La inteligencia artificial transforma cómo trabajamos, producimos y decidimos. Pasó de promesa a herramienta cotidiana. Puede diagnosticar enfermedades, optimizar procesos y anticipar climas. Sin embargo, consume energía, agua y genera huella ambiental.

¿Puede una herramienta que promete ayudar contra el cambio climático, convertirse en un factor que lo agrave?

La respuesta no es sencilla.

Asociamos la transformación digital con menor consumo, pero no es inmaterial. Existen centros de datos, redes, refrigeración y dispositivos cuya fabricación requiere minerales y energía.

La IA acelera esta demanda.

El costo invisible de la revolución digital

La Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó que los centros de datos consumieron 415 teravatios-hora en 2024, el 1.5% del consumo mundial.

Podría alcanzar 945 teravatios-hora para 2030, más del doble en seis años, superando el consumo de Japón.

Otro recurso fundamental es el agua.

Los centros de datos requieren enfriamiento. Según tecnología y clima, demandan agua directa e indirectamente.

¿Qué sucede cuando se instalan en regiones con escasez hídrica?

El desafío no es solo cuánta agua consume un centro de datos, sino dónde, cuándo y cómo se utiliza.

No es lo mismo operar con electricidad renovable en una región con disponibilidad hídrica que en una zona con estrés hídrico y combustibles fósiles.

La paradoja: la IA también puede ser parte de la solución.

Sería un error concluir que debemos frenar la IA para proteger al planeta.

Necesitamos aprovechar su capacidad para resolver problemas ambientales con velocidad y precisión.

• En la industria, analiza datos para identificar desperdicios, anticipar fallas, optimizar energía y mejorar producción.

• En sistemas eléctricos contribuye a pronosticar generación solar y eólica, gestionar demanda y facilitar energías renovables.

• En agricultura ayuda a utilizar el agua eficientemente, detectar enfermedades y optimizar fertilizantes.

• En ciudades contribuye a mejorar la movilidad, administrar edificios inteligentes y fortalecer la gestión de residuos.

• Frente al cambio climático, incluye modelos de predicción, alertas tempranas y herramientas para comprender fenómenos complejos.

Que una tecnología pueda reducir emisiones no significa que las reduzca.

Dependerá de cómo y dónde se implemente, qué energía utiliza, qué procesos sustituya y si disminuye el consumo.

La eficiencia tecnológica puede generar ahorros, pero también estimular mayor demanda.

Necesitamos medir resultados reales y no solamente celebrar posibilidades tecnológicas.

México frente a una nueva oportunidad industrial

Este debate tiene relevancia estratégica.

Nuestra cercanía con Estados Unidos, el nearshoring y la transformación de cadenas de suministro pueden convertirnos en un destino atractivo para inversiones tecnológicas y centros de datos.

Sin embargo, atraer infraestructura digital va más allá de los montos anunciados. Debemos preguntarnos cuánta electricidad demandará, de dónde provendrá, qué presión ejercerá sobre recursos hídricos y qué beneficios dejará a las comunidades.

No podemos construir una economía digital del siglo XXI utilizando criterios ambientales del siglo pasado.

Es fundamental avanzar hacia una visión de smartshoring, donde la competitividad incorpore energía limpia, infraestructura moderna, talento, innovación, tecnologías verdes y responsabilidad ambiental.

La IA puede fortalecer esta transformación en manufactura, logística, energía y servicios. De la mano con redes eléctricas confiables, bajas emisiones, eficiencia hídrica y reglas claras que den certidumbre a empresas y protejan el interés público.

No hablamos de elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Sin sostenibilidad, el crecimiento enfrentará límites costosos.

¿Quién debe pagar la factura ambiental?

¿Las empresas tecnológicas? ¿Los operadores de centros de datos? ¿Los consumidores? ¿Los gobiernos?

La respuesta debe construirse desde una responsabilidad compartida, pero diferenciada.

Las grandes tecnológicas y operadores deben medir y transparentar consumos de energía, agua y emisiones, metas verificables.

Los gobiernos deben diseñar políticas públicas que promuevan inversiones responsables, que protejan recursos naturales.

Las empresas que adoptamos tecnologías debemos evaluar su impacto integral. Más que implementar IA para mejorar productividad; debemos preguntarnos si también contribuye a objetivos ambientales y sociales.

La academia y centros de investigación deben desarrollar tecnologías eficientes y formar talento especializado.

Los ciudadanos, debemos comprender que nuestras decisiones digitales forman parte del consumo de recursos.

De la inteligencia artificial a la inteligencia sostenible

Tras tres décadas en el sector privado, he atestiguado cómo la tecnología transforma procesos industriales, comerciales y logísticos. Las transformaciones ocurren cuando la innovación se acompaña de evolución en nuestra responsabilidad ambiental.

En mi libro Travesía hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta, comparto como crecimiento económico y sostenibilidad no son opuestos. Avanzan juntos cuando las decisiones generan valor económico, social y ambiental.

La IA, una nueva etapa.

Su éxito radica en mejorar la vida de las personas sin comprometer recursos futuros.

La revolución tecnológica puede ayudarnos a enfrentar desafíos o profundizarlos si ignoramos las consecuencias.

