• Da a conocer el Índice de Extorsión (IEC), que mide este delito considerando incidencia, cifra oculta y percepción de inseguridad, y señala que 14 estados superan el promedio nacional de 49.7%.

• Anuncia presidente de la Confederación Juan José Sierra Álvarez que observarán estado por estado la homologación de leyes locales y la aplicación efectiva de la Ley General contra la Extorsión.

La extorsión continúa afectando gravemente a las empresas, las familias y la actividad económica del país. Los niveles se mantienen como los segundos más altos de los últimos 11 años, de acuerdo con los resultados más recientes del Monitor de Seguridad de COPARMEX. 

Además, según el INEGI, el 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, por lo que las cifras oficiales representan apenas el 3% del fenómeno real. La extorsión mantiene así la cifra oculta más alta entre todos los delitos en México.

Frente a este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose. Por ello, anunció que mediante sus 71 Centros Empresariales, dará seguimiento puntual al cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigilando las adecuaciones legales en los congresos locales, la atención a víctimas y el fortalecimiento de las instituciones responsables de combatir este delito.

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva precisa y detallada sobre la coyuntura empresarial en México, COPARMEX presentó en conferencia de prensa los resultados del Monitor de Seguridad correspondiente al periodo enero a marzo de 2026. El análisis se enfocó particularmente en el comportamiento de la extorsión a nivel nacional, estatal y municipal, incorporando por primera vez la desagregación de subtipos del delito bajo la nueva metodología oficial, así como el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC).

En su mensaje de apertura, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló que: “Queremos compartir los resultados del Monitor de Seguridad COPARMEX correspondientes al primer trimestre de 2026, con un enfoque especial en uno de los delitos que más lastima a las familias, deteriora la confianza y limita el crecimiento económico: la extorsión. Es un delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y es el delito que mata a la MiPyME”.

Asimismo, subrayó: “La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, para la generación de empleo y para la permanencia de las Empresas. Sin seguridad no hay inversión, sin Estado de Derechos no existe confianza, y sin confianza es imposible construir un entorno de crecimiento sostenido. En COPARMEX seguiremos trabajando para que la seguridad deje de ser un obstáculo para el desarrollo y se convierta en una garantía para quienes generan empleo y apuestan todos los días por México”. 

Por su parte, Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, presentó el análisis de los datos de extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Informó que de enero a marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión, una variación marginal de apenas 113 personas menos respecto al mismo periodo de 2025, manteniéndose como uno de los niveles más altos de los últimos 11 años. Precisó que, durante el primer trimestre del año, en promedio 32.4 personas fueron víctimas diariamente, superando por segundo año consecutivo el umbral de 30 víctimas por día.

Señaló que en 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión en el primer trimestre del año con respecto a 2025 y que nueve estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años. Destacó que las entidades con mayor variación anual fueron Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco. Mientras que 9 entidades llegaron a su máximo histórico, entre ellas: Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Por otro lado, de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión, 13 se concentran en Guanajuato (7) y la Ciudad de México (6). 

En su intervención, Mylene Cano, Directora de Análisis y Propuestas, presentó el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), el cual mide el nivel relativo de este delito considerando incidencia oficial, subregistro (cifra oculta) y percepción ciudadana respecto a la inseguridad. Explicó que 14 entidades superaron el promedio nacional del índice, ubicado en 49.7%. Morelos, Tabasco y Zacatecas encabezaron los niveles más altos del país, reflejando condiciones especialmente complejas para la actividad empresarial y la seguridad ciudadana.

Posteriormente, Jorge Peñúñuri Pantoja presentó las propuestas impulsadas por COPARMEX para combatir este delito. Entre ellas destacó la homologación de las legislaciones locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la instalación obligatoria de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de todas las fiscalías estatales. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la atención a víctimas y revisar mecanismos que permitan dar mayor certidumbre y respaldo a las empresas afectadas.

COPARMEX mantiene firme su compromiso con la transparencia, el análisis basado en evidencia y la construcción de propuestas que fortalezcan las condiciones para el desarrollo empresarial. 

La seguridad constituye una condición indispensable para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Sin Estado de Derechos, certeza jurídica y paz, las empresas enfrentan mayores costos, disminuyen su capacidad de crecimiento y se debilita la competitividad del país.

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Reiteramos nuestra postura: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. El país necesita fortalecer su Estado de Derechos, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y confiable, y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las Empresas planear, invertir y generar empleo.

Como se expresa en la comunicación dirigida por nuestro Presidente Nacional, “México requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar sus desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer nuestra democracia, generan polarización e incertidumbre”. El momento exige responsabilidad institucional y enfoque en los retos que realmente inciden en el desarrollo del país.

De manera simultánea, las Presidencias de nuestros Centros Empresariales en todo el país, replicaron este ejercicio y dirigieron cartas a las y los legisladores que representan a cada entidad federativa; y en algunos casos también comunicación personal con ellos. En estas cartas se establece con claridad que “México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”, y que alterar el marco institucional en este contexto genera efectos negativos inmediatos.

En las comunicaciones enviadas enfatizamos tres elementos centrales. Primero, que la estabilidad política es condición indispensable para la confianza económica, por lo que alterar las instituciones electorales en este momento genera señales de incertidumbre que impactan directamente en la llegada de capital. 

