Millones de niños y adolescentes siguen enfrentando condiciones que limitan su aprendizaje: desigualdad, rezagos en infraestructura, falta de inversión y modelos educativos que aún no logran traducirse en resultados. Sin embargo, también existen avances y bases sobre las cuales es posible construir una ruta con visión de futuro.

Desde COPARMEX sostenemos que es momento de pasar de un modelo educativo centrado en la cobertura y los procesos a uno enfocado en el aprendizaje efectivo, con énfasis en la formación integral de las personas y en la vinculación con el sector productivo. No se trata solo de ampliar la cobertura, sino de garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes. México no puede seguir postergando esta decisión. Apostar por la educación es apostar por el talento, la productividad y el futuro del país.

Condiciones estructurales y brechas de desigualdad

La infraestructura escolar mantiene brechas regionales. En el sur y sureste persisten carencias en equipamiento, conectividad y servicios básicos, limitando el aprendizaje (Mejoredu, 2024). A ello se suma la inseguridad: 22% del alumnado no se siente seguro en su trayecto a la escuela (vs. 8% OCDE), 7% en el aula y 11% en espacios escolares (PISA 2022).

En este contexto, no puede hablarse de calidad educativa sin entornos seguros y funcionales. El acoso escolar sigue siendo alarmante: 19% de las niñas y 17% de los niños reportan ser víctimas al menos alguna vez al mes.

Además, la educación no recibe recursos suficientes. En 2025, el gasto en educación, ciencia y cultura fue de 3.2% del PIB, por debajo del 4% – 6% recomendado (BID, CIEP, 2025), ubicando a México en el lugar 28 de 38 países de la OCDE. La reducción sostenida desde 2015 ha profundizado el rezago.

Calidad de los aprendizajes y evaluación de resultados

Los resultados de PISA 2022 evidencian un rezago crítico: México ocupa el lugar 35 de 37 países de la OCDE. Solo 34% del estudiantado alcanza el Nivel 2 en matemáticas (OCDE: 69%), 53% en lectura (74%) y 49% en ciencias (76%); apenas el 1% logra excelencia en lectura, frente a 7% internacional. Estos datos reflejan que, ante la falta de innovación pedagógica, capacitación docente y evaluación formativa, el sistema no garantiza aprendizajes significativos.

La permanencia escolar también es un reto: la deserción es de 0.3% en primaria, 2.5% en secundaria, 8.5% en media superior y 6.0% en superior. Aunque hay avances, persiste una pérdida relevante de alumnos. Según el INEGI, el rezago educativo alcanza 19.4% de la población y crece desde 2016, evidenciando un sistema que no responde a las necesidades del país ni asegura movilidad social.

Nuevas habilidades para un mundo en cambio

El sistema educativo mexicano enfrenta un doble reto: cerrar brechas de acceso y calidad, y preparar a las nuevas generaciones para un entorno global cambiante. Niños y adolescentes deben contar con herramientas para adaptarse y liderar en un mundo donde la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización transforman todos los ámbitos.

El 86% de los empleadores a nivel mundial prevé que la inteligencia artificial y el procesamiento de datos modificarán sus modelos de negocio hacia 2030. Las habilidades con mayor crecimiento serán IA y big data, redes y ciberseguridad, así como alfabetización tecnológica. A la par, competencias como pensamiento crítico, liderazgo, creatividad, resiliencia y aprendizaje continúan siendo esenciales.

En este contexto, el 70% de las empresas considera el pensamiento analítico como la habilidad más importante hacia 2025, mientras que el 63% identifica las brechas de habilidades como su principal obstáculo. México no puede rezagarse. La formación de perfiles globales deja de ser un objetivo académico para convertirse en una necesidad económica: el país requiere talento capaz de competir, colaborar e innovar en entornos internacionales, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas productivas.

Situación actual del sistema educativo

A casi dos años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo no ha registrado mejoras significativas en los aprendizajes. Si bien el nuevo modelo plantea un enfoque orientado a la formación integral, la inclusión y el vínculo con la comunidad, estos propósitos aún no se traducen en resultados medibles, y persisten desafíos importantes en su implementación.

El modelo ha privilegiado el acceso y la permanencia por encima del aprendizaje efectivo. Esto ha generado una desconexión entre los objetivos del sistema y la necesidad de mejorar los resultados educativos a nivel individual. En este contexto, la calidad educativa, como eje central de cualquier estrategia formativa, no ha logrado consolidarse como un componente prioritario en la implementación del modelo.

A nivel internacional y en experiencias subnacionales, la evidencia muestra que la mejora educativa se logra con enfoques centrados en el seguimiento de trayectorias de aprendizaje por estudiante, evaluaciones continuas y mecanismos de alerta temprana que permiten prevenir el abandono escolar. En contraste, la limitada cobertura de evaluaciones, aplicadas solo en una parte de las entidades, dificulta contar con información suficiente para tomar decisiones oportunas.

Postura COPARMEX

En COPARMEX sostenemos que la calidad educativa es hoy uno de los principales frenos estructurales para el crecimiento, la competitividad y la movilidad social en México.

Reconocemos la apertura de foros anunciada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como una oportunidad real para escuchar a todos los actores y fortalecer el rumbo del sistema educativo. No obstante, es momento de consolidar un modelo verdaderamente centrado en el aprendizaje, con énfasis en comprensión lectora, pensamiento matemático, habilidades analíticas y formación integral de las personas.

México enfrenta una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse. El nearshoring está redefiniendo las cadenas de valor globales y exige talento calificado. Tras nuestra reciente gira a Washington, confirmamos que, a pesar de los retos en la revisión del T-MEC, las condiciones para fortalecer la integración regional con América del Norte son mayores que los obstáculos. Pero esas oportunidades solo podrán materializarse si el país forma personas con las competencias que los sectores estratégicos y de alto valor demandan. 

Por ello proponemos una agenda educativa centrada en resultados:

• ⁠Un modelo enfocado en aprendizajes clave: comprensión lectora, pensamiento matemático y habilidades digitales como ejes no negociables.

• Formación integral desde edades tempranas, que incorpore habilidades socioemocionales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

• Escuelas seguras y dignas, con infraestructura adecuada, conectividad y entornos que garanticen condiciones mínimas para aprender.

• Docentes mejor acompañados y capacitados, con formación continua y evaluaciones diagnósticas que orienten su desarrollo profesional y mejoren el desempeño en el aula. 

• Un sistema de evaluación educativa sólido, centrado en el alumno, que permita medir aprendizajes, generar evidencia y orientar la toma de decisiones en política pública.

• ⁠Vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo, escalando modelos como la educación dual que ya han demostrado resultados.

• Planes de estudio actualizados y pertinentes, con enfoque en pensamiento computacional, educación financiera y bilingüismo desde la educación básica.

• ⁠Participación activa de madres, padres, docentes, sociedad civil y sector empresarial en el diseño y seguimiento de las políticas educativas.

Estos esfuerzos deben articularse en tres ejes estratégicos: actualización curricular con base en evidencia; fortalecimiento de la formación y acompañamiento docente; y un modelo efectivo de participación social. No son ejes paralelos: ninguno funciona sin los otros.

Invertir en educación es invertir en talento, productividad y desarrollo sostenible. Desde COPARMEX asumimos nuestro papel como co-constructores de soluciones, tendiendo puentes entre el mundo educativo y el productivo, porque sabemos que el crecimiento del país depende de lo que hoy se aprende en las aulas.

Sin aprendizaje de calidad, no habrá crecimiento sostenible. Sin educación pertinente, México perderá su lugar en la economía global. Es momento de actuar con decisión, con evidencia y con visión de largo plazo.

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En un contexto de retos económicos, presiones sobre la formalidad y desafíos en seguridad y Estado de Derechos, la igualdad económica de las mujeres deja de ser una agenda sectorial para convertirse en una prioridad estratégica nacional. No se trata solo de conmemorar, sino de reconocer que el rezago en formalidad, liderazgo empresarial, inclusión financiera y corresponsabilidad en los cuidados, no solo les afecta a las mujeres; está limitando el potencial productivo del país.

