jueces imparciales y expertos, la confianza se erosiona antes de que el primer ladrillo sea colocado.

Hay, además, un elefante en la habitación que el Plan México no puede ignorar: la seguridad. No existe incentivo fiscal o simplificación de trámites que compense el miedo de un transportista en la carretera o el cobro de piso en una MiPyME. Sin una estrategia integral que pacifique los territorios y devuelva el Estado de Derecho a cada municipio, los beneficios del Plan se diluirán en costos de vigilancia y pérdidas patrimoniales.

Finalmente, el éxito de esta ambiciosa apuesta depende de la armonía. No basta con que la Federación simplifique si el municipio entorpece. La coordinación entre los tres niveles de gobierno es la única vía para que el impacto llegue a las regiones más necesitadas.

México tiene una oportunidad de oro. El Plan México es un paso adelante, pero requiere el sello de la certidumbre.

En COPARMEX estamos listos para colaborar, para proponer y para vigilar que este esfuerzo se convierta en bienestar real bajo el Modelo de Desarrollo Inclusivo. Es momento de actuar con altura de miras: menos burocracia, más justicia y, sobre todo, un México seguro para invertir y vivir.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @eleconomista X:@jsierraalvarez

El Plan México parte de un diagnóstico correcto. Durante años, invertir ha implicado recorrer un laberinto de trámites, enfrentar duplicidades y asumir costos que no generan valor. Por eso, progresar hacia una simplificación administrativa, establecer una ventanilla única y reducir tiempos de resolución no es un asunto menor. Es un paso en la dirección adecuada.

Cuando una empresa puede concentrarse en producir, innovar y generar empleo, en lugar de destinar tiempo excesivo a cumplir procesos innecesarios, el impacto se refleja en mayor competitividad. Esa es la lógica detrás de las medidas anunciadas y es importante reconocerlo.

También lo es el impulso a la capacidad energética. Sin energía suficiente, no hay desarrollo posible. La apertura a esquemas de participación que permitan ampliar la infraestructura envía una señal positiva en un momento en el que la demanda crece y la competencia internacional se intensifica.

Sin embargo, ningún avance administrativo o sectorial puede sostenerse si no se resuelve lo estructural. La certeza jurídica es la garantía de que las reglas no cambian de manera discrecional, de que las instituciones actúan con imparcialidad y de que existen mecanismos efectivos para defender derechos. Cuando esa certeza se debilita, la inversión se detiene, no por falta de interés, sino por exceso de riesgo.

Ahí es donde el Plan enfrenta su mayor reto.

Fortalecer el Estado de derecho exige instituciones sólidas y decisiones que refuercen su autonomía. La defensa del contribuyente, por ejemplo, requiere organismos con independencia técnica y operativa, capaces de actuar como contrapeso real. Cualquier ajuste que ponga en duda esa función impacta directamente en la confianza.

Lo mismo ocurre con el sistema judicial. La calidad de quienes imparten justicia define, en gran medida, la percepción de legalidad en el país. Asegurar procesos de selección basados en mérito, experiencia e imparcialidad es una condición indispensable para que exista certidumbre en la aplicación de la ley.

A esto se suma un factor que no puede seguir tratándose como secundario: la seguridad. La actividad productiva ocurre en territorios concretos, donde las empresas y los trabajadores enfrentan riesgos reales. Sin condiciones de seguridad, cualquier esfuerzo por atraer inversión queda limitado.

También es necesario mirar la implementación. Un plan puede ser sólido en su diseño, pero perder efectividad si no se ejecuta de manera uniforme. La coordinación entre Federación, estados y municipios será determinante para que los beneficios de la simplificación realmente se traduzcan en mejores condiciones para quienes emprenden e invierten.

Hoy, el país tiene una oportunidad que no admite improvisaciones. El entorno global ofrece espacios para crecer, pero también exige señales claras. La relación con nuestros principales socios comerciales, la estabilidad interna y la consistencia en las decisiones públicas influyen directamente en cómo se percibe a México.

El crecimiento sostenido se construye sobre bases firmes. Seguridad, energía suficiente, certeza jurídica y un Estado de derecho sólido son condiciones indispensables.

El Plan México puede convertirse en un punto de inflexión.

