El Paquete Económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1% del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025. Este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1.8% a 2.8%, que dependerán de las garantías que otorgue el gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas. 

Resulta inquietante que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9%, se esté estimando en 4.3%. Sin embargo, es positivo que las principales calificadoras internacionales ratifiquen la confianza en la política fiscal del gobierno. En este sentido, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos esencial que el Gobierno de México sí cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento que establece en el Paquete Económico 2026. 

El gasto público muestra decisiones que requieren atención. En particular, los pilares sociales enfrentan riesgos importantes: la caída en el presupuesto de la Secretaría de Salud (-3.2%) ocurre cuando 44.5 millones de personas reportan carencia por acceso a servicios médicos; el gasto en Educación, aunque aumenta 6.4%, sigue siendo insuficiente para revertir el rezago educativo; y la disminución del (-)17.5% en Seguridad Ciudadana debilita la capacidad de proteger a la población y de mantener un entorno atractivo para la inversión. 

El presupuesto estima que la inversión pública aumentará 19.8% en términos reales, alcanzando 1.25 billones de pesos (3.2% del PIB), de los cuales 960.1 mil millones corresponden a inversión física. No obstante, esta cifra sigue lejos de la meta del 5% del PIB requerida para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, lo que concentra recursos en un solo sector y reduce la diversificación de proyectos estratégicos.

Asimismo, se contempla un incremento en impuestos que puede afectar la confianza de inversionistas. El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aun cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo. Por otro lado, el combate a factureras es necesario, sin embargo, los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionan la certeza jurídica.

La Ley de Ingresos proyecta un incremento real de 62.2% en los ingresos por impuestos de importación respecto a lo aprobado en 2025, lo que equivale a 97.7 mil millones de pesos adicionales. Adicionalmente, iniciará la discusión de una reforma a la Ley Aduanera. Si bien el objetivo debería ser equilibrar la balanza comercial, un aumento excesivo en los gravámenes podría generar presiones inflacionarias y afectar los procesos productivos. Una reforma que no logre conciliar la eficiencia operativa con el combate a prácticas ilegales terminaría por deteriorar la competitividad del sector productivo, impactando especialmente a las MiPYMEs, que requieren trámites ágiles y eficientes para poder crecer. 

Existen también factores que limitan el espacio fiscal. El gasto en pensiones alcanza los 2.3 billones de pesos (considerando pensiones contributivas y no contributivas como la Pensión a Adultos Mayores), equivalente a 6% del PIB. A esto se suma el costo financiero de la deuda de 1.6 billones de pesos, lo que limita la capacidad de maniobra del gobierno y condiciona la asignación de recursos en sectores estratégicos. 

Desde COPARMEX subrayamos la importancia de destinar recursos al fortalecimiento de las MiPyMEs, que son el corazón de la economía mexicana y generan la mayoría de los empleos. Invertir en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para estas empresas permitirá no solo mejorar su competitividad, sino también garantizar que el crecimiento económico alcance a todos los sectores y regiones del país, fomentando el empleo formal y estabilidad económica local. Esto requiere también un proyecto global que incentive la inversión y la reinversión en todo el país. 

Reafirmamos que el crecimiento económico depende de factores clave: seguridad, Estado de Derechos, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión. Solo atendiendo estos elementos será posible consolidar un entorno que permita a México mantener estabilidad fiscal, atraer inversión y generar empleos de calidad, asegurando así un crecimiento sólido y sostenible.

Desde COPARMEX, manifestamos una profunda inquietud por el rumbo que está tomando la relación entre el Estado y la ciudadanía. La desaparición de la gran mayoría de órganos autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo (sin mecanismos de control) y la falta de apertura al diálogo plural y técnico, nos obligan a alzar la voz. 

El proceso legislativo reciente -de nueva cuenta- mostró un patrón inaceptable: la aprobación acelerada de iniciativas sin un debido análisis, sin transparencia, y sin considerar las voces de expertos, ni de la sociedad civil. Las consecuencias de este proceder son serias y duraderas. Por ello, presentamos un análisis de las principales reformas aprobadas, sus riesgos y, sobre todo, nuestra posición como organismo comprometido con la defensa del Estado de Derechos.

La concentración de poder siempre ha representado una amenaza para la libertad. En México, la ciudadanía ha conquistado espacios de participación y vigilancia a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Hoy, con mayorías legislativas abrumadoras, se cancela el disenso y se impone una sola visión; se reemplaza el diálogo por la imposición. Este no es el camino para fortalecer el Estado de Derechos: una democracia sólida se construye escuchando y respetando la diversidad de voces.

Concentración del poder en materia de seguridad

Una de las reformas más relevantes fue la modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que centraliza funciones clave bajo el mando federal, fortaleciendo la Guardia Nacional subordinada a la SEDENA. Aunque se mantiene un discurso de “formación civil”, se introducen términos ambiguos como “amor a la patria” y “federalismo cooperativo”, lo que abre la puerta a la ideologización de la seguridad pública.

Además, la reforma debilita los contrapesos locales, pues se elimina la autonomía operativa de las instancias estatales y municipales. Pese a que se promueve la participación de los ayuntamientos, no existen mecanismos vinculantes que garanticen su efectividad.  

Esta centralización plantea múltiples riesgos: militarización indirecta de tareas civiles, sobrecarga para municipios sin recursos suficientes y menor vigilancia ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.

