Articulo de Opinión escrito por: Rosa Meneses Morales, Consejera Delegada de Comunicación de Responsabilidad Social Empresarial de Coparmex, Vía:  @AuroradeMexico

Durante años, la conversación sobre responsabilidad social empresarial se concentró en temas ambientales, laborales, de gobernanza y desarrollo comunitario. Sin embargo, la realidad que vive México obliga hoy a ampliar esa visión e incorporar una dimensión que ya no puede ignorarse: la seguridad.

No puede hablarse de desarrollo sostenible en un entorno donde miles de empresas operan bajo amenazas, miedo e incertidumbre.

La extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, la inversión y la permanencia de miles de negocios en México, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el motor productivo y generador de empleo del país.

Las cifras reflejan la gravedad del problema. Tan solo entre enero y marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, el segundo nivel más alto de los últimos 11 años. En promedio, más de 32 personas fueron víctimas diariamente durante el primer trimestre del año.

Pero detrás de las cifras oficiales existe una realidad todavía más grave: 97% de las extorsiones no se denuncia o no deriva en carpetas de investigación, lo que convierte a este delito en el de mayor cifra oculta del país. El miedo, la desconfianza institucional y la impunidad continúan alimentando el silencio.

Además, el deterioro de la seguridad ya no es un fenómeno aislado. El reciente Índice de Extorsión de Coparmex reveló que 14 estados de la República superan el promedio nacional de incidencia, mientras entidades como Morelos, Tabasco y Zacatecas registran los niveles más altos.

Detrás de cada estadística hay empresas que frenan inversiones, negocios familiares que operan bajo amenazas y emprendedores que enfrentan costos imposibles de absorber. Para muchas mipymes, la extorsión no solo representa pérdidas económicas; significa el riesgo permanente de desaparecer.

Por ello, hablar de responsabilidad social empresarial también implica defender condiciones mínimas de legalidad, certeza y seguridad.

Ninguna estrategia de sostenibilidad puede consolidarse en entornos marcados por el miedo. La seguridad no es únicamente una función del Estado, es una condición indispensable para el bienestar social, el crecimiento económico y la construcción de comunidades resilientes.

Desde Coparmex hemos sido claros: la seguridad debe dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y convertirse en una garantía para quienes generan empleo y apuestan todos los días por México.

Por ello, acompañaremos y vigilaremos la implementación de la nueva Ley General contra la Extorsión, entendiendo que el verdadero reto no radica solamente en aprobar leyes, sino en garantizar su aplicación efectiva en todo el país.

Entre las acciones impulsadas por Coparmex destacan la homologación de legislaciones estatales con la nueva ley general, la creación de unidades especializadas en extorsión en las fiscalías locales, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios, el fortalecimiento de mecanismos de atención y protección a víctimas, así como esquemas de respaldo y acompañamiento para empresas afectadas.

La responsabilidad social empresarial también implica asumir un papel activo en la defensa del Estado de derecho, la promoción de la legalidad y la construcción de entornos donde las empresas puedan crecer sin amenazas. Porque proteger a quienes generan empleo también significa proteger el desarrollo del país.

México enfrenta un desafío que ya no puede minimizarse: la extorsión deteriora la confianza, frena inversiones y amenaza la permanencia de miles de empresas, especialmente de las mipymes.

Combatir este delito exige más que discursos, requiere instituciones sólidas, coordinación efectiva y una estrategia nacional que coloque la seguridad como una prioridad para el desarrollo sostenible.

Porque sin seguridad, no hay inversión. Sin confianza, no hay crecimiento. Y sin Estado de derecho, no puede haber desarrollo sostenible.

Artículo de opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía @altonivel X:@jsierraalvarez

Abrir la cortina cada mañana en nuestro país se ha convertido en un acto de resistencia. Detrás  de cada mostrador, de cada taller y de cada oficina de una pequeña empresa, hay una historia  de esfuerzo que hoy se ve empañada por la sombra de un socio que nadie invitó: la extorsión.  

Habló de una realidad que tiene de rodillas a quienes son el motor de nuestra economía y que,  bajo el amparo de la impunidad, se ha vuelto el impuesto más caro y cruel para el desarrollo. 

Los resultados de nuestro más reciente Monitor de Seguridad de COPARMEX son una  sacudida a la conciencia nacional. Entre enero y marzo de 2026, casi tres mil personas fueron  víctimas de extorsión de manera oficial. Si desglosamos la frialdad de los números, nos  encontramos con un promedio aterrador de 32 víctimas diarias.  

Es decir, cada hora, al menos un mexicano que intenta sacar adelante a su familia está siendo  amenazado. Sin embargo, lo más alarmante es lo que se oculta. 

