Artículo de Opinión escrito por Pedro Estrella,Vicepresidente Nacional de MiPyMEs, COPARMEXNacional | Vía @ElFinanciero_Mx X: @pedroestrellac

Hoy se conmemora el Día del Emprendimiento. Para muchos puede ser solo una fecha más en el calendario. Para otros, es el recordatorio de una decisión que cambia la vida: abrir un negocio, sostenerlo y hacerlo crecer en un entorno que pocas veces juega a favor.

En México, emprender es una necesidad, una vocación y, en muchos casos, una apuesta personal que implica riesgo, esfuerzo y resiliencia todos los días.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía mexicana. 5.5 millones de unidades económicas generan casi 28 millones de empleos, y más del 70% de esos trabajos dependen directamente de las MiPyMEs. Son la tiendita de la esquina, el taller mecánico, el restaurante familiar, el salón de belleza. Son negocios que no salen en los titulares, pero sostienen al país.

Y, sin embargo, emprender en México sigue siendo un camino cuesta arriba.

La informalidad sigue creciendo, el acceso a financiamiento es limitado, la digitalización no llega con la velocidad necesaria y, sobre todo, falta acompañamiento real. Porque una cosa es abrir un negocio, y otra muy distinta es saber cómo hacerlo crecer, cómo volverlo competitivo y cómo sostenerlo en el tiempo.

Durante años, el ecosistema emprendedor se llenó de discursos, de buenas intenciones y de programas que no siempre aterrizaban en la realidad de quien está detrás de un mostrador o de una pequeña operación. 

Desde COPARMEX entendemos ese reto porque lo vivimos todos los días. Somos emprendedores, sin importar el tamaño de nuestras empresas. Sabemos lo que implica pagar nómina, enfrentar la incertidumbre y tomar decisiones con información incompleta. 

Por eso nació la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, FIIE, un espacio diseñado no para inspirar desde la distancia, sino para acompañar desde la práctica. Este año, más de 8 mil participantes encontraron herramientas, soluciones y aliados para fortalecer sus negocios. 

El verdadero desafío es el día después. ¿Qué pasa cuando el emprendedor regresa a su negocio? ¿Cómo sigue avanzando? ¿Quién lo acompaña?

Es en ese punto donde damos el siguiente paso con Crece Mi Negocio, una plataforma impulsada por inteligencia artificial. Este ecosistema está diseñado para atender necesidades concretas: evaluar la situación de una empresa, definir una ruta de crecimiento, desarrollar capacidades clave y enlazar con aliados estratégicos que hagan posible avanzar.

Esta iniciativa es más que un proyecto digital; es una apuesta de COPARMEX para que cualquier emprendedor, sin importar el tamaño de su negocio o la región donde se encuentre, tenga acceso a información útil para fortalecer, innovar y crecer.

La meta es acompañar a 100 mil MiPyMEs en todo el país. Porque emprender no debería ser un camino solitario.

Hoy la tecnología permite algo que antes era impensable: acercar conocimiento, herramientas y redes de apoyo a cualquier negocio, sin importar su tamaño o ubicación. Esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros.

Fortalecer a las MiPyMEs es una estrategia de país. Cada negocio que crece genera empleo, dinamiza su comunidad y construye desarrollo desde lo local.

En el contexto actual, donde México tiene la oportunidad de integrarse con mayor fuerza a las cadenas globales de valor, el papel de las pequeñas empresas es aún más relevante. No hay crecimiento sostenible sin ellas.

Por eso, en el Día del Emprendimiento, más que celebrar, toca reconocer y actuar.

Reconocer a quienes todos los días levantan la cortina de su negocio y apuestan por salir adelante. Y actuar para que ese esfuerzo no dependa únicamente de la voluntad individual, sino de un entorno que realmente acompañe, impulse y facilite el crecimiento.

Porque emprender en México seguirá siendo difícil.

Pero hoy, más que nunca, puede ser posible crecer.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X: @XimenaCespedesA

Las decisiones que marcan a un país no siempre hacen ruido en el momento en que se toman. Algunas se entienden con el tiempo, cuando sus efectos comienzan a sentirse en la vida institucional, en la economía y en la confianza de quienes participan en ella.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es una de esas decisiones.

El debate no gira en torno a si el Estado debe contar con herramientas para combatir operaciones ilícitas. Eso es incuestionable. La integridad del sistema financiero y la seguridad económica requieren instituciones con capacidad de actuar. El punto de fondo es otro: bajo qué condiciones y con qué límites se ejerce ese poder.

La resolución valida un esquema en el que la autoridad puede restringir el acceso a recursos financieros sin una autorización judicial previa. Se trata de un cambio relevante en la forma en que se interpreta el equilibrio entre facultades del Estado y derechos individuales.

Ese equilibrio es, precisamente, el núcleo del Estado de derecho.

Cuando una medida de esta naturaleza se activa con base en indicios, sin parámetros plenamente definidos y sin control judicial inmediato, se introduce un nivel de incertidumbre que trasciende el ámbito legal. Es una señal sobre la solidez de los contrapesos institucionales.

Las consecuencias son tangibles.

