Artículo de Opinión escrito por Juan Pablo Castañón Presidente del Comité de Principios y Valores de Coparmex | Vía: @El_Universal_Mx Vía: @jpcastanon

Hace ocho años, la negociación del T-MEC se desarrolló en un entorno complejo, adverso y marcado por la incertidumbre, tal como ocurre hoy con su revisión. Han cambiado muchas cosas; sin embargo, habiendo participado activamente en el “cuarto de junto” del sector privado como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estoy convencido de que los ejes estratégicos para lograr un buen resultado para México son, esencialmente, los mismos.

Más allá de los aranceles y las declaraciones del presidente Donald Trump contra el Tratado, desde su entrada en vigor, en julio de 2020, el comercio regional creció casi 50%, hasta alcanzar 1.1 billones de dólares. Más importante aún, América del Norte sigue posicionándose como la región con mayor potencial en el mundo en términos de mercado, producción y competitividad, en gran medida gracias a la integración y la complementariedad que venimos construyendo desde 1994.

Nuestras exportaciones a Estados Unidos aumentaron 34%, hasta cerca de 545 mil millones de dólares. Ya somos su primer proveedor y cliente; además, llegaron más de 210 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y la gran oportunidad de la relocalización sigue viva.

Para aprovechar plenamente esa oportunidad, hay que superar las limitaciones internas que frenan la inversión y, al mismo tiempo, lograr una negociación efectiva para que el Tratado siga siendo un factor de competitividad y certidumbre. Aquí es donde resulta útil revisar lo que se hizo en 2017 y 2018.

Entonces, en el equipo negociador, nos propusimos trabajar con estrategia y unidad. Con el liderazgo de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y posteriormente con el respaldo de Jesús Seade, representante del gobierno electo, todos nos avocamos a defender a México, sin protagonismos, con generosidad y evitando interferencias políticas.

Ningún sector sería moneda de cambio en favor de otro y el foco estaba en procurar que actores estadounidenses clave fueran quienes convencieran al gobierno de Trump. Con esa orientación, cabildeamos con cientos de empresarios del más alto nivel, la mitad de los gobernadores y decenas de legisladores.

Esos aliados siguen ahí. Más de 500 cámaras de comercio, asociaciones agrícolas y organizaciones industriales estadounidenses piden la continuidad del Tratado. Business Roundtable, que agrupa a más de 200 CEOs de las mayores empresas, hizo explícito su apoyo en una carta formal al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en noviembre de 2025 y lo refrendó el pasado 1 de julio.

Según el Instituto Peterson de Washington, entre 15 y 20 estados, tanto demócratas como republicanos, respaldan firmemente el Tratado debido a la dependencia de sus exportaciones y cadenas de suministro, con millones de empleos vinculados. Además, las encuestas muestran una opinión pública abrumadoramente favorable: según una encuesta de Global Business Alliance, 72% de los votantes considera que el Tratado es bueno para su economía.

En medio de tanta incertidumbre, estos datos nos permiten tener la certeza de que el T-MEC difícilmente será cancelado, además de que ello requeriría el aval del Congreso.

En el equipo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, existe plena conciencia del valor de estos activos, y esa alineación ya dio un resultado importante en el compromiso estadounidense de proteger a la industria de autopartes frente a nuevos aranceles.

Ese es un buen precedente para la urgente prioridad de anular o reducir los aranceles de la Sección 232 aplicables a automóviles, acero y aluminio, así como para blindar a otros sectores. El objetivo debe ser el libre comercio efectivo, con reglas de origen que combatan las triangulaciones de otros países e impulsen la sustitución de importaciones. Lo indispensable es que el Tratado sea una fuente de confianza para que las empresas puedan planear y ejecutar proyectos de largo plazo.

La incertidumbre persistirá por un tiempo, pero puede ser mitigada, más aún si trabajamos en lo que depende de nosotros: Estado de Derecho, seguridad, infraestructura energética y logística.

Tras la tercera ronda de la revisión, hay dos elementos adicionales que vale la pena considerar:

• Si Estados Unidos quiere que el Tratado se revise cada año, existe un aspecto positivo: la oportunidad de actualizarlo y adecuarlo a las circunstancias vigentes. En un entorno tan cambiante, como lo demuestra la nueva tanda de aranceles aplicables a 60 países bajo la Sección 301 en materia de trabajo forzado, ello puede convertirse en una fortaleza.
• Para la negociación y para brindar certeza a Estados Unidos sobre la integración comercial y productiva, resulta estratégico que México avance hacia un programa de sustitución de importaciones asiáticas e impulse la proveeduría nacional. Las organizaciones empresariales tienen ahí una misión: construir alianzas con empresas tractoras para capacitar a PyMEs que puedan ser financiadas por la banca e incorporarse a cadenas como la automotriz y de autopartes.

México está llamado a ser la quinta economía del mundo. Para ello, debemos enfocarnos en fortalecer la industria mexicana y su competitividad internacional.

La incertidumbre puede paralizar, pero también puede alentar la unidad, el enfoque estratégico, la resiliencia y la toma de decisiones determinantes. Esa es la clave en este momento decisivo para el T-MEC y para México.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez

Hablamos del T-MEC como una gran puerta de acceso al mercado de América del Norte. Y lo es. Desde 1994, el comercio regional casi se quintuplicó y, desde la entrada en vigor del tratado en 2020, creció 55%.

Pero quizá hemos dedicado menos tiempo a una pregunta más importante: ¿qué tipo de empresas necesita México para aprovechar plenamente esa integración?

Hoy, el 61% de las organizaciones mexicanas exporta principalmente a Norteamérica y el 47% obtiene de Estados Unidos y Canadá los insumos que utiliza en sus procesos productivos. Eso significa que nuestra economía está profundamente integrada a las cadenas regionales de valor. Sin embargo, una parte importante de las empresas mexicanas sigue participando en los eslabones de menor valor agregado.

Ahí es donde surge una de las discusiones más relevantes para el futuro económico del país.