La pregunta es: ¿tendremos suficiente inteligencia humana para una IA sostenible?

La factura ambiental siempre llega. Si no la asumimos hoy, las próximas generaciones la pagarán. Nos corresponde hoy, también en nuestro entorno tecnológico, invertir en realizar:

¡¡¡ACCIONES SOSTENIBLES!!!

Artículo de opinión escrito por Salvador Carrejo Orozco, Presidente del Comité de Planeación y Desarrollo de Consejos Directivos de Coparmex | vía: @ElIndpendiente

El proceso electoral 2026-2027 ya arrancó y no es uno más. En junio elegiremos 20 mil 61 cargos: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales y poco más de 18 mil cargos municipales. La lista nominal será la más grande de nuestra historia, con más de 102 millones de personas, y se prevé instalar cerca de 177 mil casillas.

La magnitud impresiona, pero la ciudadanía debe enfocarse, sobre todo, en la integridad del proceso. El primer reporte electoral de Integralia enumera los riesgos con una claridad incómoda: precampañas anticipadas, financiamiento ilícito, intervención del crimen organizado, violencia política, uso clientelar de programas sociales, compra de votos, injerencia de servidores públicos e irregularidades durante la jornada. A ello se suma el riesgo de repetir uno de los problemas más graves que hemos padecido: la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, que marcó la controversia de 2024 y a la que en COPARMEX señalamos y nos opusimos con firmeza.

Ninguno de estos riesgos es nuevo. Lo nuevo sería que la sociedad decidiera dejar de tolerarlos.

En COPARMEX lo decimos sin rodeos: una elección no es limpia solo porque se cuenten bien los votos. Es limpia cuando el voto es libre; cuando nadie compra conciencias con despensas o tarjetas; cuando ningún funcionario usa el presupuesto como herramienta de campaña; cuando ningún candidato llega a la boleta con dinero o permiso del crimen. Esa exigencia es para todos, sin excepción: para quien gobierna y para quien aspira a ocupar un cargo de elección popular en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Hay, además, un dato que pocos han subrayado: será la última elección con reelección consecutiva de diputados federales y, en muchas entidades, de legisladores locales y alcaldes. Para miles de quienes hoy ocupan un cargo, la boleta será su evaluación de desempeño. Es un poder enorme en manos de la ciudadanía: premiar a quien cumplió y retirar su respaldo a quien no. Pero también es una tentación peligrosa, porque quien busca repetir tiene a la mano el cargo, el presupuesto y los programas públicos. Usarlos como plataforma de campaña no es astucia política: es abuso y debe señalarse.

Las cifras agravan la responsabilidad. Según datos preliminares, la democracia electoral federal costará en 2027 más de 46 mil millones de pesos, el monto más alto desde el año 2000, y los partidos recibirán cerca de 10 mil 800 millones de pesos de financiamiento público. En este contexto, cada peso que entre por fuera de la ley, provenga de un gobierno, de una empresa o del crimen, no constituye una falta menor: puede configurar un delito electoral y daña gravemente la democracia y, por ende, el Estado de Derecho.

Los empresarios también tenemos que mirarnos al espejo. Quien financia campañas por debajo de la mesa para asegurarse contratos o favores no está invirtiendo: está comprando impunidad y erosionando las instituciones que dan certeza a su propio negocio. COPARMEX no acompaña esas prácticas ni las va a encubrir.

¿Qué haremos? Nuestros Centros Empresariales convocarán a candidatas y candidatos a foros públicos para que presenten propuestas concretas, no consignas. Les pediremos firmar compromisos verificables de integridad: rechazar dinero ilícito, deslindarse de cualquier vínculo criminal y no usar programas sociales con fines electorales. Daremos seguimiento público a esos compromisos y señalaremos a quien los incumpla, sea del color que sea.

También llamaremos a participar. Pediremos a las empresas que den facilidades para que sus colaboradores voten y para que quienes resulten sorteados funjan como funcionarios de casilla. Esas casi 177 mil casillas serán integradas por ciudadanos, no por partidos, y constituyen la primera línea de defensa del voto. Promoveremos el voto informado y la observación electoral. También exigiremos a las autoridades electorales imparcialidad, autonomía y apego estricto a la Constitución, incluida la asignación de diputaciones plurinominales.

La defensa de la democracia no se delega. Una elección con baja participación es terreno fértil para el clientelismo y la intimidación; una ciudadanía que vota, vigila y denuncia es su mejor antídoto. El Modelo de Desarrollo Inclusivo de COPARMEX parte de una convicción: sin Estado Democrático y de Derecho no hay inversión, ni empleo ni desarrollo que llegue a todos.

2027 definirá el equilibrio de poder de la segunda mitad del sexenio y el camino hacia 2030. Por su importancia, debemos asegurarnos de que esa decisión la tomemos los ciudadanos, libremente y con información. Que nadie decida por nosotros.  

En nuestro país hablamos de diversificación comercial cuando surge una crisis internacional. Lo hicimos cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles, cuando las cadenas de suministro colapsaron durante la pandemia y, más recientemente, con la relocalización de empresas derivada del nearshoring. El problema es que, en muchas ocasiones, esta diversificación se queda en el discurso oficial, atrapada entre la burocracia y la falta de una estrategia de largo plazo.