Segundo, que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa. “Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”. 

Tercero, que existen prioridades urgentes, como seguridad, salud y crecimiento económico, que demandan atención inmediata y soluciones efectivas. Debilitar al árbitro electoral no contribuye a resolver los problemas que afectan a las familias mexicanas, sino que desvía la atención de los retos verdaderamente apremiantes.

Sostenemos, además, que la legitimidad de las reglas democráticas se construye desde la ciudadanía, a través de acuerdos incluyentes y procesos transparentes. Las instituciones electorales actuales han garantizado competencia, pluralidad y alternancia, constituyéndose como un pilar del desarrollo democrático y del equilibrio institucional del país.

Seguiremos impulsando el diálogo respetuoso y la construcción de acuerdos que fortalezcan la vida democrática. Preservar la estabilidad institucional hoy es indispensable para proteger la inversión, el empleo y el futuro de México.

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Solicitamos que, con el propósito de evitar que cualquier persona resulte afectada, lesionada o pierda la vida a causa de estos eventos, se protejan y mantengan bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permitan la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región.

Además, hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen la presencia institucional y las acciones preventivas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la población y evitar afectaciones negativas a la economía local.

Las empresas evaluarán sus condiciones particulares con base en la información oficial y en la realidad de cada localidad. Invitamos a actuar con prudencia y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atendiendo las indicaciones de la autoridad.

El sector empresarial actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria, pues en momentos como este lo más importante es el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias.

Confiamos en que pronto se restablezcan la paz y la seguridad en las distintas regiones del país afectadas, para que las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo funcionen con normalidad. Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de nuestro país y velar por su reputación.

La estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo. México requiere resultados claros y coordinación efectiva que garanticen certidumbre a quienes generan oportunidades en el país. Es fundamental enviar señales firmes de orden, legalidad y capacidad institucional.

Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y el fortalecimiento institucional. La seguridad es un pilar indispensable para el desarrollo económico y social de México.

Ante la reforma publicada el 13 de marzo de 2025 y los ajustes presentados el 15 de septiembre de 2025 por parte de la Presidenta de México, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo democrático y, por ello, hemos solicitado formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado de la República está organizando para analizar las reformas a la Ley de Amparo. Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche y atienda nuestra voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo. Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México.

Los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo. Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas.

El juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad. México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos. Limitarlo significaría un retroceso histórico.

Las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.

El interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas, limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional. Si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en representación del colectivo. Debilitar el interés legítimo genera un escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que litigar solo, con más costos y menos certeza para todos.

En el ámbito tributario, la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco. Para las empresas, esto representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía nacional.

Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial. Asimismo, la digitalización obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.

Las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte. Esto abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país para atraer inversión y generar empleo.

Desde COPARMEX hacemos un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos. Su fortalecimiento es indispensable para la consolidación del Estado de derecho, la justicia efectiva y la confianza en las instituciones.

Solo con instituciones sólidas, independientes y confiables México podrá mantener la justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la competitividad necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía, atraer inversiones, fomentar la creación de empleos y consolidar un país en paz y crecimiento.

El Paquete Económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1% del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025. Este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1.8% a 2.8%, que dependerán de las garantías que otorgue el gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas. 

Resulta inquietante que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9%, se esté estimando en 4.3%. Sin embargo, es positivo que las principales calificadoras internacionales ratifiquen la confianza en la política fiscal del gobierno. En este sentido, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos esencial que el Gobierno de México sí cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento que establece en el Paquete Económico 2026. 

El gasto público muestra decisiones que requieren atención. En particular, los pilares sociales enfrentan riesgos importantes: la caída en el presupuesto de la Secretaría de Salud (-3.2%) ocurre cuando 44.5 millones de personas reportan carencia por acceso a servicios médicos; el gasto en Educación, aunque aumenta 6.4%, sigue siendo insuficiente para revertir el rezago educativo; y la disminución del (-)17.5% en Seguridad Ciudadana debilita la capacidad de proteger a la población y de mantener un entorno atractivo para la inversión. 

El presupuesto estima que la inversión pública aumentará 19.8% en términos reales, alcanzando 1.25 billones de pesos (3.2% del PIB), de los cuales 960.1 mil millones corresponden a inversión física. No obstante, esta cifra sigue lejos de la meta del 5% del PIB requerida para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, lo que concentra recursos en un solo sector y reduce la diversificación de proyectos estratégicos.

Asimismo, se contempla un incremento en impuestos que puede afectar la confianza de inversionistas. El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aun cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo. Por otro lado, el combate a factureras es necesario, sin embargo, los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionan la certeza jurídica.

La Ley de Ingresos proyecta un incremento real de 62.2% en los ingresos por impuestos de importación respecto a lo aprobado en 2025, lo que equivale a 97.7 mil millones de pesos adicionales. Adicionalmente, iniciará la discusión de una reforma a la Ley Aduanera. Si bien el objetivo debería ser equilibrar la balanza comercial, un aumento excesivo en los gravámenes podría generar presiones inflacionarias y afectar los procesos productivos. Una reforma que no logre conciliar la eficiencia operativa con el combate a prácticas ilegales terminaría por deteriorar la competitividad del sector productivo, impactando especialmente a las MiPYMEs, que requieren trámites ágiles y eficientes para poder crecer. 