Para cualquier persona o empresa, el acceso a sus recursos es un elemento esencial para su funcionamiento. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, esa realidad es aún más evidente. Su operación cotidiana depende de flujos constantes que permiten cumplir obligaciones básicas. Interrumpirlos, incluso de manera temporal, puede generar efectos que no siempre son reversibles.

Pero el impacto no se limita a quien enfrenta directamente una medida de este tipo.

Las decisiones de inversión, tanto nacionales como internacionales, se construyen sobre percepciones de riesgo. Y esas percepciones están profundamente vinculadas a la certeza jurídica. Cuando el marco institucional abre espacios a la discrecionalidad o a la ambigüedad, el riesgo percibido aumenta, y con él, la cautela para invertir.

México se encuentra en un momento en el que compite activamente por capital, talento y proyectos productivos. En ese contexto, cada señal cuenta. La consistencia en las reglas, la previsibilidad en su aplicación y la existencia de controles efectivos son factores determinantes para consolidar la confianza.

Desde Coparmex hemos sostenido que el desarrollo económico no puede separarse de la calidad institucional. La certeza jurídica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido.

Por ello, la resolución de la Corte no puede entenderse como un punto final.

Al contrario, abre una etapa que exige definiciones claras. Corresponde al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias establecer los límites que hoy no están suficientemente precisados: qué constituye un indicio válido, cuánto tiempo puede sostenerse una medida de esta naturaleza y bajo qué mecanismos se garantiza una revisión efectiva.

También es indispensable asegurar que quienes enfrenten una medida de este tipo cuenten con información oportuna, mecanismos de defensa efectivos y garantías de que cualquier actuación indebida tendrá consecuencias. La transparencia y la rendición de cuentas son parte esencial de ese proceso.

Porque al final, la fortaleza de una democracia no se mide solo por su capacidad de intervenir, sino por su capacidad de hacerlo sin generar incertidumbre.

Y en el México de hoy, la certeza no es un lujo. Es la condición que define si avanzamos o nos detenemos.

Artículo de Opinión escrito por Domingo Ruiz López | Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex | Vía: @Milenio X: @domingoruizl

La discusión sobre la garantía del interés fiscal en México merece una lectura desde varias aristas. Con la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, publicada el 7 de noviembre de 2025, el sistema se rigidizó: se impuso un orden obligatorio de garantías que orilla al contribuyente a acudir primero a la modalidad más líquida posible, según su capacidad económica y, además, se cerró la puerta a la dispensa de garantizar en ciertos medios de defensa. Después, el 25 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una minuta correctiva para que las personas contribuyentes puedan garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales. Esa ruta merece culminarse.

El punto de partida debe ser claro: el Estado tiene derecho y deber de proteger el crédito fiscal. Nadie serio discute que la Hacienda pública necesita mecanismos eficaces para evitar que, durante la controversia, el adeudo se torne incobrable. Pero una cosa es asegurar el interés fiscal y otra convertir la garantía en una barrera material de acceso a la justicia. La garantía debe ser instrumento de aseguramiento, no castigo anticipado ni filtro económico para litigar.

Cuando el diseño legal obliga a un orden rígido, desconoce la realidad de las empresas y de los contribuyentes. No todos tienen liquidez inmediata; no todos pueden inmovilizar recursos sin afectar su operación o inversión. En esos casos, la defensa deja de depender de la razón jurídica y empieza a depender de la caja disponible.

La experiencia comparada es aleccionadora. La doctrina identifica el solve et repete, (paga primero y reclama después) como una de las expresiones más severas del privilegio fiscal.

Aún subsiste, con matices, en experiencias como Cuba, Panamá y algunos segmentos del sistema argentino; pero Italia lo dejó atrás por declaración de inconstitucionalidad en 1961, y en Uruguay existe una línea jurisprudencial firme en contra. La razón es sencilla: cuando el costo económico de impugnar es excesivo, el derecho de defensa se vacía en los hechos.

La academia iberoamericana ha sido consistente. Ramón Valdés Costa sostuvo que el mantenimiento de esta regla vuelve ilusoria la tutela jurisdiccional; José Osvaldo Casás ha advertido que no es aceptable negar el acceso a los tribunales a la parte estructuralmente más débil frente al Estado; y la literatura reciente insiste en que la tutela judicial efectiva exige remover obstáculos económicos desproporcionados. No se trata de debilitar al fisco; se trata de impedir que la fuerza recaudatoria sustituya al juez.

Además, la flexibilidad no solo favorece derechos fundamentales; también mejora el entorno económico. El reporte conjunto OCDE-FMI sobre tax certainty subrayó que la incertidumbre tributaria desalienta la inversión y el comercio, y que más de 60% de las empresas encuestadas consideran muy o extremadamente importante la certeza en el impuesto corporativo y en el IVA para decidir invertir y dónde hacerlo.

La OCDE ha reiterado que la certeza tributaria es clave para la inversión, el empleo y el crecimiento. Y la Encuesta Económica de la OCDE sobre México 2026 advierte que el débil Estado de Derecho, la incertidumbre regulatoria y la menor efectividad judicial pesan sobre la inversión y la confianza.

