Artículo de Opinión escrito por Oscar Moreno Littletón, Presidente del Comité de Federaciones de COPARMEX | Vía: @RGB360mx X: @morenolittleton

Uno de los mayores problemas que enfrenta México es la corrupción. Desafortunadamente, con el paso de los años y la pérdida de valores, esta práctica se ha convertido en una cultura y se encuentra profundamente infiltrada en distintos sectores de la sociedad.

Pero cabe preguntarnos: ¿quién es más corrupto? ¿El oficial de vialidad que recibe una gratificación para dejar pasar una infracción menor, que, al fin y al cabo, sigue siendo una infracción, o el ciudadano que ofrece una compensación para evitar una sanción administrativa, incluso cuando es responsable del incidente?|

¿Quién es más corrupto? ¿El funcionario de cualquier ventanilla administrativa, ya sea municipal, estatal o federal, que acepta una compensación para agilizar un trámite, o el interesado que ofrece y entrega dinero para que su gestión sea atendida, muchas veces incluso de manera incorrecta o ilegal?

La corrupción no puede entenderse únicamente como un problema de funcionarios públicos. También implica una responsabilidad social. La práctica existe porque alguien ofrece y alguien acepta. Romper este círculo exige reconocer que ambas conductas alimentan el mismo problema.

Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 141 de 182 países. De acuerdo con este organismo, la impunidad y la infiltración del crimen organizado en estructuras de poder son factores determinantes en esta calificación.

En 2010, diversas instituciones de la sociedad civil organizada comenzaron a impulsar una política pública anticorrupción que culminó, en 2012, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Desafortunadamente, este esfuerzo fue abandonado a su suerte y terminó atrapado en la burocracia, sin lograr consolidar acciones reales y determinantes capaces de revertir la trayectoria descendente de México en las mediciones de Transparencia Internacional.

Las debilidades estructurales de la política anticorrupción han impedido avances suficientes. A ello se suman decisiones recientes, entre ellas la desaparición de organismos autónomos como el INAI y el CONEVAL, así como los cambios derivados de la reforma judicial, que han generado preocupación respecto de la fortaleza de los mecanismos institucionales de transparencia, rendición de cuentas y control del poder.

Debido a la naturaleza oculta de la corrupción, su medición internacional se realiza principalmente a través de índices de percepción. Sin embargo, las noticias, los discursos políticos, las encuestas y la experiencia cotidiana de la ciudadanía forman parte de los elementos que permiten evaluar la confianza en las instituciones. En este sentido, México pasó de 34 puntos en 2012 a 27 puntos en la medición más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción.

Otro elemento que influye en la percepción de la corrupción es el vínculo entre democracia y control del poder. Canadá obtiene 75 puntos, mientras México alcanza apenas 27. Nuestro país se encuentra incluso por debajo de naciones consideradas menos democráticas, donde la pérdida de libertades constituye un factor relevante en la evaluación institucional.

Esta relación no puede ignorarse.

Se requiere que desde las más altas esferas del poder se practiquen realmente la integridad, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. La ley debe ser la ley, sin excepciones ni privilegios. No debe permitirse la más mínima infracción que pueda ser sobornada, negociada o resuelta en lo oscuro.

La evasión fiscal, el desfalco de instituciones, el uso de facturas apócrifas y las empresas fantasma vinculadas con redes de poder son algunas de las expresiones de la corrupción que afectan profundamente al país.

Finlandia, uno de los países con mejores resultados en materia de integridad pública, cuenta con niveles salariales significativamente superiores a los de México. La comparación no requiere demasiadas explicaciones: la corrupción no solo es un problema ético o institucional; también es un obstáculo para el desarrollo y una de las causas que perpetúan la pobreza.

México no puede aspirar a mejores niveles de bienestar mientras la corrupción siga siendo una práctica tolerada, normalizada y, en muchos casos, protegida.

Combatirla exige mucho más que discursos. Requiere instituciones sólidas, autoridades íntegras, ciudadanos responsables y una sociedad dispuesta a dejar de considerar normal aquello que, en realidad, nunca debió serlo.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @MundoEjecutivo X: @panchosuarezh

Necesitamos más espacios capaces de reunir talento, conocimiento, liderazgo, inversión y voluntad para transformar desafíos en soluciones. La Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026 es uno de ellos, que justo la presente semana se está dando a conocer más detalles de la agenda vía rueda de prensa en CDMX. Del 5 al 9 de octubre en el Papalote Museo del Niño, dentro del Bosque de Chapultepec, el gran pulmón de nuestra capital.

Me satisface enormemente volver a participar en esta segunda edición y compartir oficialmente una noticia para todos:

México más que organizar una Semana por el Clima, construye una plataforma permanente para acelerar la Acción por el Clima y la Naturaleza.

Mecanismos permanentes de colaboración donde las conversaciones se conviertan en alianzas, proyectos y resultados.