Existen también factores que limitan el espacio fiscal. El gasto en pensiones alcanza los 2.3 billones de pesos (considerando pensiones contributivas y no contributivas como la Pensión a Adultos Mayores), equivalente a 6% del PIB. A esto se suma el costo financiero de la deuda de 1.6 billones de pesos, lo que limita la capacidad de maniobra del gobierno y condiciona la asignación de recursos en sectores estratégicos. 

Desde COPARMEX subrayamos la importancia de destinar recursos al fortalecimiento de las MiPyMEs, que son el corazón de la economía mexicana y generan la mayoría de los empleos. Invertir en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para estas empresas permitirá no solo mejorar su competitividad, sino también garantizar que el crecimiento económico alcance a todos los sectores y regiones del país, fomentando el empleo formal y estabilidad económica local. Esto requiere también un proyecto global que incentive la inversión y la reinversión en todo el país. 

Reafirmamos que el crecimiento económico depende de factores clave: seguridad, Estado de Derechos, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión. Solo atendiendo estos elementos será posible consolidar un entorno que permita a México mantener estabilidad fiscal, atraer inversión y generar empleos de calidad, asegurando así un crecimiento sólido y sostenible.

Reconocemos que hay avances en las acciones concretas para enfrentar a grupos delincuenciales, convocar a empresarios para alentar la inversión privada, mejorar condiciones laborales y mantener puentes de negociación con Estados Unidos para evitar afectaciones arancelarias. 

En contraste, desde COPARMEX advertimos que la reforma judicial que derivó en la elección de ministros, magistrados y jueces; la desaparición de organismos autónomos; la falta de un combate real a la corrupción, y la crisis del sistema de salud, que incluye desabasto de medicamentos y falta de atención, son retrocesos que deben revertirse.

Avances

La presidenta Sheinbaum inició su gestión enfrentando el reto de la seguridad con una estrategia renovada y personal preparado. Aunque la violencia persiste, se percibe voluntad de atenderla y algunos índices delictivos van a la baja. No obstante, persisten fenómenos graves que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica: las desapariciones forzosas siguen siendo una herida abierta, mientras que el robo de carga en carreteras, ferrocarriles y puertos —tanto marítimos como aéreos— vulnera las cadenas de suministro y eleva costos logísticos. A ello se suma la extorsión, que continúa como amenaza crítica: entre enero y julio de 2025, las víctimas crecieron 8.2% respecto al mismo periodo previo, lo que confirma la urgencia de que el Congreso apruebe una Ley General contra la Extorsión. De acuerdo con #DataCoparmex, uno de cada dos socios ha sufrido algún delito, siendo este de los más recurrentes.

En materia económica, la mandataria ha mostrado apertura al diálogo empresarial mediante el Plan México, el Consejo Asesor y esquemas de inversión mixta. Estas acciones reflejan más participación privada en sectores estratégicos como el energético.

En lo internacional, reconocemos el esfuerzo por mantener relación cercana con el gobierno de EE.UU., encabezado por Donald Trump, y la participación en foros como el G20. La apertura con América Latina, Europa y Asia fortalece la posición de México en un mundo interconectado. Destacamos que, frente a amenazas arancelarias que implican incumplimiento del T-MEC, el Gobierno mantuvo diálogo con EE.UU. para impulsar la competitividad regional.

El Plan Pemex 2025-2030 también es positivo: plantea apertura a inversión privada y una reingeniería financiera que busca estabilidad. Reconocemos la meta de que Pemex sea autosuficiente en 2027, sin apoyos fiscales, lo que permitirá destinar más recursos en salud, educación e infraestructura.

En lo laboral, reconocemos el diálogo social tripartito. El salario mínimo 2025 se acordó en la CONASAMI con un aumento del 12%, cubriendo el 90% de la línea de bienestar familiar; en la frontera ya superó este nivel desde 2022. Esto se suma a la reducción de la pobreza que se explica principalmente por mayores ingresos laborales. También valoramos que la reducción de la jornada laboral se consulte de manera tripartita, pues una reforma de ese calado requiere la participación de todos los sectores.

Retrocesos

Existen retrocesos que debemos señalar. La sobrerrepresentación política ha permitido aprobar reformas constitucionales sin un el amplio consenso y análisis que requieren.  Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino más bien profundizadas: apenas el 13% del padrón acudió a votar y más del 16% de las boletas fueron anuladas, inválidas o extraviadas, lo que significó que 2 de cada 10 votos no fueran contabilizados. Estas cifras reflejan no solo una bajísima participación ciudadana sino también fallas graves en la organización del proceso.

Adicionalmente, la desaparición de organismos autónomos concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio institucional y el Estado de Derecho. 

Todo esto ha tenido impactos directos en la economía y el empleo. La inversión fija bruta acumuló nueve meses de caídas y el ánimo para invertir entre socios COPARMEX cayó 12.8 puntos al cierre de 2024, situándose en 38.3%, nivel comparable al de la pandemia.