Los indicadores generales tampoco permiten complacencia. En el Rule of Law Index 2024 del World Justice Project, México obtuvo 0.41 y se ubicó en la posición 118 de 142 países y jurisdicciones evaluados. No es un dato aislado: refleja que la certeza jurídica sigue siendo una tarea pendiente para el bienestar ciudadano y la competitividad del país.

Por eso, la discusión legislativa en curso debe leerse con sensibilidad constitucional y visión de desarrollo. Dar flexibilidad al artículo 141 del CFF no implica tolerancia con el incumplimiento; implica reconocer que la autoridad puede quedar protegida sin asfixiar la defensa legítima. Un sistema inteligente admite diversas formas de garantía, exige suficiencia, evita la simulación y conserva la suspensión del procedimiento de ejecución.

México necesita enviar señales correctas. Hoy competimos por inversión, relocalización y confianza. En ese contexto, la certeza jurídica no es un lujo doctrinal: es infraestructura institucional. Si queremos un país atractivo para invertir, producir y generar empleo, debemos demostrar que aquí se puede controvertir al Estado sin quedar financieramente expulsado del proceso.

La reforma correctiva que avanza en el Congreso apunta en la dirección adecuada. Ojalá las personas legisladoras culminen ese proceso. Hacerlo sería más que un ajuste técnico: sería una señal de certidumbre, racionalidad y madurez institucional para México. Que avance con buen criterio.

Millones de niños y adolescentes siguen enfrentando condiciones que limitan su aprendizaje: desigualdad, rezagos en infraestructura, falta de inversión y modelos educativos que aún no logran traducirse en resultados. Sin embargo, también existen avances y bases sobre las cuales es posible construir una ruta con visión de futuro.

Desde COPARMEX sostenemos que es momento de pasar de un modelo educativo centrado en la cobertura y los procesos a uno enfocado en el aprendizaje efectivo, con énfasis en la formación integral de las personas y en la vinculación con el sector productivo. No se trata solo de ampliar la cobertura, sino de garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes. México no puede seguir postergando esta decisión. Apostar por la educación es apostar por el talento, la productividad y el futuro del país.

Condiciones estructurales y brechas de desigualdad

La infraestructura escolar mantiene brechas regionales. En el sur y sureste persisten carencias en equipamiento, conectividad y servicios básicos, limitando el aprendizaje (Mejoredu, 2024). A ello se suma la inseguridad: 22% del alumnado no se siente seguro en su trayecto a la escuela (vs. 8% OCDE), 7% en el aula y 11% en espacios escolares (PISA 2022).

En este contexto, no puede hablarse de calidad educativa sin entornos seguros y funcionales. El acoso escolar sigue siendo alarmante: 19% de las niñas y 17% de los niños reportan ser víctimas al menos alguna vez al mes.

Además, la educación no recibe recursos suficientes. En 2025, el gasto en educación, ciencia y cultura fue de 3.2% del PIB, por debajo del 4% – 6% recomendado (BID, CIEP, 2025), ubicando a México en el lugar 28 de 38 países de la OCDE. La reducción sostenida desde 2015 ha profundizado el rezago.

Calidad de los aprendizajes y evaluación de resultados

Los resultados de PISA 2022 evidencian un rezago crítico: México ocupa el lugar 35 de 37 países de la OCDE. Solo 34% del estudiantado alcanza el Nivel 2 en matemáticas (OCDE: 69%), 53% en lectura (74%) y 49% en ciencias (76%); apenas el 1% logra excelencia en lectura, frente a 7% internacional. Estos datos reflejan que, ante la falta de innovación pedagógica, capacitación docente y evaluación formativa, el sistema no garantiza aprendizajes significativos.

La permanencia escolar también es un reto: la deserción es de 0.3% en primaria, 2.5% en secundaria, 8.5% en media superior y 6.0% en superior. Aunque hay avances, persiste una pérdida relevante de alumnos. Según el INEGI, el rezago educativo alcanza 19.4% de la población y crece desde 2016, evidenciando un sistema que no responde a las necesidades del país ni asegura movilidad social.

Nuevas habilidades para un mundo en cambio

El sistema educativo mexicano enfrenta un doble reto: cerrar brechas de acceso y calidad, y preparar a las nuevas generaciones para un entorno global cambiante. Niños y adolescentes deben contar con herramientas para adaptarse y liderar en un mundo donde la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización transforman todos los ámbitos.

El 86% de los empleadores a nivel mundial prevé que la inteligencia artificial y el procesamiento de datos modificarán sus modelos de negocio hacia 2030. Las habilidades con mayor crecimiento serán IA y big data, redes y ciberseguridad, así como alfabetización tecnológica. A la par, competencias como pensamiento crítico, liderazgo, creatividad, resiliencia y aprendizaje continúan siendo esenciales.

En este contexto, el 70% de las empresas considera el pensamiento analítico como la habilidad más importante hacia 2025, mientras que el 63% identifica las brechas de habilidades como su principal obstáculo. México no puede rezagarse. La formación de perfiles globales deja de ser un objetivo académico para convertirse en una necesidad económica: el país requiere talento capaz de competir, colaborar e innovar en entornos internacionales, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas productivas.