¿Cómo logramos que más negocios mexicanos dejen de competir únicamente por precio y se conviertan en referentes de especialización, innovación y calidad?

La respuesta pasa por construir lo que en Alemania se conoce como Hidden Champions: empresas altamente especializadas que dominan nichos específicos, desarrollan capacidades técnicas únicas y se convierten en socios estratégicos dentro de las cadenas globales de valor. 

Precisamente esa es la conversación que Coparmex impulsa este año en sus Juntas Internacionales, un espacio concebido para analizar cómo más empresas mexicanas pueden dejar de competir únicamente por costos y comenzar a hacerlo mediante innovación, especialización y valor agregado. 

México tiene las condiciones para desarrollar sus propios “campeones ocultos”.

Tenemos talento, capacidad productiva, experiencia manufacturera y una ubicación geográfica privilegiada. Lo que necesitamos es acelerar la transición hacia una economía donde más empresas puedan diseñar, innovar, certificar, desarrollar tecnología y ofrecer soluciones de alto valor para América del Norte.

La revisión del T-MEC ha vuelto a colocar el tema de la competitividad regional en el centro de la conversación. Frente a un entorno internacional más complejo, la mejor estrategia es fortalecer nuestras capacidades internas.

También implica algo fundamental: conectar a las MiPyMEs con las grandes cadenas de suministro.

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99.8% de las unidades económicas del país y generan cerca del 70% del empleo. Si logramos que una mayor proporción de ellas evolucione de proveedor básico a proveedor especializado, el impacto en productividad, innovación y desarrollo regional puede ser enorme.

El nearshoring ha abierto una oportunidad histórica. Muchas compañías buscan reducir su dependencia de Asia y fortalecer sus operaciones en América del Norte. Pero esa oportunidad requiere empresas capaces de cumplir estándares internacionales, entregar con calidad, innovar y convertirse en parte indispensable de las cadenas productivas.

Por eso, la conversación sobre el T-MEC debe ir más allá de los aranceles y las reglas de origen. El verdadero desafío es construir una nueva generación de empresas mexicanas que puedan liderar nichos específicos en sectores como manufactura avanzada, dispositivos médicos, autopartes, tecnologías industriales, logística, servicios especializados y soluciones digitales.

El futuro del T-MEC se decidirá en los talleres, laboratorios, plantas y centros de innovación donde las empresas mexicanas desarrollen las capacidades que América del Norte demandará durante las próximas décadas.

Si México logra construir más empresas especializadas, más proveedores estratégicos y más líderes de nicho, fortalecerá su capacidad para competir con el mundo.

Cada 27 de junio, al conmemorar el Día Internacional de las MiPyMEs, volvemos la mirada hacia el corazón productivo de México. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las unidades económicas y generan más del 70% del empleo formal. Son, sin duda, un motor de desarrollo, movilidad social y emprendimiento; pero no solo en nuestro país: a nivel global, representan el 90% de las organizaciones y aportan cerca de la mitad del PIB mundial.

Sin embargo, detrás de esta fortaleza se esconde una paradoja poco visible: mientras son fundamentales para la generación de puestos de trabajo, muchas enfrentan serias dificultades para atraer y retener los perfiles que necesitan.

En ManpowerGroup lo observamos de forma consistente: la escasez de talento limita la capacidad de estos negocios para crecer, innovar y sostener su competitividad.

Lo interesante es que, al mismo tiempo, las MiPyMEs ofrecen atributos altamente valorados. En ellas, la contribución individual es visible, la toma de decisiones es ágil y el acceso al liderazgo es directo. Además, permiten asumir responsabilidades desde etapas tempranas y tener un impacto real en el negocio. Su flexibilidad y adaptabilidad las convierten en espacios especialmente atractivos en un mundo en constante transformación.

Cuando una MiPyME logra integrar el capital humano adecuado, se convierte en un entorno de aprendizaje excepcional. La experiencia es más amplia y la exposición al negocio es directa. Quienes forman parte de estas organizaciones enfrentan retos diversos, interactúan con clientes y resuelven problemas con recursos, a veces, limitados, fortaleciendo skills difíciles de adquirir en estructuras más rígidas.

Esto cobra especial relevancia en un mercado laboral marcado por la automatización y la inteligencia artificial. A medida que la tecnología evoluciona, las habilidades humanas adquieren mayor valor, y es precisamente en estos ecosistemas donde se cultivan de forma orgánica y a gran velocidad.

El contexto sigue siendo desafiante. El 52% de ellas no sobrevive más allá de dos años, y las que lo logran, tienen una permanencia promedio de apenas 8.4 años. A ello se suman obstáculos como el acceso limitado a financiamiento, los rezagos en digitalización, la carga regulatoria y las complejidades para integrarse a cadenas globales de valor. Estas condiciones también las restringen para invertir en capacitación, construir estructuras más robustas y competir por perfiles especializados.

Por eso, fortalecerlas es mucho más que apoyar a un sector económico. Es crear las condiciones para que puedan convertirse en polos de atracción y crecimiento de la fuerza laboral. Y con esto, poder ofrecer oportunidades profesionales atractivas.

Cuando una MiPyME se consolida, no solo incrementa sus ventas o genera nuevos empleos; también multiplica las posibilidades de que más personas aprendan y desarrollen su talento.

BusinessEurope nació en 1958, bajo el nombre de UNICE, apenas 13 años después de que Europa quedara devastada por la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, los organismos empresariales europeos entendieron que ninguna nación, por sí sola, podría reconstruirse ni competir en el nuevo orden mundial. La unión los llevó a convertirse en actores clave de la construcción de la CEE. No se limitaron a impulsar el libre tránsito de mercancías o una moneda única. Entendieron que la integración económica sólo sería sostenible si generaba desarrollo social y empleo, e impulsaron el diálogo social tripartito entre gobiernos, empresas y sindicatos como un mecanismo permanente de consenso, sentando las bases de un modelo que ha mantenido a Europa entre las regiones con mayores niveles de bienestar, productividad y cohesión social del mundo.