Por su parte, la creación de empleos ha mostrado una desaceleración. Sin contar a los trabajadores que se incorporaron a través del Piloto de Plataformas Digitales, en agosto se acumularon cuatro meses con disminuciones mensuales. En cuanto a los registros patronales, sumaron 1 millón 39 mil 467, con una caída anual de 2.9%. Con esto, se acumulan 13 meses con caídas significativas. 

La corrupción e impunidad sigue siendo una gran deuda. Pese a denuncias documentadas, no hay voluntad de investigar ni sancionar, erosionando la confianza ciudadana y la credibilidad del gobierno.

El sistema de salud vive una grave crisis: el desabasto de medicamentos persiste y 34.2% de la población (44.5 millones de personas) carece de servicios médicos. La salud y la educación, con un marco de rezago, muestran una tendencia de retrocesos en el acceso efectivo de derechos sociales, lo que consolida la inamovilidad social y cancela oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. 

Finalmente, prevalece la falta de apertura al diálogo con todos los actores sociales y políticos. La democracia requiere inclusión y consensos, no decisiones unilaterales. La ausencia de diálogo tripartito con Empresarios y Trabajadores limita la construcción de acuerdos para enfrentar juntos los retos nacionales.

Oportunidades y desafíos 

A pesar de los retos, vemos oportunidades para fortalecer el rumbo del país. La relación con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC deben ser una palanca para consolidar el nearshoring y atraer inversiones estratégicas. Pero no son la única ruta: el Plan México, al orientar inversión pública y privada hacia sectores productivos y regiones con alto potencial, representa una dirección correcta para detonar el mercado interno y fortalecer a las MiPyMEs, verdadero corazón de nuestra economía. Para que esta estrategia sea viable, México debe garantizar seguridad, energía y certeza jurídica.

Consideramos que la reforma electoral que se va a proponer es innecesaria y riesgosa en un entorno de incertidumbre global, con la revisión del T-MEC en puerta y amenazas comerciales que golpean a nuestra economía y el reto adicional de mantener el equilibrio fiscal hacia 2026. Este tipo de iniciativas generan polarización, restan estabilidad y debilitan instituciones clave para la democracia, en lugar de atender las prioridades económicas y sociales que hoy exige el país. 

El dinamismo laboral y la reducción de la pobreza mediante empleos formales pueden consolidar un círculo virtuoso de productividad, salarios dignos y crecimiento incluyente. El mejor programa social es el empleo formal y la Nueva Cultura Salarial debe seguir como pilar para garantizar estabilidad. 

Propuestas de COPARMEX

En este balance reafirmamos nuestra visión y presentamos propuestas concretas:

• Fortalecer el Estado de Derecho. Urge certidumbre jurídica, respeto a la autonomía de órganos constitucionales y un sistema judicial eficiente y transparente que atraiga inversión y fomente crecimiento. Para ello, proponemos: implementar una Evaluación Nacional Independiente con participación de academia y OSC; fortalecer la Carrera Judicial privilegiando mérito y formación continua; y establecer criterios claros de evaluación con acceso público a información de los candidatos.

• Garantizar seguridad y paz social. Es indispensable asignar más recursos financieros y humanos a las corporaciones policiales y de procuración de justicia, así como establecer mesas de diálogo sobre seguridad y extorsión, para reducir la impunidad y garantizar la tranquilidad de las familias y la viabilidad de las empresas.

• Priorizar el combate a la corrupción. Se requiere investigación, sanción y rendición de cuentas sin excepciones. La transparencia debe regir en todos los niveles.

• Impulsar la inversión en salud. Debemos garantizar suficiente presupuesto para que existan servicios médicos de calidad, con abasto suficiente, infraestructura adecuada y personal capacitado.

• Incentivar la educación con enfoque en la calidad y el aprendizaje. Es fundamental garantizar que el sistema educativo forme ciudadanos con las competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro, poniendo especial atención en reducir el rezago y elevar de manera sostenida los resultados de aprendizaje.

• Consolidar el diálogo tripartito. La coordinación entre Gobierno, Empresarios y Trabajadores es clave para alcanzar acuerdos que fortalezcan la estabilidad, crecimiento y empleo.

• Replantear la reforma electoral.  Llamamos a construir consensos amplios con todas las fuerzas políticas y sociales, evitando retrocesos que debiliten la democracia y la confianza en las instituciones.

De manera transversal, planteamos como llamado central impulsar el Diálogo Social como vehículo para construir consensos y soluciones a los distintos retos políticos, económicos y sociales, en una perspectiva de desarrollo inclusivo. Esta es la única manera de generar políticas públicas que impulsen la inversión, fortalezcan la creación de empleo formal, incrementen los salarios y eleven la productividad.

México puede consolidarse como un país atractivo, competitivo y con justicia social, si se privilegia el diálogo, la certeza jurídica y el respeto institucional. 

En COPARMEX reiteramos nuestra disposición a colaborar con propuestas, actuar con responsabilidad y contribuir activamente al desarrollo inclusivo de nuestro país. 

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México atraviesa un punto de inflexión democrático. La elección judicial 2025 marcó un precedente inédito: por primera vez en la historia, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, lejos de fortalecer al Poder Judicial, el proceso expuso fallas estructurales, vacíos legales y una alarmante tendencia a someter la justicia a intereses políticos. 