El futuro tiene nombre y rostro

La sede, Un museo dedicado a la niñez, el mejor lugar para hablar del futuro: El cambio climático y la conservación de la naturaleza. Decisiones que determinarán la calidad de vida de nuevas generaciones.

Cada política pública, inversión sostenible, hectárea restaurada, litro de agua protegido y tonelada de emisiones evitada, representan oportunidades para quienes heredarán el país que estamos construyendo.

Una sola crisis, una sola agenda:

El clima y la naturaleza integran una misma agenda estratégica.

La crisis climática y la crisis de biodiversidad son la misma crisis.

Imposible:

• Hablar de reducción de emisiones sin proteger el medio ambiente.
• Hablar de seguridad hídrica sin restaurar ecosistemas.
• Impulsar agricultura sostenible sin conservar biodiversidad.
• Construir ciudades resilientes sin infraestructura verde.

Una enorme responsabilidad y una extraordinaria oportunidad.

Somos uno de los países con mayor riqueza biológica y potencial para ser un laboratorio mundial de soluciones basadas en la naturaleza.

Una década que definirá nuestro futuro: El horizonte de 2030 y 2050

Las decisiones que México tome definirán su competitividad, seguridad energética, disponibilidad de agua, desarrollo económico y capacidad para atraer inversión sostenible. Temas relevantes para el futuro nacional:

•       Finanzas sostenibles.

•       Economía circular.

•       Energía y descarbonización.

•       Sistemas alimentarios resilientes.

•       Infraestructura verde y azul.

•       Justicia social.

•       Seguridad hídrica.

•       Conservación de la biodiversidad.

•       Turismo regenerativo.

•       Ciudades sostenibles.

¿Cómo construir un México competitivo, resiliente y justo, sin rebasar los límites del planeta?

Pasar de las cumbres a la implementación

Mientras el mundo avanza hacia nuevos compromisos de la COP31 sobre cambio climático y la COP17 sobre biodiversidad, los países enfrentan un desafío mayor que negociar declaraciones internacionales:

Traducir tantos acuerdos globales en presupuestos, leyes, incentivos económicos, inversiones, infraestructura y proyectos que mejoren la vida de las personas. Convertir el lenguaje diplomático de la ONU en acciones concretas para y desde México hacia el mundo.

Una plataforma que trabaja permanentemente

La transformación de La Semana de Acción 2026 empieza muchos meses atrás durante los que han trabajado diez grupos de especialistas multisectoriales, desarrollando propuestas en:

•       Nuevos proyectos.

•       Inversiones privadas.

•       Innovación tecnológica.

•       Políticas públicas.

•       Incidencia legislativa.

•       Soluciones escalables.

México conectado con el mundo e impulsor de soluciones innovadoras para la región

Cooperación internacional, intercambio de conocimiento y buenas prácticas a través de alianzas estratégicas activas con: Nat5, ONU, Unión Europea, con Singapur, ciudad de Fortaleza en Brasil y el Estado de México.

Colaboración que impulsa el desarrollo de mercados voluntarios de naturaleza en América Latina y nuevas oportunidades de inversión en: conservación, restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible de territorios.

Una comunidad que sigue creciendo.

Resultados anteriores muestran el creciente compromiso.

2025, la semana reunió:

•       Más de 4,000 asistentes.

•       300 ponentes.

•       150 sesiones.

2026, el programa reunirá nuevamente grandes referentes como el Dr. Moez Al Shohdi, Cristina Mittermeier, Julia Carabias, Michel Rojkind y Javier Goyeneche.

La riqueza de este encuentro radica en su diversidad de voces y líderes:

• Universidades que forman a los líderes.
• Empresas que están transformando sus modelos de negocio.
• Organizaciones sociales que trabajan con comunidades.
• Jóvenes que exigen un futuro distinto.
• Pueblos originarios, guardianes históricos de nuestros ecosistemas.
• Artistas que inspiran nuevas formas de comprender la naturaleza.
• Científicos que generan evidencia.
• Gobiernos que diseñan políticas públicas.
• Ciudadanía consciente de que proteger nuestro capital natural significa proteger nuestra economía, nuestra salud y nuestro bienestar.

Maneras de participar: asistir a las actividades, organizar eventos paralelos, responder a la convocatoria de soluciones en territorio, ser voluntario, cada persona puede aportar desde su experiencia y su ámbito de acción.

El verdadero legado.

Será la capacidad de los países para adaptarse, innovar y colaborar frente a los grandes desafíos ambientales.

México cuenta con talento, biodiversidad, creatividad empresarial, conocimiento científico y riqueza cultural para convertirse en referente internacional de acción climática y conservación de la naturaleza.

La Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, es un llamado a construir un movimiento nacional, donde la sostenibilidad se convierta en una forma cotidiana de tomar decisiones:

¡¡¡El mejor momento para actuar por el clima y la naturaleza es hoy y México tiene todo para liderar ese camino!!!