Situación actual del sistema educativo

A casi dos años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo no ha registrado mejoras significativas en los aprendizajes. Si bien el nuevo modelo plantea un enfoque orientado a la formación integral, la inclusión y el vínculo con la comunidad, estos propósitos aún no se traducen en resultados medibles, y persisten desafíos importantes en su implementación.

El modelo ha privilegiado el acceso y la permanencia por encima del aprendizaje efectivo. Esto ha generado una desconexión entre los objetivos del sistema y la necesidad de mejorar los resultados educativos a nivel individual. En este contexto, la calidad educativa, como eje central de cualquier estrategia formativa, no ha logrado consolidarse como un componente prioritario en la implementación del modelo.

A nivel internacional y en experiencias subnacionales, la evidencia muestra que la mejora educativa se logra con enfoques centrados en el seguimiento de trayectorias de aprendizaje por estudiante, evaluaciones continuas y mecanismos de alerta temprana que permiten prevenir el abandono escolar. En contraste, la limitada cobertura de evaluaciones, aplicadas solo en una parte de las entidades, dificulta contar con información suficiente para tomar decisiones oportunas.

Postura COPARMEX

En COPARMEX sostenemos que la calidad educativa es hoy uno de los principales frenos estructurales para el crecimiento, la competitividad y la movilidad social en México.

Reconocemos la apertura de foros anunciada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como una oportunidad real para escuchar a todos los actores y fortalecer el rumbo del sistema educativo. No obstante, es momento de consolidar un modelo verdaderamente centrado en el aprendizaje, con énfasis en comprensión lectora, pensamiento matemático, habilidades analíticas y formación integral de las personas.

México enfrenta una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse. El nearshoring está redefiniendo las cadenas de valor globales y exige talento calificado. Tras nuestra reciente gira a Washington, confirmamos que, a pesar de los retos en la revisión del T-MEC, las condiciones para fortalecer la integración regional con América del Norte son mayores que los obstáculos. Pero esas oportunidades solo podrán materializarse si el país forma personas con las competencias que los sectores estratégicos y de alto valor demandan. 

Por ello proponemos una agenda educativa centrada en resultados:

• ⁠Un modelo enfocado en aprendizajes clave: comprensión lectora, pensamiento matemático y habilidades digitales como ejes no negociables.

• Formación integral desde edades tempranas, que incorpore habilidades socioemocionales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

• Escuelas seguras y dignas, con infraestructura adecuada, conectividad y entornos que garanticen condiciones mínimas para aprender.

• Docentes mejor acompañados y capacitados, con formación continua y evaluaciones diagnósticas que orienten su desarrollo profesional y mejoren el desempeño en el aula. 

• Un sistema de evaluación educativa sólido, centrado en el alumno, que permita medir aprendizajes, generar evidencia y orientar la toma de decisiones en política pública.

• ⁠Vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo, escalando modelos como la educación dual que ya han demostrado resultados.

• Planes de estudio actualizados y pertinentes, con enfoque en pensamiento computacional, educación financiera y bilingüismo desde la educación básica.

• ⁠Participación activa de madres, padres, docentes, sociedad civil y sector empresarial en el diseño y seguimiento de las políticas educativas.

Estos esfuerzos deben articularse en tres ejes estratégicos: actualización curricular con base en evidencia; fortalecimiento de la formación y acompañamiento docente; y un modelo efectivo de participación social. No son ejes paralelos: ninguno funciona sin los otros.

Invertir en educación es invertir en talento, productividad y desarrollo sostenible. Desde COPARMEX asumimos nuestro papel como co-constructores de soluciones, tendiendo puentes entre el mundo educativo y el productivo, porque sabemos que el crecimiento del país depende de lo que hoy se aprende en las aulas.

Sin aprendizaje de calidad, no habrá crecimiento sostenible. Sin educación pertinente, México perderá su lugar en la economía global. Es momento de actuar con decisión, con evidencia y con visión de largo plazo.

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Artículo de Opinión escrito por Francisco Javier López Díaz, Director General de COPARMEX Nacional | Vía: @Excelsior X: @franlodimx

El reciente anuncio de la Secretaría de Educación Pública sobre la organización de foros para actualizar la Nueva Escuela Mexicana fue interpretado por muchos como un gesto positivo. Debe ser algo más: una obligación histórica. México lleva décadas postergando la conversación que más importa sobre qué tipo de ciudadanos y trabajadores queremos formar. Y no podemos darnos el lujo de que estos foros se conviertan en sólo un proceso de consulta sin verdaderos cambios de fondo.

Los datos son un espejo incómodo. PISA 2022 ubica a México en el lugar 35 de 37 países de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, y en el último lugar en ciencias. En matemáticas, la brecha con el promedio internacional equivale a casi dos años de escolaridad. Sólo uno de cada tres estudiantes mexicanos domina las competencias matemáticas básicas que cualquier empleo del siglo XXI exige. Dicho de otra forma, dos de cada tres jóvenes de 15 años no pueden resolver un problema matemático simple. Y no es una estadística, es el perfil de la generación que en pocos años tendrá que competir por los empleos que el nearshoring promete traer.