En nuestras reuniones con representantes de BusinessEurope constatamos algo que sigue siendo un pendiente en AL: hablar con una sola voz empresarial frente a los gobiernos, las instituciones multilaterales y el resto del mundo. Esa unidad no eliminó la diversidad de intereses entre países ni sectores; por el contrario, creó un espacio permanente donde esas diferencias se transforman en propuestas conjuntas. Las cifras dimensionan la oportunidad. AL suma más de 20 millones de kilómetros cuadrados y 656 millones de habitantes, con una economía conjunta que ronda los 7.11 billones de dólares. Es un mercado del tamaño de una potencia global que hoy opera como 20 mercados pequeños que compiten entre sí, en lugar de negociar como uno solo.

A ello se suma una ventaja decisiva: los recursos naturales que la nueva economía tecnológica más necesita. Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado “triángulo del litio” y concentran entre la mitad y 85% de las reservas mundiales de este insumo fundamental para la fabricación de baterías. Chile y Perú resguardan cerca de 30% de las reservas mundiales de cobre, que asciende a 35% al incorporar a México, mientras que Perú concentra más de una quinta parte de las reservas mundiales de plata. Litio, cobre y plata: la región posee buena parte de los minerales estratégicos que demandarán la IA y la transición energética durante las próximas décadas. AL no parte de cero. Existen esfuerzos valiosos, como la SEGIB y el CEIB. Pero hace falta dar un paso más para consolidar una voz empresarial unificada con la fuerza que hoy representa BusinessEurope: construir una postura común frente a los grandes bloques económicos del mundo. 

Y el momento no podría ser más oportuno. AL cuenta con territorio, recursos naturales estratégicos y algo que pocas regiones pueden ofrecer hoy: una población joven en plena edad productiva. Su edad mediana es de 32 años. Mientras Europa, EU y buena parte de Asia enfrentan un acelerado proceso de envejecimiento, AL dispone todavía de una amplia ventana de bono demográfico. En la era de la IA, donde la energía, los minerales críticos y el talento humano serán determinantes, esta combinación puede convertirse en una ventaja histórica. Sin embargo, esa ventaja requiere organización y la voluntad de los organismos empresariales de AL para dejar atrás la coyuntura inmediata y construir una arquitectura de unidad comparable con la que Europa edificó hace más de siete décadas: fortalecer el diálogo social como un mecanismo tripartito permanente entre trabajadores, empleadores y gobiernos, y asumir que el desarrollo económico sólo tiene sentido cuando se traduce en bienestar social.

Desde la Coparmex creemos que ha llegado el momento de que los organismos empresariales de AL den ese paso decidido. El mundo se reorganiza en bloques, y quien no logre organizarse quedará rezagado. AL tiene todo para convertirse en protagonista de esta nueva etapa. Lo que necesita es la voluntad de unirse con una visión de largo plazo, tal como lo hicieron los empresarios europeos al impulsar, juntos, la reconstrucción de un continente.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X: @panchosuarezh

Durante años se instaló la falsa idea de que la sostenibilidad, el compromiso comunitario y el tener a las personas y colaboradores en el centro de la estrategia, eran asuntos secundarios frente a la rentabilidad. Hoy, la evidencia demuestra lo contrario:

Las empresas que hacen las cosas bien construyen relaciones más sólidas, atraen mejor talento, generan mayor confianza y mantienen ventajas competitivas más duraderas.

La rentabilidad es más que el resultado trimestral. Debe evaluarse la capacidad de una organización para crear valor económico, social y ambiental. Para una empresa; lo difícil es crecer y permanecer. Y para permanecer, necesita legitimidad ante colaboradores, clientes, proveedores, sector público y comunidades.

La gente en el centro.

No es una frase de moda. Significa tomar decisiones considerando el impacto humano: salarios dignos, seguridad, capacitación, diversidad, bienestar y oportunidades de desarrollo. Las organizaciones que entienden esto reducen la rotación, fortalecen su cultura y aumentan la productividad, es un ganar-ganar.

La experiencia del cliente y el compromiso del colaborador son activos estratégicos. Se puede copiar un producto; pero es mucho más difícil copiar una cultura basada en confianza, respeto y propósito.

Ser un buen vecino también es estrategia

Las compañías operan dentro de comunidades reales. Consumen agua, energía, infraestructura y atraen talento local. Por ello, ser un buen vecino no es filantropía aislada; es parte de la licencia e inversión social para operar.

Las organizaciones que dialogan con su entorno, apoyan la educación, impulsan y apoyan proveedores locales, participan en proyectos comunitarios y responden con transparencia, generan relaciones de confianza a largo plazo. Traduciéndolo en menor conflicto, mayor colaboración y mejores condiciones para invertir y crecer. En resumen: Si las comunidades están bien, las empresas están bien y viceversa.

Sostenibilidad como ventaja competitiva.

La sostenibilidad pasó a convertirse en una decisión estratégica. Eficiencia energética, economía circular, reducción de emisiones, manejo responsable del agua y cadenas de suministro sostenibles, además de ayudar al planeta, reducen costos, disminuyen riesgos y abren acceso a financiamiento e inversionistas.

Las empresas adelantadas a esta transición suelen estar mejor preparadas para regulaciones futuras, cambios en preferencias de consumo y exigencias de mercados internacionales.