La reconstrucción de Ucrania: la más grande de nuestra generación

La guerra ha provocado enormes pérdidas humanas, económicas y materiales en Ucrania. Su recuperación representa uno de los mayores desafíos internacionales de las próximas décadas.

De acuerdo con la quinta Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5), elaborada por el Banco Mundial, el Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea y Naciones Unidas, las necesidades de reconstrucción y recuperación ascienden a 587,700 millones de dólares durante los próximos diez años.

Los sectores con mayores necesidades son transporte, con aproximadamente 96,000 millones de dólares; energía, con 91,000 millones; vivienda, con 90,000 millones; comercio e industria, con 63,000 millones; y agricultura, con 55,000 millones.

Estas cifras permiten dimensionar el desafío, pero también identificar sectores en los que las empresas mexicanas podrían aportar soluciones mediante el suministro de maquinaria, materiales de construcción, equipos industriales, tecnología y servicios especializados.

La pregunta no es si habrá oportunidades de negocio. Las habrá por cientos de miles de millones de dólares. La verdadera pregunta es si México llegará a tiempo para aprovecharlas o si, como suele ocurrir, veremos pasar el tren mientras redactamos mesas de trabajo, diagnósticos y programas.

El Banco Mundial también ha señalado que, bajo condiciones adecuadas, el sector privado podría contribuir con alrededor del 40% del financiamiento necesario para la recuperación. La reconstrucción de Ucrania no será financiada únicamente por gobiernos y organismos internacionales. También requerirá empresas capaces de proveer infraestructura, logística, materiales, tecnología y servicios especializados.

Y ahí México tiene algo que aportar.

Una relación comercial con espacio para crecer

Aunque México y Ucrania mantienen intercambios comerciales, todavía existe un amplio margen para diversificar productos y fortalecer sus vínculos empresariales.

De acuerdo con Data México , en 2024 el principal producto exportado de México a Ucrania fue el alcohol etílico, con un valor de 1.98 millones de dólares, mientras que el principal producto importado fueron los minerales de titanio y sus concentrados, por 34.1 millones de dólares.

Estos intercambios muestran algunas de las actividades que conectan a nuestras economías, pero también la necesidad de ampliar la cooperación hacia sectores de mayor valor agregado.

Ucrania posee capacidades en agricultura, ingeniería y tecnologías de la información. México , por su parte, dispone de una base manufacturera diversificada, experiencia exportadora y una posición estratégica en las cadenas de valor de América del Norte.

La complementariedad es evidente. Lo que no es tan evidente es que exista una política pública mexicana decidida a acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de nuevas oportunidades internacionales.

De los acuerdos a las oportunidades concretas

El memorándum firmado entre COPARMEX y la UCCI establece un canal permanente de comunicación y cooperación empresarial. Contempla el intercambio de información económica, la vinculación entre empresas y la organización de encuentros, seminarios y actividades comerciales.

Sin embargo, los acuerdos no generan empleos por sí solos. Los empleos los generan las inversiones. Y las inversiones llegan cuando existe información, financiamiento, certeza jurídica y acompañamiento institucional.

La experiencia internacional demuestra que los acuerdos adquieren verdadero valor cuando permiten identificar contrapartes confiables, reducir barreras de información y facilitar decisiones empresariales.

Una visión empresarial de largo plazo

Desde COPARMEX consideramos que la cooperación internacional debe contribuir al crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de empresas competitivas.

La reconstrucción de Ucrania será, ante todo, una tarea de recuperación humana, económica y social. La participación empresarial debe acompañar ese esfuerzo con responsabilidad, respeto al derecho internacional y una perspectiva de desarrollo sostenible.

México tiene capacidad industrial, talento empresarial y experiencia exportadora para participar en este proceso. Lo que aún está por demostrarse es si tenemos la visión estratégica para lograrlo.

Durante años hemos repetido que queremos diversificar nuestros mercados. Hoy aparece una oportunidad concreta para pasar de las palabras a los hechos. La pregunta es si estaremos listos para aprovecharla o si, dentro de algunos años, volveremos a hacer lo que mejor sabemos en este país: explicar por qué una gran oportunidad terminó beneficiando a otros.

Artículo escrito por Jaleyna de la Peña Molina, Consejera Delegada de Derechos Humanos de Coparmex vía, @AuroradeMexico X: @jaleynadelapena

¿Quién participa en las decisiones que definen nuestras leyes? ¿Qué intereses están representados y cuáles quedan fuera de la conversación? En una democracia, estas preguntas son tan importantes como conocer el resultado de una votación.

El cabildeo suele asociarse con grandes empresas y negociaciones a puerta cerrada. Sin embargo, influir en las políticas públicas también es una actividad legítima de sindicatos, universidades, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos.

La OCDE reconoce que estas actividades pueden mejorar las decisiones públicas cuando existen condiciones de transparencia, integridad y acceso equitativo; es decir, el problema no es la participación, sino la influencia que permanece fuera del escrutinio público.

México: más reglas, pero menor cumplimiento
El Panorama de Integridad y Anticorrupción 2026 de la OCDE ofrece un diagnóstico revelador: México cumple con 40% de los criterios regulatorios evaluados en materia de cabildeo, frente al promedio de 43% de los países miembros. Sin embargo, en su aplicación práctica alcanza apenas 22%, contra 38% del promedio.

