• Da a conocer el Índice de Extorsión (IEC), que mide este delito considerando incidencia, cifra oculta y percepción de inseguridad, y señala que 14 estados superan el promedio nacional de 49.7%.

• Anuncia presidente de la Confederación Juan José Sierra Álvarez que observarán estado por estado la homologación de leyes locales y la aplicación efectiva de la Ley General contra la Extorsión.

La extorsión continúa afectando gravemente a las empresas, las familias y la actividad económica del país. Los niveles se mantienen como los segundos más altos de los últimos 11 años, de acuerdo con los resultados más recientes del Monitor de Seguridad de COPARMEX. 

Además, según el INEGI, el 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, por lo que las cifras oficiales representan apenas el 3% del fenómeno real. La extorsión mantiene así la cifra oculta más alta entre todos los delitos en México.

Frente a este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose. Por ello, anunció que mediante sus 71 Centros Empresariales, dará seguimiento puntual al cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigilando las adecuaciones legales en los congresos locales, la atención a víctimas y el fortalecimiento de las instituciones responsables de combatir este delito.

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva precisa y detallada sobre la coyuntura empresarial en México, COPARMEX presentó en conferencia de prensa los resultados del Monitor de Seguridad correspondiente al periodo enero a marzo de 2026. El análisis se enfocó particularmente en el comportamiento de la extorsión a nivel nacional, estatal y municipal, incorporando por primera vez la desagregación de subtipos del delito bajo la nueva metodología oficial, así como el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC).

En su mensaje de apertura, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló que: “Queremos compartir los resultados del Monitor de Seguridad COPARMEX correspondientes al primer trimestre de 2026, con un enfoque especial en uno de los delitos que más lastima a las familias, deteriora la confianza y limita el crecimiento económico: la extorsión. Es un delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y es el delito que mata a la MiPyME”.

Asimismo, subrayó: “La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, para la generación de empleo y para la permanencia de las Empresas. Sin seguridad no hay inversión, sin Estado de Derechos no existe confianza, y sin confianza es imposible construir un entorno de crecimiento sostenido. En COPARMEX seguiremos trabajando para que la seguridad deje de ser un obstáculo para el desarrollo y se convierta en una garantía para quienes generan empleo y apuestan todos los días por México”. 

Por su parte, Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, presentó el análisis de los datos de extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Informó que de enero a marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión, una variación marginal de apenas 113 personas menos respecto al mismo periodo de 2025, manteniéndose como uno de los niveles más altos de los últimos 11 años. Precisó que, durante el primer trimestre del año, en promedio 32.4 personas fueron víctimas diariamente, superando por segundo año consecutivo el umbral de 30 víctimas por día.

Señaló que en 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión en el primer trimestre del año con respecto a 2025 y que nueve estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años. Destacó que las entidades con mayor variación anual fueron Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco. Mientras que 9 entidades llegaron a su máximo histórico, entre ellas: Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Por otro lado, de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión, 13 se concentran en Guanajuato (7) y la Ciudad de México (6). 

En su intervención, Mylene Cano, Directora de Análisis y Propuestas, presentó el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), el cual mide el nivel relativo de este delito considerando incidencia oficial, subregistro (cifra oculta) y percepción ciudadana respecto a la inseguridad. Explicó que 14 entidades superaron el promedio nacional del índice, ubicado en 49.7%. Morelos, Tabasco y Zacatecas encabezaron los niveles más altos del país, reflejando condiciones especialmente complejas para la actividad empresarial y la seguridad ciudadana.

Posteriormente, Jorge Peñúñuri Pantoja presentó las propuestas impulsadas por COPARMEX para combatir este delito. Entre ellas destacó la homologación de las legislaciones locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la instalación obligatoria de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de todas las fiscalías estatales. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la atención a víctimas y revisar mecanismos que permitan dar mayor certidumbre y respaldo a las empresas afectadas.

COPARMEX mantiene firme su compromiso con la transparencia, el análisis basado en evidencia y la construcción de propuestas que fortalezcan las condiciones para el desarrollo empresarial. 

La seguridad constituye una condición indispensable para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Sin Estado de Derechos, certeza jurídica y paz, las empresas enfrentan mayores costos, disminuyen su capacidad de crecimiento y se debilita la competitividad del país.

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Millones de niños y adolescentes siguen enfrentando condiciones que limitan su aprendizaje: desigualdad, rezagos en infraestructura, falta de inversión y modelos educativos que aún no logran traducirse en resultados. Sin embargo, también existen avances y bases sobre las cuales es posible construir una ruta con visión de futuro.

Desde COPARMEX sostenemos que es momento de pasar de un modelo educativo centrado en la cobertura y los procesos a uno enfocado en el aprendizaje efectivo, con énfasis en la formación integral de las personas y en la vinculación con el sector productivo. No se trata solo de ampliar la cobertura, sino de garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes. México no puede seguir postergando esta decisión. Apostar por la educación es apostar por el talento, la productividad y el futuro del país.

Condiciones estructurales y brechas de desigualdad

La infraestructura escolar mantiene brechas regionales. En el sur y sureste persisten carencias en equipamiento, conectividad y servicios básicos, limitando el aprendizaje (Mejoredu, 2024). A ello se suma la inseguridad: 22% del alumnado no se siente seguro en su trayecto a la escuela (vs. 8% OCDE), 7% en el aula y 11% en espacios escolares (PISA 2022).

En este contexto, no puede hablarse de calidad educativa sin entornos seguros y funcionales. El acoso escolar sigue siendo alarmante: 19% de las niñas y 17% de los niños reportan ser víctimas al menos alguna vez al mes.