Riesgos de vigilancia masiva e intrusión en la privacidad

La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública refuerza una lógica centralista al establecer un sistema nacional de inteligencia bajo la coordinación de la SSPC. Se crea una Subsecretaría específica y se permite el cruce masivo de información sensible de las personas entre bases de datos nacionales e internacionales, sin controles judiciales robustos ni autorización por parte de la ciudadanía para compartirlos.

Con esta iniciativa no existen salvaguardas claras para proteger los datos personales de los ciudadanos. La ausencia de límites explícitos habilita la posibilidad de una vigilancia generalizada, sin control judicial efectivo ni transparencia. En este escenario, se corre el riesgo de utilizar herramientas tecnológicas para fines ajenos a la seguridad pública, como es el espionaje. 

Un sistema de inteligencia que opera sin contrapesos externos y sin un modelo claro de rendición de cuentas, representa una amenaza directa a los derechos individuales consagrados en la Constitución.

Uso político de la identidad ciudadana

Otro cambio relevante es la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, la cual introduce la Plataforma Única de Identidad, conectada con la CURP, registros forenses y otros sistemas. Esta plataforma impone la obligación a ciudadanos y autoridades de compartir datos biométricos, estableciendo la CURP con biometría como documento nacional de identidad universal.

El mecanismo centraliza información sensible sin contar con garantías sólidas de protección de datos, lo que aumenta el riesgo de filtraciones, abusos y posibles inhibiciones a la participación democrática si se condicionan derechos políticos al uso de esta CURP. Además, al reconocerla como documento primario, podría desplazarse gradualmente a la credencial del INE, debilitando su rol como autoridad electoral y afectando la confianza en los procesos democráticos.

Ataque a la autonomía regulatoria en telecomunicaciones

La propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea, en su lugar, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ambas bajo control del Ejecutivo federal.

Esta reconfiguración debilita la imparcialidad regulatoria, politiza decisiones clave, pone en riesgo la neutralidad tecnológica y compromete la seguridad jurídica del sector, que aporta 3.3% al PIB nacional. Además, afecta el cumplimiento de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC.

La reforma también obliga a que todas las compañías de telefonía identifiquen a sus usuarios —incluso de prepago— mediante la CURP. Quienes no cumplan podrían perder el servicio, afectando a millones de personas, especialmente en comunidades marginadas, y profundizando la brecha digital.

Postura de COPARMEX 

Desde COPARMEX sostenemos que la peor herencia que puede dejar un régimen es la desaparición de los órganos autónomos, porque en ella se extingue la posibilidad de que el ciudadano tenga voz ante el poder. Por eso, seguiremos firmes, vigilantes y actuando en defensa del México democrático que juntos hemos construido. Por ello rechazamos la aprobación de reformas al vapor, sin deliberación profunda ni apertura al diálogo ciudadano. Las decisiones que alteran la arquitectura institucional del país deben surgir de procesos abiertos, transparentes y técnicamente sustentados. Lamentamos que en este periodo extraordinario se haya ignorado esa responsabilidad democrática.

La democracia necesita equilibrios, no sumisiones. Instituciones como el INAI y el IFT garantizaban transparencia, competencia, privacidad y acceso a la información. Su eliminación representa una pérdida para toda la sociedad.

En un entorno global donde la confianza y la certeza jurídica son clave para la inversión, la centralización del poder y la subordinación institucional comprometen el desarrollo económico. Sin instituciones fuertes, no hay crecimiento ni justicia social.

México atraviesa enormes retos en materia de seguridad, economía y política exterior; por ello, se impone la necesidad de escuchar a la ciudadanía y no desmantelar los avances institucionales que nos han costado décadas construir.

Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que nos unen: la libertad, la democracia y el respeto a la ley. Levantaremos la voz, acudiremos a las vías legales y seguiremos construyendo alianzas con los ciudadanos para proteger lo que hemos logrado con décadas de esfuerzo colectivo. No vamos a permitir que el autoritarismo sustituya al diálogo, ni que el poder sin contrapesos suplante a la democracia. México nos necesita firmes, unidos y vigilantes.

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La conformación del Consejo Nacional Económico, Social y Ambiental, anunciado ayer en el histórico encuentro entre sindicatos y empleadores, es muestra de que la alianza entre empresarios y trabajadores es inquebrantable y que, como resultado del diálogo social, surgirán propuestas concretas para incidir en la agenda del Gobierno.

Desde COPARMEX destacamos la convergencia de organizaciones sindicales que representan a la gran mayoría de los sectores laborales, así como las distintas representaciones empresariales, unidas todas en un objetivo común: mejorar las condiciones laborales sin afectar la productividad de las empresas.

Sabemos que, cuando empleadores y trabajadores caminamos juntos, el país avanza con paso firme y que el diálogo social es posible y urgente. Es la mejor semilla para cosechar un México más fuerte, más justo y más próspero.

La creación del Consejo es un paso más en la alianza forjada a partir de diciembre de 2024, cuando se propuso una reforma al INFONAVIT que representaba una amenaza directa al tripartismo y a la gobernanza institucional del Instituto.

Entonces, como ahora, sindicatos y empleadores seguimos haciendo historia, trabajando juntos y demostrando que, cuando hay una visión compartida y unidad en los principios, los acuerdos son posibles, porque somos el binomio que hace fuerte a México.

A partir de ahora, trabajaremos para darle forma al Consejo, donde las voces del trabajo y de la producción podrán dialogar y construir propuestas consensuadas para enfrentar los retos que compartimos.