Ejemplos de compañías que reflejan estos principios

No existe una empresa perfecta, pero sí organizaciones que han incorporado, en distintos grados, una visión donde las personas, la comunidad y la sostenibilidad forman parte de su estrategia. NO les presento un ranking, son ejemplos de compañías que admiro por su enfoque sostenible:

1.     Patagonia: Conservación ambiental y consumo responsable.

2.     Microsoft: Bioeconomía y conservación de la Amazonia.

3.     Natura: Compromisos de carbono negativo e innovación climática.

4.     IKEA: Economía circular y eficiencia energética.

5.     FEMSA y sus negocios: Gestión del agua, desarrollo social y sostenibilidad empresarial.

6.     Acciona: Infraestructura sostenible.

7.     Salesforce: Filantropía corporativa y bienestar laboral.

8.     LEGO: Materiales más sostenibles e innovación.

9.     Toyota: Movilidad eficiente e innovación tecnológica.

10.   BMW Group: Economía circular y electrificación.

11.   Volvo Cars: Seguridad y movilidad sostenible.

12.   Apple: Energía renovable y reciclaje de materiales.

13.   Google: Energía limpia e inteligencia artificial para la sostenibilidad.

14.   SAP: Soluciones digitales para la sostenibilidad.

15.   Siemens: Infraestructura inteligente.

16.   Cisco: Inclusión digital y educación.

17.   HP Inc: Reciclaje y economía circular.

18.   Dell Technologies: Recuperación y reutilización de equipos.

19.   The Coca-Cola Company: Reposición de agua y reciclaje de envases.

20.   Heineken: Reducción de emisiones y uso eficiente del agua.

21.   Grupo Bimbo: Energía renovable y movilidad eléctrica.

22.   CEMEX: Innovación para reducir la huella de carbono.

23.   Iberdrola: Liderazgo en energías renovables.

24.   Enel: Electrificación limpia.

25.   Maersk: Descarbonización del transporte marítimo.

26.   Mercado Libre: Inclusión financiera y logística sostenible.

27.   BBVA: Finanzas para la transición sostenible.

28.   Mastercard: Inclusión financiera e innovación.

29.   Visa: Digitalización e inclusión económica.

30.   3M: Innovación para la eficiencia ambiental.

Lo que estas empresas tienen en común:

I…Piensan a largo plazo, no en el próximo trimestre.

II…Invierten en las personas. El talento es una ventaja competitiva.

III…Escuchan y trabajan en favor de las comunidades. El éxito depende también del entorno.

IV…Miden impactos ambientales y buscan eficiencia en recursos.

V…Actúan con transparencia.

El verdadero retorno

Más que: ¿si hacer las cosas bien cuesta dinero?, La pregunta es: ¿Cuánto cuesta no hacerlas bien?

Escándalos reputacionales, pérdida de talento, conflictos comunitarios, desperdicio de recursos y falta de adaptación climática pueden resultar mucho más caros que cualquier inversión preventiva.

Hacer las cosas bien no siempre aparece de inmediato en un estado financiero. Se refleja en una marca respetada, colaboradores comprometidos, clientes leales o en una comunidad que confía.
Esa confianza, construida durante años, termina siendo uno de los activos más valiosos que una organización puede tener.

En un mundo que exige resultados económicos y un enfoque sostenible al mismo tiempo, las compañías que ponen a la gente en el centro, cuidan su entorno y actúan como buenos vecinos contribuyendo a un futuro más sostenible, negocios más fuertes, resilientes y rentables. En resumen:

¡¡¡Sí es negocio ser sostenible!!!

Artículo de Opinión escrito por: Juan Antonio López Baljarg | Consejero Delegado de Trabajo y Familia de Coparmex Nacional | Vía: @AuroradeMexico X: @JuanBaljarg

En el mundo empresarial vivimos rodeados de indicadores. Medimos ventas, productividad, costos, rentabilidad, rotación, satisfacción del cliente y cumplimiento de objetivos. Lo hacemos porque sabemos una verdad que ha acompañado a las organizaciones más exitosas durante décadas: aquello que se mide puede gestionarse, y aquello que se gestiona puede mejorar.

Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si estamos midiendo aquello que realmente determinará la competitividad de nuestras empresas en los próximos años.

Las organizaciones han cambiado. El entorno económico, la transformación digital, las nuevas generaciones, la evolución del mercado laboral y las crecientes expectativas sobre el bienestar han modificado profundamente la manera de trabajar. Hoy sabemos que el éxito de una empresa ya no depende únicamente de la calidad de sus productos o de la eficiencia de sus procesos. Depende también de su capacidad para atraer talento, desarrollar liderazgos, generar compromiso y construir culturas organizacionales sólidas.

Paradójicamente, una de las variables más importantes para lograrlo sigue siendo una de las menos visibles: ¿qué tan compatible es la forma en que trabajamos con la vida de las personas que hacen posible nuestras empresas?

No solemos hacernos esa pregunta. Y no porque no sea importante, sino porque históricamente aprendimos a considerar la vida familiar como un asunto estrictamente privado, ajeno a la gestión empresarial. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa.

Las personas no llegan a trabajar dejando fuera de la oficina sus responsabilidades familiares, el cuidado de sus hijos o de sus padres, sus preocupaciones económicas, su salud mental o el tiempo que necesitan para construir relaciones sanas. Todo eso las acompaña todos los días y, querámoslo o no, también influye en la productividad, el compromiso, la innovación y la permanencia dentro de las organizaciones.

Por eso, integrar el trabajo y la familia ya no es únicamente una conversación sobre bienestar, es una conversación sobre competitividad. La buena noticia es que cada vez más empresas están comprendiendo esta realidad y están diseñando nuevas formas de trabajar: esquemas de flexibilidad responsables, políticas de corresponsabilidad, apoyos para el cuidado, liderazgos más humanos y culturas organizacionales que entienden que cuidar a las personas también fortalece a las empresas.

Pero aquí aparece una segunda pregunta igual de importante: ¿cómo sabemos si realmente estamos avanzando?

Porque las buenas intenciones no son suficientes. Las organizaciones transforman aquello que deciden observar, evaluar y aprender. Sin evidencia, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedarse en una percepción. Con evidencia, en cambio, es posible identificar fortalezas, reconocer áreas de oportunidad y construir mejores decisiones.

Con frecuencia pensamos que un ranking sirve únicamente para reconocer a quienes obtienen los mejores resultados. Yo creo que un buen ranking cumple una función mucho más valiosa: ayuda a aprender.

También hace visibles prácticas que antes permanecían dispersas. Permite comparar, compartir experiencias e identificar qué está funcionando para que otras organizaciones puedan adaptarlo a su propia realidad. En otras palabras, convierte experiencias individuales en conocimiento colectivo.