Vivimos bajo un gran número del 97%. De acuerdo con el INEGI, esa es la proporción de  extorsiones que nunca llegan a una carpeta de investigación. Lo que las cifras oficiales nos  muestran es apenas el 3% de una epidemia que carcome la confianza ciudadana.  

Este delito posee la cifra oculta más alta de todo el sistema de justicia en México ; es un crimen  que se alimenta del silencio y del miedo fundado a que la denuncia sea el inicio de una tragedia  mayor. La extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose como un simple “costo  de operación”. Es el delito que mata a la MiPyME. 

La geografía del dolor es extensa y diversa. A través de nuestro nuevo Índice de Extorsión  (IEC) hemos identificado que 14 estados superan la media nacional de riesgo. Regiones como  Morelos , Tabasco y Zacatecas enfrentan condiciones de asfixia para la actividad empresarial.  Resulta doloroso observar que entidades como Chihuahua , Ciudad de México y Querétaro han  alcanzado sus máximos históricos de los últimos 11 años.  

En municipios de Guanajuato y en la propia capital del país, la frecuencia de este delito es una  señal de alerta que ninguna autoridad puede ignorar. 

Ante este escenario, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia  de Extorsión es un paso necesario, pero insuficiente si no hay una ejecución impecable.  

Por eso, en COPARMEX nos convertiremos en los guardianes de esta ley. Vamos a vigilar,  estado por estado y congreso por congreso, que la legislación se homologue correctamente y  que existan unidades especializadas en las fiscalías que realmente atiendan a las víctimas con  pericia técnica y sensibilidad humana.

Es momento de pasar de la indignación a la corresponsabilidad. Necesitamos fortalecer las  instituciones, instalar inhibidores de señal en cada centro penitenciario del país y, sobre todo,  construir un puente de confianza que permita romper el ciclo de impunidad.  

México tiene todo para ser una potencia económica, pero su talento y su capital no pueden  florecer bajo el asedio del miedo. 

Artículo escrito por Miguel Ángel Castro Palomino, Presidente de la Comisión Nacional de Educación de Coparmex | Vía:@elsolde_mexico X: @miguelcastropa

Durante años hemos repetido que México tiene un enorme potencial. Lo escuchamos cuando se habla del T-MEC, del nearshoring, de las oportunidades comerciales con Estados Unidos y Canadá, o de la posibilidad de convertirnos en una de las economías más competitivas del continente. Y sí, es verdad: México tiene ubicación, capacidad industrial, talento y una generación joven enorme. Pero también hay una realidad que muchas veces evitamos decir con claridad: ningún país puede competir seriamente si no apuesta de verdad por la educación.

Y hoy, honestamente, inquieta el rumbo que estamos tomando. Lo digo no solo desde una responsabilidad institucional en el ámbito educativo y empresarial, sino desde la experiencia cotidiana de dirigir colegios, convivir con docentes, escuchar a padres de familia y observar todos los días cómo llegan nuestros niños y jóvenes al aula. La educación mexicana atraviesa momentos complejos. Y aunque existen esfuerzos valiosos en distintos niveles, también hay señales que deberían alertarnos profundamente.

México invierte alrededor del 4% de su PIB en educación, mientras que organismos internacionales y países más competitivos han entendido desde hace tiempo que el verdadero desarrollo pasa por fortalecer la formación de su gente. No se trata únicamente de cuánto dinero se destina, sino de cómo se invierte y cuáles son las prioridades.

En los últimos años hemos visto crecer programas de apoyo social y becas, lo cual puede ser positivo para muchas familias. Pero, al mismo tiempo, pareciera que hemos dejado de hablar de calidad educativa, capacitación docente, infraestructura escolar, innovación, exigencia académica y formación integral.

Y ese silencio termina costando caro. A veces pareciera que en México confundimos inclusión con reducir la exigencia. Ayudar a un estudiante no significa dejar de prepararlo para la realidad. Ser empáticos no debe implicar formar generaciones menos preparadas para competir en un mundo cada vez más complejo.

Mientras otros países fortalecen las matemáticas, las ciencias, la tecnología, la inteligencia artificial y los idiomas, nosotros seguimos debatiendo si la evaluación debe ser estricta o si la asistencia realmente importa. El problema es que el mundo no va a bajar su nivel de exigencia para adaptarse a nosotros.

La realidad es dura: nuestros jóvenes competirán contra profesionistas de Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá que sí están siendo preparados con altos niveles de disciplina, tecnología, innovación y pensamiento crítico. Y ahí es donde México corre el riesgo de quedarse rezagado.

La educación no solo forma trabajadores. Forma ciudadanos; construye criterio, disciplina, capacidad para resolver problemas, responsabilidad y visión de futuro. Cuando un país debilita su sistema educativo, tarde o temprano también se debilita socialmente.