Como lo destacó nuestro presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez: “Será un espacio donde cada propuesta nazca del consenso, cada ruta de acción defienda el empleo formal y priorice el bienestar de nuestras familias y de toda la sociedad. Será también un laboratorio de soluciones, capaz de anticipar retos emergentes —digitalización, cambio climático, movilidad laboral— y de proponer políticas públicas innovadoras. Nos inspiramos en experiencias internacionales exitosas que demuestran que estos espacios elevan la productividad laboral, mejoran las condiciones de vida y cuidan el medio ambiente.”

Invitamos al Gobierno de México a sentarse en este Consejo como aliado fundamental: su participación garantizará que nuestras propuestas no se queden en el papel, sino que se traduzcan en políticas públicas de largo plazo, que fortalezcan el empleo formal, el bienestar de las personas trabajadoras, la competitividad, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

En el arranque de un nuevo capítulo en la historia de las relaciones laborales de nuestro país, construiremos un Consejo que honre la dignidad del trabajo, impulse la innovación y ponga en el centro a quienes hacen grande a nuestra nación: las y los trabajadores y las empresas.

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Con el objetivo de reunir a representantes de gobierno, líderes empresariales y expertos en comercio exterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llevó a cabo el “Summit Comercio México–Norteamérica: Más allá del T-MEC”. El encuentro sirvió como plataforma para analizar el impacto del tratado trilateral en la economía de la región, identificar rutas para aprovechar al máximo sus beneficios y plantear alternativas que permitan diversificar mercados, impulsando así la competitividad de las empresas mexicanas a nivel global.

La jornada arrancó con la charla inaugural “Perspectivas de Comercio Exterior: retos y oportunidades para Norteamérica”, donde participaron Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX, y Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía. Este diálogo abrió el espacio para reflexionar sobre el futuro del comercio regional en un contexto internacional convulso.

Durante su intervención, Juan José Sierra resaltó la importancia de fortalecer la integración regional y diversificar los mercados. “Este Summit es un punto de encuentro para el diálogo informado y constructivo. Nos reunimos con el propósito de analizar el impacto del T-MEC en la economía de México y Norteamérica. Identificar estrategias para maximizar sus beneficios y al mismo tiempo explorar alternativas que nos permitan diversificar nuestros mercados de exportación y fortalecer la competitividad global de las empresas”, declaró.

Por su parte, Marcelo Ebrard, destacó que estamos en una transición hacia un sistema más proteccionista en el que ya no se compite únicamente por ventajas comparativas, sino por el costo de acceso a los mercados. Señaló que: “Dentro de ese sistema nuevo, aún por definir en su mayor parte, lo que tenemos que buscar es que las condiciones de México sean las más favorables que las de los demás con los que competimos, esa es la meta”. Además, comentó que en el marco de las tensiones entre Estados Unidos y China, México tiene la oportunidad de aprovechar sus tratados para diversificar mercados y expandir su presencia comercial en Asia Pacífico. Lo expresó así: “Podemos dar el brinco a convertirnos en un país exportador a muchas regiones del mundo. No hay una razón estructural para no hacerlo. Hoy, estamos orientados principalmente hacia Estados Unidos —es lógico y no lo vamos a dejar de estar—, pero podemos cualitativamente convertirnos en un país mucho más importante en nuestras exportaciones a otras regiones del mundo”.

Posteriormente, se llevó a cabo el panel “Análisis de la política arancelaria actual”, cuyo objetivo fue ofrecer una visión integral de los impactos que los aranceles generan en la inversión, el comercio y la competitividad. Participaron Brenda Estefan, profesora del IPADE Business School, y Lila Abed, Directora del Programa México del Inter-American Dialogue, bajo la moderación de Nimbe Ewald, Consejera Delegada de la Relación con Estados Unidos de COPARMEX.

El Summit continuó con la conferencia “Del T-MEC a la Integración Estratégica”, a cargo de Kenneth Smith, quien en su momento fue jefe negociador del tratado y Fernando Treviño, Vicepresidente de Asuntos Internacionales y Laborales de COPARMEX, como moderador, quien ofreció una visión sobre los retos y oportunidades para la competitividad de nuestro país en la región. Enfatizó que, aunque el T-MEC brinda cierto blindaje frente a aranceles, persisten riesgos por nuevas investigaciones de seguridad nacional en Estados Unidos. En su exposición insistió en que la nación debe asumir un rol protagónico a través de políticas públicas eficaces, impulso a la innovación y promoción de encadenamientos productivos regionales.

En la sesión “Reflexiones de la Gira a Washington”, Juan José Sierra compartió las conclusiones de la visita de COPARMEX a la capital de la Unión Americana, subrayando el valor del diálogo institucional como herramienta para construir confianza, defender la democracia y fortalecer los mecanismos binacionales de cooperación económica. “Esta gira es un punto de partida, es un primer paso hacia una agenda sostenida de trabajo, de influencia, de incidencia, de relacionamiento. Volvemos de Washington con nuevos aliados, con propuestas concretas, con oportunidades de colaboración que se traducirán en proyectos reales para nuestras empresas y nuestra región“, puntualizó.

Durante la clausura del Summit, Fernando Treviño, Vicepresidente Nacional de Asuntos Internacionales y Nimbe Ewald, Consejera Delegada de la Relación con Estados Unidos de COPARMEX, destacaron la relevancia de continuar construyendo una agenda estratégica entre sectores público y privado para aprovechar el contexto internacional actual.