Además, la educación no recibe recursos suficientes. En 2025, el gasto en educación, ciencia y cultura fue de 3.2% del PIB, por debajo del 4% – 6% recomendado (BID, CIEP, 2025), ubicando a México en el lugar 28 de 38 países de la OCDE. La reducción sostenida desde 2015 ha profundizado el rezago.

Calidad de los aprendizajes y evaluación de resultados

Los resultados de PISA 2022 evidencian un rezago crítico: México ocupa el lugar 35 de 37 países de la OCDE. Solo 34% del estudiantado alcanza el Nivel 2 en matemáticas (OCDE: 69%), 53% en lectura (74%) y 49% en ciencias (76%); apenas el 1% logra excelencia en lectura, frente a 7% internacional. Estos datos reflejan que, ante la falta de innovación pedagógica, capacitación docente y evaluación formativa, el sistema no garantiza aprendizajes significativos.

La permanencia escolar también es un reto: la deserción es de 0.3% en primaria, 2.5% en secundaria, 8.5% en media superior y 6.0% en superior. Aunque hay avances, persiste una pérdida relevante de alumnos. Según el INEGI, el rezago educativo alcanza 19.4% de la población y crece desde 2016, evidenciando un sistema que no responde a las necesidades del país ni asegura movilidad social.

Nuevas habilidades para un mundo en cambio

El sistema educativo mexicano enfrenta un doble reto: cerrar brechas de acceso y calidad, y preparar a las nuevas generaciones para un entorno global cambiante. Niños y adolescentes deben contar con herramientas para adaptarse y liderar en un mundo donde la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización transforman todos los ámbitos.

El 86% de los empleadores a nivel mundial prevé que la inteligencia artificial y el procesamiento de datos modificarán sus modelos de negocio hacia 2030. Las habilidades con mayor crecimiento serán IA y big data, redes y ciberseguridad, así como alfabetización tecnológica. A la par, competencias como pensamiento crítico, liderazgo, creatividad, resiliencia y aprendizaje continúan siendo esenciales.

En este contexto, el 70% de las empresas considera el pensamiento analítico como la habilidad más importante hacia 2025, mientras que el 63% identifica las brechas de habilidades como su principal obstáculo. México no puede rezagarse. La formación de perfiles globales deja de ser un objetivo académico para convertirse en una necesidad económica: el país requiere talento capaz de competir, colaborar e innovar en entornos internacionales, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas productivas.

Situación actual del sistema educativo

A casi dos años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo no ha registrado mejoras significativas en los aprendizajes. Si bien el nuevo modelo plantea un enfoque orientado a la formación integral, la inclusión y el vínculo con la comunidad, estos propósitos aún no se traducen en resultados medibles, y persisten desafíos importantes en su implementación.

El modelo ha privilegiado el acceso y la permanencia por encima del aprendizaje efectivo. Esto ha generado una desconexión entre los objetivos del sistema y la necesidad de mejorar los resultados educativos a nivel individual. En este contexto, la calidad educativa, como eje central de cualquier estrategia formativa, no ha logrado consolidarse como un componente prioritario en la implementación del modelo.

A nivel internacional y en experiencias subnacionales, la evidencia muestra que la mejora educativa se logra con enfoques centrados en el seguimiento de trayectorias de aprendizaje por estudiante, evaluaciones continuas y mecanismos de alerta temprana que permiten prevenir el abandono escolar. En contraste, la limitada cobertura de evaluaciones, aplicadas solo en una parte de las entidades, dificulta contar con información suficiente para tomar decisiones oportunas.

Postura COPARMEX

En COPARMEX sostenemos que la calidad educativa es hoy uno de los principales frenos estructurales para el crecimiento, la competitividad y la movilidad social en México.

Reconocemos la apertura de foros anunciada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como una oportunidad real para escuchar a todos los actores y fortalecer el rumbo del sistema educativo. No obstante, es momento de consolidar un modelo verdaderamente centrado en el aprendizaje, con énfasis en comprensión lectora, pensamiento matemático, habilidades analíticas y formación integral de las personas.

México enfrenta una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse. El nearshoring está redefiniendo las cadenas de valor globales y exige talento calificado. Tras nuestra reciente gira a Washington, confirmamos que, a pesar de los retos en la revisión del T-MEC, las condiciones para fortalecer la integración regional con América del Norte son mayores que los obstáculos. Pero esas oportunidades solo podrán materializarse si el país forma personas con las competencias que los sectores estratégicos y de alto valor demandan. 

Por ello proponemos una agenda educativa centrada en resultados:

• ⁠Un modelo enfocado en aprendizajes clave: comprensión lectora, pensamiento matemático y habilidades digitales como ejes no negociables.

• Formación integral desde edades tempranas, que incorpore habilidades socioemocionales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

• Escuelas seguras y dignas, con infraestructura adecuada, conectividad y entornos que garanticen condiciones mínimas para aprender.

• Docentes mejor acompañados y capacitados, con formación continua y evaluaciones diagnósticas que orienten su desarrollo profesional y mejoren el desempeño en el aula. 

• Un sistema de evaluación educativa sólido, centrado en el alumno, que permita medir aprendizajes, generar evidencia y orientar la toma de decisiones en política pública.

• ⁠Vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo, escalando modelos como la educación dual que ya han demostrado resultados.

• Planes de estudio actualizados y pertinentes, con enfoque en pensamiento computacional, educación financiera y bilingüismo desde la educación básica.

• ⁠Participación activa de madres, padres, docentes, sociedad civil y sector empresarial en el diseño y seguimiento de las políticas educativas.