Pero su verdadero alcance no dependerá solo de las medidas anunciadas, sino de la capacidad de generar confianza. Porque al final, invertir es, sobre todo, un acto de confianza en el futuro del país.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez

Detrás de cada empresa hay historias que no siempre se cuentan. Está quien abre su negocio todos los días sin saber si alcanzará para cubrir la nómina. Está quien llega a trabajar con la expectativa de que su esfuerzo se traduzca en estabilidad para su familia. En medio de ambos, existe una relación que, bien construida, puede sostener el desarrollo de un país entero.

Esa relación es la que México necesita replantear.

Durante mucho tiempo, hablar de sindicatos fue hablar de defensa, de resistencia, de confrontación. Y hablar de empresas fue hablar de crecimiento, de inversión, de resultados. Dos narrativas que avanzaron en paralelo, pero pocas veces en conjunto.

El país enfrenta retos que no admiten visiones aisladas. La economía exige mayor productividad, pero también mejores ingresos. Las empresas necesitan condiciones para crecer, pero las personas requieren certidumbre y oportunidades reales. Pretender resolver una parte sin la otra solo profundiza los desequilibrios.

Por eso, el verdadero cambio está en la forma en que se construyen las relaciones laborales.

Cuando existe entendimiento, las decisiones cambian. Cambia la manera en que se negocian los contratos. Cambia la forma en que se enfrentan los momentos difíciles. Cambia, incluso, la manera en que se piensa el futuro de una empresa y de quienes forman parte de ella.

Para una micro, pequeña o mediana empresa, cualquier alteración en su operación puede significar la diferencia entre mantenerse o cerrar. Para un trabajador, la pérdida de estabilidad puede representar la interrupción de un proyecto de vida. Esa realidad obliga a actuar con responsabilidad compartida.

Hoy México tiene una oportunidad que no había tenido en años. La relocalización de cadenas productivas, la integración con América del Norte y la necesidad global de talento abren una ventana que puede traducirse en crecimiento.

Pero ese crecimiento no va a llegar por inercia. Depende de la confianza. Y la confianza se construye en lo cotidiano: en cómo se toman decisiones dentro de las empresas, en cómo se resuelven las diferencias y en la capacidad de generar acuerdos que den estabilidad.

Ahí, sindicatos y sector empresarial tienen un papel determinante.

Desde la conciencia de que el resultado final impacta a millones de personas. Cuando esa relación funciona, se fortalece el empleo, se generan mejores condiciones y se vuelve más atractivo invertir en el país. Cuando no funciona, el costo lo pagan todos.

México necesita dar un paso hacia una relación más madura, más consciente y más alineada con los desafíos actuales. Una donde el respeto al Estado de Derechos, la certeza jurídica y la estabilidad sean la base sobre la cual se construyen los acuerdos.

Desde COPARMEX creemos que ese camino es posible. No porque sea sencillo, sino porque es necesario.

Porque al final, el futuro del trabajo en México se va a definir en la capacidad de entender que, cuando Trabajadores y Empresas encuentran puntos de encuentro, avanza todo el país.

Artículo escrito por Oscar Moreno, Presidente del Comité de Federaciones de COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX

La economía mexicana presenta una desaceleración en 2026. El Banco Mundial prevé un crecimiento de apenas 1.3 por ciento del PIB para el país. Desde inicios de este año se ha acumulado debilidad: el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de febrero mostró un crecimiento mensual de apenas 0.1 por ciento y una caída anual real de 0.3 por ciento, lo que sugiere que la economía se encuentra cerca de una posible recesión.

El primer trimestre se encamina a registrar su primera contracción trimestral desde finales de 2024. Además, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa una variación prácticamente nula, e incluso un crecimiento inferior al observado en 2025.

Ante este contexto, el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), impulsado por COPARMEX, se presenta como una ruta para retomar el crecimiento económico con justicia social. A través de sus más de 36 mil empresas afiliadas y los millones de trabajadores que representan, se promueve el desarrollo de las MiPyMEs. Asimismo, con la conformación del Consejo Social, Económico y Ambiental (CONSEA), resultado del acuerdo entre sindicatos y el sector empresarial, se abre la oportunidad de fortalecer la productividad y la competitividad del país desde una visión compartida de futuro.

Este esfuerzo conjunto también permite avanzar en temas estratégicos como la revisión del T-MEC, la atención a los retos en materia de seguridad y la creación de Consejos Estatales que repliquen este modelo de colaboración. El objetivo es claro: impulsar más y mejores empresas, con trabajadores que cuenten con mayores oportunidades de desarrollo, acceso a servicios de salud de calidad y condiciones de seguridad para ellos y sus familias.