Este encuentro demostró que el T-MEC representa más que un tratado comercial: es una plataforma para construir una región más próspera, incluyente y resiliente. La diversificación de mercados, el impulso a la innovación y la garantía de un entorno legal confiable son pilares esenciales para avanzar hacia una integración económica que beneficie tanto a las empresas como a las personas.

Fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos representa una prioridad estratégica para México en temas como inversión, comercio, migración, asuntos laborales y seguridad. Por ello, la Confederación promueve una agenda empresarial binacional sustentada en el respeto, el diálogo y la colaboración entre sectores. Es necesario impulsar mecanismos de cooperación, contribuir al desarrollo compartido y defender principios que posicionen a México como un actor clave en la región.

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La toma de posesión del presidente Donald Trump marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos. Este momento, cargado de retos y oportunidades, nos invita a redoblar esfuerzos para consolidar a Norteamérica como la región más competitiva del mundo. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), estamos convencidos de que el camino hacia un futuro próspero radica en el respeto mutuo, el diálogo constante y la cooperación entre ambos países. México está obligado a unir esfuerzos del sector público y el sector privado para lograr el crecimiento de ambas naciones, el respeto mutuo y la colaboración permanente.  

En los últimos años, hemos impulsado propuestas estratégicas que promuevan un modelo de desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible. La revisión del T-MEC es una de nuestras prioridades. Creemos en la necesidad de reforzar este acuerdo mediante la colaboración activa de los sectores público y privado, asegurando que cualquier modificación fomente la inversión, el crecimiento incluyente y el bienestar social en la región. La integración de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a las cadenas de valor es un objetivo clave, pues estas son el motor de nuestras economías.

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump durante su discurso inaugural, en las que anunció la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México y la deportación masiva de migrantes en situación irregular, presentan desafíos significativos para la relación bilateral. Estas medidas, aunque buscan atender preocupaciones internas de seguridad en Estados Unidos, impactan directamente a millones de familias mexicanas y generan un clima de incertidumbre que puede entorpecer la cooperación entre ambos países. Sostenemos que la migración debe ser abordada como una oportunidad para fortalecer nuestras economías y no como una amenaza. Los migrantes han sido una pieza clave en el desarrollo y crecimiento de sectores estratégicos y del PIB en Estados Unidos y contribuyen de manera invaluable al bienestar social y económico de ambos lados de la frontera. Asimismo, debe ser prioridad de cualquier política en materia migratoria, el respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente el cuidado de los menores de edad que pueden sufrir consecuencias en su integridad física y emocional y quedar vulnerables ante situaciones como una eventual separación familiar.

Por otro lado, la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, representa una postura contundente contra el crimen organizado, sin embargo, debe considerar el respeto pleno a la independencia y soberanía de México que trabaja para proporcionar seguridad a todos los mexicanos. Los retos de seguridad compartidos requieren estrategias bilaterales que prioricen la colaboración, la inteligencia conjunta y el fortalecimiento de nuestras instituciones, evitando decisiones unilaterales que podrían complicar el trabajo coordinado entre ambas naciones.

La seguridad es otro desafío compartido que demanda estrategias conjuntas. Por ello, hemos planteado la importancia de complementar las acciones gubernamentales con iniciativas de prevención y cultura de paz. Es imperativo preservar el Estado de derecho para garantizar la estabilidad necesaria que permita atraer inversión, generar empleos y fortalecer el tejido social en ambos territorios.

México tiene ante sí la oportunidad de transitar hacia una economía basada en el valor agregado y la innovación, dejando atrás un modelo centrado únicamente en el ensamblaje y en otras actividades intensivas de mano de obra. Con el 42.6% del valor final de nuestras exportaciones explicado por procesos desarrollados en nuestro país, estamos preparados para dar un salto hacia adelante. Es momento de replantear nuestra relación con Estados Unidos desde la confianza mutua y como aliados estratégicos que somos.

Durante los eventos previos a la toma de posesión, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con las nuevas autoridades y con líderes empresariales de ambos países. La participación del fin de semana de nuestro presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, en reuniones con dignatarios, funcionarios y empresarios, ha sido clave para fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos, así como para presentar nuestra agenda basada en el diálogo, la cooperación y los acuerdos.

Desde COPARMEX, hacemos un llamado a la unidad nacional y a la acción conjunta para construir un México competitivo, incluyente y sostenible. Tenemos ante nosotros una coyuntura histórica que demanda decisiones firmes y estratégicas. No podemos retroceder ni un paso y seguiremos adelante construyendo un México con justicia y paz y un México con desarrollo para todos.  Con trabajo colaborativo, visión de largo plazo y el compromiso de todos los sectores, lograremos no solo fortalecer la relación bilateral, sino también asegurar un futuro próspero y equitativo para nuestras naciones.

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En el marco del Encuentro Nacional COPARMEX 2024, lanzamos la iniciativa “Vida Digna”, que busca mejorar el nivel de ingresos para garantizar una vida digna para todos los trabajadores en México. Esta propuesta, apoyada por el liderazgo empresarial y el compromiso social de COPARMEX, representa un paso crucial en nuestro esfuerzo por promover un ingreso que permita a cada familia satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar una calidad de vida decente.