Estos esfuerzos deben articularse en tres ejes estratégicos: actualización curricular con base en evidencia; fortalecimiento de la formación y acompañamiento docente; y un modelo efectivo de participación social. No son ejes paralelos: ninguno funciona sin los otros.

Invertir en educación es invertir en talento, productividad y desarrollo sostenible. Desde COPARMEX asumimos nuestro papel como co-constructores de soluciones, tendiendo puentes entre el mundo educativo y el productivo, porque sabemos que el crecimiento del país depende de lo que hoy se aprende en las aulas.

Sin aprendizaje de calidad, no habrá crecimiento sostenible. Sin educación pertinente, México perderá su lugar en la economía global. Es momento de actuar con decisión, con evidencia y con visión de largo plazo.

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El Paquete Económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1% del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025. Este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1.8% a 2.8%, que dependerán de las garantías que otorgue el gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas. 

Resulta inquietante que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9%, se esté estimando en 4.3%. Sin embargo, es positivo que las principales calificadoras internacionales ratifiquen la confianza en la política fiscal del gobierno. En este sentido, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos esencial que el Gobierno de México sí cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento que establece en el Paquete Económico 2026. 

El gasto público muestra decisiones que requieren atención. En particular, los pilares sociales enfrentan riesgos importantes: la caída en el presupuesto de la Secretaría de Salud (-3.2%) ocurre cuando 44.5 millones de personas reportan carencia por acceso a servicios médicos; el gasto en Educación, aunque aumenta 6.4%, sigue siendo insuficiente para revertir el rezago educativo; y la disminución del (-)17.5% en Seguridad Ciudadana debilita la capacidad de proteger a la población y de mantener un entorno atractivo para la inversión. 

El presupuesto estima que la inversión pública aumentará 19.8% en términos reales, alcanzando 1.25 billones de pesos (3.2% del PIB), de los cuales 960.1 mil millones corresponden a inversión física. No obstante, esta cifra sigue lejos de la meta del 5% del PIB requerida para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, lo que concentra recursos en un solo sector y reduce la diversificación de proyectos estratégicos.

Asimismo, se contempla un incremento en impuestos que puede afectar la confianza de inversionistas. El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aun cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo. Por otro lado, el combate a factureras es necesario, sin embargo, los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionan la certeza jurídica.

La Ley de Ingresos proyecta un incremento real de 62.2% en los ingresos por impuestos de importación respecto a lo aprobado en 2025, lo que equivale a 97.7 mil millones de pesos adicionales. Adicionalmente, iniciará la discusión de una reforma a la Ley Aduanera. Si bien el objetivo debería ser equilibrar la balanza comercial, un aumento excesivo en los gravámenes podría generar presiones inflacionarias y afectar los procesos productivos. Una reforma que no logre conciliar la eficiencia operativa con el combate a prácticas ilegales terminaría por deteriorar la competitividad del sector productivo, impactando especialmente a las MiPYMEs, que requieren trámites ágiles y eficientes para poder crecer. 

Existen también factores que limitan el espacio fiscal. El gasto en pensiones alcanza los 2.3 billones de pesos (considerando pensiones contributivas y no contributivas como la Pensión a Adultos Mayores), equivalente a 6% del PIB. A esto se suma el costo financiero de la deuda de 1.6 billones de pesos, lo que limita la capacidad de maniobra del gobierno y condiciona la asignación de recursos en sectores estratégicos. 

Desde COPARMEX subrayamos la importancia de destinar recursos al fortalecimiento de las MiPyMEs, que son el corazón de la economía mexicana y generan la mayoría de los empleos. Invertir en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para estas empresas permitirá no solo mejorar su competitividad, sino también garantizar que el crecimiento económico alcance a todos los sectores y regiones del país, fomentando el empleo formal y estabilidad económica local. Esto requiere también un proyecto global que incentive la inversión y la reinversión en todo el país. 

Reafirmamos que el crecimiento económico depende de factores clave: seguridad, Estado de Derechos, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión. Solo atendiendo estos elementos será posible consolidar un entorno que permita a México mantener estabilidad fiscal, atraer inversión y generar empleos de calidad, asegurando así un crecimiento sólido y sostenible.

Desde COPARMEX, manifestamos una profunda inquietud por el rumbo que está tomando la relación entre el Estado y la ciudadanía. La desaparición de la gran mayoría de órganos autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo (sin mecanismos de control) y la falta de apertura al diálogo plural y técnico, nos obligan a alzar la voz. 

El proceso legislativo reciente -de nueva cuenta- mostró un patrón inaceptable: la aprobación acelerada de iniciativas sin un debido análisis, sin transparencia, y sin considerar las voces de expertos, ni de la sociedad civil. Las consecuencias de este proceder son serias y duraderas. Por ello, presentamos un análisis de las principales reformas aprobadas, sus riesgos y, sobre todo, nuestra posición como organismo comprometido con la defensa del Estado de Derechos.

La concentración de poder siempre ha representado una amenaza para la libertad. En México, la ciudadanía ha conquistado espacios de participación y vigilancia a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Hoy, con mayorías legislativas abrumadoras, se cancela el disenso y se impone una sola visión; se reemplaza el diálogo por la imposición. Este no es el camino para fortalecer el Estado de Derechos: una democracia sólida se construye escuchando y respetando la diversidad de voces.

Concentración del poder en materia de seguridad

Una de las reformas más relevantes fue la modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que centraliza funciones clave bajo el mando federal, fortaleciendo la Guardia Nacional subordinada a la SEDENA. Aunque se mantiene un discurso de “formación civil”, se introducen términos ambiguos como “amor a la patria” y “federalismo cooperativo”, lo que abre la puerta a la ideologización de la seguridad pública.