Las cifras muestran una brecha preocupante entre las disposiciones existentes y su implementación. Aunque la Cámara de Diputados y el Senado cuentan con reglas y registros de cabilderos, estos mecanismos se concentran en el Poder Legislativo y no constituyen un sistema integral que abarque otras instituciones públicas.

Registrar quién participa es necesario, pero insuficiente. También necesitamos conocer qué intereses representa, qué decisiones busca modificar y cuáles son los argumentos que presenta.

La experiencia internacional: participar con responsabilidad
Business at OECD (BIAC), el interlocutor empresarial institucional ante la OCDE, ha señalado que la participación empresarial puede ser organizada, representativa y transparente. Entre sus principios institucionales destacan la confianza, la construcción de consensos y la rendición de cuentas sobre sus prioridades y actividades.

Esta experiencia ofrece una lección: la legitimidad de la representación empresarial no debe descansar en el acceso privilegiado a los gobiernos, sino en la calidad de sus propuestas y la transparencia de sus intereses. Una regulación laboral, por ejemplo, puede perseguir objetivos legítimos y generar dificultades de cumplimiento para pequeñas empresas. Escuchar a trabajadores, empleadores y especialistas permite anticipar consecuencias y construir mejores soluciones.

La participación de distintos sectores no sustituye la responsabilidad de las autoridades, la complementa con información y experiencia.

Hacia una nueva generación de transparencia
La OCDE advierte que la influencia ya no ocurre únicamente mediante reuniones presenciales, sino que también puede ejercerse a través de campañas digitales, estudios financiados por terceros, organizaciones intermediarias y plataformas de comunicación. Por ello, México necesita actualizar su conversación sobre el cabildeo.

Una agenda moderna debería contemplar registros públicos accesibles, identificación de los intereses representados, agendas institucionales abiertas y trazabilidad de las aportaciones recibidas durante la elaboración de leyes y políticas públicas. También requiere mecanismos de supervisión, reglas para prevenir conflictos de interés y medidas frente a las llamadas puertas giratorias entre el servicio público y el sector privado.

La tecnología puede facilitar este proceso mediante plataformas digitales que permitan consultar quién participó en una discusión, qué propuso y cómo evolucionó una iniciativa. Pero la transparencia también debe ser incluyente. Los requisitos de participación no pueden convertirse en obstáculos que excluyan a organizaciones pequeñas o colectivos sin grandes recursos.

La integridad también se demuestra al influir
Desde la Comisión Nacional de Integridad y Anticorrupción de Coparmex consideramos que la participación empresarial debe estar sustentada en evidencia, apertura al diálogo y responsabilidad frente a la sociedad.

No basta con exigir integridad a quienes toman decisiones, pues las organizaciones que buscamos incidir en ellas también debemos transparentar nuestras posiciones, reconocer posibles conflictos de interés y aceptar el escrutinio público.

México tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo donde la influencia no dependa de relaciones personales, recursos económicos o cercanía con el poder, sino de procesos abiertos y reglas aplicables a todos.

La democracia no exige que dejemos de influir, exige que podamos explicar cómo, para quién y con qué propósito lo hacemos, porque una decisión pública no solo debe ser legal: también debe poder explicarse a la ciudadanía cómo se construyó.

Artículo de Opinión escrito por: Carlos Villaseñor Franco | Vicepresidente de Finanzas en Coparmex | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @CarlosD_VF

El pasado mes de septiembre fue clave en la vida pública y democrática de nuestro país. En primer lugar, dio inicio formal el proceso electoral ordinario 2026-2027; a la par, se cumplió el primer año de operaciones de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación.

¿Qué tienen en común estos dos hitos? Ambos están estrechamente ligados con la certidumbre jurídica y política de México, variables que hoy ocupan un papel relevante en la vida económica, social y empresarial de nuestro país, tal como lo muestra la última encuesta sobre las expectativas de los economistas del sector privado del Banco de México, que sitúa los problemas relacionados con la falta de Estado de derecho como la segunda preocupación en materia de gobernanza, solo por debajo de los problemas de inseguridad pública.

Además de los resultados presentados por el Banco de México, a inicios de este mes, COPARMEX Nacional presentó la primera entrega de resultados del Monitor Judicial Data COPARMEX, que contó con la participación de casi 4 mil empresas representadas en 71 Centros Empresariales de COPARMEX; es decir, una fotografía de prácticamente todo el país. Entre los resultados, destacan dos datos relevantes.

1. Siete de cada diez empresas consideran que los ajustes al Poder Judicial de la Federación han impactado negativamente en sus decisiones de inversión o expansión.
2. Ocho de cada diez empresas modificaron o están evaluando modificar su estrategia de protección jurídica.

Estos resultados deben llevarnos a la acción. Es preocupante que un poder que, por mandato, debe dotar de certidumbre jurídica comience a generar un efecto contrario, que influye cada vez más en las decisiones de apertura y expansión de quienes deciden apostar por el país, pero, sobre todo, en la certeza de las miles de personas que a diario se enfrentan a actos de autoridad.