Durante su intervención en la presentación de “Vida Digna”, José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de COPARMEX, destacó: “la pobreza y la desigualdad que existen en el país se reflejan en las empresas y organizaciones. Y es por eso, el compromiso real que queremos hacer y al que queremos invitar a todas las empresas, organizaciones y negocios a unirse a ese compromiso de lograr ese nivel de vida digna. Porque es algo que debemos hacer entre todos. Un México mejor, con vida digna para los trabajadores, sí es posible y por eso, una vida digna para todos los trabajadores”.

Por su parte, Luis Enrique Terrazas, consejero delegado de Vida Digna en COPARMEX, enfatizó: “en COPARMEX ya entendimos que no son recursos, son personas que queremos que tengan un sueldo para que vivan bien, es por lo que estamos empezando a actuar. Y no tarde, porque nunca es tarde. Entonces invitamos a todos los empresarios, hay que ponerle todo el empeño, hay que tener creatividad, hay que ser muy innovadores, hay que usar todo nuestro talento”, expresó.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, recalcó la labor de la Confederación Patronal a lo largo de los años: “el compromiso de COPARMEX con una nueva cultura salarial no es nuevo. A veces se olvida, pero, ¿quién fue el que impulsó la ruta para la recuperación gradual del salario mínimo? Hay que recordarlo constantemente: en México, la recuperación salarial ha sido impulsada principalmente por el sector privado, concretamente por COPARMEX, desde hace casi diez años”.

“Vida Digna” es una propuesta que reafirma nuestro compromiso con el ingreso digno y el bienestar de las familias trabajadoras en México. Desde 2016, con la Nueva Cultura Salarial hemos impulsado un aumento gradual del salario mínimo, cuidando que este crecimiento no genere inflación ni fomente la informalidad. Como resultado, este ha crecido un 130% de 2016 a 2024. Nuestra meta, sin embargo, es alcanzar la línea de bienestar familiar, equivalente a dos canastas básicas, para que en una familia de cuatro personas, donde dos trabajan, sus ingresos cubran tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria. 

Con vida digna nos proponemos un nuevo objetivo: que cada trabajador en México tenga un ingreso suficiente para vivir con dignidad. Para lograrlo, invitamos a los empresarios a sumarse a tres acciones concretas. Primero, evaluar los ingresos en sus empresas, verificando si son adecuados para cubrir las necesidades básicas. Segundo, establecer como meta que todos los empleados ganen al menos $12,500 pesos mensuales, o en caso de no ser posible de inmediato, crear planes para alcanzar esta meta en el corto plazo. Finalmente, difundir esta propuesta entre otros empresarios para construir una red de apoyo que impulse el cambio necesario hacia una vida digna para todos los trabajadores. Se trata de un llamado para que las empresas de forma voluntaria puedan establecer metas internas para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores.

A nivel nacional, la pobreza y la desigualdad son problemas graves que afectan a millones de mexicanos. Según datos de Coneval, el 35% de la población carece de ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, y el 59% no alcanza la línea de bienestar familiar (dos canastas alimentarias y no alimentarias). Estas cifras subrayan la urgencia de implementar iniciativas como “Vida Digna”, que no solo mejoran el ingreso de los colaboradores, sino que también fortalecen la cohesión social y la economía interna.

Con esta visión, reafirmamos nuestro compromiso con un México en el que cada trabajador pueda disfrutar de una vida digna. El cambio hacia un país más justo y equitativo comienza en nuestras empresas, y es responsabilidad de todos dar el paso hacia una sociedad en la que cada familia pueda vivir con dignidad.

Sigamos adelante con este compromiso, recordando siempre que nadie es mejor que todos juntos. Un México con vida digna para todos es posible, y desde COPARMEX, seguiremos trabajando para hacerlo realidad.

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) inauguró hoy en Morelia, el Encuentro Nacional COPARMEX Michoacán 2024, espacio para el diálogo, la reflexión y la acción en torno a los principales desafíos que enfrenta el país. 

Con este evento, COPARMEX busca fortalecer la participación de la sociedad civil organizada y el sector empresarial en la construcción de un México más justo, incluyente y próspero. El objetivo de este encuentro es analizar propuestas concretas para enfrentar unidos los retos que se avecinan, consolidando una agenda común orientada hacia el desarrollo inclusivo y la paz.

Este evento reúne a empresarios, líderes de opinión, académicos, representantes del gobierno y de la sociedad civil de todo el país. Durante estos días, los asistentes tendrán un espacio privilegiado para compartir perspectivas, escuchar diversas posturas, y trabajar conjuntamente en la creación de soluciones que respondan a los problemas más apremiantes de la nación. 

Durante su discurso de bienvenida, José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de COPARMEX, subrayó la importancia de enfrentar las desigualdades del país. “La realidad de nuestro país es que, de 130 millones de habitantes, 46 millones viven en condición de pobreza, y de esos 46 millones, 9 viven en pobreza extrema. Mientras no arreglemos el problema social, no va a avanzar el país. Un modelo en donde solo unos cuantos prosperan mientras muchos se quedan rezagados no es la respuesta”, declaró. 

Asimismo, manifestó la promesa de la Confederación de cambiar a México: “tenemos este compromiso de lograr la transformación del país desde la empresa, la transformación de esta situación de pobreza y desigualdad, trabajando y mejorando una a una cada una de las empresas y cada una de las organizaciones. Estamos convencidos de que podremos lograr un mejor México: un México más justo, más libre, equitativo, democrático y mejor para todos y cada uno”. 

Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia, destacó la belleza del estado anfitrión. “Queríamos que vinieran para que vean que cuando la UNESCO nos dio la nominación como Patrimonio de la Humanidad, las morelianas y los morelianos nos convertimos en los custodios de lo que ahora le pertenece a todo el mundo, entre ellos, ustedes. Esperamos que encuentren su casa en orden, limpia, bonita, y que la disfruten mucho. Morelia brilla para ustedes”, enfatizó.

En su turno, David Luviano Gómez, Presidente del Centro Empresarial COPARMEX Michoacán, recalcó la responsabilidad de COPARMEX para lograr más y mejores empresas: “Somos una comunidad de empresarios que todos los días buscamos cómo sí. Fieles a los valores de responsabilidad, solidaridad, igualdad y justicia, poniendo a la persona humana en el centro de las decisiones, conscientes de su profunda dignidad. Así trabajan más de 36,000 empresas que conformamos COPARMEX a nivel nacional”. 

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, reconoció el trabajo realizado para conformar un programa de alto nivel. “Los puntos que van a tratar el día de hoy son muy interesantes, sobre todo porque en esta asamblea anual de COPARMEX tratarán temas estructurales para el país, y eso es muy fundamental. Creo que es acertada la agenda que diseñaron, que tiene un momento muy especial, comenzando con el tema de la construcción democrática de México”, proclamó.

Finalmente, Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo, compartió en su intervención la relevancia del rol de los empleados y los empleadores en el desarrollo del país. “Tenemos un registro de empleo ante el IMSS de 22.6 millones de trabajadoras y trabajadores. Esto, evidentemente, es un logro compartido, no solamente por los empleadores, sino también por los trabajadores y por el gobierno. Por lo tanto, a todas y todos ustedes, muchas felicidades por este logro compartido”, afirmó.

Con 580 asistentes, el Encuentro Nacional COPARMEX Michoacán 2024 ofrece una plataforma para intercambiar ideas y fomentar el trabajo conjunto entre diversos sectores de la sociedad.

Entre las temáticas y conferencias programadas se encuentran aquellas orientadas a abordar el estado democrático y de derecho, la seguridad pública y jurídica, el desarrollo inclusivo y sostenible, la política exterior y la política económica de México en los próximos años. Entre ellas la entrevista realizada ayer con el reconocido periodista y escritor Alberto Lati, conducida por José Medina Mora. Con un enfoque profundo y participativo, cada ponencia y panel está diseñado para promover el análisis crítico y la construcción de soluciones innovadoras y efectivas.

Los temas estructurales incluyen aspectos clave como la participación ciudadana activa en la construcción y defensa de nuestra democracia, así como el papel esencial de la sociedad civil en fortalecer el sistema de seguridad y justicia. También abarcan el compromiso de impulsar un desarrollo económico, inclusivo y responsable, que contribuya de manera sostenible al crecimiento del país. Adicionalmente, se analizarán las relaciones con Estados Unidos, particularmente ante el escenario de nuevas administraciones, y el impacto de la política económica prevista para 2025. Estos tópicos representan pilares fundamentales para construir un México fuerte, seguro y comprometido con el bienestar de todos sus habitantes.

Además, durante la jornada de ayer se realizó la entrega del Galardón COPARMEX Michoacán a la Familia Empresaria 2024 y el reconocimiento a los Empresarios Jóvenes de COPARMEX 2024, en honor a su compromiso y dedicación hacia el desarrollo del país. A lo largo de los próximos días, continuarán actividades de reconocimiento como el Mérito Empresarial COPARMEX, el reconocimiento Don Lorenzo Servitje y el Ranking BTF. Estas distinciones celebran el esfuerzo y compromiso de personas y organizaciones que trabajan día a día para construir un México mejor.

COPARMEX agradeció la presencia de cada participante en este foro, reconociendo su compromiso con la misión de construir un México mejor e impulsar un futuro más próspero y equitativo. El Encuentro Nacional COPARMEX Michoacán 2024 promete ser un espacio clave para delinear estrategias y fortalecer la colaboración entre sectores, impulsando acciones concretas que contribuyan al México inclusivo y justo que todos buscamos construir.

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En México hemos estado acumulando un déficit fiscal significativo que presiona la estabilidad económica del país.

El debate político electoral se ha centrado naturalmente en aquello que conecta más con la sociedad, lo que resulta más impactante, lo que muestre debilidades de las otras candidaturas o, incluso, resulte divertido. Es lo natural en la comunicación política, lo que hay, y esa forma de comunicación política genera silencios que muestran las ausencias de propuestas sólidas, de cómos, de formas, de visiones de Estado para avanzar en la construcción de un país donde quepamos todas y todos, sin filias ni fobias.

Uno de estos silencios existe alrededor de las finanzas públicas, cada vez más presionadas y que requieren soluciones. Decir los comos de manera que sepamos la manera en que las propuestas se han dejado ver; como los programas sociales, saber cómo se van a financiar. Lo que escuchamos de las candidaturas con mayores posibilidades de ganar la elección es que hay dinero suficiente y no es necesaria una reforma fiscal, ¿de verdad?

En su obra “The Fiscal Crisis of the State” (1973), James O’Connor analiza cómo las demandas sociales y la acumulación de capital pueden llevar a una crisis fiscal, donde los gastos del estado exceden sus ingresos, resultando en un endeudamiento creciente y una capacidad reducida para financiar servicios públicos. El concepto de “crisis fiscal del estado” se refiere a la incapacidad de un Estado para generar ingresos suficientes que cubran sus gastos, resultando en un déficit fiscal crónico. Este fenómeno se agrava cuando el crecimiento económico es insuficiente para incrementar la recaudación tributaria, generando una espiral negativa de endeudamiento y dependencia financiera.