Y ahí está la contradicción que nos debe quitar el sueño. Mientras las empresas globales llegan buscando ingenieros, técnicos y profesionales con pensamiento analítico, nuestro sistema educativo forma egresados que, en su mayoría, no dominan las competencias básicas. Si no cerramos esa brecha con urgencia, la inversión no se quedará esperando y entonces se irá a los países que sí apostaron por su talento humano. Reformar la educación no es un eslogan. Es un proyecto que exige cuatro pilares concretos avanzando al mismo tiempo:

Contenidos curriculares que preparen para el mundo real. México retrocedió en matemáticas a niveles de 2003, borrando 20 años de avances. Los planes de estudio deben actualizarse con base en evidencia e incorporar pensamiento computacional, educación financiera, bilingüismo y formación socioemocional. Todas éstas no sólo como materias adicionales, sino como el eje de una educación competente. Docentes con las herramientas que merecen, maestros y maestras como factor determinante. Un currículo brillante fracasa en manos de un docente sin formación actualizada, sin metodologías activas y sin reconocimiento al mérito. Transformar la escuela empieza por la manera en que formamos y acompañamos a quienes enseñan.

Sociedad como aliada, no como testigo. Padres de familia, empresas y organizaciones civiles no pueden seguir siendo espectadores. Deben ser socios reales del aprendizaje, con voz, presencia y responsabilidad compartida. Evaluación que sirva para aprender, no para castigar, pues no es posible mejorar lo que no se mide. México necesita evaluaciones formativas que orienten al docente en el aula, diagnósticos que detecten rezagos antes de que se vuelvan irreversibles, y métricas que guíen las decisiones de política educativa con datos reales. Sin esta brújula, cualquier reforma, por bien intencionada que sea, avanza a ciegas.

Existe evidencia de que otro camino es posible. Actualmente, el Modelo de Educación Dual, que combina formación académica con práctica profesional en empresas reales, logra que más de 80% de sus estudiantes se inserten laboralmente antes de terminar su formación. Es un puente probado entre lo que la escuela enseña y lo que el mercado necesita.

Falta también voluntad presupuestal. La Unesco recomienda invertir, al menos, 4% del PIB en educación; México destina apenas 2.96 por ciento. La comprensión lectora y el pensamiento matemático no son indicadores burocráticos, son la medida real de evaluación de estar formando o no ciudadanos capaces de construir una vida digna. El nearshoring puede traer empleos. Sólo la educación de calidad puede garantizar que esos empleos sean para los mexicanos. Entre aprovechar o perder esta oportunidad hay exactamente una diferencia: lo que decidamos hacer hoy en las aulas. Y esa diferencia vale una generación entera.

Articulo de Opinión escrito por: Rosa Meneses Morales, Consejera Delegada de Comunicación de Responsabilidad Social Empresarial de Coparmex, Vía: @ElIndpendiente

En un entorno global en el que la competencia por atraer inversión es cada vez más intensa, mientras los procesos de integración tienden a fragmentarse en bloques subregionales, la reciente gira encabezada por Juan José Sierra, Presidente Nacional de COPARMEX, a Washington, D. C. adquiere un significado estratégico.

Más allá de una agenda institucional, la visita reafirma una realidad clave: el sector privado mexicano es hoy un pilar estratégico en la relación con nuestro principal socio económico.

Las conversaciones sostenidas con actores de alto nivel, tanto del ámbito público como privado, así como con diversos think tanks, evidenciaron que el interés por México trasciende coyunturas políticas y ciclos de gobierno.

En la antesala de la revisión del T-MEC, y en medio de una acelerada reconfiguración de las cadenas globales de suministro, América del Norte enfrenta una oportunidad difícil de repetir: consolidarse como la región más competitiva del mundo mediante la integración de sus cadenas de valor.

Hoy, la relación entre México y Estados Unidos ha evolucionado hacia una interdependencia estratégica. No se trata solo de comercio, sino de producción compartida, inversión cruzada y cadenas de valor profundamente integradas.

Y en ese entramado, hay un actor constante: el sector privado.

Mientras las agendas públicas cambian, son las empresas quienes sostienen la integración en la práctica. Son ellas quienes asumen riesgos, generan empleo, impulsan la capacitación y fortalecen la competitividad regional.

Sin embargo, hay un aspecto crítico que suele quedar fuera de la conversación: la calidad de la integración hacia el interior del país.

No basta con atraer inversión. El verdadero reto es lograr que esta inversión permee en el tejido productivo nacional.

En este contexto, México no necesita explicar por qué es atractivo, sino demostrar que su ecosistema empresarial es sólido, confiable y capaz de sostener una integración incluyente y de largo plazo.

Aquí es donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cobran relevancia estratégica.

No son un componente secundario ni aislado: son la base operativa de la economía. En ellas se concentra gran parte del empleo, del dinamismo local y de la resiliencia productiva. Sin embargo, su participación en las cadenas regionales de valor sigue siendo limitada.

Y ahí se define el futuro.

Integrar a las MiPyMEs no es solo una política de desarrollo: es una estrategia de competitividad. Las cadenas de valor que incorporan proveedores locales son más resilientes, flexibles y eficientes. Pero, sobre todo, distribuyen mejor los beneficios del crecimiento.