Cerrar estas brechas es una decisión económica urgente para fortalecer el crecimiento, ampliar la formalidad y consolidar un Estado de Derechos sólido

El empleo formal es la principal palanca de movilidad económica para las mujeres: eleva ingresos, fortalece la autonomía y brinda estabilidad mediante la seguridad social. En México, las mujeres representan el 40.5% de las personas cotizantes en el empleo formal; a nivel ingreso, una trabajadora formal percibe en promedio $12 mil 971 pesos mensuales, frente a $6 mil 331 en la informalidad, una diferencia de 48%.

A pesar de que las mujeres participan en el mercado laboral formal, persiste una brecha salarial. En el sector de actividades relacionadas al bienestar social, cuidados, salud y la educación, donde 6 de cada 10 personas ocupadas son mujeres, ellas perciben en promedio un 10% menos de ingresos que sus colegas masculinos dentro del sector.

La brecha se agrava al considerar el trabajo no remunerado (como las labores del hogar y de cuidados) cuyo valor equivale al 23.9% del PIB. De ese total, las mujeres aportan el 72.6%, una contribución 2.7 veces mayor que la de los hombres. El trabajo no remunerado impide que las mujeres avancen hacia la formalidad. Sin redistribución de responsabilidades y sin la infraestructura de cuidados necesaria, no será posible liberar el potencial productivo de las mujeres en el mercado laboral formal.

Las mujeres enfrentan una brecha más: la falta de autonomía económica, la cual se agrava con la brecha salarial, en donde de cada 100 pesos que recibe un hombre, la mujer recibirá solo 86 por el mismo trabajo, que permea en el acceso a productos financieros como créditos y cuentas bancarias.

Aunque la búsqueda de la inclusión financiera avanza, no resuelve las barreras de fondo: en 2024, 7 de cada 10 mujeres en México contaron con al menos un producto financiero formal –ahorro, inversión o financiación– y aunque la brecha se acorta, según la OIT, las mujeres reciben préstamos de menor cuantía y tienen mayores dificultades para acceder a financiamiento para negocios propios en comparación con los hombres, lo que se traduce como una barrera más para el emprendimiento.

La brecha también es estructural: casi dos décadas nos separan de la paridad en puestos directivos.
Las mujeres ocupan solo el 3% de Direcciones Generales, cifra estancada desde 2021 y, según IMCOKiik, sólo el 4% de las empresas son presididas por mujeres.
Se estima que al ritmo actual, la paridad llegará en 2043. México no puede permitirse esperar casi dos décadas para alcanzar la paridad en el liderazgo empresarial, especialmente cuando las mujeres han cerrado brechas educativas significativas y siempre han aportado al desarrollo económico desde trabajos remunerados y de cuidados.

Hay una deuda pendiente en común a nivel mundial: no se ha alcanzado la inclusión plena laboral de las mujeres y se estima que la brecha económica global tomaría entre 123 y 134 años para cerrarse, generando una potencial pérdida de 28 billones de dólares en el PIB mundial.

Las mujeres aportan el 37% del PIB global, sin contar los más de 10 billones anuales en trabajo no remunerado, el cual equivaldría al 12% del PIB. A pesar de ello, 2 mil 400 millones de mujeres en edad laboral, carecen de igualdad de derechos económicos en 178 países.

Desde COPARMEX reconocemos que la igualdad encamina al desarrollo inclusivo y sostenido que el país requiere, por ello avanzamos en la representación de mujeres en nuestra Confederación: la Secretaría General está encabezada por una mujer; 79.1% de las direcciones de Centros Empresariales (53 de 71); 23% de las presidencias (16 de 71) y 38.5% de las vicepresidencias nacionales (5 de 13) son ocupadas por mujeres. Impulsamos su formación y acceso a espacios de decisión, convencidos de que la diversidad fortalece la competitividad y la legitimidad institucional.

En COPARMEX sostenemos que la desigualdad económica de las mujeres es hoy uno de los mayores frenos estructurales al desarrollo de México.
No puede hablarse de competitividad cuando más de la mitad del trabajo de cuidados recae desproporcionadamente en ellas. No puede hablarse de estabilidad cuando millones permanecen fuera de la formalidad y la protección social. No puede hablarse de democracia plena cuando su presencia en los espacios de decisión económica sigue siendo marginal.

Por ello, hacemos un llamado firme a colocar la igualdad económica en el centro de la agenda pública y empresarial. México necesita:

• Más mujeres en la formalidad, con seguridad social y acceso a retiro.
• Infraestructura de cuidados que libere talento productivo.
• Condiciones regulatorias y financieras que impulsen su emprendimiento.
• Paridad real en consejos y alta dirección.
• Educación digital y financiera que cierre brechas estructurales.

La igualdad es condición para crecer. Este 8 de marzo no sólo reconocemos el aporte de las mujeres; convocamos a acelerar las decisiones que permitan que su talento impulse plenamente la economía nacional. La competitividad del país depende de ello.

Sin igualdad económica para las mujeres, no habrá crecimiento sólido ni estabilidad duradera ni desarrollo incluyente.

Desde COPARMEX analizamos este escenario con una visión de largo plazo. Las decisiones de este año definirán si el país consolida un entorno atractivo para la inversión o por el contrario, prolonga su bajo dinamismo. El crecimiento sostenible exige reglas claras, instituciones sólidas, seguridad efectiva y un compromiso firme con la formalidad y la productividad.

Las proyecciones de crecimiento para el país en 2026 anticipan un progreso moderado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estiman un crecimiento del PIB entre 1.2% y 1.5%, en línea con el Banco de México (Banxico) (1.1%), mientras que el Gobierno Federal proyecta 1.8%–2.8%, por encima del consenso técnico.

De acuerdo con la encuesta de expectativas de Banxico, se prevé inflación de 3.8%, crecimiento de 1.3% y un tipo de cambio de 19.6 a 19.8 pesos por dólar. Este panorama sugiere estabilidad relativa, aunque con bajo dinamismo, pero insuficiente para impulsar la generación de empleo y bienestar. El desafío principal no está en la estabilidad macroeconómica, sino en convertirla en confianza, inversión productiva y crecimiento sostenido.

A pesar del aumento del salario mínimo y de algunos avances en los ingresos, una gran proporción de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y pobreza laboral, sobre todo en la informalidad, lo que puede limitar el impacto social del crecimiento y profundizar desigualdades.

En este contexto, el Paquete Económico 2026 continúa con rezagos en inversión social; salud y educación requieren fortalecerse para asegurar igualdad de oportunidades y movilidad social ya que sin estos pilares los progresos en ingresos son frágiles. El desarrollo económico exige políticas públicas que fortalezcan el capital humano y faciliten el acceso a empleos formales, productivos y con prestaciones.

En 2026, México enfrentará un entorno laboral caracterizado por una menor expansión de su fuerza de trabajo y por una participación insuficiente de amplios segmentos de la población en edad de trabajar, particularmente las mujeres. La desaceleración de la Población Económicamente Activa, junto con una tasa de participación laboral nacional de apenas 59.5% y brechas de casi 30 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, anticipa un reto estructural: sostener la actividad económica con una base laboral limitada.

Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra una informalidad superior al 55%, lo que limita la recaudación y la seguridad social. La OIT plantea una estrategia integral de formalización, capacitación y empleo digno; sin ella, la informalidad podría mantenerse entre 54% y 56%. El empleo formal es la política social más eficaz; elevar la productividad y fortalecer a las MiPyMEs es clave para generar trabajo formal y mayores ingresos sostenibles.

México inicia 2026 con un entorno de inseguridad que sigue inhibiendo el crecimiento. Al cierre de 2025, la percepción de inseguridad permanece elevada, la extorsión alcanzó niveles históricos y los ajustes operativos debilitaron la capacidad del Estado para garantizar el Estado de Derecho.

De acuerdo con estimaciones, la inseguridad cuesta al país varios puntos del PIB al año. El Monitor de Seguridad de #DataCoparmex confirma que este delito, el único en aumento durante 2025, creció 4.4% frente al año previo y registró casi seis mil víctimas solo en el primer semestre. Con una cifra negra cercana al 97%, las estadísticas oficiales reflejan apenas una fracción del problema real. Sin un refuerzo institucional en seguridad y justicia, los costos empresariales aumentarán y la inversión productiva enfrentará mayores barreras.