No existe mejor política social que la generación de empleo formal. Hoy, gracias a los avances en responsabilidad social, miles de empresas han entendido que para trascender deben comprometerse con sus colaboradores y su entorno, generando un impacto social más amplio. Ya no basta con cumplir únicamente con las prestaciones de ley; es necesario agregar valor económico, humano y ambiental.

En este nuevo contexto, organizaciones de trabajadores, empresarios y colaboradores han comenzado a dejar de lado divisiones para construir, de manera conjunta, propuestas, herramientas y mecanismos de acompañamiento que impulsen el crecimiento de la población económicamente activa.

Sin embargo, la pobreza laboral continúa ampliando brechas. Impulsar empleos dignos y mejores ingresos es fundamental para reducir la desigualdad. La informalidad, que alcanzó alrededor del 55 por ciento al cierre del cuarto trimestre de 2025, según el INEGI, afecta a más de 32.9 millones de personas que no cuentan con prestaciones sociales. Es momento de superar diferencias y trabajar de manera coordinada para construir un país más justo y equitativo.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

Debido a los acontecimientos políticos y militares de los pasados dos meses es complicado para los distintos analistas elaborar pronósticos económicos. Los shocks externos dificultan el análisis de aquellos que tienen el trabajo de elaborar escenarios para la correcta toma de decisiones, en las empresas y en los gobiernos. Tal es el caso actual de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Una causa importante de esto es la carencia de información al respecto, como podría ser conocer la duración del conflicto, la gravedad de la destrucción de las instalaciones en las diferentes naciones y la posibilidad de que otros países se involucren en el conflicto. Es muy diferente el impacto en las diferentes economías si el problema dura solo algunas semanas más o si continúa durante meses o incluso años, como ha sucedido en otros casos. Además, el hecho de que se destruyan instalaciones físicas como puentes, refinerías, plantas desalinizadoras de agua o generadoras de electricidad tendrían un impacto negativo de varios años en los distintos países afectados, hasta que se vuelvan a reconstruir.

Además, estamos presenciando el rompimiento de las instituciones que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial, que han permitido la generalización del sistema de mercado qué, a pesar de todos sus defectos, ha permitido el mayor desarrollo de la humanidad en su historia, así como una reducción de la pobreza que no se podía imaginar hace solo un siglo. 

Por lo mismo existe una gran desconfianza entre los distintos gobiernos, que tardará varios años en superarse. Naciones amigas hace solo algunos años, hoy se tratan como enemigas; se imponen aranceles que imposibilitan el comercio e incluso se vuelven a armar para prepararse frente a posibles conflictos futuros. Por lo mismo es extremadamente difícil poder pronosticar las distintas variables económicas, por lo que las distintas instituciones especializadas realizan en su mayoría solo ajustes marginales, a la espera de más y mejor información.

A pesar de lo anterior es posible obtener algunas conclusiones de lo que puede suceder e impactar a las distintas economías. Una primera conclusión es que el comercio internacional se va a reducir en los siguientes años, por los mayores aranceles, costos de transportación y de producción, así como el mayor riesgo que tendrán las empresas al realizar sus intercambios. Esto se incluirá en los costos y precios de los diferentes productos, es decir, se incrementará la presión inflacionaria, reduciendo así su venta, lo que reducirá el crecimiento en las distintas naciones. Incluso en algunos casos se tendrá recesión, si el conflicto dura varios meses más.

Ante lo anterior era frecuente que los distintos gobiernos siguieran políticas expansivas, es decir, incrementaran su gasto, para evitar la caída en la economía, lo que en algunos casos esto se traducía en mayor inflación. O sea, la alternativa era qué tanto podían incrementarse los precios o cuánto reducirse la economía. Es decir, optar por aceptar inflación o recesión o incluso ambas. 