Artículo de Opinión escrito por Miguel Ángel Moreno , Consejero Delegado de Economía Circular de COPARMEX | Vía: @ElIndpendiente X: @m_morenohdez

La promulgación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) representa uno de los cambios más relevantes de la política ambiental mexicana de los últimos años, al establecer un marco jurídico que incorpora la responsabilidad extendida del productor, la trazabilidad de los residuos y mecanismos de circularidad como instrumentos indispensables para avanzar hacia la sostenibilidad en el país. Sin embargo, la aprobación de la Ley es apenas el punto de partida: su éxito dependerá de un Reglamento técnica, económica y ambientalmente viable, que ofrezca seguridad jurídica y, al mismo tiempo, evite cargas administrativas innecesarias para los sujetos regulados.

Un reto fundamental para la eficacia de este Reglamento será la homologación normativa. Existe el riesgo de que su implementación sea dispersa si no se alinean sus definiciones con las previstas en los ordenamientos preexistentes en materia de residuos. Por ello, será indispensable reforzar la necesaria interconexión entre la legislación ambiental y garantizar una aplicación coherente del nuevo marco regulatorio.

Por su parte, la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), a través de los Acuerdos Generales de Implementación, requerirá el compromiso de todos los sectores productivos y del Gobierno Federal para alcanzar los objetivos establecidos en la Ley General. Para ello, la operatividad técnica deberá sustentarse en métricas realistas que consideren adecuadamente las particularidades logísticas, técnicas y económicas de cada sector, en un contexto en el que la infraestructura disponible varía significativamente entre regiones.

Desde COPARMEX celebramos que la Ley General de Economía Circular fomente el reciclaje inclusivo, al atender un compromiso social pendiente durante años y responder al Eje Social de nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo. En este sentido, uno de los desafíos cruciales del Reglamento será incorporar mecanismos viables que reconozcan y fortalezcan a este sector social mediante instrumentos administrativos enmarcados en las leyes existentes, al tiempo que brinden certeza económica a todos los sectores involucrados.

Es imperativo construir un instrumento que fomente el cumplimiento de los objetivos ambientales del país sin mermar la certeza jurídica; que incentive la innovación; que armonice la actuación de los tres órdenes de gobierno; y que incorpore la experiencia de la academia, la industria, las organizaciones sociales y los organismos internacionales.

La transición hacia una economía circular requiere un proceso de colaboración estratégica en el que el consumidor y la ciudadanía también desempeñarán un papel central. Estamos convencidos de que, a través de la corresponsabilidad, la LGEC puede pasar de ser una declaración de buenas intenciones a convertirse en una reforma capaz de generar bienestar nacional en los años venideros.

Por esta razón, desde COPARMEX Nacional hemos refrendado nuestro compromiso de participar activamente en la construcción de esta regulación, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por la maestra Alicia Bárcena Ibarra. Celebramos que la Política Nacional de Economía Circular sea una prioridad para la presente administración y contribuiremos a que sus beneficios tengan un despliegue local, de la mano de los empresarios de México.

Artículo de Opinión escrito por Fernando Sánchez Argomedo | Presidente de la Comisión Nacional de Innovación de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X: @fsargomedo

De acuerdo con la medición oficial de pobreza multidimensional del INEGI, la población en situación de pobreza en México se ubica en 29.6 por ciento, lo que equivale a 38.5 millones de personas.

Si bien se reconoce una reducción de la pobreza por ingresos, impulsada principalmente por los ajustes al salario mínimo y, en menor medida, por la entrega directa de programas sociales, un análisis riguroso de la evidencia revela cuellos de botella estructurales preocupantes.

El deterioro en el acceso a los derechos sociales básicos pone de manifiesto brechas críticas para la sostenibilidad del desarrollo del país. Por ejemplo, la carencia por acceso a los servicios de salud afecta hoy a 44.5 millones de personas, lo que representa 34.2 por ciento de la población y un incremento considerable frente a los 18.8 millones registrados en 2016.

A ello se suma que la falta de acceso a la seguridad social continúa siendo la carencia más extendida, al afectar a 48.2 por ciento de la población, mientras que el rezago educativo impacta a 24.2 millones de personas. Esta realidad se agrava al considerar la profunda disparidad regional: entidades como Nuevo León registran una pobreza multidimensional de 10.6 por ciento, mientras que estados como Chiapas y Guerrero superan el 58 por ciento.

El asistencialismo alivia la coyuntura inmediata, pero resulta insuficiente para generar movilidad social intergeneracional. La verdadera superación de la pobreza requiere empleo formal de calidad, productividad e inversión constante. Actualmente, la informalidad laboral abarca a cerca de 54 por ciento de la fuerza de trabajo, lo que condena a millones de familias a la incertidumbre económica y las mantiene al margen de los sistemas de pensiones y de protección de la salud.