Además, la reforma debilita los contrapesos locales, pues se elimina la autonomía operativa de las instancias estatales y municipales. Pese a que se promueve la participación de los ayuntamientos, no existen mecanismos vinculantes que garanticen su efectividad.  

Esta centralización plantea múltiples riesgos: militarización indirecta de tareas civiles, sobrecarga para municipios sin recursos suficientes y menor vigilancia ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.

Riesgos de vigilancia masiva e intrusión en la privacidad

La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública refuerza una lógica centralista al establecer un sistema nacional de inteligencia bajo la coordinación de la SSPC. Se crea una Subsecretaría específica y se permite el cruce masivo de información sensible de las personas entre bases de datos nacionales e internacionales, sin controles judiciales robustos ni autorización por parte de la ciudadanía para compartirlos.

Con esta iniciativa no existen salvaguardas claras para proteger los datos personales de los ciudadanos. La ausencia de límites explícitos habilita la posibilidad de una vigilancia generalizada, sin control judicial efectivo ni transparencia. En este escenario, se corre el riesgo de utilizar herramientas tecnológicas para fines ajenos a la seguridad pública, como es el espionaje. 

Un sistema de inteligencia que opera sin contrapesos externos y sin un modelo claro de rendición de cuentas, representa una amenaza directa a los derechos individuales consagrados en la Constitución.

Uso político de la identidad ciudadana

Otro cambio relevante es la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, la cual introduce la Plataforma Única de Identidad, conectada con la CURP, registros forenses y otros sistemas. Esta plataforma impone la obligación a ciudadanos y autoridades de compartir datos biométricos, estableciendo la CURP con biometría como documento nacional de identidad universal.

El mecanismo centraliza información sensible sin contar con garantías sólidas de protección de datos, lo que aumenta el riesgo de filtraciones, abusos y posibles inhibiciones a la participación democrática si se condicionan derechos políticos al uso de esta CURP. Además, al reconocerla como documento primario, podría desplazarse gradualmente a la credencial del INE, debilitando su rol como autoridad electoral y afectando la confianza en los procesos democráticos.

Ataque a la autonomía regulatoria en telecomunicaciones

La propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea, en su lugar, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ambas bajo control del Ejecutivo federal.

Esta reconfiguración debilita la imparcialidad regulatoria, politiza decisiones clave, pone en riesgo la neutralidad tecnológica y compromete la seguridad jurídica del sector, que aporta 3.3% al PIB nacional. Además, afecta el cumplimiento de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC.

La reforma también obliga a que todas las compañías de telefonía identifiquen a sus usuarios —incluso de prepago— mediante la CURP. Quienes no cumplan podrían perder el servicio, afectando a millones de personas, especialmente en comunidades marginadas, y profundizando la brecha digital.

Postura de COPARMEX 

Desde COPARMEX sostenemos que la peor herencia que puede dejar un régimen es la desaparición de los órganos autónomos, porque en ella se extingue la posibilidad de que el ciudadano tenga voz ante el poder. Por eso, seguiremos firmes, vigilantes y actuando en defensa del México democrático que juntos hemos construido. Por ello rechazamos la aprobación de reformas al vapor, sin deliberación profunda ni apertura al diálogo ciudadano. Las decisiones que alteran la arquitectura institucional del país deben surgir de procesos abiertos, transparentes y técnicamente sustentados. Lamentamos que en este periodo extraordinario se haya ignorado esa responsabilidad democrática.

La democracia necesita equilibrios, no sumisiones. Instituciones como el INAI y el IFT garantizaban transparencia, competencia, privacidad y acceso a la información. Su eliminación representa una pérdida para toda la sociedad.

En un entorno global donde la confianza y la certeza jurídica son clave para la inversión, la centralización del poder y la subordinación institucional comprometen el desarrollo económico. Sin instituciones fuertes, no hay crecimiento ni justicia social.

México atraviesa enormes retos en materia de seguridad, economía y política exterior; por ello, se impone la necesidad de escuchar a la ciudadanía y no desmantelar los avances institucionales que nos han costado décadas construir.

Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que nos unen: la libertad, la democracia y el respeto a la ley. Levantaremos la voz, acudiremos a las vías legales y seguiremos construyendo alianzas con los ciudadanos para proteger lo que hemos logrado con décadas de esfuerzo colectivo. No vamos a permitir que el autoritarismo sustituya al diálogo, ni que el poder sin contrapesos suplante a la democracia. México nos necesita firmes, unidos y vigilantes.

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La conformación del Consejo Nacional Económico, Social y Ambiental, anunciado ayer en el histórico encuentro entre sindicatos y empleadores, es muestra de que la alianza entre empresarios y trabajadores es inquebrantable y que, como resultado del diálogo social, surgirán propuestas concretas para incidir en la agenda del Gobierno.

Desde COPARMEX destacamos la convergencia de organizaciones sindicales que representan a la gran mayoría de los sectores laborales, así como las distintas representaciones empresariales, unidas todas en un objetivo común: mejorar las condiciones laborales sin afectar la productividad de las empresas.

Sabemos que, cuando empleadores y trabajadores caminamos juntos, el país avanza con paso firme y que el diálogo social es posible y urgente. Es la mejor semilla para cosechar un México más fuerte, más justo y más próspero.

La creación del Consejo es un paso más en la alianza forjada a partir de diciembre de 2024, cuando se propuso una reforma al INFONAVIT que representaba una amenaza directa al tripartismo y a la gobernanza institucional del Instituto.

Entonces, como ahora, sindicatos y empleadores seguimos haciendo historia, trabajando juntos y demostrando que, cuando hay una visión compartida y unidad en los principios, los acuerdos son posibles, porque somos el binomio que hace fuerte a México.