En cuanto al segundo resultado del monitoreo, vale la pena analizarlo desde la perspectiva de la estructura empresarial. En México, más del 90% de las empresas son micro y pequeñas, lo cual las coloca en una situación de desventaja a la hora de implementar estrategias de protección jurídica, tanto por su capacidad operativa como por sus recursos financieros.

Hoy, las micro y pequeñas empresas tienen que lidiar con problemas de inseguridad, pero también con temas de corrupción y barreras regulatorias, situaciones ante las cuales más del 50% de las empresas consultadas en Data COPARMEX han reportado algún tipo de complicación.

Estos dos últimos temas están estrechamente ligados con las funciones de defensa que debería garantizar un Poder Judicial independiente y autónomo, una condición que hoy parece lejana.

¿Cómo se relacionan estos resultados con la imparcialidad del Poder Judicial?

Estos resultados son relevantes porque muestran la vulnerabilidad jurídica a la que se enfrentan las empresas, que podrían encontrar en el amparo un instrumento de protección. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de garantizar legalidad y justicia ante los actos de autoridad.

Los mismos resultados del Monitor Judicial Data COPARMEX muestran que las medidas de protección que las empresas consideran implementar son los contratos, los mecanismos de arbitraje, los seguros y las estrategias de litigio. Estas acciones representan un reto operativo y financiero para más del 90% de las empresas, lo cual podría traducirse en un mayor cierre de empresas, además del que ya vivimos desde hace prácticamente dos años.

Los datos son reveladores. No contar con un aparato de justicia imparcial y autónomo afecta no solo la actividad económica, sino también la calidad de vida de las personas. Por ello, en COPARMEX siempre hemos sido contundentes al señalar que la certidumbre jurídica es la base para crear empresas más fuertes, permitir que las MiPyMEs sigan operando y garantizar que la inversión, el empleo y la mejora de las condiciones de vida de las personas lleguen a nuestro país.

Sin embargo, a poco más de un año del inicio de operaciones de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación, la realidad dista mucho de lo que prometía ser un cambio en favor del Estado de derecho y de la defensa jurídica de las personas. Si bien existían áreas de mejora en la impartición de justicia, los cambios no solo dejaron de atender esas áreas de oportunidad, sino que, en muchos casos, hemos detectado un retroceso en un sistema judicial que ya se encontraba deteriorado.

Por ello, con la propuesta que caracteriza a la Confederación y con el objetivo de construir un México con instituciones sólidas que brinden certeza a quienes deciden emprender, invertir y apostar por el país, se impulsará una agenda técnica de seguimiento al Poder Judicial que garantice la independencia judicial, la profesionalización y la imparcialidad.

Las empresas necesitan condiciones no solo para invertir, sino también para sobrevivir y continuar generando empleo. Necesitan justicia que garantice reglas claras, piso parejo y un México más próspero y con desarrollo inclusivo.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @Excelsior  X:@jsierraalvarez

La conformación del Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental (Consea) representa una oportunidad histórica para México: es la posibilidad real de construir acuerdos duraderos entre quienes generan empleo y quienes representan a los trabajadores. 

Que 24 organizaciones sindicales y 12 organismos empresariales hayan refrendado su voluntad de diálogo es una señal clara: la sociedad productiva está dispuesta a asumir responsabilidades compartidas para enfrentar los retos económicos, laborales y ambientales que nos desafían.

El diálogo social es una herramienta para generar confianza y certidumbre. En un país donde la polarización y la desconfianza suelen paralizar decisiones, el Consea puede convertirse en un mecanismo que traduzca coincidencias en políticas públicas y en acciones concretas. 

Para lograrlo, es indispensable que este espacio funcione con reglas claras de gobernanza, comisiones temáticas con objetivos medibles y una agenda que priorice resultados tangibles para las personas y las empresas.

Entre los aciertos del proceso está la decisión de crear comisiones especializadas y Consea estatales. 

No existe una receta única para todo el país; por ello, llevar el diálogo a las entidades federativas permitirá adaptar propuestas a realidades locales y acelerar su implementación.

La agenda propuesta, deducibilidad de prestaciones, medio ambiente, Infonavit, relaciones internacionales y salud es pertinente. Pero la diferencia entre una buena agenda y una agenda efectiva radica en la implementación. 

Es necesario que las mesas técnicas integren a la academia, centros de investigación y sociedad civil, y que sus conclusiones se traduzcan en propuestas de políticas públicas, indicadores y plazos.

Un punto central es la relación entre diálogo social y competitividad. Si queremos que más mipymes se integren a cadenas de valor y que el empleo formal crezca en calidad, necesitamos políticas que combinen incentivos, financiamiento y acompañamiento técnico.

La legitimidad del Consea dependerá de su transparencia y rendición de cuentas. Publicar progresos, indicadores y resultados permitirá evaluar su impacto y ajustar estrategias.

México necesita espacios donde la responsabilidad colectiva se traduzca en soluciones. El Consea tiene el potencial de ser uno de ellos.

Si lo aprovechamos con rigor técnico, voluntad política y compromiso empresarial y sindical, podremos construir acuerdos que impulsen empleo de calidad, desarrollo regional y una economía más competitiva e incluyente.