Esa es precisamente la razón de ser del Ranking de Integración Trabajo–Familia, una iniciativa impulsada por Coparmex que busca identificar, evaluar y visibilizar las prácticas que están fortaleciendo la integración entre la vida laboral y familiar dentro de las empresas mexicanas.

Más que una competencia, el ranking es una invitación a mirarnos con honestidad. A reconocer lo que estamos haciendo bien, identificar aquello que aún podemos mejorar y aprender de quienes ya han encontrado caminos innovadores para construir organizaciones más humanas y, al mismo tiempo, más competitivas.

Estoy convencido de que las empresas que marcarán la diferencia en los próximos años no serán únicamente las que inviertan más en tecnología o desarrollen mejores procesos. Serán aquellas que también aprendan a desarrollar mejor a las personas.

Porque las mejores organizaciones no son las que creen tener todas las respuestas. Son las que nunca dejan de hacerse las preguntas correctas. Y la primera de ellas siempre será la misma:

¿Qué estamos dejando de ver porque todavía no lo hemos aprendido a medir?

Artículo de opinión escrito por, Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario e Islas, Vía @elsolde_mexico

Cada vez que hablamos de corrupción en México solemos pensar en cifras nacionales: miles de millones de pesos perdidos, millones de personas afectadas o posiciones poco alentadoras en los índices internacionales. Sin embargo, existe una dimensión del problema que merece mucha mayor atención: el enorme costo que la corrupción impone a las regiones fronterizas y portuarias del país.

Ahí se encuentra buena parte del futuro económico de México. Son las puertas de entrada y salida del comercio internacional, los puntos donde se concentra la inversión logística y donde el fenómeno del nearshoring puede traducirse en crecimiento, empleo y desarrollo regional. Pero también son espacios donde la discrecionalidad administrativa tiene un impacto particularmente profundo.

Los datos de #DataCoparmex 2025 muestran que la corrupción se presenta con mayor frecuencia en el ámbito municipal, seguida del estatal y, en menor medida, del federal. No es un dato menor. Son precisamente los gobiernos locales quienes autorizan los cambios de uso de suelo, las licencias de construcción, los permisos ambientales y múltiples trámites indispensables para desarrollar infraestructura logística, industrial y portuaria.

Cuando ese primer contacto con la autoridad depende de criterios discrecionales, cualquier proyecto inicia con una desventaja competitiva. La inversión enfrenta retrasos, incrementos en los costos y, sobre todo, incertidumbre. Ningún inversionista toma decisiones de largo plazo cuando las reglas pueden cambiar según el funcionario que tenga enfrente.

La situación resulta aún más delicada en las aduanas y los cruces fronterizos. El Estado tiene la obligación de ejercer controles eficaces sobre el comercio y el tránsito de personas. Sin embargo, cuando esos procesos carecen de transparencia, trazabilidad y digitalización, un control legítimo puede convertirse en un espacio propicio para prácticas indebidas.

COPARMEX ha documentado que casi la mitad de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destinó, en promedio, 82 horas al mes para cumplir con obligaciones regulatorias. En materia logística, el tiempo es competitividad. Cada hora perdida significa mercancías detenidas, mayores costos de operación, incumplimientos en las cadenas de suministro y empresas que comienzan a considerar otros destinos para invertir.

La corrupción tampoco se limita a los sobornos o a la burocracia excesiva. La extorsión representa una de sus expresiones más dañinas, particularmente en las regiones estratégicas para el comercio exterior. Que una parte importante de los casos de cobro de piso sea atribuida a autoridades o a personas que se hacen pasar por ellas constituye una señal de alerta que no puede normalizarse. Ninguna estrategia de desarrollo regional puede prosperar cuando quienes deberían brindar certeza jurídica terminan generando incertidumbre.

Las MiPyMEs son las principales afectadas. Generan más de siete de cada diez empleos formales en México, pero cuentan con una capacidad mucho menor para absorber retrasos administrativos, pagos indebidos o los costos derivados de la corrupción. En las regiones fronterizas y portuarias, donde la eficiencia logística determina la viabilidad de muchos negocios, estas prácticas pueden marcar la diferencia entre crecer o desaparecer.

El desarrollo regional no depende únicamente de construir carreteras, ampliar puertos o modernizar aduanas. También requiere fortalecer las instituciones. La infraestructura física puede desarrollarse en pocos años; la confianza institucional tarda mucho más tiempo en construirse y puede perderse con rapidez cuando prevalece la corrupción.

En un momento en que México busca consolidarse como el principal destino de relocalización de inversiones en América del Norte, la competitividad ya no depende únicamente de la ubicación geográfica o de los costos laborales. La certeza jurídica, la transparencia y la eficiencia gubernamental son hoy factores determinantes para atraer inversión productiva.

Por ello, resulta indispensable avanzar en una agenda nacional que simplifique y digitalice los trámites gubernamentales; fortalezca los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno; impulse procesos plenamente trazables en puertos, aduanas y cruces fronterizos; y garantice canales seguros y efectivos para denunciar actos de corrupción.

Combatir la corrupción no es únicamente una obligación ética. Es también una política de desarrollo económico. Cada trámite transparente, cada permiso otorgado con reglas claras y cada acto de autoridad sujeto a rendición de cuentas fortalecen la competitividad de nuestras regiones y generan mejores condiciones para atraer inversión, crear empleos y aprovechar plenamente las oportunidades del comercio internacional.

Si queremos que nuestras fronteras y puertos se conviertan en verdaderos motores del crecimiento nacional, debemos comenzar por garantizar que operen bajo un principio elemental: el Estado de Derecho.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

Estados Unidos decidió no renovar a mediano plazo el tratado de libre comercio con México y Canadá, para ser sustituido por un acuerdo que será revisado anualmente, con lo que destruye una de sus principales virtudes, que era eliminar incertidumbre a la inversión de mediano plazo. Por otro lado, continúa la violencia y la corrupción en el país, perjudicando a las empresas y a los consumidores, además se destruyen, eliminan o modifican de manera importante instituciones que se tardaron décadas en construir. Resalta que sigue elevado el déficit fiscal y la deuda pública se duplicó en menos de una década. Además, las calificadoras internacionales reducen su opinión sobre la capacidad de pago de su deuda del gobierno mexicano, poniendo en riesgo el llamado Grado de Inversión, lo que propiciaría una salida de inversión financiera extranjera de gran importancia.