Para 2026 se anticipa un entorno político de mayor incertidumbre. La discusión de reformas como la político-electoral, los cambios al diseño y uso de la revocación de mandato, la reforma judicial, junto con la eliminación de contrapesos institucionales y el debilitamiento del juicio de amparo, han erosionado la confianza en las instituciones democráticas y la certidumbre jurídica. Este contexto incrementa el riesgo para la inversión y afecta directamente la toma de decisiones económicas de largo plazo.

Adicionalmente, el crecimiento de la deuda y la presión fiscal reducen el margen de maniobra del Estado y exigen decisiones responsables para preservar la estabilidad macroeconómica. En este contexto, la certidumbre jurídica y el respeto al Estado de Derecho resultan indispensables para sostener la competitividad del país.

La revisión del TMEC será un punto determinante para el rumbo económico de 2026. Si bien este acuerdo continúa siendo el principal ancla de la economía mexicana, posibles ajustes en las reglas de origen y en los mecanismos laborales demandan una estrategia clara y coordinada entre gobierno y empresas. Preservar la certidumbre jurídica y comercial en el marco del tratado será esencial para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar la competitividad del país dentro de América del Norte.

Por su parte, el fenómeno del nearshoring ofrece una oportunidad real de inversión y diversificación productiva, pero su aprovechamiento pleno depende de cerrar rezagos en infraestructura, certidumbre regulatoria y seguridad jurídica, claves para consolidar la integración regional y atraer cadenas globales.

Entre los principales riesgos identificamos el bajo crecimiento económico, la inseguridad persistente, el debilitamiento institucional, las presiones fiscales y posibles tensiones derivadas de la revisión del TMEC. A la par, existen oportunidades relevantes en la relocalización productiva, el nearshoring y la integración regional, siempre que se fortalezcan las condiciones de certidumbre, infraestructura y estabilidad macroeconómica.

En COPARMEX sostenemos que México aún tiene margen para atraer inversión, diversificar su economía y elevar el bienestar social. Para convertir las perspectivas en resultados concretos, consideramos indispensable avanzar en una agenda clara y coherente en seis ejes prioritarios:

• Certidumbre jurídica y Estado de Derecho: reglas claras, estables y previsibles; fortalecimiento institucional y respeto a contratos, inversiones y a la legalidad como condición indispensable para invertir a largo plazo.
• Seguridad para personas y empresas: combate frontal a la extorsión y a los delitos que afectan la actividad productiva, así como fortalecimiento de policías y fiscalías para garantizar condiciones mínimas de operación.
• Energía suficiente, confiable y competitiva: acceso oportuno a electricidad y gas a precios competitivos que permita detonar la inversión productiva, el nearshoring y el desarrollo industrial.
• Finanzas públicas responsables y presupuesto pro-crecimiento: priorizar inversión pública productiva en seguridad, infraestructura, salud y educación que detone la inversión privada, preservando el equilibrio fiscal y un nivel de endeudamiento prudente.
• MiPyMEs como eje del crecimiento: impulsar productividad, formalidad, financiamiento y adopción tecnológica para fortalecer el empleo formal y el mercado interno, junto con una simplificación regulatoria efectiva en los tres órdenes de gobierno. La sobrerregulación y las cargas administrativas encarecen la actividad productiva y terminan incentivando la informalidad.
• Competitividad e integración regional: fortalecer la integración de Norteamérica, la unidad entre sectores para la revisión del TMEC, el cumplimiento de compromisos internacionales y el envío de señales claras de apertura y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.

Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar las decisiones y acuerdos que fortalezcan la competitividad del país, así como de señalar con claridad los riesgos de políticas públicas que debiliten las instituciones o inhiban la inversión productiva. Seguiremos impulsando el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción de propuestas y acuerdos que permitan sentar bases sólidas para el crecimiento económico con empleo formal y desarrollo social en México.

Desde COPARMEX analizamos este momento con visión de largo plazo. Los datos muestran un crecimiento insuficiente, menor dinamismo del empleo formal y la urgencia de reenfocar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas, reglas claras y condiciones básicas de seguridad para personas y empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas.

En los primeros nueve meses de 2025, el PIB creció apenas 0.4% anual. En el tercer trimestre cayó 0.3% trimestral y 0.2% anual, confirmando un desempeño débil. El Indicador Global de la Actividad Económica presentó una contracción anual de 0.6% en septiembre, mientras que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa crecimiento nulo.

La inversión fija bruta cayó 8.4% anual en septiembre, acumulando 13 meses con caídas, y la confianza empresarial se mantuvo en 48.6 puntos en octubre, hilando ocho meses en terreno pesimista. Estos indicadores confirman que el principal freno al crecimiento es la falta de certidumbre para invertir.

El entorno político de 2025 estuvo marcado por reformas estructurales que incrementaron la incertidumbre institucional, particularmente en materia judicial, defensa de los derechos y debilitamiento de las instituciones electorales. El proceso electoral y, en consecuencia, la implementación de la reforma del Poder Judicial generaron alertas sobre la experiencia e independencia de jueces y la certeza jurídica.

Estas decisiones incrementan la percepción de riesgo, lo que se traduce en menor inversión y menor crecimiento. Además, el debate público se concentró en disputas políticas, dejando en segundo plano la construcción de acuerdos de largo plazo en temas estratégicos como seguridad, Estado de Derecho, competitividad y desarrollo regional, limitando el aprovechamiento del nearshoring.

Al cierre de 2025, el salario mínimo general subió de 278.80 a 315.04 pesos diarios, con un MIR de 17.01 pesos y ajuste inflacionario de 6.5%, alcanzando el 100% de la línea de bienestar familiar, meta que había trazado COPARMEX hace casi una década. En la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 419.88 a 440.87 pesos, alrededor de 12% por encima de dos punto cinco canastas.

Este logro refleja el compromiso de COPARMEX con la construcción de una Nueva Cultura Salarial, impulsada desde 2016 para promover una recuperación responsable y sostenida del poder adquisitivo de los Trabajadores, vinculando los incrementos salariales con la productividad y el crecimiento económico. Dicha estrategia, sustentada en el diálogo social y la corresponsabilidad entre empleadores, trabajadores y gobierno, ha permitido avanzar hacia un salario digno que fortalece el bienestar de las familias sin comprometer la competitividad de las empresas.

Sin embargo, la generación de empleo formal fue insuficiente: a noviembre se han creado un promedio mensual de 54 mil 500 empleos, menor al promedio del año anterior a pesar de que ya incluyen a los trabajadores de plataformas.

El Presupuesto de Egresos 2026 conserva un enfoque asistencial que no fortalece capacidades productivas ni acompaña a las MiPyMEs; salud, educación y seguridad siguen débiles, limitando el impacto salarial y el crecimiento.

Este esquema se sostiene, además, en un elevado déficit de las finanzas públicas, financiado mediante un mayor endeudamiento, incrementando la presión sobre la sostenibilidad fiscal y reduciendo el margen para invertir de forma productiva en el mediano y largo plazo.

En salud, el gasto es de 965.7 mil millones de pesos (2.5% del PIB), lejos del 6% recomendado por la OMS; pese a más recursos al IMSS, hay recortes en la Secretaría de Salud, ISSSTE y una caída de 5.9% en COFEPRIS, con 44.5 millones de personas sin acceso a servicios médicos. En educación, el gasto sube 3.4% y la educación pública 8.6%, pero más de un tercio se destina a becas Benito Juárez (195.1 mil millones, +34.2%), sin priorizar infraestructura, docentes ni tecnología.

La inversión pública alcanza 3.2% del PIB (1.25 billones), concentrada en energía, vivienda y transporte; PEMEX recibe 1 de cada 4 pesos, restando recursos a hospitales, escuelas e infraestructura local.

La seguridad sigue siendo un freno a la inversión y al desarrollo. Aunque el presupuesto crece 3.6% real y alcanza 212.4 mil millones de pesos, el recorte de 18.6% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reduce la capacidad operativa del Estado. Según la ENVIPE 2025, más de la mitad de la población adulta se siente insegura en su entidad, lo que encarece la operación empresarial y desalienta la inversión.