​​Ante esta realidad, en rueda de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025. Con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y observadores en el 65% del territorio, a través de la acción comprometida de los socios y ciudadanos convocados por los Centros Empresariales y otras OSCS del país, el organismo empresarial reveló hallazgos que comprometen la legitimidad del proceso y alertó sobre riesgos para la autonomía judicial. El informe, que ya fue entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), consolida evidencia técnica, jurídica y ciudadana sobre un modelo que debe corregirse de fondo.

Al presentar el informe, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló: “Este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político. Porque si bien la elección concluyó en las urnas, el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático, Rubén Furlong Martínez, destacó que: “Un ejercicio de observación como el que llevamos a cabo desde COPARMEX no hubiera sido posible sin el apoyo y el compromiso de los presidentes de los Centros Empresariales en todo el país. Ellos, con sus consejos, con sus socios, hicieron posible que pudiéramos recopilar y documentar todo esto”. Señaló que la ausencia de legislación secundaria, sumada a criterios emitidos a destiempo, generó incertidumbre y vacíos legales que vulneraron la equidad del proceso.

Conforme apuntó Furlong, el informe documentó que la elección judicial 2025 dejó en evidencia un modelo fallido desde su diseño. El proceso estuvo marcado por control político, desinformación y ausencia de garantías institucionales. La selección de candidaturas, definida por tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia, renunció al mérito y privilegió la improvisación. La falta de legislación secundaria, sustituida por criterios emitidos de forma tardía, generó vacíos normativos e inequidad procesal. A ello se sumó la exclusión ciudadana: sin información suficiente, con boletas mal diseñadas y sin cancelación de sobrantes. 

La participación fue mínima: solo el 13% del padrón acudió a las urnas, mientras que más del 16% de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial. En términos reales, casi 2 de cada 10 votos no se contabilizaron. Además, en al menos 21 distritos se registraron patrones idénticos entre “acordeones” y resultados, confirmando que la operación política influyó más que la voluntad ciudadana. Este conjunto de irregularidades no solo compromete la legitimidad de la elección, sino que exhibe una desconexión profunda entre el modelo electoral judicial y la ciudadanía, dejando sin garantías la independencia y la certeza jurídica que exige un Estado de Derechos sólido.

La Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo, Ximena Céspedes Arboleda, presentó las recomendaciones incluidas en el informe. “Estas propuestas no buscan polarizar, sino corregir. No pretenden deslegitimar a las personas electas, sino garantizar que cumplan su función con integridad y apegadas al derecho”, enfatizó.

Propuestas de COPARMEX para el rediseño del modelo de elección judicial: 

● Evaluación Nacional Independiente: Conformar un equipo plural con OSC, academia y organismos internacionales para revisar el modelo y emitir recomendaciones vinculantes. 

● Fortalecimiento de la Carrera Judicial: Privilegiar el mérito y la formación continua, respaldados por comisiones de selección independientes y transparentes. 

● Criterios de Evaluación Claros: Crear una plataforma digital pública con información completa de los candidatos. Garantizar el acceso de observadores ciudadanos a documentos clave. 

● Prohibición de Materiales Ajenos al Proceso: Eliminar el uso de “acordeones” y tipificar con sanciones severas la movilización electoral condicionada. Reforzar la fiscalización de campañas y la regulación de financiamiento. 

● Boletas que promuevan un voto informado y responsable: Mejorar su diseño para favorecer decisiones conscientes y equitativas.

● Observación Judicial Permanente: Incorporar un modelo de observación post-electoral y establecer una metodología para evaluar el desempeño, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.

● Difusión Cívica: Implementar campañas sobre la función judicial y la importancia de contar con juzgadores independientes. 

● Código Electoral Judicial: Diseñar un marco normativo específico que adapte las reglas a las particularidades de la elección judicial.

El presidente de la Confederación cerró la presentación advirtiendo que, tras la elección judicial, se avecina el reto de una reforma electoral.  “Lo que vivimos con la reforma al Poder Judicial y la elección de Jueces, Magistrados y Ministros no puede repetirse con la reforma electoral que se avecina. Desde COPARMEX, advertimos con claridad que esta reforma no puede ni debe ser una herramienta para debilitar al Instituto Nacional Electoral. Cualquier reforma que vulnere la autonomía del INE, que distorsione la representación proporcional o que cierre espacios a la pluralidad política, no será un avance sino un retroceso democrático”.

Añadió que: “En el tema de la reforma electoral creo que es innecesario en este momento del país meter más incertidumbre a través del anuncio de una reforma electoral. Ya enfrentamos suficiente incertidumbre a nivel global con la amenaza de imposición arancelaria, con la viabilidad de un Tratado de Libre Comercio que está en revisión y con un plazo de 90 días que tenemos, creo que necesitamos la concentración del Gobierno en un solo sentido: dar viabilidad al T-MEC”. 

El presidente también dijo que: “Desde COPARMEX queremos desarrollo económico, queremos inversión. Queremos un México más justo, más democrático, más libre. No queremos un ambiente poco certero pero, por supuesto, si esto persiste, atenta contra la certeza jurídica y lo que va a generar es más incertidumbre de la que ya existe en nuestro país”.