Sin un ecosistema institucional que favorezca la inversión privada, el Estado de derecho y la capacitación técnica, las transferencias gubernamentales corren el riesgo de convertirse en un paliativo permanente que no atienda las causas estructurales de la marginación. Las transferencias monetarias compensan la pérdida de ingresos en el corto plazo, pero sólo el empleo formal, la educación de calidad y el acceso efectivo a la salud generan condiciones duraderas de equidad.

El sector empresarial no es un espectador, sino uno de los principales motores del desarrollo. El desarrollo social no se decreta por la vía legislativa ni se resuelve de manera unidireccional; se construye todos los días desde las empresas, mediante la creación de valor compartido. Frente a este panorama, la iniciativa privada propone impulsar una agenda nacional sustentada en tres frentes estratégicos:

En primer lugar, es prioritario consolidar la Nueva Cultura Salarial, basada en un salario para una vida digna, garantizando que el ingreso en el sector formal no sólo supere la línea de pobreza individual, sino que también permita el bienestar integral de las familias.

En segundo lugar, se requiere acelerar la coinversión en capital humano mediante alianzas público-privadas que vinculen la formación técnica con la demanda real del mercado laboral.

Finalmente, resulta urgente diseñar una estrategia nacional de formalización que reduzca las cargas regulatorias para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su transición hacia esquemas productivos con acceso pleno a la seguridad social.

La inclusión social no constituye una meta filantrópica ni una agenda secundaria; es un imperativo para fortalecer la competitividad y la estabilidad del país.

Desde Coparmex reiteramos nuestra disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en la construcción de un gran pacto nacional orientado a impulsar la productividad, el empleo formal y una justicia social sostenible.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @heraldodemexico X:@jsierraalvarez

Al cierre del primer semestre de este 2026, las cifras de la economía real nos envían una señal de alerta profunda que el país entero debe atender sin distracciones: el empleo formal ha perdido dinamismo y el ritmo de creación de plazas se encuentra peligrosamente lejos de lo que nuestra sociedad demanda.

Entre enero y junio apenas logramos registrar 262 mil 628 nuevos puestos de trabajo ante el IMSS. Esta cifra representa menos de la mitad de los cerca de 600 mil empleos que requeríamos en este periodo para mantenernos en la ruta de alcanzar 1.2 millones de puestos anuales que México necesita. El crecimiento anual del empleo formal se ha rezagado 2%, ubicándose por debajo de nuestro promedio histórico.

Detrás de cada estadística hay historias humanas y empresariales complejas. De acuerdo con información de #DataCoparmex, aunque más de seis de cada 10 empresarios tienen la firme intención de expandir sus negocios, apenas el 39.5% considera que este es un momento propicio para arriesgar su capital. La razón de este freno es un entorno asfixiado por la incertidumbre económica, la inseguridad y la falta de claridad en las reglas del juego.

Mientras el empleo formal se desacelera, la otra cara de la moneda sigue lacerando nuestro tejido social: la informalidad laboral atrapa a 55.2% de la población ocupada. Hablamos de 33.4 millones de mexicanas y mexicanos que se ganan la vida cotidianamente sin acceso a la seguridad social, sin una pensión digna, sin créditos para vivienda ni ninguna red básica de protección. Esta es la gran brecha que debemos cerrar si realmente aspiramos a ser una nación con justicia distributiva.

El mejor programa social que puede tener una nación es el empleo formal. Ninguna dádiva o subsidio gubernamental sustituye la dignidad, la estabilidad y la movilidad social que otorga un trabajo con prestaciones de ley. Pero el empleo sostenible surge única y exclusivamente de empresas que encuentran un entorno favorable para invertir, crecer, aumentar su productividad y competir.

Para recuperar el dinamismo perdido, necesitamos un cambio radical en la política económica interna. Urge consolidar una simplificación administrativa real mediante ventanillas únicas digitales que eliminen el laberinto de trámites duplicados.

Requerimos una estrategia frontal y focalizada contra la extorsión y el cobro de piso. Asimismo, es imperativo garantizar un suministro confiable de energía e infraestructura moderna, junto con esquemas fiscales simplificados que incentiven a las Mipymes a transitar hacia la formalidad.

México cuenta con el talento, la capacidad empresarial y la resiliencia probada para salir adelante. Pero las oportunidades se construyen con decisiones firmes, Estado de Derecho y certidumbre jurídica.

Es momento de dejar de ver al sector productivo como un obstáculo o un simple recaudador, y comenzar a reconocerlo como el motor indispensable del desarrollo nacional. Si queremos que el mercado laboral vuelva a latir con fuerza, debemos darle a quien invierte y trabaja las condiciones para triunfar.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @eleconomista X:@jsierraalvarez

Durante décadas, México ha celebrado la llegada de inversiones, la apertura de nuevas plantas y el crecimiento de las exportaciones. Son logros relevantes que han fortalecido nuestra economía y consolidado a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo.