En México hemos estado acumulando un déficit fiscal significativo que presiona la estabilidad económica del país. Este déficit se ha profundizado debido a factores como la caída en los ingresos petroleros, la evasión fiscal y un sistema tributario complejo e ineficiente, además del incremento de los gastos públicos a través de obras y programas sociales. Ante esta realidad, la necesidad de una reforma fiscal se vuelve ineludible.

Una reforma fiscal debe tener como objetivo principal el crecimiento económico y por lo tanto, incrementar los ingresos del Estado de manera sostenible y equitativa. Esto implica, no sólo cumplir con los compromisos internacionales y las medidas propuestas por la OCDE, como el impuesto mínimo global, sino también diseñar un sistema fiscal que incentive la inversión y la generación de empleo.

Para lograr esto, es crucial simplificar el sistema fiscal actual. Un sistema más sencillo, no sólo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, sino que también reduce los costos administrativos, tanto para el gobierno como para las empresas. Además, es necesario recuperar deducciones que fomentan la previsión social y establecer estímulos fiscales que promuevan la inversión, la formalidad y la innovación.

Fomentar la formalidad fiscal es otro pilar fundamental de la reforma. La informalidad laboral y empresarial reduce significativamente la base tributaria del país impidiendo una recaudación adecuada. La implementación de incentivos fiscales y medidas que faciliten la transición de la informalidad a la formalidad puede tener un impacto positivo en los ingresos fiscales y en la economía en general, necesitamos ser más creativos y, desde luego, transparentar el gasto público para legitimar la tributación.

Asimismo, la próxima administración deberá abordar la reforma fiscal con seriedad y compromiso. Es fundamental que este proceso se lleve a cabo en clave democrática, es decir, a través de un amplio diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluyendo al sector empresarial, la interlocución necesaria entre sector productivo y gobierno se ha erosionado, es necesario restaurarla para compartir visiones hacia un mejor país. Solo mediante la colaboración y el consenso se podrá diseñar una reforma que sea justa, equitativa y eficaz para enfrentar los desafíos fiscales de nuestro país.

En conclusión, la crisis fiscal del Estado es una realidad que no podemos ignorar. México necesita una reforma fiscal integral que, no sólo aumente los ingresos del estado, sino que también promueva la inversión, el empleo y la formalidad fiscal. La próxima administración tiene la responsabilidad de liderar este proceso con visión y apertura, garantizando un futuro económico más sólido y justo para todas y todos los mexicanos. #OpiniónCoparmex

En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, lamentamos la creciente violencia en el país que afecta a todos los sectores de la población y que vulnera a los mexicanos. La seguridad es un derecho humano que permite el correcto funcionamiento de la sociedad y tiene como objetivo asegurar la calidad de vida de los ciudadanos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero de este año se registraron seis mil 421 carpetas de investigación por robo a negocio; esto representa un 6.3% más que lo registrado en el mismo periodo de 2023. Además, el 42.5% de las carpetas de investigación por robos a negocio fueron tipificadas con uso de violencia. Si se suman las carpetas iniciadas en enero de 2024, el número de robos asciende a 13 mil 355, un aumento del 5.4% respecto al año pasado. En promedio se han registrado 222.6 carpetas de robo por día en el país en lo que va del año. Este delito impacta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas. 

Pero la violencia permea a todos los ámbitos de la sociedad, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, el 59.1% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el 70.6% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.1 % en el transporte público; 55.0 % en el banco y 53.2 % en las calles que habitualmente transita. Es decir, más de la mitad de la población no se siente segura al salir de sus hogares.

La situación parece no tener mejoras, pues en la misma encuesta del INEGI, el 32.9% de la población de 18 años y más consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que el 23.4 % de la población dijo que la situación empeorará en los próximos 12 meses. La población no está confiando en que las autoridades resuelvan el problema de inseguridad en sus comunidades.

Preocupa que uno de los delitos más graves a nivel nacional, continúe teniendo cifras alarmantes. Tan sólo entre enero y febrero de este año, se registraron cuatro mil 854 víctimas de asesinato.  En lo que va del sexenio, las víctimas ascienden a más de 175 mil, lo que representa un promedio de 92 asesinatos por día, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo al 29 de febrero 2024.

Respecto a la violencia que sufren las mujeres, ésta continúa siendo una constante que no ha podido ser erradicada y es necesario contar con la sensibilidad de las autoridades para que actúen en las necesidades específicas para eliminar esta problemática. Entre enero y febrero de este año, se registraron 117 feminicidios, hablando únicamente de las entidades que tienen este delito tipificado. 

De acuerdo con el INEGI, en el 2021, en México vivían 65.5 millones de mujeres, de las cuales, el 70.1% había experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, económica, patrimonial o física. No se puede vivir en un país donde más de la mitad de su población ha sufrido una agresión por el simple hecho de pertenecer a un género.

La violencia en México también afecta a las personas por su profesión. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en lo que va del año han asesinado a 11 periodistas y México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues desde el año 2000 han asesinado a más de 160 periodistas. Actualmente nuestro país se encuentra en el lugar 128 de 180 como país para poder ejercer esta profesión.