A partir de ahora, trabajaremos para darle forma al Consejo, donde las voces del trabajo y de la producción podrán dialogar y construir propuestas consensuadas para enfrentar los retos que compartimos.

Como lo destacó nuestro presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez: “Será un espacio donde cada propuesta nazca del consenso, cada ruta de acción defienda el empleo formal y priorice el bienestar de nuestras familias y de toda la sociedad. Será también un laboratorio de soluciones, capaz de anticipar retos emergentes —digitalización, cambio climático, movilidad laboral— y de proponer políticas públicas innovadoras. Nos inspiramos en experiencias internacionales exitosas que demuestran que estos espacios elevan la productividad laboral, mejoran las condiciones de vida y cuidan el medio ambiente.”

Invitamos al Gobierno de México a sentarse en este Consejo como aliado fundamental: su participación garantizará que nuestras propuestas no se queden en el papel, sino que se traduzcan en políticas públicas de largo plazo, que fortalezcan el empleo formal, el bienestar de las personas trabajadoras, la competitividad, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

En el arranque de un nuevo capítulo en la historia de las relaciones laborales de nuestro país, construiremos un Consejo que honre la dignidad del trabajo, impulse la innovación y ponga en el centro a quienes hacen grande a nuestra nación: las y los trabajadores y las empresas.

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Representantes de organizaciones empresariales y de sindicatos de trabajadores lamentamos que el Senado de la República haya aprobado, sin modificaciones, la reforma a la Ley del INFONAVIT, no incluyendo las propuestas presentadas para fortalecer la gobernanza del Instituto y garantizar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. 

La decisión de avalar el dictamen, sin ajustes, representa una regresión que afecta la representación de los sectores productivos (empresarios y trabajadores) y vulnera la certeza en el manejo de los recursos de los trabajadores.

Las direcciones sectoriales debieron permanecer tal y como operan actualmente. Dichas instancias son esenciales para proveer asistencia técnica y operativa a los representantes de trabajadores y empresarios, facilitando una participación informada y efectiva en la toma de decisiones. Su desaparición deja sin herramientas a los sectores para evaluar y mejorar la operación del INFONAVIT.

Por otra parte, la creación de una empresa constructora filial del INFONAVIT, sin mecanismos claros de supervisión y transparencia, abre la puerta a posibles conflictos de interés y al uso discrecional de los fondos destinados a los trabajadores, desviando el objetivo central del Instituto, que es garantizar el acceso a créditos de vivienda en condiciones justas y accesibles.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del ahorro de los trabajadores y con una estructura de supervisión efectiva en el uso de los recursos del INFONAVIT. Seguiremos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento de los órganos de representación para evitar decisiones unilaterales que perjudiquen a los trabajadores, y, sobre todo, nos mantenemos abiertos al diálogo efectivo en beneficio de los derechohabientes.

Nuestras inquietudes y propuestas fueron presentadas en posicionamientos públicos a nivel nacional, primero en una rueda de prensa conjunta y después en diálogos directos con la Secretaria de Gobernación, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la dirección del INFONAVIT, así como con senadores que integran la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda y la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

Además, en la última semana, realizamos ruedas de prensa y pronunciamientos públicos en todos los estados del país, en colaboración con más de 100 organismos empresariales y sindicatos locales. Estas acciones incluyeron el envío de oficios a los senadores por parte de sus representados en cada estado, en los que se expusieron los argumentos para mejorar la reforma a la Ley del INFONAVIT que estaba en discusión.

En cada uno de nuestros pronunciamientos, trabajadores y empresarios reafirmamos nuestra unidad en la defensa de un INFONAVIT sólido, transparente y equitativo. Coincidimos en la importancia de fortalecer la institución, proteger los ahorros de los trabajadores derechohabientes y garantizar una toma de decisiones tripartita y paritaria, en acuerdo con los tres sectores. Asimismo, exigimos que los recursos, propiedad exclusiva de los trabajadores, sean administrados con total transparencia y responsabilidad.

En el contexto actual, en el que México enfrenta retos económicos y comerciales, que exigen fortalecer la competitividad y el Estado de derecho, es imprescindible mantener la unidad y garantizar que las decisiones legislativas fortalezcan los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las instituciones.

En este sentido, proponemos ser aliados del tripartismo y que la iniciativa se complemente con políticas públicas de vivienda que atiendan las necesidades no solo de los trabajadores actuales, sino también de las futuras generaciones. Es fundamental que trabajadores y empleadores participemos en la construcción de las bases y lineamientos para la correcta operación de esta ley.

Participaron en este pronunciamiento: 

-Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA)

-Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA)

-Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM)

-Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM)

-Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC)

-Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

-Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)

-Consejo Nacional Laboral (CONLABOR)

-Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)

-Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM)

-Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC)

-Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes, Comunicaciones, y Servicios en Entidades Locales y Federales (SINTOLED)

El anuncio del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir del 12 de marzo, representa un golpe a la competitividad de América del Norte y una medida que contradice los principios del T-MEC. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  rechazamos esta acción unilateral que afecta gravemente a la industria siderúrgica y a toda la cadena productiva vinculada a estos insumos esenciales.

Para el caso de México, las cifras evidencian la falta de justificación para esta decisión. En 2024, el balance comercial del acero entre México y Estados Unidos arrojó un superávit de 2.3 millones de toneladas a favor de la economía estadounidense. Además, el 52% del acero que exporta Estados Unidos tiene como destino nuestro país, lo que evidencia el alto grado de integración productiva y la interdependencia de nuestras industrias.