Ése es el desafío que hoy tenemos frente a nosotros.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

Europa había sido ejemplo de estabilidad y progreso en las pasadas décadas, pero en los últimos años, y sobre todo en los meses recientes, predomina un importante descontento social, lo que culmina en un estado social, principalmente en Francia, pero también ocurre en Italia, en España y hay brotes de conflicto social en los Países Bajos y en el Reino Unido. Diversos grupos sociales, de distintas edades e ideologías hacen frente común en su enfrentamiento contra los diversos gobiernos. Esta situación amenaza replicarse en otros países en las siguientes semanas, incluso en Latinoamérica, sin descartar a México.

Las causas originales para entender estos conflictos pueden ser muy diversas, como es la demanda por más recursos para la educación o apoyo a los sectores más necesitados, mayores facilidades para adquirir vivienda o incrementos en los sueldos y salarios. En general destacan los programas de apoyo a la población, como son el servicio médico gratuito o de bajo costo, así como el seguro al desempleo, lograr educación pública de calidad y gratuita y varios más.

Es decir, la principal demanda de la sociedad es que se proporcionen más recursos a los distintos programas que otorgan los gobiernos, es decir que aumente el gasto público. Sin embargo, lo frecuente es que en su origen se propongan y se aprueben estos programas sin un esquema claro de cómo se van a fondear, es decir, de dónde se van a obtener los suficientes recursos para que operen en el presente y en el futuro.

Como los recursos públicos no son suficientes para todos los programas públicos, lo que ha sucedido es que los gobiernos han incrementado su deuda, es decir, esperan que los siguientes gobiernos y generaciones absorban este costo. Por ejemplo, la deuda del gobierno en Japón representa el 250% de su PIB, en Italia es el 135%, en Grecia la deuda equivale al 146% del PIB, en España el 122%, mientras en el Reino Unido es el 93%. El caso de Estados Unidos es diferente porque su gobierno puede imprimir su propia moneda para pagar su deuda, pero la misma ya equivale al 122% de su PIB. El caso más elevado es el de Venezuela, donde la deuda ya equivale al 309% de su PIB.

Este mayor endeudamiento tenía un reducido impacto en el total del gasto público por las bajas tasas de interés, cercanas al 1% mensual a finales de la década pasada. Sin embargo, en la actualidad ya son superiores al 4% que, aunque podría parecer ahora todavía reducida en términos reales, su servicio se ha cuadruplicado en estos meses, es decir se ha multiplicado por cuatro.

Esta situación se complica aún más por la reducción o suspensión del apoyo de los Estados Unidos a la OTAN, en un momento en que se incrementa la percepción de que el gobierno ruso podría invadir otros países en aquel continente. Por lo mismo se ha acordado que los países miembros de esta organización dediquen el 5% de su PIB a incrementar el gasto militar, lo que elevaría su déficit fiscal aún más.

Como resultado, el gasto público se tiene que reducir en otras áreas de la sociedad, resultando en los conflictos mencionados. Esto tiene un fuerte impacto en todos los países y se agrava por el bajo crecimiento económico de los últimos años, debido a los elevados impuestos y las regulaciones que las distintas empresas tienen en aquella zona del mundo. Durante varios años los distintos gobiernos se han caracterizado por dar un mayor énfasis a la distribución del ingreso, a los apoyos sociales y a mejoras a la población.

Como resultado de lo anterior, las empresas han perdido competitividad frente a otros países, lo que resulta en un bajo crecimiento económico. Resalta la reducción de los programas energéticos que permitirían una reducción de los costos de las empresas, resaltando la cancelación de los programas nucleares para generar energía eléctrica. Por otro lado, la apertura de sus economías a la competencia de países de menores costos como China y Vietnam, generó que las empresas de la zona hayan tenido una reducción en sus ventas resaltando la industria automotriz y otras más.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @El_Universal_Mx X:@jsierraalvarez

La seguridad social es uno de los compromisos más importantes que puede asumir un país con sus trabajadores. Su valor está en la certeza de que, cuando una persona enferma, encontrará atención médica, medicamentos y personal suficiente para recibir un tratamiento oportuno.

Ese compromiso debe cumplirse. Trabajadores y empresas aportan recursos para sostener al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la expectativa legítima de que sus contribuciones se traduzcan en servicios de calidad. Cuando esa expectativa no se cumple, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y se convierte en una deuda con millones de familias.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 muestran la dimensión del desafío. De los 53.6 millones de derechohabientes del IMSS, 38.2 millones tuvieron una necesidad de salud, pero solo 13.5 millones recibieron atención en el propio Instituto. Cerca de 16 millones tuvieron que buscarla en otro lugar. La afiliación, por sí sola, no garantiza el acceso efectivo a los servicios.

Detrás de estas cifras hay decisiones difíciles para las familias. Una consulta privada, un estudio de laboratorio o la compra de un medicamento que debería estar disponible representan gastos que deben cubrir con recursos destinados a alimentación, vivienda, educación y otras necesidades. El gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar.

Así, una parte del costo de las deficiencias del sistema termina trasladándose a quienes ya contribuyen a financiarlo. Esta es una contradicción que México debe resolver: contar con una institución de seguridad social de enorme relevancia y permitir que millones de sus derechohabientes tengan que buscar alternativas para atender sus necesidades médicas.