El Monitor de Seguridad de #DataCoparmex confirma un entorno crítico: la inseguridad inhibe el crecimiento y frena proyectos. La extorsión alcanza niveles históricos, con 5,887 víctimas durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento de 6.9%. En los datos más recientes, de enero a octubre, el delito continúa al alza, con un incremento adicional de 4.4%, siendo uno de los pocos que mantienen una tendencia creciente, y presenta una cifra negra cercana al 97%. Este delito golpea de manera directa a las MiPyMEs y a los emprendimientos locales, debilitando el tejido productivo.

Desde COPARMEX afirmamos que el cierre de 2025 deja lecciones claras: México requiere certidumbre institucional, pleno respeto al Estado de Derecho y condiciones efectivas de seguridad para impulsar inversión, crecimiento y empleo formal. El bajo dinamismo económico, la caída de la inversión y la insuficiente generación del empleo formal, confirman la necesidad de reorientar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas.

Celebramos que el salario mínimo haya alcanzado la línea de bienestar familiar. Sostenemos que ahora la política laboral debe concentrarse en impulsar la productividad, formalidad y capacitación; sin empresas sólidas y formales, el incremento de los costos laborales enfrenta límites estructurales.

Advertimos que los recortes en salud, educación y seguridad debilitan el capital humano y la cohesión social, por lo que es indispensable una reasignación del gasto que priorice estos rubros, fortalezca instituciones y genere condiciones para un crecimiento incluyente y sostenido.

Finalmente, afirmamos que la seguridad sigue siendo el principal desafío ciudadano y empresarial. Fortalecer a las policías locales, mejorar la coordinación institucional y atender de manera decidida delitos como la extorsión (que continúa en ascenso) es indispensable para recuperar la confianza, proteger a quienes generan empleo.

COPARMEX ha mantenido y mantendrá una participación activa y responsable con funcionarios públicos, legisladores y gobiernos estatales, impulsando el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan atender estos retos y sentar bases sólidas para el desarrollo del país.

Desde COPARMEX hemos sostenido que fortalecer a las MiPyMEs debe ser una prioridad estratégica regional. En este marco, la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) se consolida como un espacio estratégico que articula a emprendedores, MiPyMEs, startups, inversionistas y actores públicos y privados. Su objetivo es claro: fortalecer capacidades empresariales, promover la digitalización, facilitar el acceso a financiamiento y ampliar la integración a cadenas de valor nacionales e internacionales.

De manera complementaria, a través de Crece Mi Negocio, impulsamos un ecosistema de acompañamiento que acerca capital accesible, formación especializada y vinculación con mercados reales. Estas acciones reflejan una convicción firme: fortalecer a las MiPyMEs es apostar por el empleo formal, el desarrollo regional y una economía más sólida y humana.

MiPyMEs y empleo formal: una prioridad estratégica

Uno de los principales desafíos que enfrentamos en México es la informalidad. Hemos insistido en la necesidad de cambiar el enfoque con el que abordamos este fenómeno. Las MiPyMEs representan mucho más que unidades económicas. Son el corazón de la economía y el tejido social, al generar empleo, sostener ingresos familiares y detonar oportunidades de movilidad social. En México, generan el 71.3% del empleo, a través de 5.4 millones de establecimientos, lo que confirma su papel central en el presente y futuro del país.

Proteger y fortalecer a este sector es una política social efectiva. Los datos del INEGI confirman que 13.7 millones de personas han salido de la pobreza, y más de 1.7 millones lo han hecho directamente a través del empleo. Por ello sostenemos que el mejor programa social es el empleo formal, con todas las prestaciones.

Productividad, diálogo social y cadenas de valor

La evidencia es clara: cuando las MiPyMEs acceden a capacitación, financiamiento e integración a cadenas de suministro, pueden ser hasta cinco veces más productivas y generar cuatro veces más empleos. Para lograrlo, es indispensable consolidar esquemas de colaboración entre gobiernos, Empresarios y Trabajadores, mediante un diálogo social permanente y funcional.

Un ejemplo concreto es el modelo de formación dual. En México, más del 80% de las y los jóvenesque participan en este esquema son contratados por la empresa donde se capacitan, con ingresos superiores al promedio. Elevar este modelo a política pública permite alinear educación, empresa y empleo, fortaleciendo capacidades productivas y cerrando brechas sociales.

Condiciones habilitantes: seguridad, Estado de Derechos y energía

Hemos reiterado que no es posible hablar de desarrollo económico sin condiciones básicas que lo respalden. La seguridad es una de ellas. Sin entornos seguros, las MiPyMEs enfrentan riesgos que ponen en peligro su operación diaria, su patrimonio y la continuidad del empleo. 

A ello se suma la necesidad de fortalecer el Estado de Derechos, entendido como la base de la confianza para invertir. La certeza jurídica permite a las Empresas planear, crecer y generar empleos formales. Asimismo, el acceso suficiente y competitivo a la energía se ha convertido en un factor de supervivencia.

Iberoamérica como soporte y aprendizaje compartido

La agenda que impulsa COPARMEX se ve reforzada por los espacios de diálogo internacional. En el VII Foro MiPyME Iberoamericano, celebrado en Tenerife, Islas Canarias, organismos empresariales, autoridades y líderes productivos coincidimos en la urgencia de replantear la manera en que se impulsa el desarrollo productivo en la región.

En ese evento, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, compartió una visión clara: impulsar una narrativa que coloque al emprendimiento, la formalidad, la seguridad, la energía y la certeza jurídica como condiciones indispensables para que las MiPyMEs desplieguen todo su potencial. 

Las experiencias compartidas en el foro confirmaron que los países que progresan en productividad y empleo formal son aquellos que articulan políticas públicas con diálogo social, fortalecen el Estado de Derechos y acompañan activamente a las MiPyMEs en su proceso de crecimiento e integración a mercados nacionales e internacionales. 

Postura COPARMEX

Desde la Confederación reafirmamos que fortalecer a las MiPyMEs es una tarea prioritaria para el desarrollo económico y social de Iberoamérica. Los espacios de diálogo internacional nos han permitido identificar acuerdos relevantes, entre ellos: cambiar la narrativa sobre la informalidad; crear un Monitor Iberoamericano de MiPyMEs que permita medir progresos y retrocesos; e impulsar herramientas de comunicación en tiempo real para compartir buenas prácticas y conectar ecosistemas productivos.

Esta visión se alinea con el Modelo de Desarrollo Inclusivo que promovemos en COPARMEX, basado en evidencia y orientado a generar más empleo formal, mayor productividad y mejores condiciones de vida.

En coherencia con esta agenda, en COPARMEX impulsamos acciones concretas para fortalecer a las MiPyMEs, como la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE), que articula emprendimiento, innovación y financiamiento para ampliar su integración a cadenas de valor. De manera complementaria, a través de Crece Mi Negocio, acercamos capital, formación y vinculación con mercados, convencidos de que fortalecer a las MiPyMEs es fortalecer el empleo formal, el desarrollo regional y una economía más sólida y humana.

La conversación sobre el futuro de las MiPyMEs está evolucionando. En COPARMEX asumimos el compromiso de seguir impulsando una agenda que coloque al emprendimiento responsable y al trabajo digno en el centro del desarrollo económico de la región.

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En el Encuentro Nacional COPARMEX Tijuana 2025 refrendamos esta visión en un diálogo amplio con las principales organizaciones sindicales y con la presencia de la OIT como testigo, donde coincidimos en que el futuro laboral dependerá de una colaboración real y permanente.

Junto con Tereso Medina Ramírez, Secretario General Adjunto de la CTM; Rodolfo González Guzmán, Secretario General de la CROM; Abel Domínguez Azuz, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de la CTC, y Pedro Américo Furtado, Director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, estuvimos de acuerdo en la importancia de concretar la constitución del Consejo Social, Económico y Ambiental (CONSEA) y de fortalecer mecanismos de diálogo que atiendan desafíos comunes.

Su participación en el evento más importante de COPARMEX tiene un alto valor y es una muestra pública contundente de que trabajamos juntos para impulsar un entorno laboral moderno, competitivo y equitativo.

Este acercamiento entre empresarios y representantes sindicales para construir propuestas tiene un antecedente de tres décadas, cuando juntos impulsamos una nueva cultura laboral que permitió mantener la paz laboral.