En este punto, la responsabilidad social empresarial deja de ser discurso para convertirse en acción: competitividad con propósito.

Las grandes empresas tienen la capacidad, y la responsabilidad, de elevar el estándar de su ecosistema: profesionalizar proveedores, transferir conocimiento y construir relaciones productivas de largo plazo.

No se trata solo de sumar proveedores. Se trata de construir competitividad desde la base.

México tiene frente a sí una oportunidad histórica. La relocalización de cadenas productivas, su cercanía con Estados Unidos y su experiencia industrial lo colocan en una posición privilegiada.

Pero las ventajas, por sí solas, no garantizan resultados.

La gira de COPARMEX deja una lección clara: el interés existe, los aliados están y las oportunidades son reales.

Lo que marcará la diferencia será nuestra capacidad de construir un entorno en el que invertir en México no sea una apuesta, sino una decisión lógica, confiable e incluyente.

Integrar a las MiPyMEs no solo fortalece la competitividad, también contribuye a cerrar brechas, generar bienestar en las comunidades y construir un modelo de desarrollo más equitativo. En ese sentido, la competitividad regional y la responsabilidad social empresarial no son agendas separadas, sino dos caras de una misma estrategia de desarrollo sostenible.

Porque la competitividad no se declara. Se construye. Y se demuestra. #OpiniónCoparmex

*Rosa María Meneses: Consejera Delegada de Comunicación de Responsabilidad Social Empresarial de COPARMEX

Articulo de Opinión escrito por: Angélica Frías González, Vicepresidenta Nacional de Sustentabilidad de COPARMEX, Vía: @altonivel X: @Angelica_cancun

Hoy, esa lógica resulta más vigente que nunca. Vivimos en un entorno donde múltiples factores se están moviendo al mismo tiempo. La tecnología avanza a gran velocidad, particularmente con los cambios que estamos viviendo en la inteligencia artificial; el contexto geopolítico evoluciona constantemente, y la economía global sigue marcada por la incertidumbre.

De hecho, de acuerdo con el World Economic Forum, cerca del 75% de las empresas ya están adoptando o explorando el uso de inteligencia artificial. Es decir, el cambio no es una posibilidad futura: ya está ocurriendo. Adicionalmente, el mismo organismo estima que, para 2030, cerca del 22% de los empleos actuales cambiarán de forma significativa.

A esto se suma un entorno económico complejo. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que la incertidumbre sigue siendo uno de los principales factores que limitan el crecimiento a nivel global. En otras palabras, ya estamos operando en un escenario de alta complejidad.

En días recientes, nuestro país ha sido testigo de decisiones relevantes en materia institucional. Más allá de posturas específicas, estos momentos invitan a hacer una pausa y plantearnos algo más profundo: ¿es este el mejor contexto para realizar cambios estructurales?

Desde mi experiencia trabajando con empresas, hay un patrón que se repite con claridad. Cuando una organización enfrenta presión desde distintos frentes —mercado, competencia, tecnología y entorno económico—, lo último que hace es modificar sus reglas internas. Por el contrario, busca fortalecerlas, dar claridad a sus equipos y generar condiciones que le permitan tomar mejores decisiones.

Porque, cuando todo se mueve, lo que realmente genera valor no es sumar más cambios, sino tener claridad en lo que permanece estable.

Este principio aplica también a nivel país. La confianza para invertir no se construye únicamente con oportunidades de mercado, sino con certeza jurídica, instituciones sólidas y condiciones de seguridad.

En México , la inseguridad y la incertidumbre regulatoria se mantienen como dos de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial. No es casualidad que indicadores como el ánimo para invertir de Data Coparmex reflejen que la confianza empresarial sigue enfrentando retos importantes. No se trata de falta de oportunidades, sino de condiciones.

En este contexto, impulsar cambios que afectan las reglas fundamentales del sistema institucional agrega una capa adicional de incertidumbre, en un momento en el que el país necesita, más que nunca, claridad y enfoque.

La discusión de fondo no es si el sistema electoral se puede mejorar: claro que sí.

La pregunta relevante es: ¿sería este el momento adecuado para modificarlo?

Hoy, el reto no es menor. En un mundo donde la tecnología, la geopolítica y la economía ya están en transformación constante, los países que logren ofrecer certidumbre serán los que atraigan inversión, talento y crecimiento sostenible.

México tiene una oportunidad clara: priorizar la seguridad, fortalecer el Estado de Derecho y generar confianza.

Porque, cuando el entorno es incierto, la certidumbre no es opcional… es una ventaja competitiva que fortalece a nuestro país.

Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX X: @cchicaza

Hay viajes que se hacen para escuchar. Otros, para recordar que en política económica nada se regala y que los beneficios de un tratado comercial solo existen si se defienden con inteligencia y consistencia. La gira de Coparmex a Washington, entre el 17 y el 20 de marzo, fue de esos segundos casos: una visita para decir, sin rodeos, que el T-MEC vale, pero no se cuida solo.

Y lo primero que queda claro es que el T-MEC ha dejado de ser un acuerdo comercial para convertirse en un instrumento de seguridad económica regional.