Sin embargo, la inflación continúa bajo control en niveles bajos, siendo de 3.37% anual en junio, aunque superior a la meta oficial y el peso no solo no se devalúa, como era el temor de mucha gente, sino que se fortalece. Esta aparente paradoja o contradicción resulta de creer que el valor de peso con respecto al dólar mide lo bien o mal que está la economía del país. Lo mismo sucede con la inflación, que los precios son mayores por temores de la gente. En realidad, ambos resultan del fenómeno de oferta y demanda. Si hay abundancia de compradores por algún producto o servicio y la cantidad disponible en el mercado (es decir la oferta) sigue igual o disminuye, entonces los precios suben.

En el caso de la inflación, es decir el incremento generalizado de los precios, resulta que la demanda agregada por los bienes y servicios se eleve y la oferta no lo haga en la misma proporción, se cubrirá esta diferencia con mayores precios. La causa más importante y común de este desequilibrio entre oferta y demanda es el incremento de la liquidez monetaria, es decir emisión excesiva de dinero por parte del banco central. Como el Banco de México es autónomo del Poder Ejecutivo, como es en la mayoría de los países desarrollados, no emite dinero sin el respaldo correcto y no puede financiar al gobierno. En pocas palabras, no hay una inflación desbocada en el país, debido a que el banco central cumple con su cometido.

Por lo tanto, el déficit en las finanzas públicas no agrega demanda en toda la economía, ya que no es financiado por el banco central, es decir no se imprime dinero para que lo gaste. Así, si aumenta su gasto, debe de elevar sus ingresos o incrementar su deuda, es decir retirar liquidez (y consecuentemente demanda) de la economía. Pensar que los programas sociales elevan la inflación no es correcto, porque para otorgarlos debe subir impuestos o emitir deuda lo que aumenta las tasas de interés perjudicando a otros sectores o a las empresas, lo cual reduce la producción y el empleo.

Por su parte, la fortaleza relativa del peso se debe a que hay un mayor ingreso de dólares que egresos, es decir hay abundancia de divisas y baja demanda por los mismos, lo que resulta en que baja su precio. Esto se debe, entre otras razones, a que hay preferencia por adquirir instrumentos financieros con mayores tasas de interés que en inversiones en otros países, a que hay poca demanda de dólares porque hay recesión en la economía o mayor desempleo, etc.

Un primer efecto de lo anterior, es decir por la fortaleza del peso, es la reducción en los márgenes de utilidad de los exportadores o en un encarecimiento en los servicios turísticos perjudicando a un sector importante de la economía. El aumento de la deuda del gobierno sube las tasas de interés, lo que fortalece al peso perjudicando así a exportadores, al sector turístico, a las empresas que tienen deudas y a los consumidores por el pago de sus tarjetas de crédito.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

México tiene condiciones para crecer y competir mejor, pero arrastra problemas internos que reducen esa capacidad. Uno de los más persistentes es la corrupción, un lastre que encarece la economía, distorsiona decisiones y debilita las instituciones.

Su daño rebasa el soborno o la cantidad que pierde una persona al realizar un trámite. La corrupción modifica el funcionamiento de las instituciones cuando una decisión pública deja de regirse por criterios generales y comienza a depender de pagos, relaciones, influencias o intereses particulares. En ese momento, la ley pierde fuerza como marco común y cumplir deja de asegurar un trato justo.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI estimó que en 2025 el costo promedio por persona afectada alcanzó 3 mil 865 pesos a precios de 2018, equivalentes a unos 5 mil 600 pesos de hoy. Es una carga considerable para millones de familias y apenas muestra parte del daño, pues deja fuera los costos para las empresas, las inversiones que desalienta y la actividad económica que no se genera.

Cada acto de corrupción puede parecer una salida rápida, pero esa ventaja individual vuelve más costoso e incierto el sistema para todos. El trámite se complica para mantener abierto el espacio de negociación, la inspección puede convertirse en amenaza y la aplicación de la norma se vuelve discrecional. Con el tiempo, estas prácticas se normalizan y se extiende la idea de que cumplir resulta menos eficaz que buscar una excepción.

Para las empresas formales, el efecto es grave. Quien paga impuestos, cumple obligaciones laborales, obtiene permisos e invierte en mecanismos de cumplimiento queda en desventaja cuando otros consiguen contratos, licencias o beneficios mediante arreglos irregulares. La corrupción altera las condiciones del mercado, reduce el valor del esfuerzo productivo y castiga a quienes operan dentro de la ley.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. Tienen menos recursos jurídicos y financieros para resistir la demora de un permiso, una inspección arbitraria o una clausura usada como represalia. Buena parte del riesgo se concentra en el ámbito municipal, donde se realizan trámites indispensables para iniciar y mantener una actividad económica.

La corrupción también deteriora la calidad del gasto público. Una contratación con poca competencia, información incompleta o proveedores sin capacidad puede terminar en obras más caras, bienes deficientes y servicios que no responden a las necesidades de la población. El perjuicio llega a las familias mediante hospitales, seguridad, infraestructura, transporte y servicios urbanos que operan por debajo de su potencial.

México ha construido leyes, órganos de control, fiscalías especializadas y un Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, persiste una amplia distancia entre la arquitectura institucional y sus resultados. Las fiscalías locales enfrentan carencias de autonomía, personal, recursos técnicos y protocolos de investigación. Cuando denunciar implica riesgos y la posibilidad de sanción es remota, la corrupción se vuelve una conducta de bajo costo para quien la comete.

La política anticorrupción debe comenzar por reducir la discrecionalidad. Simplificar los trámites es tan importante como digitalizarlos. Llevar a una pantalla un procedimiento innecesario conserva sus costos y dificultades. Se requiere eliminar pasos, homologar requisitos, fijar plazos, identificar responsables y permitir que ciudadanos y empresas conozcan el estado de sus gestiones.