Además, el diálogo tripartito —Trabajadores, Empresarios y Gobierno— es el mecanismo más eficaz para definir políticas públicas legítimas y sostenibles. Este modelo, base de la OIT desde su fundación e impulsado por México desde el Artículo 123 constitucional, permite gestionar intereses diversos con responsabilidad institucional. Los procesos de diálogo no se miden por la cantidad de acuerdos, sino por su capacidad para fortalecer la democracia, prevenir conflictos y generar confianza.

Retos actuales que enfrentamos en conjunto

• La economía muestra señales de desaceleración y la generación de empleo formal resulta insuficiente.
• Los cambios en el sistema de salud afectan a Trabajadores y Empresas: retrasos en cirugías, falta de medicamentos y mayores costos.
• La deducibilidad plena de prestaciones sigue pendiente y próximas reformas laborales que requieren análisis técnico para evitar efectos negativos en el empleo.
• La revisión del T-MEC demandará una postura sólida y coordinada para preservar la competitividad.

A ello se suma un problema compartido: la seguridad. En zonas industriales, Trabajadores y Empresarios enfrentan robos, asaltos, afectaciones logísticas y riesgos físicos, lo que reduce la competitividad, limita la inversión y compromete el empleo. Esta urgencia exige atención conjunta con autoridades.

Estos retos confirman la necesidad de un Consejo Social, Económico y Ambiental (CONSEA) que consolide la interlocución y asegure representación legítima.

La construcción del Consejo Social, Económico y Ambiental
El Consejo debe convertirse en un laboratorio de soluciones y en una plataforma para discutir temas laborales, sociales, económicos y ambientales con rigor y visión de Estado. Destacan los siguientes puntos:

• Sindicatos y Empresas colaboraron para defender al Infonavit y preservar derechos laborales esenciales.
• Es indispensable que existan consejos estatales y capítulos regionales para atender problemas locales.
• La participación de Centros Empresariales y organizaciones sindicales de todo el país garantizará representatividad y legitimidad.

En COPARMEX afirmamos que la unión entre sindicatos y Empresas es una fortaleza estratégica para México. Esta alianza ha sido clave para proteger el empleo, defender derechos laborales, elevar la productividad, diseñar mejores políticas públicas y afrontar crisis económicas y sanitarias. Por ello proponemos:

1. Institucionalizar el Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental
   Definir reglas claras de representación, gobernanza y operación; crear consejos estatales y no capítulos regionales; y asegurar participación equilibrada de Trabajadores, Empresarios y Gobierno.
2. Progresar en una agenda conjunta de productividad y progreso
   Fomentar capacitación y reconversión ante nuevas tecnologías; promover acuerdos que incrementen la productividad e ingresos; y fortalecer la seguridad social y la eficiencia de los servicios médicos.
3. Garantizar seguridad en el entorno laboral
   Establecer una mesa técnica permanente con sindicatos, Empresas y autoridades; elaborar diagnósticos regionales sobre rutas y zonas de riesgo; y plantear acciones preventivas que protejan a Trabajadores y Empresas.
4. La deducibilidad plena de prestaciones laborales
   Presentar una propuesta conjunta, técnicamente sólida, que mejore el ingreso neto sin afectar la formalidad, e incorporarla como prioridad ante el Legislativo.
5. Construir una posición unificada rumbo a la revisión del T-MEC
   Definir una narrativa común que refleje la madurez del diálogo social y elaborar insumos técnicos que resguarden la competitividad y el empleo formal.

La unión entre Trabajadores y Empresarios no es solo un legado histórico: es una necesidad urgente para garantizar el desarrollo de México. En COPARMEX estamos convencidos de que este vínculo, fortalecido con la participación de las centrales obreras y acompañado por la OIT, marca un camino de responsabilidad, madurez institucional y visión de futuro. Con diálogo social genuino, propuestas claras y corresponsabilidad, construiremos un país más justo, productivo y competitivo.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 marcará el rumbo del país en un contexto de desafíos económicos, sociales y fiscales. Desde COPARMEX observamos que, aunque el Paquete Económico parte de supuestos más realistas que en años anteriores, persisten riesgos que pueden debilitar los pilares sociales y limitar el crecimiento productivo.

El presupuesto mantiene un enfoque asistencial que no fortalece las capacidades productivas del país ni atiende las necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que son el corazón de nuestra economía. Además, la concentración de recursos en sectores específicos, como el energético, deja rezagadas áreas fundamentales como salud, educación, seguridad e infraestructura. Perspectiva de la deuda pública y del presupuesto.

El Paquete Económico 2026 parte de una proyección de crecimiento entre 1.8% y 2.8%, superior a la expectativa promedio de 1.4%. Si bien factores como el nearshoring o una revisión favorable del T-MEC podrían impulsar la economía, el deterioro de la certeza jurídica derivado de las reformas judiciales, entre ellas las que restringen el amparo, limita el potencial de expansión.

El Gobierno Federal estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos, un incremento de 6.5% respecto a lo aprobado en 2025. Sin embargo, este escenario parte de un déficit de 4.1% del PIB, sólo ligeramente menor al de 2025. Con ello, la deuda pública alcanzará un máximo histórico de 52.3% del PIB, equivalente a 151 mil pesos por habitante, de acuerdo con México Evalúa.

Este nivel de endeudamiento no sería alarmante si los recursos se destinaran a proyectos productivos. No obstante, consideramos que, una vez más, la deuda financiará principalmente gasto corriente y no inversión. El costo financiero ascenderá a 1.6 billones de pesos, con un incremento real de 9.4%, lo que reduce el espacio fiscal disponible para áreas prioritarias.

Salud

El presupuesto para el sector salud asciende a 965.7 mil millones de pesos, un aumento de 5.9% respecto al año anterior. Sin embargo, el gasto total representa apenas el 2.5% del PIB, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Aunque el IMSS concentra el mayor aumento, con 12% más recursos, la Secretaría de Salud y el ISSSTE registran recortes. Inquieta particularmente la disminución de 5.9% en la COFEPRIS, que ya enfrenta rezagos en trámites y registros sanitarios que inclusive han sido denunciadas por las autoridades de Estados Unidos como barreras comerciales no arancelarias.

Esta situación no solo afecta la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos, sino también la competitividad del sector salud. En un país donde 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos, la asignación presupuestal resulta insuficiente para garantizar la atención universal y de calidad que la población merece.

Educación

La función educativa tendrá un incremento global de 3.4%, equivalente a 40.3 mil millones de pesos adicionales. El gasto en educación pública aumentará 8.6%, al pasar de 495 mil millones en 2025 a 537 mil millones en 2026. Sin embargo, gran parte del incremento se concentra en programas asistenciales.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez absorberá 195.1 mil millones, un aumento de 34.2% que representa 36.3% del total del sector.

Aunque el apoyo directo a estudiantes es valioso, la prioridad nacional debería centrarse en mejorar la infraestructura, capacitar docentes e incorporar tecnología en las aulas. Sin inversión en capital humano y calidad educativa, será imposible incrementar la productividad ni reducir las brechas sociales y regionales.

Seguridad

El presupuesto destinado a seguridad asciende a 212.4 mil millones de pesos, un crecimiento real de 3.6%. Sin embargo, los recursos presentan una distribución desigual que limita su efectividad. La función de “Seguridad Nacional” cae 0.97%, mientras que “Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior” aumenta 15.2%. En contraste, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —encargada de la seguridad civil— sufrirá una disminución de 18.6%, quedando con 63 mil millones.

Con menos recursos para la seguridad ciudadana, se debilita la capacidad institucional para garantizar la tranquilidad de las familias, promover el Estado de Derechos y asegurar condiciones propicias para la inversión.

Inversión

La inversión pública alcanzará 1.25 billones de pesos, equivalente al 3.2% del PIB. Aunque representa un aumento de 19.8% real, sigue lejos del 5% del PIB necesario para detonar inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Tan solo tres funciones —energía, vivienda y transporte— absorberán más del 80% del gasto de inversión física. Particularmente, PEMEX se lleva 1 de cada 4 pesos de inversión pública.

Esta concentración limita la diversificación productiva y reduce el impacto social del gasto. Obras prioritarias, como el Tren Maya, continúan acaparando recursos que podrían canalizarse a proyectos con mayor rentabilidad social como hospitales, escuelas, carreteras y conectividad digital.