En Washington, el mensaje es contundente: la revisión del tratado no se limitará a aranceles o reglas de origen. La discusión ya incorpora seguridad, energía, cadenas de suministro y, sobre todo, certeza jurídica. Es decir, los mismos temas que hoy definen la competitividad de México.

México llega a este proceso con ventajas estructurales evidentes, pero también con debilidades internas que no podemos ignorar. La integración regional se sostiene con confianza. Y la confianza exige reglas claras, instituciones sólidas y condiciones de operación seguras para las Empresas.

Por eso, en cada reunión, la delegación fue clara: la revisión del T-MEC debe ser una modernización técnica, no una renegociación política.

Cambiar las reglas de fondo sería un error. Fragmentar el acuerdo o debilitar su carácter trilateral afectaría directamente la competitividad de la región. México, Estados Unidos y Canadá no compiten entre sí; se complementan. Esa es la lógica que ha permitido construir cadenas de valor integradas que generan empleo en los tres países.

Romper ese equilibrio sería retroceder.

El segundo hallazgo de la gira es igual de relevante: México no está solo. En la US Chamber of Commerce, en Brookings, en el CSIS y en la US-Mexico Foundation, encontramos coincidencias claras. Existe una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el tratado, eliminar barreras como la Sección 232, que hoy afecta el 31 por ciento de nuestras exportaciones, y consolidar condiciones que permitan atraer inversión de largo plazo.

La región tiene el potencial de consolidarse como una potencia energética global, pero eso exige suministro suficiente, confiable y competitivo. El nearshoring representa una oportunidad histórica, pero depende de seguridad para las personas y para las Empresas. La inversión está disponible, pero se dirige hacia donde existe certeza jurídica.

No hay margen para ambigüedades. Por eso también fue relevante el diálogo con el Departamento de Trabajo, donde se reconocieron los progresos de México en materia salarial y laboral. El país ha cumplido y superado compromisos. El reto ahora es evolucionar hacia esquemas de cooperación que eleven estándares en toda la región, no mecanismos punitivos que generen distorsiones.

Finalmente, la gira dejó una conclusión que no admite matices: la relación bilateral y el futuro del T-MEC se sostienen, en gran medida, desde el sector privado.

Las instituciones cambian. Las administraciones cambian. Las Empresas permanecen. Son ellas las que mantienen viva la integración todos los días, las que invierten, generan empleo y conectan las economías de la región.

Por eso, la presencia de Coparmex en Washington no es anecdótica. Es estratégica.

México tiene con qué competir. Tiene con qué liderar. Pero convertir ese potencial en resultados exige decisiones claras: fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad, asegurar energía suficiente y consolidar un entorno de certeza jurídica.

La revisión del T-MEC será una prueba de madurez para América del Norte. Pero también lo será para México. Y en ese proceso, lo que está en juego es nuestra capacidad de integrarnos con inteligencia, de competir con reglas claras y de crecer con visión de largo plazo.

Artículo escrito por Jaleyna de la Peña Molina, Consejera Delegada de Derechos Humanos de Coparmex vía, @AuroradeMexico X: @jaleynadelapena

El pasado 15 de marzo de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un nuevo ciclo de ocho años bajo la titularidad de Aureliano Hernández Palacios. Esta transición no representa únicamente un cambio de liderazgo, sino la ventana de oportunidad más relevante de la década para modernizar el contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado. Desde las empresas mexicanas consideramos que el éxito de esta nueva etapa radicará en la capacidad de la ASF para evolucionar de una fiscalización de revisión histórica a una de prevención algorítmica.

Tradicionalmente, la auditoría se ha visto limitada por el muestreo: la revisión de una fracción del gasto con la esperanza de detectar inconsistencias. Sin embargo, en un entorno de digitalización acelerada, el muestreo ya no es el techo de nuestras capacidades. Según datos de la OCDE, la contratación pública representa cerca de 13% del PIB en sus países miembros; en México, el volumen de operaciones exige una vigilancia que solo la tecnología de punta puede garantizar.

La nueva administración tiene la oportunidad de transitar hacia la vigilancia de 100% de las transacciones en tiempo real. Este modelo, ya implementado con éxito en Brasil a través del sistema ALICE (Análise de Licitações e Editais), permite que el auditor identifique riesgos preventivamente, antes de que los recursos sean ejercidos. México cuenta con la infraestructura de la Plataforma Digital Nacional (PDN); el siguiente paso es dotar a la ASF de motores de machine learning que conviertan esos datos en alertas estratégicas para una gestión pública más eficiente.

La integridad pública moderna requiere herramientas que comprendan la complejidad de las redes económicas. El uso de knowledge graphs permite mapear de forma transparente los vínculos entre proveedores y beneficiarios finales, asegurando que cada peso público cumpla con su propósito social.

Experiencias internacionales, como la de Corea del Sur, cuyo sistema KONEPS ha sido reforzado hacia 2025 para identificar patrones de colusión mediante IA, demuestran que la tecnología es el mejor aliado de la competitividad. Para la nueva gestión de la ASF, implementar estos modelos no es solo una medida anticorrupción, es una estrategia de optimización de recursos que garantiza que las empresas más capaces y éticas sean las que impulsen el desarrollo nacional.