Muchas de las desigualdades que vivimos tienen relación directa con la educación. La falta de movilidad social, la informalidad, la baja productividad, la pobreza e incluso muchos problemas de violencia encuentran terreno fértil cuando millones de jóvenes no reciben herramientas reales para construir un proyecto de vida sólido.

Y esto no debería verse como un debate político. Debería asumirse como un debate nacional.

Porque mientras discutimos temas ideológicos o administrativos, el mundo avanza a una velocidad impresionante. La inteligencia artificial está transformando industrias completas. Los empleos están cambiando. Las empresas buscan talento bilingüe, tecnológico y adaptable. Y México tiene frente a sí una oportunidad histórica gracias a su relación comercial con Norteamérica. Pero esa oportunidad puede desperdiciarse si no formamos capital humano competitivo.

Como país, necesitamos volver a colocar la educación en el centro de la conversación nacional. Necesitamos recuperar la cultura del esfuerzo, fortalecer a nuestros docentes, invertir en infraestructura, impulsar la tecnología y los idiomas, y volver a entender que la exigencia académica no es enemiga de la inclusión; al contrario, es parte fundamental de la verdadera igualdad de oportunidades.

Porque, al final, la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar la vida de una persona y el destino de una nación.

Los países que transforman su futuro no lo hacen reduciendo la exigencia educativa, sino elevándola. México no necesita generaciones a las que se les facilite aprobar; necesita generaciones capaces de competir, innovar y liderar en el mundo.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X: @XimenaCespedesA

La democracia ya no ocurre solamente en plazas públicas, congresos o tribunales. También sucede en timelines, grupos de WhatsApp, plataformas de video y sistemas de inteligencia artificial. Ahí discutimos, nos informamos, nos organizamos y, muchas veces, nos agredimos. Por eso, el civismo digital dejó de ser un asunto tecnológico: hoy es una condición básica de convivencia democrática.

Hablar de civismo digital implica entender cuatro dimensiones: qué es, cómo se legisla, cómo se garantiza y qué papel tienen los ciudadanos.

El concepto puede definirse como el conjunto de derechos, responsabilidades y prácticas éticas que permiten convivir en entornos digitales respetando la dignidad humana, la libertad de expresión, la privacidad, la autoría y el acceso a la información. No se trata solamente de “portarse bien” en internet; se trata de construir reglas democráticas para una esfera pública que ya es digital.

La discusión cobró nueva relevancia con recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos resolvió que las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor en México, porque la creatividad protegida por la ley corresponde a personas físicas y no a algoritmos.

La decisión parece técnica, pero en realidad abre una conversación mucho más profunda: si la vida pública y cultural migra hacia sistemas automatizados, ¿cómo protegemos la autoría, la verdad, la identidad y la responsabilidad humana?

El civismo digital empieza precisamente ahí: en reconocer que la tecnología no sustituye a la ciudadanía. Las herramientas pueden amplificar capacidades, pero no reemplazar principios democráticos.

¿Cómo se legisla el civismo digital?

México ha construido fragmentos de regulación digital desde distintas áreas: protección de datos personales, derechos de autor, violencia digital, telecomunicaciones y acceso a la información. Sin embargo, aún no existe una política integral de ciudadanía digital.

La legislación suele reaccionar más rápido ante los riesgos que ante los derechos. Y ese es el gran dilema contemporáneo: regular internet sin censurarlo.

Las democracias modernas enfrentan una tensión permanente entre combatir la desinformación, proteger a menores, evitar discursos violentos y, al mismo tiempo, garantizar libertades fundamentales. Un exceso de regulación puede derivar en vigilancia o censura; una ausencia total de reglas puede convertir el espacio digital en un territorio de abuso, manipulación o impunidad.

Por eso, el civismo digital no puede construirse únicamente desde el castigo. También requiere alfabetización tecnológica, transparencia algorítmica y educación ética.

¿Cómo se garantiza?

Garantizar el civismo digital implica una responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas tecnológicas, las escuelas y la ciudadanía.

El Estado debe asegurar derechos: acceso universal a internet, protección de datos, mecanismos de denuncia y tribunales capaces de entender conflictos digitales. También debe evitar tentaciones autoritarias disfrazadas de regulación tecnológica.

Las plataformas, por su parte, ya no pueden asumirse como intermediarias neutrales. Sus algoritmos ordenan conversaciones públicas, priorizan contenidos y moldean percepciones sociales. La moderación de contenido, la publicidad política y el uso de inteligencia artificial tienen impactos democráticos reales.

Las universidades y escuelas enfrentan otro desafío: enseñar pensamiento crítico digital. Hoy, una persona puede tener acceso ilimitado a información y, aun así, ser incapaz de distinguir evidencia de manipulación.

El civismo digital también exige nuevas competencias, como verificar fuentes, entender cómo funcionan los algoritmos, reconocer discursos de odio, proteger datos personales y ejercer la libertad de expresión con responsabilidad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Mucho más de lo que parece.