La seguridad y libertad de expresión son un requisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar su potencial como seres humanos, por eso, Coparmex incluyó esta problemática como uno de los puntos clave que los candidatos a algún puesto de elección popular deben asumir dentro del “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo”.

COPARMEX considera que la seguridad y la justicia son condiciones indispensables para recuperar la paz y para el crecimiento del país, por lo que es necesario dar un golpe de timón ya que la estrategia actual no ha dado resultados. Dicho viraje en la estrategia, más que policial debe ser social e integral, teniendo como punto de partida la escucha activa de las voces de las víctimas. Por ello se ha convocado al Foro de Seguridad “Acciones por la paz”. De este espacio se extraerán propuestas para plantear una nueva estrategia integral que sea elevada a nivel de política de Estado. No habrá transformación si no se recupera la paz. 

El Foro tendrá como objetivos actualizar un diagnóstico nacional en la materia y darle voz a quienes no la han tenido en los últimos años (mujeres, periodistas, víctimas de la violencia y sociedad civil); ambos aspectos nutrirán el Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo, mismo que complementará lo ya firmado por dos candidatos a la presidencia. 

El foro se llevará a cabo el 16 de abril en el Hotel Sheraton María Isabel de Avenida Paseo de la Reforma a partir de las 9 de la mañana. Será un evento sin costo y es una invitación abierta a registrarse a todos los interesados en combatir la inseguridad en nuestro país.

Los ingresos tributarios obtenidos por el Gobierno Federal incrementaron durante 2023, particularmente a través del fortalecimiento de la fiscalización que ha llevado a cabo el SAT, considerando solamente el objetivo de incremento de recaudación que ha sido una estrategia exitosa. Pero el punto, es pensar el para qué de esos ingresos tributarios.

Para ponerlo simple, la finalidad es concreta: debemos pagar impuestos para contribuir a la distribución de la riqueza y la mejora de los servicios públicos, al menos los elementales como salud, seguridad, educación e infraestructura. Por donde se vea, el pacto social se trata de eso. Por lo tanto, la política económica debe tener entre sus objetivos el crecimiento económico, promover la inversión generadora de riqueza para después distribuirla; y el incremento en la recaudación es un instrumento.

Al inicio del año, el SAT publicó, además de los avances en su plan estratégico, el “Plan Maestro de Fiscalización 2024″, en este documento se pueden apreciar los principales sectores de la economía que serán fiscalizados, así como las principales operaciones a revisar, desde las ya conocidas simulaciones a través de empresas “factureras”, las operaciones de outsourcing, hasta cuestiones más sofisticadas como reestructuraciones de empresas y compraventa de acciones poniendo también el foco de atención en los inversionistas.

Ahora, la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Disputados los Precriterios de Política Económica para 2025, documento esencial que inicia el diálogo hacia la construcción del Paquete Económico, con la particularidad de que ahora existirá relevo en la Administración Pública Federal y quien llegue a ocupar la Presidencia deberá enviar su propuesta de paquete económico a mas tardar el 15 de noviembre.

Con estas reservas, es relevante tener en la mira las bases para el nuevo presupuesto, donde se aprecian indicadores macro muy similares a los del año en curso, con un énfasis en el incremento de la recaudación a través de continuar fortaleciendo la fiscalización y la programación de auditorias con el uso de inteligencia artificial.

El dato no es menor, es probable que por tercer año consecutivo no existan reformas fiscales; lo cual es razonable ante el cambio de administración, de la que esperamos una profunda reforma fiscal acorde a las necesidades del país; y por lo tanto, que por tercer año consecutivo la estrategia de incremento recaudatorio sea a través de la fiscalización.

Entre las muchas reflexiones que esto merece, destaco dos de ellas:

Primera, para el sector productivo está la necesaria administración de riesgos fiscales y el diseño de un sistema de cumplimiento fiscal que permita conocer las implicaciones de las operaciones de acuerdo a su modelo de negocio, además de los alcances de la interpretación de las disposiciones que les son aplicables, la necesidad de crear un ecosistema con clientes y proveedores cumplidos, y el conocimiento de sus derechos.

A lo anterior se suma la atención profesional de invitaciones, entrevistas de vigilancia profunda y auditorias que realiza el SAT, así como el debido ejercicio de sus derechos con ayuda de instancias como PRODECON (institución que por ello requerimos fortalecer), o de plano, mediante adecuadas estrategias de defensa de la razón y el derecho que les asista a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Poder Judicial de la Federación,  instituciones cuyo profesionalismo e independencia son vitales precisamente para el ejercicio de los derechos, el control de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos.

Segunda, en un contexto electoral es necesario reflexionar nuestra madurez ciudadana. Así como existe el deber de votar y de pagar impuestos, también existe el derecho y el deber de involucrarnos en las decisiones públicas, tener acceso a la información e incidir, exigir, o lo que corresponda, en el adecuado ejercicio del gasto público. Cuando el ejercicio del gasto es ineficiente, inadecuado o poco transparente, va quedando vacío de contenido el deber de tributar ¿Para qué?

Vivimos meses de una sociedad dialogante con actores políticos, candidatas y candidatos que exponen sus propuestas, o no, y en todos los casos piden el voto. Es momento que el diálogo sea diferente y se construyan compromisos alrededor de un sistema tributario que promueva la inversión, el empleo y el desarrollo y un gasto público que redistribuya la riqueza para disminuir la desigualdad, de manera que el Gobierno cumpla su deber de general bienestar social a través de servicios públicos de calidad. #OpiniónCoparmex