La integración comercial entre México y Estados Unidos en la industria del acero fortalece la competitividad regional, impulsa el crecimiento económico y mejora la eficiencia de las cadenas de suministro. En lugar de depender de mercados lejanos o de medidas proteccionistas, esta cooperación permite que ambas economías sean más resilientes y dinámicas en un entorno global en constante cambio.

El impacto de esta medida será profundo. La CANACERO estima que el 75% de las exportaciones de acero mexicano van a EE.UU., poniendo en riesgo miles de empleos e inversiones en el país.

El gobierno estadounidense ha justificado esta imposición bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, argumentando razones de seguridad interna. Sin embargo, la realidad es que estas medidas proteccionistas generan distorsiones en el comercio y afectan a sus propios socios estratégicos. Resulta inaceptable que una decisión de esta naturaleza se tome sin considerar el impacto en la integración económica trilateral.

Respaldamos los esfuerzos del gobierno mexicano para lograr la exclusión de nuestro país de estos aranceles. Es fundamental que el diálogo prevalezca y que se busquen soluciones que respeten los acuerdos comerciales existentes. La competitividad de América del Norte no puede verse comprometida por decisiones unilaterales que desconocen los beneficios de la cooperación regional.

En caso de que esta medida no sea revertida, será indispensable que el gobierno de México implemente acciones de defensa comercial. La industria siderúrgica nacional no puede quedar desprotegida frente a un ataque directo a su capacidad exportadora. En el caso de no poder llegar a un acuerdo, se deberán utilizar los mecanismos previstos en el T-MEC.

La experiencia de 2018, cuando se impusieron aranceles similares, dejó claro que estas acciones generan más perjuicios que beneficios. La integración productiva entre nuestros países es un activo estratégico que debe fortalecerse, no debilitarse. La imposición de barreras comerciales no solo afecta a México, sino también a las empresas y trabajadores estadounidenses que dependen del acero y aluminio mexicano.

Desde COPARMEX reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la industria nacional y de un comercio internacional basado en reglas claras y justas. Seguiremos impulsando el diálogo entre el sector privado y las autoridades para evitar medidas que vulneren la competitividad de nuestra economía. México necesita certeza jurídica y condiciones de competencia equitativas para seguir siendo un socio estratégico confiable en América del Norte.

Reconocemos que, en la discusión de la reforma a la Ley del INFONAVIT, se han realizado cambios respecto a la propuesta inicial, como la incorporación del principio de toma de decisiones de manera tripartita paritaria. Sin embargo, esas modificaciones no atendieron todas nuestras propuestas, las cuales tienen como objeto el fortalecimiento del Instituto.

Cabe destacar que, antes de la discusión en el Congreso, las organizaciones de trabajadores y empresarios solicitamos un diálogo directo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. En respuesta, fuimos recibidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza. En dicha reunión, se acordaron puntos irreductibles que serían modificados en el dictamen final en la Cámara de Diputados; sin embargo, el 1 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas sin incorporar estos cambios acordados.

Consideramos que las reformas aprobadas no contribuyen a fortalecer una institución emblemática de más de 50 años, que ha garantizado el acceso a la vivienda de millones de trabajadores cuyos recursos provienen de las aportaciones de los empleadores.

Por lo tanto, creemos necesario revisar a fondo algunos aspectos de la reforma que deben mejorarse:

1. Presidencia en los órganos colegiados.

Designar al Director General como presidente de los órganos colegiados del Instituto, especialmente en la Asamblea y el Consejo, vulnera el principio de tripartismo y paridad al favorecer a uno de los sectores. Proponemos continuar con una presidencia rotativa por los integrantes designados por los representantes de trabajadores, patrones y gobierno. En caso que no se acepte la presidencia rotativa, el encargo puede recaer en otro representantes del Gobierno, que no sea el director general, para evitar un conflicto de interés. 

1. Participación de la CNBV en toda la operación del INFONAVIT.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solo asistirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en tareas de auditoría y vigilancia bajo criterios de “prudencia y sanas prácticas”, sin apego a normas contables y financieras. Esta restricción limita la efectividad de la supervisión del Instituto como entidad otorgante de créditos.

Por ello, proponemos que la CNBV y la SHCP supervisen la totalidad de la operación del INFONAVIT, no solo la parte crediticia. Actualmente, las facultades de ambas instituciones son potestativas; sin embargo, es necesario que sean obligatorias para garantizar una supervisión integral. La CNBV cuenta con un conocimiento especializado en materia financiera, crediticia y contable del Instituto, así como de su complejidad derivada de su naturaleza sui generis, reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe mantenerse como un mecanismo estrictamente complementario dentro del sistema de supervisión y control del INFONAVIT.

1. Función de la Asamblea General como máximo órgano de gobernanza.

La reforma limita la función de la Asamblea General al simple conocimiento de los planes, programas y presupuestos del Instituto, en lugar de facultarla para examinarlos y aprobarlos. Proponemos que la Asamblea General tenga una participación activa, participativa y deliberativa y apruebe todos los planes, programas y presupuestos, atendiendo a su naturaleza de ser la autoridad máxima del instituto.

La aprobación mencionada en la fracción I del artículo 10, relativa a las atribuciones y facultades de la Asamblea General, abarca las proyecciones financieras, el plan financiero, los presupuestos, así como los planes de labores y financiamiento anuales del Instituto. Consideramos que para garantizar una decisión fundamentada, es necesario un análisis profundo que permita una aprobación con pleno conocimiento.

1. Empresa constructora filial forme parte del Instituto.

Esta empresa operará sin estar sujeta a la supervisión del INFONAVIT, a pesar de manejar recursos de los trabajadores derechohabientes para la construcción de viviendas. Además, tendrá la facultad de contratar a otras personas morales con el mismo objeto social, lo que contradice la reforma en materia de subcontratación laboral. Proponemos que el patrimonio de esta empresa filial forme parte del Instituto, ya que se trata de recursos de los trabajadores derechohabientes y que opere bajo los mismos controles y supervisión que el Instituto.