En las compras públicas necesitamos sistemas que permitan seguir cada operación desde la planeación hasta la entrega del bien o servicio. El cruce de información puede detectar proveedores sancionados, conflictos de interés, concentraciones anormales de contratos y cambios injustificados. La tecnología debe prevenir irregularidades y facilitar que la competencia se base en precio, calidad y capacidad.

También es indispensable fortalecer las fiscalías anticorrupción con personal profesional, policías de investigación, peritos y recursos suficientes. Su autonomía debe acompañarse de mecanismos de supervisión, voluntad política y evaluación pública. La sociedad debe conocer cuántas denuncias se investigan, cuánto tiempo siguen abiertas, cuántas llegan ante un juez y qué sanciones se aplican. La eficacia se acredita con resultados verificables.

Los canales de denuncia requieren confidencialidad y protección frente a represalias. Una empresa difícilmente reportará una exigencia indebida cuando teme que después le nieguen un permiso, aumenten las inspecciones o paralicen su operación. Cada caso debe tener seguimiento, apoyo jurídico y consecuencias para quien use la autoridad como instrumento de presión.

El sector empresarial tampoco puede limitarse a señalar las fallas de la autoridad. Debe revisar sus propias prácticas y evitar que la urgencia por agilizar un trámite, obtener un contrato o resolver una contingencia termine justificando conductas indebidas.

La integridad debe formar parte de la estrategia de cada empresa y de sus decisiones cotidianas. Esto supone reglas claras sobre pagos, regalos y conflictos de interés, supervisión de gestores e intermediarios, revisión de proveedores, canales internos de denuncia y participación directiva. Estas medidas deben ajustarse al tamaño y los riesgos de cada organización para evitar una nueva carga burocrática para las MiPyMEs.

Una economía basada en la libre iniciativa requiere responsabilidad, competencia leal y reglas aplicadas por igual.

Desde el sector privado debemos impulsar una agenda compartida de integridad pública y empresarial. Al gobierno le corresponde prevenir, investigar y sancionar. A las empresas nos toca fortalecer nuestros mecanismos internos, rechazar ventajas irregulares y colaborar en las soluciones. México necesita que cumplir sea la opción más sencilla, segura y competitiva. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechosMéxico tiene condiciones para crecer y competir mejor, pero arrastra problemas internos que reducen esa capacidad. Uno de los más persistentes es la corrupción, un lastre que encarece la economía, distorsiona decisiones y debilita las instituciones.

Su daño rebasa el soborno o la cantidad que pierde una persona al realizar un trámite. La corrupción modifica el funcionamiento de las instituciones cuando una decisión pública deja de regirse por criterios generales y comienza a depender de pagos, relaciones, influencias o intereses particulares. En ese momento, la ley pierde fuerza como marco común y cumplir deja de asegurar un trato justo.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI estimó que en 2025 el costo promedio por persona afectada alcanzó 3 mil 865 pesos a precios de 2018, equivalentes a unos 5 mil 600 pesos de hoy. Es una carga considerable para millones de familias y apenas muestra parte del daño, pues deja fuera los costos para las empresas, las inversiones que desalienta y la actividad económica que no se genera.

Cada acto de corrupción puede parecer una salida rápida, pero esa ventaja individual vuelve más costoso e incierto el sistema para todos. El trámite se complica para mantener abierto el espacio de negociación, la inspección puede convertirse en amenaza y la aplicación de la norma se vuelve discrecional. Con el tiempo, estas prácticas se normalizan y se extiende la idea de que cumplir resulta menos eficaz que buscar una excepción.

Para las empresas formales, el efecto es grave. Quien paga impuestos, cumple obligaciones laborales, obtiene permisos e invierte en mecanismos de cumplimiento queda en desventaja cuando otros consiguen contratos, licencias o beneficios mediante arreglos irregulares. La corrupción altera las condiciones del mercado, reduce el valor del esfuerzo productivo y castiga a quienes operan dentro de la ley.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. Tienen menos recursos jurídicos y financieros para resistir la demora de un permiso, una inspección arbitraria o una clausura usada como represalia. Buena parte del riesgo se concentra en el ámbito municipal, donde se realizan trámites indispensables para iniciar y mantener una actividad económica.

La corrupción también deteriora la calidad del gasto público. Una contratación con poca competencia, información incompleta o proveedores sin capacidad puede terminar en obras más caras, bienes deficientes y servicios que no responden a las necesidades de la población. El perjuicio llega a las familias mediante hospitales, seguridad, infraestructura, transporte y servicios urbanos que operan por debajo de su potencial.

México ha construido leyes, órganos de control, fiscalías especializadas y un Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, persiste una amplia distancia entre la arquitectura institucional y sus resultados. Las fiscalías locales enfrentan carencias de autonomía, personal, recursos técnicos y protocolos de investigación. Cuando denunciar implica riesgos y la posibilidad de sanción es remota, la corrupción se vuelve una conducta de bajo costo para quien la comete.

La política anticorrupción debe comenzar por reducir la discrecionalidad. Simplificar los trámites es tan importante como digitalizarlos. Llevar a una pantalla un procedimiento innecesario conserva sus costos y dificultades. Se requiere eliminar pasos, homologar requisitos, fijar plazos, identificar responsables y permitir que ciudadanos y empresas conozcan el estado de sus gestiones.

En las compras públicas necesitamos sistemas que permitan seguir cada operación desde la planeación hasta la entrega del bien o servicio. El cruce de información puede detectar proveedores sancionados, conflictos de interés, concentraciones anormales de contratos y cambios injustificados. La tecnología debe prevenir irregularidades y facilitar que la competencia se base en precio, calidad y capacidad.

También es indispensable fortalecer las fiscalías anticorrupción con personal profesional, policías de investigación, peritos y recursos suficientes. Su autonomía debe acompañarse de mecanismos de supervisión, voluntad política y evaluación pública. La sociedad debe conocer cuántas denuncias se investigan, cuánto tiempo siguen abiertas, cuántas llegan ante un juez y qué sanciones se aplican. La eficacia se acredita con resultados verificables.