El problema no se resuelve únicamente con mayores presupuestos. También exige revisar cómo se planean, distribuyen y ejercen los recursos, qué resultados producen y por qué las carencias persisten. El presupuesto debe evaluarse por su capacidad para garantizar servicios..

La discusión presupuestaria para 2027 ilustra este reto. De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, aunque el gasto público destinado a medicamentos y materiales médicos alcanzaría un máximo en el periodo analizado, el presupuesto del IMSS para estos rubros disminuiría 5.9%, equivalente a 7 mil 373 millones de pesos. La suficiencia de recursos debe examinarse institución por institución, atendiendo las necesidades reales de quienes dependen de sus servicios.

También es indispensable reconocer a quienes sostienen diariamente la atención. El personal médico, de enfermería, técnico y administrativo del IMSS realiza una labor fundamental, muchas veces bajo condiciones complejas. No se puede exigir una mejor atención sin proporcionarles medicamentos, equipamiento, infraestructura adecuada y suficientes plazas para desempeñar su trabajo con seguridad y dignidad.

La solución requiere una agenda verificable. El Instituto debe informar periódicamente sobre el abasto de medicamentos, las causas de las faltas, la cobertura de vacantes, los tiempos de atención y los resultados de las medidas correctivas. La transparencia debe permitir identificar dónde están los rezagos y comprobar si las decisiones adoptadas están mejorando el servicio.

En COPARMEX sostenemos que las cuotas obrero-patronales deben reflejarse en una atención médica digna, oportuna y de calidad. Esto exige responsabilidad en el uso de los recursos, planeación financiera de largo plazo y una evaluación constante de los resultados. Ampliar las necesidades que debe atender el sistema sin asegurar los recursos y la capacidad operativa necesarios compromete su sostenibilidad.

La seguridad social debe medirse por la posibilidad real de recibir atención, conseguir un medicamento y acceder a un tratamiento cuando más se necesita.

Trabajadores y empresas cumplen con su parte al contribuir al sostenimiento del IMSS. La institución y las autoridades responsables deben cumplir la suya garantizando que esos recursos se traduzcan en servicios efectivos.

Porque detrás de cada cuota hay una persona que trabaja, una familia que necesita protección y una expectativa legítima de atención.

La seguridad social debe demostrar su valor allí donde más importa: en la vida de las personas.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, periodo que coincide con los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS aumentó 14.5%, frente a una inflación acumulada de 7.3%.

Esta ganancia real, sostenida por el esfuerzo de las empresas y el trabajo de sus colaboradores, representa una mejora importante para las familias que cuentan con un empleo formal y plantea el desafío de sostenerla y extender sus beneficios a más personas.

La mejora salarial coincide con señales de recuperación económica, después de un periodo de bajo crecimiento y caída de la inversión. Entre enero y agosto de 2026, la actividad económica acumuló un crecimiento estimado de 1.6%. En julio, la inversión fija bruta aumentó 6% anual y sumó cuatro meses consecutivos de avances. Son señales favorables, aunque todavía insuficientes para generar las oportunidades de empleo y desarrollo que requiere el país.

La recuperación también presenta límites. El consumo privado mantiene un avance débil y una parte del dinamismo exportador se concentra en productos electrónicos y de cómputo con elevado contenido importado. Esto reduce su efecto positivo sobre los proveedores nacionales y el resto de la economía. La moderación de la inflación favorece el poder adquisitivo, aunque persisten presiones en servicios y alimentos.

En el empleo persiste una brecha importante. Durante estos dos años se agregaron 446 mil puestos registrados en el IMSS, mientras que la ocupación informal aumentó en casi un millón de personas. La generación de empleo formal sigue siendo insuficiente y muchas personas buscan por su cuenta una fuente de ingresos, sin la seguridad social ni la protección laboral necesarias.

Al mismo tiempo, se agudizan problemas que comprometen la sostenibilidad de los avances. En salud, el desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal y la saturación de instalaciones dificultan que las aportaciones de trabajadores y empresas se traduzcan en atención oportuna.

En la justicia, los rezagos en la resolución de asuntos y la incertidumbre sobre la protección de derechos y el cumplimiento de contratos afectan las decisiones de inversión. Las empresas destinan recursos a reforzar su protección jurídica y algunas posponen proyectos. Son costos que reducen su capacidad para ampliar operaciones, incorporar tecnología y generar empleo.

Estas dificultades, junto con la presión sobre las finanzas públicas, muestran que sostener la recuperación exige atender problemas que hemos venido señalando en estas páginas. De ahí la importancia de retomar algunas prioridades para orientar las decisiones de los próximos años.

Recuperar la confianza exige mejorar la manera en que funcionan las instituciones. Esa confianza influye en la disposición de las empresas a invertir y hoy muestra señales de deterioro. De acuerdo con #DataCoparmex 2026, el porcentaje de empresas encuestadas que considera que es un buen momento para invertir cayó de 39.5% a 23% en un año.

En el sistema judicial, reducir los rezagos, resolver oportunamente y ofrecer criterios previsibles son requisitos concretos que permitirían recuperar certidumbre para ciudadanos y empresas.