Es fundamental definir con claridad el régimen fiscal y legal del INFONAVIT, así como su participación accionaria. Los estatutos sociales deben ser aprobados tanto por el Consejo de Administración como por la Asamblea General. Asimismo, los integrantes del Consejo de Administración deben ser ratificados por la Asamblea General y conformados de manera tripartita y paritaria. Estas modificaciones contribuirán a fortalecer la transparencia en la operación de la empresa constructora filial.

1. Direcciones sectoriales y representatividad.

Las direcciones sectoriales son esenciales para el trabajo de las representaciones de trabajadores y empleadores, ya que les proporcionan el respaldo técnico necesario para fortalecer su labor y mejorar la representación de sus afiliados. Proponemos revisar los presupuestos y planes de dichas direcciones y en todo caso modificarlas a coordinaciones sectoriales que den apoyo técnico y operativo a los representantes de los sectores para su participación en las sesiones de los Órganos Colegiados.

Las direcciones sectoriales son la columna vertebral del sector obrero y empresarial, ya que su función principal es enlazar, coordinar y analizar el funcionamiento del Instituto en representación de cada sector. Desde una perspectiva de técnica jurídica, el marco normativo debe establecer con claridad la existencia de estas coordinaciones, su objeto y carácter, así como el instrumento que determinará sus atribuciones, facultades y responsabilidades. Al igual que en el IMSS, estas direcciones deben estar adscritas al Consejo de Administración y rendirle cuentas directamente.

1. Nombramiento del Director General.

La reforma elimina el requisito de que la Asamblea General apruebe el nombramiento del Director General, permitiendo su designación directa por el Ejecutivo. Esta modificación debilita el tripartismo al excluir el análisis del perfil del candidato y la participación de los sectores involucrados en el proceso. Proponemos que de acuerdo al tripartismo paritario, la designación del Director General se lleve a cabo en la Asamblea.

Otro tema que queremos resaltar es que, en la reforma aprobada, el artículo 44 establece que: Estará prohibida la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras a que se refiere la fracción II del artículo 42. De no corregirse, el Instituto no podrá cobrar los créditos otorgados.

Es preciso modificar a la Contraloría General por Órgano Interno de Control y en consecuencia, designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  Paralelamente, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, integrar el ámbito de responsabilidades graves y su régimen especial.

Respecto a los proyectos habitacionales en Línea III (programa de financiamiento para proyectos habitacionales que permite a las empresas desarrolladoras construir viviendas),  la propuesta en el transitorio décimo segundo contraviene el artículo 14 Constitucional que establece el principio de no retroactividad de la Ley. Además, se trata de una atribución directa del Consejo de Administración, en términos del artículo 16 de la Ley del Infonavit. Son recursos de los trabajadores, no del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Resaltamos la unidad entre trabajadores y empresarios en esta causa, reafirmando nuestro compromiso con el diálogo y la construcción de soluciones. Este esfuerzo conjunto, sin precedentes en más de 30 años, representa un hecho histórico. Nuestro objetivo es que este diálogo social esté a la altura de las circunstancias que México demanda.

Cabe resaltar que organizaciones empresariales y sindicales que estamos aquí ahora  defendiendo al instituto y los recursos de los trabajadores somo fundadores del INFONAVIT. 

Queremos un INFONAVIT dedicado a mejorar la vida de los trabajadores que perdure por otros 50 años más.

Confiamos en que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y los senadores, escucharán y atenderán estas peticiones, antes de consumar una reforma que en lugar de fortalecer, debilita al INFONAVIT. 

Participaron en este pronunciamiento: 

Sindicatos: 

– Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana

– CROM

– CROC

– CTM

– Congreso del Trabajo

– ASPA 

– ASSA

– CTC

– Federación Democrática de Agrupaciones Sindicales y Campesinas

– Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana

– Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro

– Sindicato Nacional de Monte de Piedad

– STUNAM

– Confederación de Obreros, campesinos y empleados de México. 

– Federación Nacional de Sindicatos Bancarios

Organismos empresariales:

– CONCAMIN

– CONCANACO

– COPARMEX

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Esta reforma amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual es alarmante por parte de las autoridades al no considerar las implicaciones que tiene esta medida en los derechos fundamentales de las personas. A pesar de las modificaciones aprobadas en la última sesión, eliminando delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, la inclusión de delitos como la extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo y otros delitos fiscales, sigue siendo una amenaza contra el principio de presunción de inocencia, aunado a los que ya contemplaba el artículo 19 Constitucional.  

El principio de presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de derecho y no puede ser sustituido por medidas que vulneren este derecho sin una sentencia condenatoria previa. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa supone una privación de libertad anticipada, sin una debida justificación legal, y bajo el riesgo de que personas inocentes sean detenidas sin que se haya demostrado su culpabilidad en un juicio justo. Este tipo de medidas no sólo contraviene las garantías constitucionales, sino que también genera incertidumbre y desconfianza en la sociedad.  

Desde COPARMEX hemos reiterado en diversas ocasiones que la prisión preventiva oficiosa debe ser aplicada únicamente bajo criterios estrictos de excepcionalidad, y siempre que se justifique la necesidad de impedir el riesgo de fuga o la alteración de pruebas en un caso concreto. La reforma aprobada no hace más que ampliar un mecanismo que, lejos de garantizar justicia, favorece la arbitrariedad y promueve la criminalización preventiva de personas sin haber sido juzgadas.  