Los canales de denuncia requieren confidencialidad y protección frente a represalias. Una empresa difícilmente reportará una exigencia indebida cuando teme que después le nieguen un permiso, aumenten las inspecciones o paralicen su operación. Cada caso debe tener seguimiento, apoyo jurídico y consecuencias para quien use la autoridad como instrumento de presión.

El sector empresarial tampoco puede limitarse a señalar las fallas de la autoridad. Debe revisar sus propias prácticas y evitar que la urgencia por agilizar un trámite, obtener un contrato o resolver una contingencia termine justificando conductas indebidas.

La integridad debe formar parte de la estrategia de cada empresa y de sus decisiones cotidianas. Esto supone reglas claras sobre pagos, regalos y conflictos de interés, supervisión de gestores e intermediarios, revisión de proveedores, canales internos de denuncia y participación directiva. Estas medidas deben ajustarse al tamaño y los riesgos de cada organización para evitar una nueva carga burocrática para las MiPyMEs.

Una economía basada en la libre iniciativa requiere responsabilidad, competencia leal y reglas aplicadas por igual.

Desde el sector privado debemos impulsar una agenda compartida de integridad pública y empresarial. Al gobierno le corresponde prevenir, investigar y sancionar. A las empresas nos toca fortalecer nuestros mecanismos internos, rechazar ventajas irregulares y colaborar en las soluciones. México necesita que cumplir sea la opción más sencilla, segura y competitiva.

Artículo de Opinión Escrito por: Angel García Lascuráin Valero, Vía: @ElFinanciero_MX X: @AngelGLascurain

La competitividad de un país puede describirse como la capacidad que tiene para generar condiciones que permitan a sus empresas producir, innovar, invertir y competir exitosamente en los mercados globales, elevando al mismo tiempo el bienestar de su población. No se limita al crecimiento económico, sino que refleja la fortaleza de sus instituciones, la calidad de su infraestructura, el desarrollo de su capital humano, la eficiencia de sus mercados y la certeza de su marco jurídico.

En el contexto actual de México, el fortalecimiento de la competitividad adquiere una relevancia estratégica. El anuncio de revisiones anuales del T-MEC, junto con otros factores como la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la competencia internacional por atraer inversiones, la transición energética y el acelerado avance tecnológico, representan desafíos importantes para nuestro país, pero también oportunidades históricas que solo podrán aprovecharse si se fortalece la capacidad para competir. Hoy, más que nunca, la competitividad debe entenderse y priorizarse como una política de Estado orientada a generar crecimiento sostenido, mayor productividad, empleos de calidad y prosperidad para las familias mexicanas.

Recientemente se dio a conocer el informe anual sobre competitividad del IMD (Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial), una de las mediciones internacionales más reconocidas en materia de competitividad. Su valor radica en que no se limita a observar variables macroeconómicas, sino que integra una visión más amplia sobre el desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia empresarial y la infraestructura. La edición 2026 evalúa a 70 economías y considera 341 variables, combinando datos duros con información proveniente de encuestas a ejecutivos. Esta metodología permite capturar no solo el desempeño observable de una economía, sino también percepciones relevantes sobre el ambiente de negocios, la confianza institucional, la eficiencia regulatoria, la disponibilidad de talento y la capacidad de las empresas para competir.

En el caso de México, el país pasó del lugar 55 en 2025 al lugar 62 en 2026 dentro de la clasificación general. Esta caída no debe leerse únicamente como una fotografía negativa, sino como una señal de alerta sobre la velocidad relativa con la que México está dejando de avanzar frente a otras economías. En su análisis, el IMD identifica cinco prioridades para elevar la competitividad de México:

• Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el sector productivo para mejorar la ejecución de las iniciativas estratégicas.

• Reforzar el entorno de negocios, el Estado de derecho y la certeza jurídica para incrementar la confianza de los inversionistas.

• Impulsar una economía más productiva mediante la innovación, la excelencia operativa, la medición del desempeño y el fortalecimiento de los mercados locales e internos.

• Alinear el desarrollo del talento con las capacidades técnicas y directivas que requieren las empresas.

• Fortalecer las cadenas de valor nacionales y la infraestructura estratégica en materia de energía, logística y digitalización.

Los retos identificados por el IMD no son nuevos ni sorprendentes. Lo relevante es que, al analizarlos desde la perspectiva de la competitividad, muestran que estas prioridades no pueden abordarse de manera aislada. Existe una clara relación de causa y efecto: instituciones sólidas generan confianza; la confianza impulsa la inversión; la inversión fortalece la productividad; la productividad incrementa la competitividad; y todo ello requiere talento, infraestructura y coordinación. El verdadero desafío consiste en articular estos factores dentro de una política de Estado en materia de competitividad, con una visión estratégica integral y la capacidad para ejecutarla eficazmente. Ello exige gobernanza, coordinación efectiva, construcción de consensos, confianza, prioridades claras, medición del desempeño y disciplina de ejecución.

En el ámbito empresarial sabemos que una estrategia solo genera resultados cuando se implementa y se gestiona adecuadamente. Lo mismo ocurre con un país. Los hallazgos del IMD evidencian la necesidad de construir una Agenda Nacional de Competitividad, con objetivos medibles, iniciativas prioritarias y mecanismos permanentes de coordinación, seguimiento y evaluación. Sus pilares deberían ser el incremento de la productividad, el desarrollo del talento, la inversión en infraestructura estratégica y una mayor coordinación entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil.

La principal conclusión del estudio no debería ser únicamente que México descendió en el ranking, sino que el país necesita pasar del diagnóstico a la definición de una estrategia y, sobre todo, a su ejecución efectiva. Más que nuevos análisis, México requiere una estrategia nacional de competitividad con visión de largo plazo, que defina prioridades, promueva consensos, mida avances, corrija desviaciones y genere la confianza necesaria para impulsar la inversión, la productividad y el desarrollo económico.