Sin embargo, la siguiente pregunta es mucho más importante que las anteriores: ¿qué lugar queremos ocupar dentro de esa integración?

No basta con participar en las cadenas globales de valor. El verdadero desafío consiste en hacerlo desde posiciones donde las empresas mexicanas aporten conocimiento, innovación, especialización y tecnología. En otras palabras, debemos dejar de medir nuestro éxito únicamente por lo que producimos y comenzar a medirlo por el valor que somos capaces de generar.

Los datos muestran que la integración regional ha sido extraordinaria. Desde 1994, el comercio de América del Norte prácticamente se quintuplicó y, desde la entrada en vigor del T-MEC, aumentó 55%. Hoy, el 61% de las organizaciones mexicanas exporta principalmente hacia Estados Unidos y Canadá, mientras que el 47% obtiene de esos mercados buena parte de los insumos que utiliza en sus procesos productivos.

En un momento en que el T-MEC entra en una etapa de revisiones periódicas y el entorno internacional exige mayor capacidad de adaptación, el verdadero reto consiste en lograr que un mayor número de empresas mexicanas escale dentro de esas cadenas productivas y ocupe espacios de mayor sofisticación.

Se trata de competir por conocimiento. Alemania ofrece una referencia interesante con el modelo de los Hidden Champions: empresas medianas que, lejos de buscar protagonismo, se convierten en líderes mundiales dentro de mercados altamente especializados gracias a la innovación, la excelencia operativa y una visión de largo plazo.

México tiene todas las condiciones para desarrollar sus propios Hidden Champions. Contamos con talento, experiencia industrial, ubicación estratégica y acceso preferencial a algunos de los mercados más importantes del mundo. Lo que hace falta es acelerar el desarrollo de capacidades empresariales que permitan cambiar esa ventaja geográfica en liderazgo competitivo.

Esa es precisamente la reflexión que impulsó COPARMEX con la sexta edición de las Juntas Internacionales 2026, bajo el lema Hidden Champions México: Cómo construir empresas líderes de nicho con impacto global. Más que un encuentro entre especialistas, empresarios e instituciones, abrimos una conversación estratégica sobre el tipo de empresas que México necesita construir durante la próxima década.

Porque convertirse en un líder de nicho requiere invertir en innovación, fortalecer el talento técnico, incorporar nuevas tecnologías, acceder a financiamiento, establecer alianzas estratégicas y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes y proveedores.

También exige un entorno que incentive la inversión. Ninguna empresa puede planear su crecimiento si enfrenta incertidumbre jurídica, inseguridad, infraestructura insuficiente o una regulación excesivamente compleja. La competitividad requiere condiciones públicas que permitan a las empresas desarrollar todo su potencial.

Durante mucho tiempo hablamos del nearshoring como una oportunidad histórica para México. Hoy debemos comenzar a hablar de algo todavía más ambicioso: construir empresas mexicanas capaces de liderar mercados globales.

Ese es el verdadero siguiente paso de nuestra integración económica.

Artículo de Opinión escrito por, Pedro Higuera Velázquez, Comisario de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX X: @PedroHigueraEF

La corrupción, en todos sus ámbitos, es un factor que afecta la competitividad de las empresas. Pero antes de enfocarnos en el problema de la corrupción, vale la pena preguntarnos cómo beneficia la competitividad empresarial a la sociedad.

Con frecuencia pensamos que sus efectos se limitan al mundo de los negocios.

Sin embargo, van mucho más allá: la competitividad se traduce en la generación de empleos y en el acceso a mejores bienes y servicios, tanto en términos de precio como de calidad. De ahí que la corrupción no afecte únicamente a las empresas, sino también a las personas y a las condiciones de vida de nuestras comunidades.

La corrupción deteriora el entorno social, afecta el poder adquisitivo y en casos extremos puede llevar al cierre de negocios y, con ello, a la pérdida de empleos formales. Además, cada vez que cierra un negocio formal se abre un espacio para la informalidad.

Sin lugar a dudas, son varios los factores que contribuyen al crecimiento de la informalidad. Sin embargo, la corrupción también incide en la generación de empleos formales y en otros ámbitos fundamentales, como la recaudación de contribuciones. Al no promover la creación de unidades económicas formales y cumplidas con sus obligaciones fiscales, también se limitan los recursos disponibles para financiar el gasto público y mejorar la calidad de vida de las personas.

Un porcentaje importante de nuestra economía se encuentra en la informalidad. De acuerdo con el INEGI, la economía informal representó 25.4% del PIB en 2024, mientras que el empleo informal alcanzó 55% en 2025. La economía informal representa, por tanto, un reto estructural para nuestro país.