Sin embargo, la gran mayoría de los gobiernos en las economías desarrolladas se han endeudado de una manera excesiva en las pasadas tres décadas. Mientras el promedio de la deuda era alrededor del 50% del PIB, ahora es cercana al 110%. Por lo mismo, incrementar su gasto equivale a incurrir en mayor deuda, lo que elevará las tasas de interés, agravando así su situación financiera. En este caso, tendrían estanflación, que se define como estancamiento junto a inflación. Cada gobierno que esté muy endeudado tendrá que definir qué prefiere, si mantener algo de crecimiento económico y sufrir un ajuste en los precios, mientras se adapta al nuevo entorno o permitir menor crecimiento o incluso recesión, pero controlar la inflación o ambos. Cada caso será diferente para cada gobierno en los próximos meses y años. Esta no será la disyuntiva para los casos que tienen finanzas públicas y baja deuda pública o están exentos del impacto económico de la guerra, lo cual no es la situación del gobierno de México.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X:@jsierraalvarez

Mientras el debate público gira entre coyunturas políticas, reformas y discusiones de corto plazo, México está acumulando un rezago silencioso que no admite más demora: el bajo nivel de aprendizaje de millones de estudiantes. No es un problema nuevo, pero sí uno que hoy adquiere una dimensión más crítica.

Porque el contexto ya cambió. El mundo avanza hacia economías basadas en conocimiento, tecnología e innovación. La competencia ya no es solo por atraer inversión, sino por contar con el talento capaz de sostenerla. En ese escenario, la pregunta de fondo es que están aprendiendo los estudiantes en las aulas y si ese aprendizaje les permitirá integrarse a un entorno cada vez más exigente.

Hoy, la respuesta no es alentadora. Los resultados educativos muestran un sistema que no está logrando consolidar habilidades fundamentales. Comprensión lectora limitada, debilidad en pensamiento matemático y carencias en capacidades analíticas son señales de un problema más profundo: la falta de un enfoque centrado en resultados.

Durante años se apostó por ampliar la cobertura, y ese esfuerzo permitió incorporar a más estudiantes al sistema. Pero esa política, sin un acompañamiento sólido en calidad, dejó una brecha que hoy se traduce en aprendizaje insuficiente.

El impacto de esta realidad va más allá del ámbito educativo. Cuando las personas no adquieren las competencias necesarias, su inserción en el mercado laboral se vuelve más difícil, la productividad se estanca y las oportunidades de desarrollo se reducen. La educación deja de ser un puente hacia la movilidad social y se convierte en un límite.

A esto se suman condiciones que agravan el problema. Persisten brechas regionales en infraestructura, falta de conectividad y entornos inseguros que afectan directamente la experiencia educativa.

También está el factor de inversión. México se mantiene por debajo de los niveles recomendados internacionalmente en gasto educativo, lo que limita la capacidad del sistema para mejorar, innovar y adaptarse.

Pero quizá el mayor desafío es de enfoque. El sistema educativo sigue operando, en gran medida, bajo una lógica de cumplimiento y no de resultados. Se mide la permanencia, pero no el aprendizaje.

Ahí es donde debe darse el cambio. Desde COPARMEX hemos insistido en que el país necesita colocar el aprendizaje en el centro de la política educativa. Eso implica definir con claridad quédeben saber y saber hacer los estudiantes, medirlo de manera constante y ajustar las estrategias con base en evidencia.

Implica también fortalecer a los docentes, dotar a las escuelas de condiciones dignas y seguras, e incorporar habilidades que hoy son indispensables: pensamiento crítico, capacidades digitales, manejo de datos y aprendizaje continuo.

El progreso hacia un modelo educativo más integral es positivo, pero no suficiente. Sin mecanismos claros de evaluación y mejora, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en intención.

Sin talento, no hay competitividad posible. La educación no puede seguir siendo una conversación secundaria. Es el punto de partida de todo lo demás: crecimiento, productividad, innovación y desarrollo social.

Invertir en educación, pero sobre todo asegurar que esa inversión se traduzca en aprendizaje efectivo, es una decisión estratégica.

Porque al final, el costo más alto no es el de cambiar el sistema educativo. Es el de no hacerlo.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández, Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx  X: @panchosuarezh

Durante la junta de ABAC II / APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Ciudad de México, la semana pasada, uno de los temas centrales que tuvimos fue cómo la economía digital ha transformado la forma en que las sociedades generan valor, intercambian bienes, servicios y se comunican. Este cambio plantea retos y oportunidades, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en imperativo global. En México y toda América Latina, se presentan oportunidades únicas para integrar la energía renovable en este nuevo paradigma económico.

Retos de la Economía Digital

1. Requerimientos de Energía: El crecimiento de la economía digital implica un aumento significativo en el consumo de energía. Las infraestructuras digitales, como los centros de datos y las redes de telecomunicaciones, requieren grandes cantidades de electricidad, lo que puede intensificar la demanda de recursos energéticos tradicionales.