Este salto tecnológico debe estar anclado en un marco jurídico sólido. México tiene la oportunidad de liderar en la región adoptando principios de la Ley de IA de la Unión Europea, que entra plenamente en vigor en agosto de 2026. Este marco exige que los sistemas de apoyo a decisiones públicas sean transparentes, auditables y libres de sesgos.

Al adoptar estándares como el “AI Accountability Framework” del gobierno estadounidense, la ASF no solo modernizaría su técnica, sino que blindaría el debido proceso. La integridad del sistema de fiscalización del siglo XXI reside en la integridad de su código y en la transparencia de sus algoritmos.

El nombramiento del auditor superior Hernández Palacios ocurre en un momento de madurez institucional. La meta no es solo fiscalizar, sino fortalecer al Estado mexicano mediante una fiscalización inteligente que prevenga el error y potencie el acierto. El futuro de la integridad es digital, colaborativo y, sobre todo, preventivo.

La ASF tiene ante sí la posibilidad de convertirse en un referente global de cómo la tecnología, operada con visión técnica y compromiso social, puede transformar la administración pública. El algoritmo de la integridad es nuestra mejor ruta hacia un México más transparente.

Artículo de Opinión Escrito por: Angel García Lascuráin Valero, Vía: @ElFinanciero_MX X: @AngelGLascurain

La economía internacional y el orden geopolítico global atraviesan por la transformación más significativa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El sistema basado en reglas multilaterales relativamente estables está siendo reemplazado por un entorno caracterizado por mayor competencia geopolítica, fragmentación económica y redefinición de alianzas estratégicas.

En este nuevo escenario, las tensiones entre grandes potencias, el uso creciente de instrumentos económicos como herramientas de poder estratégico (una nueva diplomacia transaccional), y la reorganización de las cadenas globales de suministro están modificando las reglas del comercio, de la inversión y la seguridad internacional. En su reciente publicación del reporte de riesgos globales 2026, el Foro Económico Mundial señaló a la confrontación geoeconómica como el riesgo más relevante a nivel internacional para los próximos dos años. La escalada de tensiones en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán y su confrontación con Estados Unidos e Israel, ejemplifican lo anterior y refuerza una tendencia más amplia: el creciente peso de la seguridad energética en la geopolítica global.

Para las empresas y los países, comprender esta transformación ya no es un ejercicio teórico, sino una condición indispensable para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones empresariales. El análisis del entorno geopolítico se ha convertido en un elemento central de la estrategia empresarial, de la planeación económica y de la gestión del riesgo.

Dentro de esta transformación, México se encuentra en una posición particularmente relevante. Su integración económica con América del Norte y su cercanía con Estados Unidos colocan a nuestro país en el centro de la reconfiguración económica. Ahora más que antes, la integración comercial con Estados Unidos es irreversible. Con la revisión del T-MEC habrá modificaciones, pero ambos países se necesitan mutuamente, México requiere de Estados Unidos para apoyar su crecimiento económico y Estados Unidos nos necesita para competir con China. El año 2026 puede resultar definitorio para el posicionamiento estratégico de México en la región y en el nuevo orden global. Es un año crucial para consolidar las bases de un modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico más elevado, sostenible e inclusivo.

Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del hemisferio occidental como una prioridad estratégica para Estados Unidos. En noviembre del año pasado, el gobierno de aquel país publicó su nueva estrategia de seguridad nacional, con un enfoque directo en el control migratorio, el combate a organizaciones criminales, la seguridad de rutas marítimas y el reordenamiento económico para el nearshoring y la protección de cadenas críticas de suministro. Este cambio redefine el marco de la relación bilateral y plantea tanto oportunidades como desafíos para México. Por un lado, la reorganización de cadenas productivas en América del Norte abre nuevas y significativas oportunidades para la inversión y el desarrollo industrial. Por otro, también implica mayores exigencias en materia de seguridad, cooperación institucional y alineamiento estratégico. 

Para el sector empresarial, el nuevo entorno geopolítico presenta tanto oportunidades relevantes como riesgos significativos. Habrá nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en sectores como manufactura avanzada y de alto valor agregado. Empresas mexicanas bien posicionadas pueden integrarse más profundamente en las cadenas de valor norteamericanas. Sin embargo, esta integración también implica mayores exigencias. Las empresas deberán fortalecer sus sistemas de cumplimiento, gobernanza corporativa, trazabilidad de cadenas de suministro y estándares de sostenibilidad. Otro factor relevante será la creciente vigilancia sobre las reglas de origen, especialmente ante la preocupación estadounidense por la integración indirecta de productos provenientes de China en exportaciones mexicanas. 

Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requerirá fortalecer elementos fundamentales de la competitividad nacional: certidumbre jurídica, seguridad, fortaleza institucional, infraestructura de calidad, energía suficiente y capital humano.

Para las empresas, la lección es clara: la geopolítica se ha convertido en un factor central en la estrategia empresarial. Las organizaciones que desarrollen capacidades para entender el entorno, anticipar riesgos y ejecutar con disciplina sus estrategias estarán mejor posicionadas para prosperar en el nuevo orden global.