Asimismo, nos preocupa que la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa se realice sin un enfoque integral de seguridad y justicia. La falta de una correcta investigación por parte de las autoridades ministeriales, así como la insuficiencia de recursos y capacitación en las fiscalías y cuerpos policiales, contribuye a la debilidad del sistema de justicia penal. En este sentido, reiteramos la urgencia de reformar la estructura institucional, dotar a las autoridades de los medios necesarios para una correcta aplicación de la ley, y respetar en todo momento los estándares internacionales en materia de derechos humanos.  

Es importante resaltar que este tema ha sido abordado también por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia del Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, la CIDH ordenó al Estado mexicano eliminar esta figura jurídica, dado su impacto negativo sobre las garantías fundamentales. Esta sentencia es clara: la prisión preventiva oficiosa no puede ser aplicada sin un juicio que determine la culpabilidad del acusado.  

Hacemos un respetuoso llamado a las y los miembros del Senado de la República para que reconsideren la reforma aprobada en la Cámara de Diputados. Es fundamental que se respete la convención internacional que establece la primacía de los derechos humanos y que se elimine esta figura de la prisión preventiva oficiosa. El Senado tiene la responsabilidad de garantizar que la legislación mexicana no contravenga los estándares internacionales y no continúe vulnerando los derechos de las personas. 

Nos comprometemos a seguir trabajando para promover un sistema de justicia más equitativo y respetuoso de los derechos humanos en nuestro país.

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En el marco del Encuentro Nacional COPARMEX 2024, lanzamos la iniciativa “Vida Digna”, que busca mejorar el nivel de ingresos para garantizar una vida digna para todos los trabajadores en México. Esta propuesta, apoyada por el liderazgo empresarial y el compromiso social de COPARMEX, representa un paso crucial en nuestro esfuerzo por promover un ingreso que permita a cada familia satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar una calidad de vida decente.

Durante su intervención en la presentación de “Vida Digna”, José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de COPARMEX, destacó: “la pobreza y la desigualdad que existen en el país se reflejan en las empresas y organizaciones. Y es por eso, el compromiso real que queremos hacer y al que queremos invitar a todas las empresas, organizaciones y negocios a unirse a ese compromiso de lograr ese nivel de vida digna. Porque es algo que debemos hacer entre todos. Un México mejor, con vida digna para los trabajadores, sí es posible y por eso, una vida digna para todos los trabajadores”.

Por su parte, Luis Enrique Terrazas, consejero delegado de Vida Digna en COPARMEX, enfatizó: “en COPARMEX ya entendimos que no son recursos, son personas que queremos que tengan un sueldo para que vivan bien, es por lo que estamos empezando a actuar. Y no tarde, porque nunca es tarde. Entonces invitamos a todos los empresarios, hay que ponerle todo el empeño, hay que tener creatividad, hay que ser muy innovadores, hay que usar todo nuestro talento”, expresó.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, recalcó la labor de la Confederación Patronal a lo largo de los años: “el compromiso de COPARMEX con una nueva cultura salarial no es nuevo. A veces se olvida, pero, ¿quién fue el que impulsó la ruta para la recuperación gradual del salario mínimo? Hay que recordarlo constantemente: en México, la recuperación salarial ha sido impulsada principalmente por el sector privado, concretamente por COPARMEX, desde hace casi diez años”.

“Vida Digna” es una propuesta que reafirma nuestro compromiso con el ingreso digno y el bienestar de las familias trabajadoras en México. Desde 2016, con la Nueva Cultura Salarial hemos impulsado un aumento gradual del salario mínimo, cuidando que este crecimiento no genere inflación ni fomente la informalidad. Como resultado, este ha crecido un 130% de 2016 a 2024. Nuestra meta, sin embargo, es alcanzar la línea de bienestar familiar, equivalente a dos canastas básicas, para que en una familia de cuatro personas, donde dos trabajan, sus ingresos cubran tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria. 

Con vida digna nos proponemos un nuevo objetivo: que cada trabajador en México tenga un ingreso suficiente para vivir con dignidad. Para lograrlo, invitamos a los empresarios a sumarse a tres acciones concretas. Primero, evaluar los ingresos en sus empresas, verificando si son adecuados para cubrir las necesidades básicas. Segundo, establecer como meta que todos los empleados ganen al menos $12,500 pesos mensuales, o en caso de no ser posible de inmediato, crear planes para alcanzar esta meta en el corto plazo. Finalmente, difundir esta propuesta entre otros empresarios para construir una red de apoyo que impulse el cambio necesario hacia una vida digna para todos los trabajadores. Se trata de un llamado para que las empresas de forma voluntaria puedan establecer metas internas para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores.

A nivel nacional, la pobreza y la desigualdad son problemas graves que afectan a millones de mexicanos. Según datos de Coneval, el 35% de la población carece de ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, y el 59% no alcanza la línea de bienestar familiar (dos canastas alimentarias y no alimentarias). Estas cifras subrayan la urgencia de implementar iniciativas como “Vida Digna”, que no solo mejoran el ingreso de los colaboradores, sino que también fortalecen la cohesión social y la economía interna.

Con esta visión, reafirmamos nuestro compromiso con un México en el que cada trabajador pueda disfrutar de una vida digna. El cambio hacia un país más justo y equitativo comienza en nuestras empresas, y es responsabilidad de todos dar el paso hacia una sociedad en la que cada familia pueda vivir con dignidad.

Sigamos adelante con este compromiso, recordando siempre que nadie es mejor que todos juntos. Un México con vida digna para todos es posible, y desde COPARMEX, seguiremos trabajando para hacerlo realidad.

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