2. Sostenibilidad: La huella de carbono de las empresas digitales y el impacto ambiental de la producción de dispositivos tecnológicos son preocupaciones crecientes que ya se están abordando.

Oportunidades para México y la Región

1. Potencial de Energías Renovables: México tiene un gran potencial en energías renovables, como la solar y eólica. Aprovechar estos recursos puede proporcionar la energía necesaria para impulsar una economía digital sostenible. Con inversiones adecuadas y políticas públicas que promuevan la transición energética, el país puede convertirse en un líder regional del sector.

2. Inversiones en Infraestructura Verde: Al desarrollar infraestructuras que utilicen energía renovable, México puede satisfacer sus necesidades energéticas y atraer inversiones extranjeras que buscan operaciones sostenibles y responsables. Esto puede incluir desde centros de datos alimentados por energía solar hasta empresas tecnológicas que operen en un marco de sostenibilidad.

3. Creación de Empleos Verdes y Digitales: La convergencia entre economías digitales y energías renovables fomenta la creación de empleos en sectores emergentes. Contribuyendo al crecimiento económico y ayudando a cerrar la brecha de desigualdad en el acceso a empleos tecnológicos.

4. Colaboración Regional: La colaboración entre países de América Latina puede potenciar el desarrollo de tecnologías limpias y abordar la infraestructura necesaria para respaldar economías digitales. Iniciativas conjuntas facilitan el intercambio de conocimientos y recursos, fortaleciendo la posición regional en el mercado global.

La conversación sobre economías digitales suele ser superficial: innovación, talento, datos, inteligencia artificial. Pero hay un tema estructural que rara vez ocupa el centro del debate y que, sin embargo, definirá quién lidera esta nueva era: la energía.

Las economías digitales no flotan en la nube; están ancladas a una infraestructura física intensiva en consumo energético. Los centros de datos, la expansión de la inteligencia artificial, las redes 5G y el almacenamiento masivo de información, como mencioné, están disparando la demanda eléctrica a niveles sin precedentes. Tecnologías como el entrenamiento de modelos avanzados de IA o el procesamiento en tiempo real requieren una potencia constante, confiable y, cada vez más, limpia. La ecuación es clara: No hay economía digital sin energía. No hay competitividad sostenible sin energía verde.

México tiene una combinación poco común: ubicación geográfica privilegiada, integración comercial profunda con Estados Unidos y Canadá, abundancia de recursos solares y eólicos, y un ecosistema industrial en evolución. Permitiéndole aspirar a ser consumidor de economías digitales y a convertirse en un hub de infraestructura digital sostenible.

El norte del país tiene uno de los mayores potenciales solares del mundo. El Istmo de Tehuantepec, en el sur, posee condiciones eólicas excepcionales. Si estos recursos se articulan con inversiones en redes inteligentes, almacenamiento energético y marcos regulatorios modernos, México podría ofrecer algo que pocos países pueden: energía renovable a escala, competitiva y cercana a los mayores mercados digitales del planeta.

Esto abre la puerta a un posicionamiento estratégico: atraer centros de datos “verdes”, infraestructura de cómputo intensivo y operaciones digitales de alto valor agregado que requieran conectividad y sostenibilidad.Empresas tecnológicas globales están redefiniendo sus criterios de inversión; buscan ubicaciones donde puedan cumplir sus metas de carbono neutralidad. América Latina, y México en particular, puede ser parte de esa respuesta.

El futuro no será simplemente digital. Será digital y sostenible, o no será viable.

México tiene frente a sí una disyuntiva: ser espectador de la expansión de las economías digitales globales o convertirse en uno de sus habilitadores claves. La diferencia entre ambos escenarios no la marcará únicamente la innovación tecnológica, sino la capacidad de encender esa innovación con energía limpia.

México y la región de América Latina enfrentan retos significativos al tratar de implementar economías digitales sostenibles, pero también cuentan con oportunidades únicas para liderar la transición hacia un modelo energético más limpio. Al aprovechar su potencial en energías renovables y fomentar inversiones en infraestructura verde, la región puede estabilizar su crecimiento económico, contribuir a un futuro más sostenible y equitativo. Esta visión integrada de sostenibilidad y economía digital es fundamental para afrontar los desafíos del siglo XXI y fundamental para:

¡¡¡Detonar miles de nuevos proyectos sostenibles anclados en la economía digital!!!