Primero, asumir que cada interacción digital tiene consecuencias públicas. Compartir información falsa, difundir discursos violentos o participar en campañas de linchamiento digital deteriora el espacio democrático, igual que ocurre fuera de internet.

Segundo, exigir transparencia. Los ciudadanos pueden cuestionar cómo operan las plataformas, cómo utilizan sus datos y cómo funcionan los sistemas automatizados que influyen en decisiones cotidianas.

Tercero, practicar la verificación antes de viralizar. En la era de la inteligencia artificial generativa, la desinformación ya no depende solamente de rumores; ahora puede fabricarse con imágenes, voces y videos sintéticos cada vez más convincentes.

Y cuarto, defender activamente los derechos digitales como parte de los derechos humanos. La privacidad, la libertad de expresión y la identidad digital no son asuntos secundarios; forman parte de la ciudadanía contemporánea.

La reciente resolución de la Corte sobre inteligencia artificial deja una señal importante: detrás de cada derecho debe existir una responsabilidad humana.

El civismo digital será, probablemente, una de las discusiones democráticas más importantes de la próxima década. Porque el problema ya no es si vivimos en internet. El problema es qué tipo de sociedad estamos construyendo dentro de él.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

La Confederación Patronal de la República Mexicana realizó la semana pasada el Seminario de Formación Coparmex Puerto Vallarta 2026. El encuentro reunió a presidentes, directores, consejeros y empresarios jóvenes de los Centros Empresariales del país. El objetivo fue prepararnos, como sector empresarial organizado, frente a una etapa que exige capacidad de diálogo, visión regional y presencia pública sólida.

México enfrenta bajo crecimiento, incertidumbre institucional, retos de seguridad, presión regulatoria y un entorno internacional en reacomodo. Frente a ese escenario, la empresa formal no puede limitarse a resistir. Tiene que conocer el entorno y las tendencias mundiales, participar, proponer, formar liderazgos y contribuir a que las decisiones públicas mantengan contacto con la realidad productiva de las regiones.

Coparmex representa a más de 36 mil empresas, responsables de una parte relevante del Producto Interno Bruto y del empleo. Además, su presencia territorial, integrada por 71 Centros Empresariales, 14 Federaciones, 17 Delegaciones y 17 Representaciones, le permite conocer de primera mano lo que ocurre en las distintas regiones del país. Esa capilaridad territorial es una de sus principales fortalezas, porque convierte la experiencia local en agenda pública y propuestas.

El Seminario de Formación 2026 tuvo sentido estratégico. Preparar liderazgos no es un asunto gerencial. Es una condición para que los organismos empresariales puedan incidir con seriedad, construir acuerdos, comunicar sus causas y defender las tesis que hacen posible la economía formal. Como señaló nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, se trata de “fortalecer el liderazgo, consolidar equipos y reafirmar la unidad que le da sentido a esta gran institución”. Sin dirigentes preparados, la representación pierde eficacia. Con liderazgos sólidos, las empresas pueden dialogar mejor con el gobierno, con los trabajadores y con la sociedad.

La agenda del encuentro se organizó alrededor de temas necesarios para este momento. Liderazgo, comunicación estratégica, negociación, innovación, identidad, fortalecimiento organizacional y contexto nacional e internacional. También incluyó herramientas para comunicar mejor el valor de participar en los Centros Empresariales y reflexiones sobre adaptación al cambio e inteligencia artificial. En una época de polarización, comunicar con claridad, negociar con responsabilidad y sostener una visión común se vuelve indispensable.

Fue igualmente importante el énfasis en la unidad empresarial. México necesita organismos fuertes y con claridad de propósito. La unidad no significa uniformidad ni ausencia de debate. Significa reconocer que, frente a desafíos de gran tamaño, los esfuerzos fragmentados tienen poco alcance.

Esa lógica también debería servir a la coyuntura política y económica nacional. Gobierno, partidos, organizaciones intermedias, medios de comunicación y sociedad necesitan reconocer que los grandes problemas del país no se resuelven desde la acción aislada o la polarización, sino mediante responsabilidad, diálogo serio y visión de largo plazo.

Hemos insistido en que México debe recuperar confianza para crecer. La inversión productiva prospera cuando existen reglas claras. El Estado de Derecho brinda certidumbre a quienes arriesgan capital. La seguridad permite emprender sin miedo. La energía suficiente y competitiva sostiene la operación de las empresas. La simplificación regulatoria libera tiempo, recursos y capacidad de innovación. Y una comunicación efectiva entre gobierno, trabajadores y empresarios permite construir soluciones realistas.

A esa presencia territorial se suma una visión de la empresa como institución social. La empresa formal no solo genera utilidades. Crea estabilidad, abre oportunidades, permite movilidad social, forma colaboradores, paga impuestos y construye comunidad. En un país donde las MiPyMEs son la base de la actividad productiva y generan la mayor parte del empleo, fortalecer la cultura empresarial fortalece al país.