Desde COPARMEX, manifestamos una profunda inquietud por el rumbo que está tomando la relación entre el Estado y la ciudadanía. La desaparición de la gran mayoría de órganos autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo (sin mecanismos de control) y la falta de apertura al diálogo plural y técnico, nos obligan a alzar la voz. 

El proceso legislativo reciente -de nueva cuenta- mostró un patrón inaceptable: la aprobación acelerada de iniciativas sin un debido análisis, sin transparencia, y sin considerar las voces de expertos, ni de la sociedad civil. Las consecuencias de este proceder son serias y duraderas. Por ello, presentamos un análisis de las principales reformas aprobadas, sus riesgos y, sobre todo, nuestra posición como organismo comprometido con la defensa del Estado de Derechos.

La concentración de poder siempre ha representado una amenaza para la libertad. En México, la ciudadanía ha conquistado espacios de participación y vigilancia a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Hoy, con mayorías legislativas abrumadoras, se cancela el disenso y se impone una sola visión; se reemplaza el diálogo por la imposición. Este no es el camino para fortalecer el Estado de Derechos: una democracia sólida se construye escuchando y respetando la diversidad de voces.

Concentración del poder en materia de seguridad

Una de las reformas más relevantes fue la modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que centraliza funciones clave bajo el mando federal, fortaleciendo la Guardia Nacional subordinada a la SEDENA. Aunque se mantiene un discurso de “formación civil”, se introducen términos ambiguos como “amor a la patria” y “federalismo cooperativo”, lo que abre la puerta a la ideologización de la seguridad pública.

Además, la reforma debilita los contrapesos locales, pues se elimina la autonomía operativa de las instancias estatales y municipales. Pese a que se promueve la participación de los ayuntamientos, no existen mecanismos vinculantes que garanticen su efectividad.  

Esta centralización plantea múltiples riesgos: militarización indirecta de tareas civiles, sobrecarga para municipios sin recursos suficientes y menor vigilancia ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.

Riesgos de vigilancia masiva e intrusión en la privacidad

La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública refuerza una lógica centralista al establecer un sistema nacional de inteligencia bajo la coordinación de la SSPC. Se crea una Subsecretaría específica y se permite el cruce masivo de información sensible de las personas entre bases de datos nacionales e internacionales, sin controles judiciales robustos ni autorización por parte de la ciudadanía para compartirlos.

Con esta iniciativa no existen salvaguardas claras para proteger los datos personales de los ciudadanos. La ausencia de límites explícitos habilita la posibilidad de una vigilancia generalizada, sin control judicial efectivo ni transparencia. En este escenario, se corre el riesgo de utilizar herramientas tecnológicas para fines ajenos a la seguridad pública, como es el espionaje. 

Un sistema de inteligencia que opera sin contrapesos externos y sin un modelo claro de rendición de cuentas, representa una amenaza directa a los derechos individuales consagrados en la Constitución.

Uso político de la identidad ciudadana

Otro cambio relevante es la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, la cual introduce la Plataforma Única de Identidad, conectada con la CURP, registros forenses y otros sistemas. Esta plataforma impone la obligación a ciudadanos y autoridades de compartir datos biométricos, estableciendo la CURP con biometría como documento nacional de identidad universal.

El mecanismo centraliza información sensible sin contar con garantías sólidas de protección de datos, lo que aumenta el riesgo de filtraciones, abusos y posibles inhibiciones a la participación democrática si se condicionan derechos políticos al uso de esta CURP. Además, al reconocerla como documento primario, podría desplazarse gradualmente a la credencial del INE, debilitando su rol como autoridad electoral y afectando la confianza en los procesos democráticos.

Ataque a la autonomía regulatoria en telecomunicaciones

La propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea, en su lugar, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ambas bajo control del Ejecutivo federal.

Esta reconfiguración debilita la imparcialidad regulatoria, politiza decisiones clave, pone en riesgo la neutralidad tecnológica y compromete la seguridad jurídica del sector, que aporta 3.3% al PIB nacional. Además, afecta el cumplimiento de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC.

La reforma también obliga a que todas las compañías de telefonía identifiquen a sus usuarios —incluso de prepago— mediante la CURP. Quienes no cumplan podrían perder el servicio, afectando a millones de personas, especialmente en comunidades marginadas, y profundizando la brecha digital.

Postura de COPARMEX 

Desde COPARMEX sostenemos que la peor herencia que puede dejar un régimen es la desaparición de los órganos autónomos, porque en ella se extingue la posibilidad de que el ciudadano tenga voz ante el poder. Por eso, seguiremos firmes, vigilantes y actuando en defensa del México democrático que juntos hemos construido. Por ello rechazamos la aprobación de reformas al vapor, sin deliberación profunda ni apertura al diálogo ciudadano. Las decisiones que alteran la arquitectura institucional del país deben surgir de procesos abiertos, transparentes y técnicamente sustentados. Lamentamos que en este periodo extraordinario se haya ignorado esa responsabilidad democrática.

La democracia necesita equilibrios, no sumisiones. Instituciones como el INAI y el IFT garantizaban transparencia, competencia, privacidad y acceso a la información. Su eliminación representa una pérdida para toda la sociedad.