La corrupción es uno de los grandes obstáculos para construir un círculo virtuoso que impulse la competitividad. Fomenta la informalidad y dificulta la construcción de un país con altura de miras, capaz de atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Al analizar los estándares internacionales que miden los niveles de corrupción, observamos una relación clara entre integridad institucional, democracia y desarrollo. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, los países con mejores resultados son, en su mayoría, democracias sólidas. Canadá obtuvo 75 puntos; Dinamarca, 89; Finlandia, 88, y Noruega, 81.

México obtuvo 27 puntos y se ubicó en la posición 141 de 181 países. En 2020, nuestro país ocupaba la posición 124. En contraste, algunos de los principales países que invierten en México se ubicaron en mejores posiciones en 2025: Canadá, en la 16; Estados Unidos, en la 29, y España, en la 49.

Por ello, insisto: la corrupción no contribuye a fomentar la formalidad, y la formalidad es una plataforma indispensable para hacer de México un país más competitivo. Es en la economía formal donde pueden generarse mejores condiciones de productividad, un factor clave para el desarrollo de las naciones.

Corea del Sur, por ejemplo, alcanzó altos niveles de desarrollo a partir de una apuesta decidida por mejorar su productividad.

Aspiramos a ser un país desarrollado, y no únicamente para ocupar una mejor posición en el mundo por el tamaño de nuestra economía. Aspiramos a mejorar la calidad de vida de nuestra población en ámbitos como la educación, la atención médica, la certeza jurídica, la seguridad y la integridad física, así como en la generación de empleos con mayores niveles de capacitación y remuneración.

La generación de empleos depende de la inversión productiva. Nuestra economía participa en una competencia global por atraer inversiones e incrementar nuestras exportaciones. Sin embargo, no podemos alcanzar mayores niveles de desarrollo si la corrupción continúa presente como una práctica que distorsiona las reglas, eleva los costos y desalienta la inversión.

He hablado de los efectos de la corrupción, pero ¿qué la fomenta?

Son varios los factores que pueden propiciarla, entre ellos la sobrerregulación administrativa, la discrecionalidad injustificada, la opacidad y la falta de evaluaciones objetivas que permitan medir los avances en su reducción.

También tenemos el reto de mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público y reducir los espacios para las prácticas indebidas.

Por eso, para reducir la corrupción debemos pasar del discurso a las acciones. Se requieren instituciones sólidas, reglas claras, procesos transparentes, evaluación permanente y una verdadera voluntad para cerrar los espacios que permiten que las prácticas indebidas continúen.

Combatir la corrupción no es únicamente una obligación ética. Es una condición indispensable para fortalecer la formalidad, elevar la productividad, atraer inversión y construir el país desarrollado al que aspiramos.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @laprensaoem X: @Armando_ZunigaS

Esta semana tuve el honor de participar en el Foro Nacional de Seguridad realizado en el Senado de la República, representando a miles de mujeres y hombres que forman parte del sector de la seguridad privada en mi calidad de presidente nacional de ASUME.

Fue un espacio de diálogo serio, plural y oportuno. En tiempos donde las amenazas evolucionan a una velocidad inédita, resulta indispensable sentarnos en la misma mesa quienes compartimos la responsabilidad de proteger a México desde distintos frentes.

Mi reconocimiento y agradecimiento a las senadoras Lucía Trasviña Waldenrath y Juanita Guerra Mena por abrir las puertas del Senado a este intercambio de ideas y por impulsar una agenda que entiende que la seguridad debe analizarse desde una perspectiva integral. Asimismo, expreso mi agradecimiento a Aldo Valencia Montes de Oca por la organización de un foro que reunió voces con experiencia y compromiso para debatir uno de los temas más relevantes para el presente y el futuro del país.

Garantizar que empresas puedan operar

Durante muchos años se creyó que la seguridad nacional era una responsabilidad exclusiva del Estado. Hoy esa visión ha cambiado. La realidad demuestra que proteger a México también implica garantizar que las empresas puedan operar, que la infraestructura estratégica permanezca segura, que las cadenas de suministro no se interrumpan y que millones de trabajadores puedan desarrollar sus actividades en condiciones de certidumbre.

Los datos oficiales respaldan esta realidad. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirma que la delincuencia sigue representando uno de los principales costos para las unidades económicas del país. Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestra que la percepción de inseguridad continúa influyendo en la confianza de la población y en las decisiones de inversión.

En ese contexto, la seguridad privada ha dejado de ser únicamente un servicio de vigilancia. Hoy protege hospitales, parques industriales, bancos, puertos, aeropuertos, centros logísticos, instalaciones energéticas, edificios corporativos y sistemas tecnológicos que permiten que la economía siga funcionando todos los días.

La propia Ley de Seguridad Nacional reconoce la importancia de proteger la infraestructura estratégica y preservar las condiciones que permitan el desarrollo nacional. Desde esa perspectiva, la seguridad privada no sustituye la función de las instituciones públicas; la complementa con profesionalismo, prevención, tecnología y capacidad de respuesta.