Por eso, la formación de dirigentes debe verse como una inversión estratégica. Las empresas requieren líderes capaces de entender el contexto económico, adoptar tecnología, impulsar innovación, elevar productividad y participar en la construcción de políticas públicas. También requieren dirigentes con sentido ético, vocación de servicio y capacidad para tender puentes, porque la economía no se sostiene solo con datos, sino con confianza.

Desde su origen, nuestra institución ha defendido principios que siguen vigentes. La dignidad de la persona, la libertad responsable, la libre empresa, la legalidad, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común. No se trata de referencias del pasado. Son criterios para enfrentar problemas actuales como la informalidad, la falta de certeza jurídica, la necesidad de inversión, la educación para el trabajo y un país más competitivo.

El encuentro de Puerto Vallarta dejó una lectura de fondo. La Confederación sabe que no basta con tener historia, presencia nacional o legitimidad institucional. Se necesita insistir en su identidad y valores, así como preparación permanente ante un entorno cada día más complejo. El futuro se construye desde hoy con liderazgo, equipos sólidos, unidad e incidencia regional. La formación de liderazgos empresariales es parte de esa respuesta, porque permite que cada Centro Empresarial sea más fuerte y que su región sienta con mayor fuerza su representatividad.

México necesita dirigentes capaces de construir confianza, sostener convicciones y abrir caminos de colaboración. En esa tarea, Coparmex tiene una responsabilidad. La cohesión del empresariado, el fortalecimiento de capacidades directivas y la claridad de rumbo son herramientas para construir un entorno más competitivo, seguro y favorable para emprender, invertir y crecer.

Artículo de Opinión escrito por, Pedro Higuera Velázquez, Comisario de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

En los últimos 17 años nuestras finanzas públicas han mostrado una tendencia creciente del déficit presupuestario tradicional, es decir ha sido mayor el gasto neto total que los ingresos presupuestarios de cada año. Del año de la crisis económica de 1994 al año 2008 el déficit se mantuvo moderado, ya que no alcanzó el -1%, sin embargo, a partir del año 2009 el déficit fue del -2.1% y desde este año existe una tendencia de aumento en el mismo, tanto solo por citar un ejemplo en el año 2024 fue del -5%, el mayor nivel alcanzado desde 1989, aquellos años eran cuando las crisis de las finanzas públicas llevaban a crisis económicas y por ello aprendimos la lección como país de la importancia de mantener el equilibrio fiscal para tener finanzas públicas sanas.

Lo anterior ha ocasionado que del año 2008 el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público “SHRFSP” evolucionara de un 31.4% del PIB a un 43.3% en el año 2019, para llegar a un 52.7% en el año 2025. Todo ello se explica por un mayor ritmo de crecimiento del gasto público, por ejemplo, en el año 2019 el gasto representaba un 23.1% del PIB y al cierre del 2025 ha alcanzado un 27.2%, en tanto que los ingresos presupuestarios en ese mismo período de tiempo representaban el 21.4% del PIB y al cierre del año pasado fueron del 23.3%.

Los ingresos presupuestarios han mostrado un ritmo moderado de crecimiento, derivado de una disminución de los ingresos petroleros. Sin embargo, el crecimiento constante de los ingresos tributarios ha logrado mantener a flote a los ingresos públicos, por ejemplo, en el 2013 los ingresos tributarios representaban el 9.2% del PIB y con las reformas fiscales y esfuerzos para mejorar la recaudación han alcanzado un nivel récord en el año 2025 de un 15.2%.

Como comentaba anteriormente el gasto público ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años, ante ello tenemos como reto mejorar la calidad en la planeación y ejecución del gasto. En la aplicación del gasto ha sido recurrente el mal uso de los recursos públicos por casos relacionados con la utilización indebida de los mismos en los tres niveles de gobierno, pero también ha habido un uso ineficiente del gasto por el destino a proyectos de infraestructura que no necesariamente tienen un impacto en la atracción de inversión. Cada que hay un uso indebido o deficiente del gasto público implica una afectación a los derechos humanos de nuestra población, ya que se dejan de destinar recursos para atender temas prioritarios que ayuden a mejorar la calidad de vida en aspectos básicos como salud, educación, y seguridad.

Los ingresos que percibe el erario hacen posible la existencia del Estado mexicano a fin de sufragar los gastos que ello implica. A lo largo de estos años el civismo fiscal se ha enfocado al cumplimiento en el pago de las contribuciones, pero ahora también tiene que ser abordado en el uso eficiente del gasto público. Tanto la omisión en el pago del tributo, como el dispendio en el gasto, tienen un mismo efecto, al deteriorar la calidad de vida de las personas. Por ello considero que, al abordar la perspectiva y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, debemos vincularla con la importancia de disponer de ingresos públicos suficientes y con el ejercicio de un gasto adecuadamente planeado, eficiente y de calidad, donde se cierren los espacios a la discrecionalidad, al dispendio y utilización indebida del mismo.