En un entorno global donde la confianza y la certeza jurídica son clave para la inversión, la centralización del poder y la subordinación institucional comprometen el desarrollo económico. Sin instituciones fuertes, no hay crecimiento ni justicia social.

México atraviesa enormes retos en materia de seguridad, economía y política exterior; por ello, se impone la necesidad de escuchar a la ciudadanía y no desmantelar los avances institucionales que nos han costado décadas construir.

Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que nos unen: la libertad, la democracia y el respeto a la ley. Levantaremos la voz, acudiremos a las vías legales y seguiremos construyendo alianzas con los ciudadanos para proteger lo que hemos logrado con décadas de esfuerzo colectivo. No vamos a permitir que el autoritarismo sustituya al diálogo, ni que el poder sin contrapesos suplante a la democracia. México nos necesita firmes, unidos y vigilantes.

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Este domingo 1 de junio se llevó a cabo una elección inédita en la historia del país: la designación por voto directo de Jueces, Magistrados y Ministros. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hemos seguido de cerca este ejercicio y, como anticipamos desde que inició la discusión de la reforma judicial, se trató de un proceso que no atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que México requiere.

Nuestra posición es clara: Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales. No debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducir el número de casillas que solo debilitaron la logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo, entre otros problemas. Estamos seguros de que las condiciones que observamos hoy durante la jornada electoral, atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía. 

El papel que asumimos como observadores electorales nos ha permitido constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad. 

A lo largo de la jornada generamos más de mil reportes y documentamos una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios. En diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado.

Desde que se anunció la reforma en febrero de 2024, y su aprobación en septiembre del mismo año, se argumentó que esta iniciativa respondía a una demanda ciudadana, que el pueblo quería elegir a sus jueces, y que la elección sería una muestra de legitimidad popular. Sin embargo, la baja asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país.

En los próximos días, desde COPARMEX continuaremos sistematizando los hallazgos y daremos seguimiento puntual al cómputo distrital, a fin de identificar y denunciar cualquier anomalía adicional que pudiera surgir.

Consideramos que las irregularidades detectadas vulneran los principios democráticos y evidencian los riesgos que señalamos desde un principio: una reforma impulsada sin un diagnóstico técnico adecuado, sin consenso plural y sin mecanismos efectivos de evaluación de perfiles. Lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte y confiable, se convirtió en un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la profesionalización y la meritocracia.

Esta elección no representa el camino correcto para lograr justicia en México. Un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso. La justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos. La verdadera legitimidad se construye con preparación, imparcialidad y ética.

Defendemos que sin justicia independiente no hay inversiones sostenibles. México no puede aspirar a un desarrollo sin legalidad. La justicia debe ser autónoma, profesional y confiable. Quienes resulten electos o designados deben actuar con independencia y apego a derecho. De lo contrario, no habrá confianza ni inversión que aguante. Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país. Porque lo que está en juego no es una elección, sino el modelo democrático que México ha construido por décadas.

En la Confederación reiteramos que esta no es la reforma que el país necesita y ya está teniendo consecuencias. Cada vez más empresas transnacionales están optando por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias, abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia local. Y el impacto más severo lo enfrentarán las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que quedarían completamente desprotegidas frente a un sistema judicial politizado o ineficiente. 

En COPARMEX no nos quedaremos en la denuncia y señalamientos. Como parte de nuestro compromiso con México, trabajaremos en una propuesta de reforma judicial, construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo. Nuestro objetivo es impulsar un sistema que realmente garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia.

Nos mantendremos como observadores permanentes del desempeño del nuevo modelo judicial. Evaluaremos periódicamente su operación, emitiremos informes independientes y continuaremos alzando la voz frente a cualquier intento por debilitar la justicia en nuestro país. Sin un Poder Judicial autónomo, confiable y eficiente, no habrá inversión sostenible, seguridad jurídica ni futuro para México. 

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El próximo 1 de junio, más de 800 cargos judiciales estarán en juego en un proceso sin precedentes que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. Esta elección es histórica por su magnitud y los riesgos que implica.

Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte, transparente y profesional, ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado. Hoy estamos ante una elección que no fue planeada para mejorar la impartición de justicia; fue diseñada para controlar al Poder Judicial. El resultado de este ejercicio será un sistema debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado.

El desarrollo y preparación de este proceso ha puesto en evidencia múltiples deficiencias que generan inquietudes sobre su legalidad, imparcialidad y transparencia. La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada. La ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, han derivado en un modelo débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo quién juzgará sino cómo se impartirá justicia en nuestro país.

La elección judicial, en lugar de haberse concebido como un mecanismo para fortalecer las instituciones de justicia, ha sido utilizada como una herramienta política. Desde su origen advertimos que la reforma no partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional, sino fue configurada bajo la lógica de control. En lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial.

Desde hace más de 30 años, en COPARMEX hemos impulsado la participación ciudadana como un pilar democrático. Hoy, a pocos días de esta elección, alzamos la voz ante un proceso que no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas, ha abandonado la imparcialidad, la transparencia y la técnica, y que está siendo utilizado como herramienta política y no como mecanismo de fortalecimiento institucional.