Postura COPARMEX

En COPARMEX sostenemos que el presupuesto debe convertirse en un instrumento para el desarrollo productivo y no solo para la administración del gasto. La deuda pública, en sí misma, no representa un riesgo si se orienta a proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar sostenible. Por ello, proponemos:

• Fortalecer a las MiPyMEs a través de programas de capacitación, digitalización, financiamiento y vinculación con cadenas de valor, reconociéndolas como el motor de la economía mexicana.
• Reorientar la deuda hacia inversión productiva. Los recursos deben destinarse a infraestructura estratégica, innovación, salud y educación, no al gasto corriente.
• Elevar la inversión pública al 5% del PIB con una planeación que promueva la inversión privada, especialmente en sectores de alto impacto regional.
• Impulsar la participación del sector privado en energía y obras públicas mediante esquemas de inversión mixta que liberen recursos públicos.
• Asegurar la eficiencia del gasto público, priorizando programas que mejoren la calidad de los servicios y el bienestar de las familias.
• Fortalecer la seguridad y el Estado de Derechos. Es urgente reasignar recursos suficientes para la seguridad ciudadana, profesionalizar a las corporaciones policiales, garantizar equipamiento adecuado y fortalecer los sistemas de justicia.
• Garantizar que las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial se construyan conapertura y diálogo, para preservar la independencia de los poderes y mantener la certezajurídica que requieren las inversiones y los empleos.

El Paquete Económico 2026 debe equilibrar la responsabilidad fiscal con una visión de futuro. Sin apoyo decidido a las MiPyMEs y sin fortalecer los pilares sociales, México corre el riesgo de frenar su potencial productivo y agravar la desigualdad.

Reafirmamos que el crecimiento económico solo será sostenible si se impulsa a quienes generan empleo, invierten y arriesgan: las empresas. Necesitamos un presupuesto que fortalezca el Estado de Derechos, garantice la seguridad, promueva la innovación y asegure que cada peso del gasto público se traduzca en oportunidades reales para las familias mexicanas.

México requiere decisiones responsables, una política económica que mire al futuro y un compromiso claro con la productividad y el bienestar. Solo así construiremos, juntos, un México mejor.

Reconocemos que hay avances en las acciones concretas para enfrentar a grupos delincuenciales, convocar a empresarios para alentar la inversión privada, mejorar condiciones laborales y mantener puentes de negociación con Estados Unidos para evitar afectaciones arancelarias. 

En contraste, desde COPARMEX advertimos que la reforma judicial que derivó en la elección de ministros, magistrados y jueces; la desaparición de organismos autónomos; la falta de un combate real a la corrupción, y la crisis del sistema de salud, que incluye desabasto de medicamentos y falta de atención, son retrocesos que deben revertirse.

Avances

La presidenta Sheinbaum inició su gestión enfrentando el reto de la seguridad con una estrategia renovada y personal preparado. Aunque la violencia persiste, se percibe voluntad de atenderla y algunos índices delictivos van a la baja. No obstante, persisten fenómenos graves que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica: las desapariciones forzosas siguen siendo una herida abierta, mientras que el robo de carga en carreteras, ferrocarriles y puertos —tanto marítimos como aéreos— vulnera las cadenas de suministro y eleva costos logísticos. A ello se suma la extorsión, que continúa como amenaza crítica: entre enero y julio de 2025, las víctimas crecieron 8.2% respecto al mismo periodo previo, lo que confirma la urgencia de que el Congreso apruebe una Ley General contra la Extorsión. De acuerdo con #DataCoparmex, uno de cada dos socios ha sufrido algún delito, siendo este de los más recurrentes.

En materia económica, la mandataria ha mostrado apertura al diálogo empresarial mediante el Plan México, el Consejo Asesor y esquemas de inversión mixta. Estas acciones reflejan más participación privada en sectores estratégicos como el energético.

En lo internacional, reconocemos el esfuerzo por mantener relación cercana con el gobierno de EE.UU., encabezado por Donald Trump, y la participación en foros como el G20. La apertura con América Latina, Europa y Asia fortalece la posición de México en un mundo interconectado. Destacamos que, frente a amenazas arancelarias que implican incumplimiento del T-MEC, el Gobierno mantuvo diálogo con EE.UU. para impulsar la competitividad regional.

El Plan Pemex 2025-2030 también es positivo: plantea apertura a inversión privada y una reingeniería financiera que busca estabilidad. Reconocemos la meta de que Pemex sea autosuficiente en 2027, sin apoyos fiscales, lo que permitirá destinar más recursos en salud, educación e infraestructura.

En lo laboral, reconocemos el diálogo social tripartito. El salario mínimo 2025 se acordó en la CONASAMI con un aumento del 12%, cubriendo el 90% de la línea de bienestar familiar; en la frontera ya superó este nivel desde 2022. Esto se suma a la reducción de la pobreza que se explica principalmente por mayores ingresos laborales. También valoramos que la reducción de la jornada laboral se consulte de manera tripartita, pues una reforma de ese calado requiere la participación de todos los sectores.

Retrocesos

Existen retrocesos que debemos señalar. La sobrerrepresentación política ha permitido aprobar reformas constitucionales sin un el amplio consenso y análisis que requieren.  Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino más bien profundizadas: apenas el 13% del padrón acudió a votar y más del 16% de las boletas fueron anuladas, inválidas o extraviadas, lo que significó que 2 de cada 10 votos no fueran contabilizados. Estas cifras reflejan no solo una bajísima participación ciudadana sino también fallas graves en la organización del proceso.

Adicionalmente, la desaparición de organismos autónomos concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio institucional y el Estado de Derecho. 

Todo esto ha tenido impactos directos en la economía y el empleo. La inversión fija bruta acumuló nueve meses de caídas y el ánimo para invertir entre socios COPARMEX cayó 12.8 puntos al cierre de 2024, situándose en 38.3%, nivel comparable al de la pandemia.

Por su parte, la creación de empleos ha mostrado una desaceleración. Sin contar a los trabajadores que se incorporaron a través del Piloto de Plataformas Digitales, en agosto se acumularon cuatro meses con disminuciones mensuales. En cuanto a los registros patronales, sumaron 1 millón 39 mil 467, con una caída anual de 2.9%. Con esto, se acumulan 13 meses con caídas significativas. 

La corrupción e impunidad sigue siendo una gran deuda. Pese a denuncias documentadas, no hay voluntad de investigar ni sancionar, erosionando la confianza ciudadana y la credibilidad del gobierno.

El sistema de salud vive una grave crisis: el desabasto de medicamentos persiste y 34.2% de la población (44.5 millones de personas) carece de servicios médicos. La salud y la educación, con un marco de rezago, muestran una tendencia de retrocesos en el acceso efectivo de derechos sociales, lo que consolida la inamovilidad social y cancela oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. 

Finalmente, prevalece la falta de apertura al diálogo con todos los actores sociales y políticos. La democracia requiere inclusión y consensos, no decisiones unilaterales. La ausencia de diálogo tripartito con Empresarios y Trabajadores limita la construcción de acuerdos para enfrentar juntos los retos nacionales.

Oportunidades y desafíos 

A pesar de los retos, vemos oportunidades para fortalecer el rumbo del país. La relación con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC deben ser una palanca para consolidar el nearshoring y atraer inversiones estratégicas. Pero no son la única ruta: el Plan México, al orientar inversión pública y privada hacia sectores productivos y regiones con alto potencial, representa una dirección correcta para detonar el mercado interno y fortalecer a las MiPyMEs, verdadero corazón de nuestra economía. Para que esta estrategia sea viable, México debe garantizar seguridad, energía y certeza jurídica.

Consideramos que la reforma electoral que se va a proponer es innecesaria y riesgosa en un entorno de incertidumbre global, con la revisión del T-MEC en puerta y amenazas comerciales que golpean a nuestra economía y el reto adicional de mantener el equilibrio fiscal hacia 2026. Este tipo de iniciativas generan polarización, restan estabilidad y debilitan instituciones clave para la democracia, en lugar de atender las prioridades económicas y sociales que hoy exige el país. 

El dinamismo laboral y la reducción de la pobreza mediante empleos formales pueden consolidar un círculo virtuoso de productividad, salarios dignos y crecimiento incluyente. El mejor programa social es el empleo formal y la Nueva Cultura Salarial debe seguir como pilar para garantizar estabilidad. 