Toda política pública debe ser evaluada de manera objetiva, y las finanzas públicas no son la excepción, tanto el marco tributario como el uso del gasto deben someterse a una evaluación rigurosa. En el caso de la política fiscal se debe evaluar la repercusión que tienen las distintas reformas tributarias no solo en la obtención de ingresos, sino también en el ahorro, en cómo afecta el crecimiento económico y la inversión, en la certidumbre jurídica a los contribuyentes, en el costo del cumplimiento fiscal, en la generación de empleos formales de calidad y con ello reducir el empleo informal que se ubica aproximadamente en 55%. 

A partir del año 2025 el Ejecutivo Federal tiene como estrategia reducir gradualmente el déficit fiscal con una contención en el crecimiento del gasto, pero tenemos como reto mejorar la calidad del gasto en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, dando espacio a inversiones mejor planeadas que aumenten la productividad del país y eviten el dispendio de este.

Artículo de Opinión escrito por Hector De La Miyar Garza | Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario | Vía: @ElIndpendiente

El Plan México, presentado el pasado lunes 4 de mayo de 2026, intenta detonar en el empresariado mexicano un nuevo impulso hacia la productividad.

El llamado Plan México contempla la simplificación de trámites e incentivos a la inversión, la creación de una ventanilla única digital para acelerar procesos, el otorgamiento de permisos exprés y la homologación de trámites entre dependencias federales, en un momento en que la economía mexicana continúa estancada.

Según el INEGI, el crecimiento en el primer trimestre de 2026 fue de apenas 0.2% trimestral y cerca de 1.1% anual. Con este panorama, atraer inversión no solo es importante, sino prioritario.

El Plan México, con todas sus buenas intenciones, no termina de convencer a los inversionistas, porque las empresas buscan condiciones básicas para invertir: crecimiento económico, seguridad jurídica y estabilidad política.

Para un inversionista, lo más importante es que existan reglas claras y que, en caso de conflicto, pueda recurrir a un árbitro independiente y competente; es decir, que exista un verdadero Estado de derecho.

Al gobierno federal le urge que el dinero privado llegue rápidamente para compensar el gasto público y evitar que la desaceleración económica se convierta en una recesión más profunda.

Un punto particularmente negativo es que el gobierno federal decidió que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) deje de ser un organismo autónomo y pase al control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Recordemos que PRODECON surgió como un organismo independiente en 2006 y era la única institución creada para defender a los contribuyentes frente al SAT; sin embargo, ahora quedará bajo control político.

Resulta relevante escuchar a organismos empresariales que advierten sobre auditorías agresivas, todo ello en un entorno de menor certeza jurídica para invertir en México.

En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana retrocedió 0.8%, confirmando el freno económico señalado por calificadoras y organismos financieros.

Existe una serie de variables y factores que frenan el desarrollo de las empresas mexicanas: las reformas al sistema judicial, los cambios a la Ley de Amparo, las facultades de la UIF, una PRODECON debilitada al pasar a la Secretaría Anticorrupción, los bajos o nulos incentivos fiscales, las altas tasas de interés y la inseguridad en las carreteras. Todos estos elementos desincentivan la inversión y limitan la productividad.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | X:@jsierraalvarez

Contestar una llamada desconocida, abrir un negocio o trasladar mercancía entre ciudades se ha convertido, para miles de personas, en una decisión acompañada de incertidumbre. No porque falte capacidad para trabajar o emprender, sino porque la extorsión ha ido ocupando espacios que el Estado no ha logrado recuperar.

Ese es quizá el mayor riesgo de este delito: su capacidad para infiltrarse en la vida cotidiana hasta convertirse en una amenaza permanente que modifica hábitos, limita decisiones y deteriora la confianza.

La extorsión roba tranquilidad, paraliza proyectos y desgasta la capacidad de crecimiento de las empresas. Particularmente de las micro, pequeñas y medianas, que muchas veces operan con márgenes mínimos y enfrentan este delito sin protección suficiente.

Hay comercios que dejan de expandirse para evitar llamar la atención. Hay empresarios que prefieren no denunciar porque sienten que hacerlo los expone todavía más. Hay familias enteras que aprenden a convivir con amenazas telefónicas, cobros ilegales o intimidaciones como si fueran parte inevitable de la realidad.

Eso no puede normalizarse. Los resultados más recientes del Monitor de Seguridad COPARMEX reflejan que entre enero y marzo de 2026 se registraron dos mil 915 víctimas de extorsión. Pero incluso esas cifras se quedan cortas frente a la dimensión real del problema.