Pero los riesgos también han cambiado. A las amenazas tradicionales se suman los ataques cibernéticos, el robo de información, el sabotaje tecnológico, la inteligencia criminal y los riesgos que enfrentan las cadenas globales de suministro. Por ello, la respuesta debe evolucionar con mayor inteligencia, innovación tecnológica, capacitación permanente y coordinación mucho más estrecha entre autoridades y sector privado.

La seguridad, inversión estratétiga

Estoy convencido de que la seguridad ya no puede verse como un gasto, sino como una inversión estratégica que protege vidas, patrimonio, empleos y crecimiento económico. No hay empresa competitiva sin continuidad operativa, ni desarrollo sostenible sin condiciones de seguridad.

El Foro Nacional de Seguridad dejó un mensaje claro: México enfrenta enormes desafíos, pero también cuenta con instituciones, especialistas y sectores productivos dispuestos a construir soluciones de manera conjunta. Ese camino de diálogo y colaboración merece mantenerse abierto.

Porque al final, cuando una empresa protege a su gente, resguarda su operación y fortalece su capacidad de seguir generando empleo, también está contribuyendo a fortalecer a México. La seguridad nacional no es responsabilidad de unos cuantos; es una tarea compartida que comienza todos los días desde cada espacio donde se trabaja por el bienestar del país.

Artículo de Opinión escrito por Juan Pablo Castañón Presidente del Comité de Principios y Valores de Coparmex | Vía: @El_Universal_Mx X: @jpcastanon

Hace ocho años, la negociación del T-MEC se desarrolló en un entorno complejo, adverso y marcado por la incertidumbre, tal como ocurre hoy con su revisión. Han cambiado muchas cosas; sin embargo, habiendo participado activamente en el “cuarto de junto” del sector privado como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estoy convencido de que los ejes estratégicos para lograr un buen resultado para México son, esencialmente, los mismos.

Más allá de los aranceles y las declaraciones del presidente Donald Trump contra el Tratado, desde su entrada en vigor, en julio de 2020, el comercio regional creció casi 50%, hasta alcanzar 1.1 billones de dólares. Más importante aún, América del Norte sigue posicionándose como la región con mayor potencial en el mundo en términos de mercado, producción y competitividad, en gran medida gracias a la integración y la complementariedad que venimos construyendo desde 1994.

Nuestras exportaciones a Estados Unidos aumentaron 34%, hasta cerca de 545 mil millones de dólares. Ya somos su primer proveedor y cliente; además, llegaron más de 210 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y la gran oportunidad de la relocalización sigue viva.

Para aprovechar plenamente esa oportunidad, hay que superar las limitaciones internas que frenan la inversión y, al mismo tiempo, lograr una negociación efectiva para que el Tratado siga siendo un factor de competitividad y certidumbre. Aquí es donde resulta útil revisar lo que se hizo en 2017 y 2018.

Entonces, en el equipo negociador, nos propusimos trabajar con estrategia y unidad. Con el liderazgo de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y posteriormente con el respaldo de Jesús Seade, representante del gobierno electo, todos nos avocamos a defender a México, sin protagonismos, con generosidad y evitando interferencias políticas.

Ningún sector sería moneda de cambio en favor de otro y el foco estaba en procurar que actores estadounidenses clave fueran quienes convencieran al gobierno de Trump. Con esa orientación, cabildeamos con cientos de empresarios del más alto nivel, la mitad de los gobernadores y decenas de legisladores.

Esos aliados siguen ahí. Más de 500 cámaras de comercio, asociaciones agrícolas y organizaciones industriales estadounidenses piden la continuidad del Tratado. Business Roundtable, que agrupa a más de 200 CEOs de las mayores empresas, hizo explícito su apoyo en una carta formal al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en noviembre de 2025 y lo refrendó el pasado 1 de julio.

Según el Instituto Peterson de Washington, entre 15 y 20 estados, tanto demócratas como republicanos, respaldan firmemente el Tratado debido a la dependencia de sus exportaciones y cadenas de suministro, con millones de empleos vinculados. Además, las encuestas muestran una opinión pública abrumadoramente favorable: según una encuesta de Global Business Alliance, 72% de los votantes considera que el Tratado es bueno para su economía.

En medio de tanta incertidumbre, estos datos nos permiten tener la certeza de que el T-MEC difícilmente será cancelado, además de que ello requeriría el aval del Congreso.

En el equipo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, existe plena conciencia del valor de estos activos, y esa alineación ya dio un resultado importante en el compromiso estadounidense de proteger a la industria de autopartes frente a nuevos aranceles.

Ese es un buen precedente para la urgente prioridad de anular o reducir los aranceles de la Sección 232 aplicables a automóviles, acero y aluminio, así como para blindar a otros sectores. El objetivo debe ser el libre comercio efectivo, con reglas de origen que combatan las triangulaciones de otros países e impulsen la sustitución de importaciones. Lo indispensable es que el Tratado sea una fuente de confianza para que las empresas puedan planear y ejecutar proyectos de largo plazo.