Propuestas de COPARMEX

En este balance reafirmamos nuestra visión y presentamos propuestas concretas:

• Fortalecer el Estado de Derecho. Urge certidumbre jurídica, respeto a la autonomía de órganos constitucionales y un sistema judicial eficiente y transparente que atraiga inversión y fomente crecimiento. Para ello, proponemos: implementar una Evaluación Nacional Independiente con participación de academia y OSC; fortalecer la Carrera Judicial privilegiando mérito y formación continua; y establecer criterios claros de evaluación con acceso público a información de los candidatos.

• Garantizar seguridad y paz social. Es indispensable asignar más recursos financieros y humanos a las corporaciones policiales y de procuración de justicia, así como establecer mesas de diálogo sobre seguridad y extorsión, para reducir la impunidad y garantizar la tranquilidad de las familias y la viabilidad de las empresas.

• Priorizar el combate a la corrupción. Se requiere investigación, sanción y rendición de cuentas sin excepciones. La transparencia debe regir en todos los niveles.

• Impulsar la inversión en salud. Debemos garantizar suficiente presupuesto para que existan servicios médicos de calidad, con abasto suficiente, infraestructura adecuada y personal capacitado.

• Incentivar la educación con enfoque en la calidad y el aprendizaje. Es fundamental garantizar que el sistema educativo forme ciudadanos con las competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro, poniendo especial atención en reducir el rezago y elevar de manera sostenida los resultados de aprendizaje.

• Consolidar el diálogo tripartito. La coordinación entre Gobierno, Empresarios y Trabajadores es clave para alcanzar acuerdos que fortalezcan la estabilidad, crecimiento y empleo.

• Replantear la reforma electoral.  Llamamos a construir consensos amplios con todas las fuerzas políticas y sociales, evitando retrocesos que debiliten la democracia y la confianza en las instituciones.

De manera transversal, planteamos como llamado central impulsar el Diálogo Social como vehículo para construir consensos y soluciones a los distintos retos políticos, económicos y sociales, en una perspectiva de desarrollo inclusivo. Esta es la única manera de generar políticas públicas que impulsen la inversión, fortalezcan la creación de empleo formal, incrementen los salarios y eleven la productividad.

México puede consolidarse como un país atractivo, competitivo y con justicia social, si se privilegia el diálogo, la certeza jurídica y el respeto institucional. 

En COPARMEX reiteramos nuestra disposición a colaborar con propuestas, actuar con responsabilidad y contribuir activamente al desarrollo inclusivo de nuestro país. 

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En México, la pobreza se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Según el INEGI 2024, 38.5 millones de personas —29.5% de la población— viven en diferentes tipos de pobreza. Aunque sigue siendo alarmante, son 13.7 millones menos que en 2016. Esta baja, la mayor en décadas, se debe al alza de ingresos laborales, resultado del esfuerzo de Trabajadores y Empresas. Los datos confirman que el empleo y la productividad son la vía más eficaz para superar la pobreza y que las empresas sí contribuyen para abatir rezagos sociales.

La reducción de la pobreza es un logro que debe celebrarse. Pero hay retos que aún permanecen y deben reconocerse. Aunque la pobreza disminuyó, la vulnerabilidad por carencias sociales creció. En 2024, 41.9 millones de personas —32.2% de la población— enfrentaron al menos una carencia. La más común es la falta de seguridad social (48.2%), seguida de acceso a servicios de salud (34.2%) y alimentación nutritiva y de calidad (14.4%).

Además, la disparidad regional permanece. Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de entidades con mayor porcentaje de personas en pobreza, al registrar tasas de 66%, 58.1% y 51.6% de su población en pobreza, respectivamente. En el caso de Chiapas, 1.5 millones de habitantes se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a casi una cuarta parte de su población. En contraste, estados como Nuevo León muestran que el progreso es posible: 53.5% de sus habitantes no son pobres ni vulnerables, reflejando que el bienestar sostenido se alcanza cuando convergen crecimiento económico, inversión productiva y empleos dignos.

El papel del ingreso laboral

En COPARMEX, hemos sido impulsores decididos del aumento gradual y responsable del salario mínimo. En 2016, este apenas alcanzaba $73.04 pesos diarios y cubría solo el 74% de la línea de la pobreza individual. Por ello, propusimos la Nueva Cultura Salarial con una primera meta: que ningún trabajador formal permaneciera en pobreza por su salario. Esta meta se alcanzó para la fijación de 2019, cuando la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), de forma tripartita, aprobó un incremento histórico de 16.21%.

Desde entonces, el salario mínimo ha seguido una trayectoria ascendente sostenida, acumulando un aumento real del 150%. Los resultados son contundentes: entre 2016 y 2024, la pobreza en México pasó de 43.2% a 29.6% de la población, mientras que la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza se redujo de 50.8% a 35.4%. La propia CONASAMI estima que la mitad de esta reducción entre 2018 y 2024 puede atribuirse directamente a los aumentos al salario mínimo.

Este impacto también se refleja en los hogares: entre 2016 y 2024, el ingreso total creció 11% en términos reales, impulsado por el ingreso laboral, que hoy representa el 66% del ingreso familiar. Este avance confirma que el trabajo formal y bien remunerado es la vía más sólida para reducir la pobreza. Refrendamos así la meta de la Nueva Cultura Salarial: que ningún hogar con ingresos formales permanezca en pobreza. Actualmente, el salario mínimo general cubre el 90% de la línea de bienestar familiar, equivalente al doble de la línea de pobreza individual. Adicionalmente, el salario mínimo general en la frontera ya superó este nivel desde 2022. 

Retos estructurales: la población vulnerable por carencias aumenta

A pesar de los avances en ingresos, persisten desafíos estructurales importantes. Uno de los más graves es el aumento de la población vulnerable por carencias sociales: personas que, aunque superan la línea de pobreza, enfrentan al menos una carencia en derechos sociales. 

La principal carencia sigue siendo la seguridad social, que afecta al 48.2% de la población y ha crecido en entidades como San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Puebla. Le sigue el acceso a servicios de salud, que afecta al 34.2% de la población. Aunque bajó 4.9 puntos desde 2022, aumentó 18.6 puntos porcentuales con respecto a 2016, lo que equivale a cerca de 26 millones de personas más sin cobertura. El cambio del modelo de atención en salud para población sin seguridad social, ha sido el factor clave en este retroceso.

En el caso del rezago educativo, si bien registra una reducción con respecto a 2022 (- 0.8 puntos porcentuales), en seis entidades aumentó esta carencia y el porcentaje apenas ha variado respecto a 2016. De acuerdo con el INEGI, el rezago educativo ha crecido para niñas, niños y jóvenes en edad escolar; hay 1.5 millones más población entre 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria. 

Postura COPARMEX

En COPARMEX reconocemos la reducción de la pobreza en México: 13.7 millones de personas dejaron esta condición entre 2016 y 2024, lo que demuestra que avanzar más sí es posible cuando se generan condiciones adecuadas. Sin embargo, es necesario analizar qué funcionó, qué falta y qué debe corregirse de manera urgente.

El empleo formal es la principal fuente de ingreso y la vía de acceso a servicios de salud y seguridad social para la población en todos los niveles económicos. En los últimos años ha mostrado un crecimiento importante, fruto del esfuerzo cotidiano de las personas, del compromiso de las empresas con el pago de salarios y de las políticas laborales que, desde 2016, han fortalecido la cultura salarial y elevado de manera sostenida el salario mínimo.

Desde el sector empresarial seguiremos apoyando la recuperación del salario mínimo general, conforme a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y mantendremos el impulso al salario digno como iniciativa voluntaria según la capacidad de cada negocio. Confiamos en que el gobierno contribuya a este propósito fomentando el crecimiento económico, la inversión y la productividad. Urge, además, actualizar las tablas de retenciones de ISR para que los aumentos al salario mínimo beneficien en mayor medida a los hogares.

En contraste, es imperativo que en el próximo Presupuesto de Egresos se prioricen la educación y la salud. Ambos son pilares fundamentales para asegurar movilidad social y bienestar. Debemos garantizar no solo el acceso, sino también la calidad de los servicios que reciben los hogares mexicanos, de manera que ningún ciudadano quede rezagado por falta de oportunidades en estas áreas esenciales. El gasto privado en salud creció 40% en 2024 con respecto al 2016, afectando más a los hogares de menores ingresos, lo que evidencia la urgencia de corregir el rumbo de las políticas gubernamentales.