Nos encontramos frente a un momento decisivo. Observamos y señalamos las deficiencias de las diversas etapas que integran el proceso electoral del Poder Judicial con las herramientas ciudadanas que nos quedan, o dejamos que la justicia en México quede sujeta a intereses ajenos a la justicia. La elección está cerca y tenemos la posibilidad de revertir esta reforma con la observación ciudadana para registrar irregularidades, inconsistencias y errores.

Irregularidades que comprometen la independencia judicial

El proceso que estamos presenciando no se limita a una elección más. Las campañas por cargos judiciales han adoptado prácticas propias de la política partidista, alejándose de la evaluación técnica y de méritos. Se han registrado estrategias populistas centradas en “legitimidad popular”, dejando de lado la trayectoria, formación y criterios jurídicos de quienes aspiran a ser juezas, jueces y magistraturas. Reconocemos excepciones con candidaturas que sí cumplen con los perfiles deseados para personas juzgadoras, sin embargo, una gran cantidad de candidaturas no cubren los requisitos.

Estas prácticas no solo erosionan la credibilidad del proceso, también socavan la confianza ciudadana en la impartición de justicia. La independencia judicial no puede depender de simpatías electorales ni de lealtades políticas. La justicia no se elige por aplausos, no es un concurso de popularidad; se construye con autonomía, formación, conocimiento y vocación de servicio.

Además se añade la imposibilidad real de que la ciudadanía conozca adecuadamente a las personas candidatas. No se ha garantizado un proceso transparente de difusión de perfiles, trayectorias ni propuestas. La falta de información pública, estructurada y confiable impide ejercer un voto razonado. Sin criterios claros ni evaluaciones técnicas disponibles, los electores enfrentan una boleta llena de nombres sin rostro ni contexto. Esta opacidad no es menor: imposibilita el escrutinio público y convierte el voto en un acto desinformado que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo deslegitima desde su origen.

A esto se suma un entorno marcado por la opacidad y la violación del marco jurídico. La falta de reglas claras, la improvisación en las etapas del proceso y la intervención de actores políticos ajenos al Poder Judicial, configuran un escenario profundamente alarmante. No se trata de observaciones menores: se trata de una alteración estructural al funcionamiento del Estado de derecho.

La vigilancia ciudadana: último bastión democrático

Ante la desinstitucionalización progresiva que estamos presenciando, la participación activa de la sociedad civil es hoy más urgente que nunca. La observación electoral no es un trámite, es una forma de resistencia democrática frente al autoritarismo. Documentar, visibilizar y denunciar las irregularidades del proceso judicial representa el último dique frente a su captura por intereses ajenos a la legalidad.

La elección judicial no debe convertirse en un teatro electoral que sirva a propósitos políticos de corto plazo. Lo contrario: lo que está en juego no es solo la legitimidad de los nuevos ministros, jueces y magistrados, sino la capacidad del país de garantizar justicia imparcial para todas las personas.

Observadores ciudadanos: presencia estratégica en el país

Reconociendo la gravedad del contexto, hemos desplegado una estrategia nacional de observación. Más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, forman parte de nuestro esfuerzo coordinado para vigilar este proceso. Esta red cubre el 60.6% de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65% del territorio nacional.

Conscientes de que este proceso electoral judicial incluye elecciones en 19 estados del país, hemos prestado particular atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad. Esta mezcla institucional atenta contra la calidad democrática del proceso genera confusión en el electorado y abre la puerta a múltiples formas de manipulación política.

Como antecedente inmediato, en el proceso electoral de 2018, se registraron poco más de 38 mil personas observadoras. Hoy, esa cifra se ha multiplicado de forma inédita: se han presentado 316 mil 498 solicitudes, un incremento del 732.89%. Sin embargo, apenas 139 mil 538 han sido acreditadas. Más aún, 48 mil 360 solicitudes fueron rechazadas por estar vinculadas a partidos políticos, programas sociales o candidaturas, lo que demuestra el intento de ciertos actores por infiltrarse en la observación ciudadana, desvirtuándola.

Estos datos no pueden ser ignorados. Nos alertan sobre la necesidad de defender la observación electoral como una herramienta legítima, neutral y profesional.

Postura COPARMEX: Defender al Poder Judicial es defender a México

La ciudadanía debe ser el contrapeso que esta elección no garantiza

Desde COPARMEX afirmamos con claridad: esta elección judicial no cumple con los requisitos de una verdadera reforma. No garantiza independencia, ni profesionalización, ni certeza. Por el contrario, abre la puerta a la captura del Poder Judicial y genera incertidumbre económica y jurídica para todo el país.

Frente a ello, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Continuaremos desplegando observadores, documentando irregularidades y denunciando todo intento de manipulación. Nuestra exigencia es puntual: que cada cargo judicial sea ocupado por personas con conocimientos, méritos y compromiso constitucional.

En este contexto, la observación ciudadana es el último dique frente al debilitamiento de la justicia. Reafirmamos que la legalidad no se vota, se defiende. La imparcialidad no se negocia, se protege.

Hoy, más que nunca, hacemos un llamado contundente: la sociedad debe asumir el papel que el proceso institucional ha dejado vacío. Defender al Poder Judicial es defender la democracia, la economía y el futuro de México.