La incertidumbre persistirá por un tiempo, pero puede ser mitigada, más aún si trabajamos en lo que depende de nosotros: Estado de Derecho, seguridad, infraestructura energética y logística.

Tras la tercera ronda de la revisión, hay dos elementos adicionales que vale la pena considerar:

• Si Estados Unidos quiere que el Tratado se revise cada año, existe un aspecto positivo: la oportunidad de actualizarlo y adecuarlo a las circunstancias vigentes. En un entorno tan cambiante, como lo demuestra la nueva tanda de aranceles aplicables a 60 países bajo la Sección 301 en materia de trabajo forzado, ello puede convertirse en una fortaleza.
• Para la negociación y para brindar certeza a Estados Unidos sobre la integración comercial y productiva, resulta estratégico que México avance hacia un programa de sustitución de importaciones asiáticas e impulse la proveeduría nacional. Las organizaciones empresariales tienen ahí una misión: construir alianzas con empresas tractoras para capacitar a PyMEs que puedan ser financiadas por la banca e incorporarse a cadenas como la automotriz y de autopartes.

México está llamado a ser la quinta economía del mundo. Para ello, debemos enfocarnos en fortalecer la industria mexicana y su competitividad internacional.

La incertidumbre puede paralizar, pero también puede alentar la unidad, el enfoque estratégico, la resiliencia y la toma de decisiones determinantes. Esa es la clave en este momento decisivo para el T-MEC y para México.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez

Hablamos del T-MEC como una gran puerta de acceso al mercado de América del Norte. Y lo es. Desde 1994, el comercio regional casi se quintuplicó y, desde la entrada en vigor del tratado en 2020, creció 55%.

Pero quizá hemos dedicado menos tiempo a una pregunta más importante: ¿qué tipo de empresas necesita México para aprovechar plenamente esa integración?

Hoy, el 61% de las organizaciones mexicanas exporta principalmente a Norteamérica y el 47% obtiene de Estados Unidos y Canadá los insumos que utiliza en sus procesos productivos. Eso significa que nuestra economía está profundamente integrada a las cadenas regionales de valor. Sin embargo, una parte importante de las empresas mexicanas sigue participando en los eslabones de menor valor agregado.

Ahí es donde surge una de las discusiones más relevantes para el futuro económico del país.

¿Cómo logramos que más negocios mexicanos dejen de competir únicamente por precio y se conviertan en referentes de especialización, innovación y calidad?

La respuesta pasa por construir lo que en Alemania se conoce como Hidden Champions: empresas altamente especializadas que dominan nichos específicos, desarrollan capacidades técnicas únicas y se convierten en socios estratégicos dentro de las cadenas globales de valor. 

Precisamente esa es la conversación que Coparmex impulsa este año en sus Juntas Internacionales, un espacio concebido para analizar cómo más empresas mexicanas pueden dejar de competir únicamente por costos y comenzar a hacerlo mediante innovación, especialización y valor agregado. 

México tiene las condiciones para desarrollar sus propios “campeones ocultos”.

Tenemos talento, capacidad productiva, experiencia manufacturera y una ubicación geográfica privilegiada. Lo que necesitamos es acelerar la transición hacia una economía donde más empresas puedan diseñar, innovar, certificar, desarrollar tecnología y ofrecer soluciones de alto valor para América del Norte.

La revisión del T-MEC ha vuelto a colocar el tema de la competitividad regional en el centro de la conversación. Frente a un entorno internacional más complejo, la mejor estrategia es fortalecer nuestras capacidades internas.

También implica algo fundamental: conectar a las MiPyMEs con las grandes cadenas de suministro.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99.8% de las unidades económicas del país y generan cerca del 70% del empleo. Si logramos que una mayor proporción de ellas evolucione de proveedor básico a proveedor especializado, el impacto en productividad, innovación y desarrollo regional puede ser enorme.

El nearshoring ha abierto una oportunidad histórica. Muchas compañías buscan reducir su dependencia de Asia y fortalecer sus operaciones en América del Norte. Pero esa oportunidad requiere empresas capaces de cumplir estándares internacionales, entregar con calidad, innovar y convertirse en parte indispensable de las cadenas productivas.

Por eso, la conversación sobre el T-MEC debe ir más allá de los aranceles y las reglas de origen. El verdadero desafío es construir una nueva generación de empresas mexicanas que puedan liderar nichos específicos en sectores como manufactura avanzada, dispositivos médicos, autopartes, tecnologías industriales, logística, servicios especializados y soluciones digitales.

El futuro del T-MEC se decidirá en los talleres, laboratorios, plantas y centros de innovación donde las empresas mexicanas desarrollen las capacidades que América del Norte demandará durante las próximas décadas.

Si México logra construir más empresas especializadas, más proveedores estratégicos y más líderes de nicho, fortalecerá su capacidad para competir con el mundo.