Hacemos un llamado a construir una economía inclusiva con crecimiento equitativo y sostenido. Para ello, se requieren cinco líneas de acción:

• Generar empleos de calidad con remuneraciones suficientes.
• Incorporar a más mujeres y jóvenes al mercado laboral formal.
• Impulsar cooperativas y negocios de economía social que fortalezcan el tejido productivo local.
• Garantizar educación y servicios de salud con calidad y equidad.
• Mejorar la distribución de programas de transferencias, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan.
• Propiciar condiciones de certeza jurídica y seguridad que promuevan la inversión y la generación de empleo.

Los negocios en México contribuyen a abatir la pobreza al crear oportunidades, pagar salarios, invertir en innovación y sostener el desarrollo económico. Por ello, reiteramos nuestro compromiso con un México mejor, con movilidad social, justicia económica y un piso de derechos sólidos que consolide una reducción de la pobreza estructural y sostenible.

Los indicadores económicos recientes revelan la realidad: la economía mexicana pierde dinamismo y enfrenta un riesgo tangible de estancamiento. A pesar de que algunos indicadores muestran ligeros progresos, no alcanzan para revertir las tendencias estructurales que frenan la actividad productiva. 

Es urgente reactivar la inversión productiva, restaurar la certidumbre jurídica, garantizar seguridad para personas y empresas, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas, y contar con un sector energético competitivo y confiable. Ante la creciente volatilidad global y las tensiones comerciales con Estados Unidos, debemos intensificar la colaboración, así como acelerar la diversificación de mercados. Para lograrlo, es indispensable fortalecer la unión y el diálogo externo, así como con el sector productivo nacional.

La evidencia señala una desaceleración que ya se experimenta en la vida cotidiana de empresas, familias y trabajadores. Por ello, en COPARMEX presentamos un análisis sobre los principales retos y oportunidades de la economía y nos encontramos listos para trabajar en una agenda común para reactivar regiones y sectores productivos del país.

Indicadores que anticipan estancamiento

Durante los primeros meses de 2025, los principales indicadores de la actividad económica comenzaron a mostrar signos claros de debilitamiento. En el primer trimestre, la economía apenas evitó una recesión técnica, registrando un crecimiento trimestral de 0.2%, tras haber tenido una caída de (-)0.7% en el cuarto trimestre de 2024. Las cifras del segundo trimestre sugieren cierta resiliencia, ya que el INEGI estima que en junio la actividad económica creció un 0.2% mensual y un 1.3% anual, logrando así tres meses consecutivos de crecimiento. 

Sin embargo, las proyecciones para el resto del año y para 2025 ofrecen un panorama desalentador: el consenso del sector financiero estima un crecimiento cercano a 0.2%, mientras que los principales organismos internacionales pronostican entre (-)0.3% y 0.4%. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene expectativas mucho más optimistas, situando el crecimiento en un rango de 1.5% a 2.3%, muy por encima de las otras proyecciones.

Inversión estancada y confianza deteriorada

Uno de los indicadores más alarmantes es la inversión. Desde septiembre, la inversión fija bruta ha mostrado caídas consecutivas, siendo en abril —el dato más reciente— especialmente notoria en maquinaria y equipo, con una disminución del 9.1%, principalmente en bienes importados. Esta tendencia negativa se atribuye a factores como la incertidumbre económica, la inseguridad, la falta de certeza jurídica y un entorno fiscal restrictivo. Sin certidumbre, resulta difícil impulsar la inversión productiva. 

Además, en el primer trimestre del año, la inversión total alcanzó apenas el 23% del PIB, por debajo de la meta mínima del 25% necesaria para promover un crecimiento sostenido. Dentro de este porcentaje, la inversión pública fue del 2.3%, mientras que la privada representó el 20.8%. Es especialmente alarmante que la inversión pública haya registrado una caída del 24.4%, una cifra que no se observaba en casi tres décadas.

Empleo formal en riesgo

La debilidad económica ya comienza a reflejarse en el mercado laboral. En el primer semestre de 2025 se generaron 87,287 puestos de trabajadores asegurados en el IMSS, una cifra muy por debajo del promedio mensual de 100 mil puestos necesarios para alcanzar los 1.2 millones de empleos anuales requeridos para absorber a los nuevos participantes que se integran al mercado laboral. Esto representa una caída del 70.4% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se crearon 295,058 empleos, y constituye el nivel más bajo registrado desde 2004. Más aún, acumulamos tres meses con reducciones mensuales. 

Adicionalmente, en junio, los registros patronales sumaron 1 millón 41 mil 636, con una caída anual de 2.9%, lo que indica que miles de unidades productivas cierran o salen de la formalidad, afectando el bienestar social, las fuentes de empleo y la recaudación fiscal.

Consumo debilitado 

El consumo privado, motor clave de la economía interna, ha mostrado cierta resiliencia pero enfrenta desafíos evidentes. El INEGI estima un buen desempeño en el crecimiento del consumo en abril; sin embargo, las cifras de mayo y junio reflejan una mayor debilidad.

Otro riesgo latente es el debilitamiento de las remesas, que en el periodo enero-mayo han registrado una caída del 3.0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque actualmente las remesas siguen en niveles históricamente altos, la tendencia a la baja podría afectar el dinamismo del mercado interno, considerando que aproximadamente 4.9 millones de hogares en México las reciben.

Por otro lado, la confianza del consumidor, medida por el INEGI, se ubicó en 45.4 puntos en junio, por debajo del umbral de optimismo (50 puntos) y con una caída respecto al mes anterior. Una de las principales disminuciones se observó en la percepción de los hogares sobre la economía del país en comparación con el año anterior.

Incertidumbre externa y amenazas arancelarias 

Sin duda, el principal riesgo que enfrenta el país es la incertidumbre sobre la política comercial del presidente Trump, quien declaró que el primero de agosto terminará la pausa para la implementación de aranceles a diversos países del mundo. En específico, anunció que ese día entrará en vigor un arancel del 30% para los bienes procedentes de México, argumentando que no se han alcanzado los resultados esperados en materia de seguridad. 

Las exportaciones mexicanas han mostrado resiliencia a pesar de la imposición de aranceles a productos como el acero y el aluminio, así como del anuncio de posibles aranceles generalizados. De enero a mayo, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 3.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las exportaciones automotrices a Estados Unidos cayeron 9% anual. 

De hecho, especialistas consultados por Banxico afirman que la política sobre comercio exterior y la inestabilidad política internacional, son los principales obstáculos al crecimiento de nuestro país, solo después de la inseguridad. 

Postura COPARMEX: Reactivar la economía con certidumbre y apertura

En conclusión, la economía mexicana muestra signos de desaceleración, con un deterioro en el mercado laboral, una inversión fija en caída y desafíos en el consumo privado. La persistente amenaza de aranceles y la inestabilidad internacional complican aún más la recuperación, afectando la inversión y el crecimiento económico sostenido del país.

Desde COPARMEX consideramos indispensable reconocer la fragilidad de nuestra economía y tomar medidas urgentes para evitar un mayor deterioro. La prioridad es reactivar la inversión productiva, fomentar la certidumbre jurídica, garantizar la seguridad para personas y empresas, y consolidar un sector energético competitivo y confiable. 

Ante la volatilidad global y las tensiones con Estados Unidos, respaldamos el diálogo y la colaboración que ha promovido el Gobierno de México. Consideramos que, adicional a esto, es urgente diversificar mercados. En este sentido, estamos llevando a cabo una misión empresarial en Japón para impulsar la internacionalización del sector productivo y fortalecer la presencia de nuestras empresas en Asia.

Llamamos a autoridades de todos los niveles y al sector privado a construir juntos una estrategia clara y coordinada que reactive a las MiPyMEs, proteja la economía formal y fortalezca la competitividad. Sin dinamismo económico no hay empleo digno ni bienestar duradero. Seguiremos impulsando políticas centradas en el crecimiento sostenible, la legalidad y la inclusión, con propuestas que, desde el Modelo de Desarrollo Inclusivo, fomenten el empleo formal, eleven la productividad y garanticen el futuro de México.