De acuerdo con el INEGI, el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación. Es decir, los registros oficiales apenas representan una mínima parte de lo que ocurre diariamente en el país.

Detrás de cada estadística existe una historia distinta: un pequeño negocio obligado a pagar para operar, un transportista amenazado, una tienda familiar intimidada o una persona que decide guardar silencio porque perdió la confianza en las instituciones.

La cifra oculta más alta de todos los delitos refleja justamente eso: miedo.

Y cuando el miedo se instala de forma permanente en la actividad económica, las consecuencias alcanzan mucho más que la seguridad pública. Impactan la inversión, frenan la generación de empleo y debilitan la competitividad de regiones enteras.

No es casualidad que entidades como Morelos, Tabasco o Zacatecas enfrenten niveles especialmente alarmantes. Tampoco lo es que municipios completos comiencen a resentir afectaciones económicas derivadas de la violencia y la extorsión. Ninguna economía local puede fortalecerse bajo presión criminal constante.

Sin seguridad no hay confianza para invertir. Sin confianza no existe estabilidad. Y si estabilidad resulta imposible construir condiciones sostenibles para generar empleo, atraer capital o consolidar proyectos productivos de largo plazo.

Por eso la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un paso importante. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: lograr que esa legislación se traduzca en resultados concretos.

Se requiere capacidad institucional, coordinación entre autoridades y voluntad política para enfrentar un delito que ha evolucionado rápidamente y que hoy opera mediante llamadas telefónicas, redes sociales, plataformas digitales e incluso desde centros penitenciarios.

Resulta indispensable homologar legislaciones locales, fortalecer fiscalías y crear unidades especializadas capaces de atender a las víctimas e investigar adecuadamente estos casos. También es urgente progresar en la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios, considerando que gran parte de estas operaciones continúan realizándose desde ahí.

La dimensión del problema exige asumir que la extorsión dejó de ser un delito secundario. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la permanencia de miles de empresas y para el desarrollo económico de muchas regiones del país.

México necesita recuperar condiciones mínimas de tranquilidad para quienes generan empleo, invierten y sostienen la actividad productiva todos los días. Necesita instituciones capaces de proteger a las víctimas y de impedir que el miedo siga condicionando la vida económica.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @MundoEjecutivo  X:@jsierraalvarez

Durante mucho tiempo se intentó plantear la relación entre trabajadores y empleadores como una tensión inevitable, como si el crecimiento de uno implicara necesariamente la pérdida del otro. Esa visión es equivocada.

La experiencia demuestra algo distinto: cuando hay diálogo, confianza y objetivos compartidos, es posible construir acuerdos que beneficien a ambas partes y, sobre todo, al país.

Hoy, la competencia global por inversión, talento y cadenas productivas exige cohesión social, instituciones sólidas y una visión común sobre el rumbo que queremos construir. En ese contexto, la relación entre sindicatos y el sector empresarial adquiere una relevancia estratégica.

Se trata de construir un entorno donde el trabajo digno, la productividad y la competitividad se refuercen mutuamente; donde el crecimiento económico se traduzca en mejores ingresos, pero también en mayor estabilidad y oportunidades para las personas.

El diálogo social es, en ese sentido, mucho más que una herramienta: es una condición para el desarrollo.

Cuando trabajadores y empleadores se sientan en la misma mesa con disposición para escuchar, entender y construir, el resultado es un acuerdo más sólido, más duradero y con mayor legitimidad. Esa es la ruta que hemos decidido impulsar.

Sabemos que los desafíos actuales no pueden resolverse desde posiciones aisladas. La transformación del mercado laboral, la necesidad de elevar la productividad, la integración regional y la formación de talento requieren respuestas compartidas.

México no puede darse el lujo de fragmentar a su sector productivo; por el contrario, necesita fortalecerlo desde la coordinación. Los países que han logrado consolidar economías más dinámicas y sociedades más equitativas son aquellos que han apostado por el diálogo social como un mecanismo permanente.

Esto implica reconocer que tanto trabajadores como empresarios comparten un mismo objetivo de fondo: generar condiciones que permitan crecer, competir y prosperar en un entorno cada vez más exigente. También implica asumir una responsabilidad compartida.

Para el sector empresarial, significa seguir impulsando mejores condiciones laborales, invertir en capacitación y apostar por el desarrollo del talento. Para el sector sindical, representa fortalecer una visión que acompañe la productividad, la formalidad y la sostenibilidad de las empresas.

Cuando se logra ese entendimiento, los resultados son visibles: mayor estabilidad en el empleo, mejores condiciones para la inversión y un entorno más propicio para el crecimiento económico.

Pero, sobre todo, se construye confianza, y la confianza es el activo más valioso para cualquier economía.