México necesita un entorno en el que la legalidad, la productividad y la responsabilidad tengan ventajas reconocibles. Simplificar obligaciones, aplicar las reglas de manera pareja, crear estímulos fiscales a la inversión y contratar proveedores formales forman parte de ese propósito. También importa que las contribuciones de quienes cumplen se traduzcan en servicios públicos que protejan efectivamente a sus trabajadores y familias.

Elevar la productividad es indispensable para sostener mejores salarios y financiar las necesidades futuras del país. El envejecimiento de la población hará cada vez más importante generar mayor valor por cada persona que trabaja.

El éxito exportador necesita convertirse en capacidad productiva dentro del país. ¿Cuántas empresas mexicanas participan en esas exportaciones y cuánto valor generan? El elevado contenido importado de algunos de los productos más dinámicos refuerza la necesidad de desarrollar proveedores nacionales.

Ampliar la capacidad productiva exige también una mayor apertura del sector energético a la inversión privada. México necesita electricidad y gas suficientes, confiables y a precios competitivos, junto con infraestructura para su generación, transporte y almacenamiento.

La inseguridad también debe medirse por lo que impide hacer. La extorsión limita la libertad de trabajar y disponer del propio patrimonio. Prevenir estos daños exige inteligencia, coordinación y una respuesta decidida de las autoridades.

Las mejoras laborales deben considerar quién absorbe sus costos y cómo puede hacerlo. El diálogo tripartito debe encontrar mecanismos que hagan compatibles los nuevos derechos con la permanencia y el crecimiento del empleo formal.

El gasto público está creciendo más rápido que los ingresos y reduce el margen para atender las necesidades futuras. El déficit se amplió y el superávit primario disminuyó. Posponer los ajustes puede acumular desequilibrios que desemboquen en una crisis fiscal, deterioren la confianza, frenen la inversión y afecten severamente el crecimiento y el empleo.

La democracia debe ofrecer certeza sobre cómo se accede al poder y cuáles son sus límites. Rumbo a 2027, esa certeza exige reglas electorales claras, autoridades imparciales, vigilancia eficaz y respeto a los resultados.

El segundo año ofrece una mejor base que el primero, pero el avance salarial y la recuperación económica requieren condiciones que les den continuidad. El resultado deberá verse en más personas con empleo formal, empresas que decidan ampliar sus operaciones y familias que reciban los servicios por los que contribuyen. Desde el sector empresarial seguiremos impulsando el diálogo y las propuestas necesarias para que esa mejoría pueda sostenerse y alcanzar a más mexicanos.

Artículo de opinión escrito por, Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario e Islas | Vía: @elsolde_mexico

México tiene, por primera vez desde 2020, una radiografía actualizada de su población. La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI confirma avances, pero también evidencia algo que desde las regiones conocemos bien: el país no avanza al mismo ritmo. Y cuando las brechas se amplían, se pierden talento, inversión y oportunidades de futuro.

El dato más contundente es nuevo: 1.6 millones de personas abandonaron su hogar por la violencia entre 2020 y 2025. Las proporciones más altas se registran en Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro y Michoacán, con alrededor de 2% de su población; Baja California Sur también presenta una cifra cercana.

Esta distribución debería preocupar a quienes apostamos por los puertos y las regiones insulares. Colima y Michoacán albergan Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dos de las principales puertas del Pacífico para nuestro comercio exterior. Baja California Sur depende en gran medida del turismo, mientras que Querétaro es un referente del nearshoring. No podemos aspirar a ser una plataforma logística global mientras las familias que hacen funcionar estos nodos abandonan sus comunidades. Sin seguridad, la infraestructura pierde a las personas que le dan vida.

Las otras brechas también importan. Tres de cada cuatro hogares tienen internet, pero solo cuatro de cada diez cuentan con una computadora: la conexión existe, pero la capacidad digital productiva sigue siendo limitada. Apenas 47% de los jóvenes de 15 a 24 años estudia, justo cuando las aduanas, los puertos y las cadenas de suministro demandan técnicos calificados. Además, uno de cada cuatro mexicanos no está afiliado a ningún servicio de salud.

El 4.7% de los hogares recibe remesas, una fuente de ingresos que hoy enfrenta mayor incertidumbre, ante las nuevas restricciones financieras en Estados Unidos. Al mismo tiempo, 150 mil connacionales regresaron al país durante el periodo, y muchos llegan por nuestras fronteras en busca de oportunidades laborales. Representan talento que nuestras regiones pueden y deben aprovechar.

Estas cifras no son solo estadísticas: trazan el mapa de los territorios donde se juega la competitividad del país. Las regiones fronterizas, portuarias e insulares son la cara de México ante el mundo; por ellas entran las inversiones y salen nuestras exportaciones. Cuando sus comunidades pierden población, sus jóvenes carecen de oportunidades de formación o sus familias viven con miedo, el costo trasciende lo local y lo resiente toda la economía. Por eso, la Encuesta Intercensal no puede leerse únicamente a partir de promedios nacionales; es indispensable analizar sus resultados región por región.

El desarrollo regional no se decreta desde el centro: se construye con información, coordinación y confianza entre el gobierno, las empresas y las comunidades. La Encuesta Intercensal ya nos mostró dónde estamos. Ahora nos corresponde decidir hacia dónde queremos ir.