En un momento en el que México tiene frente a sí una oportunidad histórica para consolidarse como un destino estratégico en el mundo, la unidad del sector productivo será determinante.

La relocalización de cadenas de suministro, el fortalecimiento de la integración regional y la atracción de inversión requieren un país que envíe señales claras de estabilidad y colaboración. Eso solo es posible si avanzamos juntos.

Desde COPARMEX estamos convencidos de que el camino está en el entendimiento: en construir puentes donde antes había distancia, en generar acuerdos que sienten las bases de un futuro más sólido.

Porque, al final, el desarrollo es mejor cuando se construye en conjunto.

Artículo de Opinión escrito por Francisco López Díaz / Director General de Coparmex / Vía: @Excelsior

X:@franlodimx

Imagina que cada vez que parpadeas (aproximadamente cada tres segundos) alguien imprimiera todos los libros que la humanidad ha escrito a lo largo de su historia: desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los textos más recientes del siglo XXI. Ésa es, a grandes rasgos, la velocidad a la que hoy la humanidad genera datos e impulsa la industria de la inteligencia artificial. Y esa velocidad tiene un consumo muy concreto: electricidad. Es tal la magnitud que, para 2030, los servidores que hacen funcionar la IA consumirán en Estados Unidos más energía que toda su industria manufacturera junta. El reloj ya corre y México tiene exactamente lo que su vecino necesita. 

En 2024, las enormes instalaciones de cómputo que sostienen la IA (los llamados centros de datos) utilizaron en EU tanta energía como Francia y Argentina juntas en un año completo. Para 2030, ese consumo crecerá más del doble. El problema es que construir plantas de energía lleva años y la demanda ya llegó. El gobierno de EU calcula que necesita capacidad eléctrica equivalente a cien nuevas plantas nucleares antes de 2030, la mitad destinada únicamente a centros de datos. 

Tan grande es hoy la demanda, que las empresas ya reactivan plantas nucleares antiguas y levantan generadores de emergencia.

Aquí es donde México entra en escena. Nuestro país tiene tres cosas que EU necesita urgentemente: sol, viento y frontera. El noroeste mexicano recibe una de las irradiaciones solares más intensas del planeta. El Istmo de Tehuantepec es uno de los corredores eólicos más poderosos del continente. Y compartimos más de tres mil kilómetros de frontera con el mayor consumidor de energía digital del mundo. La oportunidad es doble. Por un lado, México puede exportar directamente electricidad renovable a California, Arizona y Texas mediante líneas de transmisión fronterizas; incluso ya existen proyectos de interconexión entre Sonora y Arizona que podrían escalar rápidamente con voluntad política. 

Por otro lado, podemos atraer a nuestro territorio los centros de datos que EU no puede alimentar. Amazon, Microsoft, Google y Oracle ya han invertido aquí, con compromisos que superan los 18 mil millones de dólares proyectados hacia 2030. Cada servidor que opera en Querétaro o Monterrey es uno menos presionando la red eléctrica de nuestro vecino.

Pero hay una trampa: la oportunidad tiene fecha de vencimiento. EU no va a esperar. Ya busca acuerdos con Canadá, reactiva plantas nucleares y construye infraestructura de gas a gran velocidad. Si México no se posiciona en los próximos dos o tres años, habrá dejado pasar una de las mayores oportunidades económicas de su historia reciente.

¿Qué hace falta? Cuatro acciones concretas. Primero, reglas claras para que la inversión privada pueda generar energía renovable a gran escala y garantizar suministro continuo; los centros de datos no pueden apagarse ni cinco minutos. Segundo, desarrollar las líneas eléctricas transfronterizas que hoy son insuficientes. Tercero, formar a los técnicos e ingenieros que operarán esta infraestructura: el cuello de botella no es sólo la energía, también es el talento, y ahí el Modelo de Educación Dual puede marcar una diferencia real. Cuarto, y quizá lo más urgente: México necesita una política pública moderna de inteligencia artificial. No basta con atraer servidores si no sabemos qué queremos hacer con ellos.

Los países que liderarán la economía digital no serán sólo los que tengan electricidad, sino los que posean visión: marcos regulatorios que impulsen la innovación, protejan los datos de los ciudadanos, orienten el uso de la IA hacia la productividad y la competitividad, y garanticen que los beneficios de esta revolución tecnológica lleguen también a las regiones y sectores que hoy permanecen al margen.

El nearshoring fue la gran historia económica de los últimos años. Lo que viene puede ser todavía mayor: el nearshoring digital y energético. México puede convertirse en la planta eléctrica y el centro de cómputo del continente. Tenemos los recursos, la ubicación, los socios que ya apostaron por nosotros.

Lo que falta es decidir que esto sea una prioridad nacional. Porque cada tres segundos el mundo sigue parpadeando. Y la pregunta es si México estará conectado… o mirando desde afuera.

#OpiniónCoparmex