Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @MundoEjecutivo X: @panchosuarezh

Durante años, la transición energética significó reducir emisiones, sustituir fósiles e incrementar las renovables ante el cambio climático.

Hoy, el mundo obliga a incluir seguridad, asequibilidad, resiliencia, infraestructura, almacenamiento, innovación y acceso.

Recientes publicaciones del Foro Económico Mundial “WEF” reflejan esto.

La primera plantea que la geopolítica, volatilidad bursátil y costo de vida, tornan fundamentales la asequibilidad y seguridad.

La segunda destaca a las baterías como tecnología clave, exponiendo el trabajo de Emilie Bodoin (CEO de Pure Lithium) con una pregunta provocadora: ¿qué pasaría si diseñamos una batería con la mitad de peso, doble eficiencia y fabricable en economías emergentes?

Ambos describen el desafío y la herramienta para afrontarlo.

La transición energética entra en una nueva etapa

El Energy Transition Index 2026 del WEF confirma el reto.

Aunque la inversión global alcanzó 3.3 billones de dólares en 2025 y renovables con nuclear aportaron el 42% eléctrico sumando 800 GW, instalar tecnología presiona los sistemas eléctricos.

Solo el 24% de los países analizados avanzó simultáneamente en seguridad, equidad y sostenibilidad.

Construir sistemas completos requiere: generación, transmisión, distribución, almacenamiento, digitalización, eficiencia, resiliencia, financiamiento, talento y regulación.

El gran desafío de las renovables: almacenar el futuro

El sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla.

Al elevar renovables variables, requerimos más capacidad para almacenar y administrar electricidad, volviendo las baterías infraestructura estratégica.

Para triplicar la capacidad renovable mundial hacia 2030, la Agencia Internacional de Energía proyecta multiplicar por 6 el almacenamiento hasta 1,500 GW.

Las baterías representarán el 90% del crecimiento, conectando movilidad, ciudades inteligentes, manufactura, redes, IA, centros de datos y acceso universal.

600 millones de razones para innovar

Existe otro elemento sobre Pure Lithium particularmente relevante.

Emilie Bodoin señala que más de 600 millones de personas carecen de electricidad.

Esto recuerda que la transición debe ser social.

Una batería eficiente no se mide solo en kilowatt-hora, peso o costo, sino preguntándonos: ¿Cuántas comunidades conectará? ¿Cuántas escuelas u hospitales funcionarán? ¿Cuántas familias mejorarán su vida?

La innovación destaca cuando resuelve problemas humanos.

De consumidores de tecnología a participantes de la cadena de valor

México y Latinoamérica deben decidir si importarán tecnologías o participarán de su desarrollo, manufactura, integración y reciclaje.

Esta revolución abre una cadena económica: minerales, química, software, almacenamiento y movilidad.

Para economías emergentes constituye una oportunidad que requiere ecosistemas y una urgente colaboración público-privada-académica impulsada con velocidad.

No existe una sola batería del futuro

No habrá una única tecnología ganadora.

El ion-litio coexistirá con soluciones como litio-ferrofosfato, sodio-ion, estado sólido, litio metálico, hierro-aire o almacenamiento térmico.

Cada una resolverá necesidades distintas: peso y densidad para vehículos; costo y seguridad para plantas solares; confiabilidad, asequibilidad y mantenimiento para comunidades aisladas.

El futuro pertenece a las baterías y al almacenamiento.

Innovación, sí, pero también circularidad

Fabricar millones de baterías exigirá insumos masivos, obligando a incorporar economía circular desde el diseño.

Debemos evaluar el origen mineral, extracción, huella ambiental, durabilidad y reciclaje.

La innovación implica desarrollar un ciclo de vida sostenible.

Las redes eléctricas son igualmente importantes

Existe algo que con frecuencia recibe menos atención: las redes eléctricas.

Sin conexión ni administración, el potencial renovable se pierde.

El Energy Transition Index 2026 señala que 2,500 GW de proyectos esperan conexión de red mundial, evidenciando desafíos de infraestructura y ejecución, no solo de generación.

Urge modernizar redes, elevar transmisión, incorporar almacenamiento, usar medidores inteligentes, aplicar IA y digitalizar operaciones.

Una nueva ecuación energética

Debemos dejar atrás la idea de objetivos separados.

Seguridad, asequibilidad, sostenibilidad, innovación, resiliencia, acceso y competitividad forman parte de una misma ecuación.

La energía limpia resulta inútil si es inaccesible; la barata falla si depende de cadenas vulnerables; y un sistema seguro sin perspectiva ambiental traslada costos generacionales.

El reto es avanzar simultáneamente hacia energía limpia, segura, accesible, resiliente e innovadora.

Una oportunidad para México

Contamos con ubicación, capacidad manufacturera, ingeniería, automotriz, electrónica, integración norteamericana y recursos renovables para aprovechar la reconfiguración fabril global.

Aspiramos a desarrollar talento, atraer investigación, fabricar componentes, integrar almacenamiento, desarrollar software, impulsar reciclaje, vincular universidades con empresas y generar PYMES, llevando energía competitiva a regiones limitadas.

Esta es la gran oportunidad del smartshoring: atraer inversiones por nuestra capacidad de ofrecer energía, talento, innovación, infraestructura y sostenibilidad.

Almacenar energía es almacenar oportunidades

Ambas publicaciones del WEF se conectan en un punto fundamental.

La transición energética debe dejar de entenderse como una simple sustitución de fuentes de energía.

Estamos construyendo un sistema diferente: más electrificado, distribuido, digitalizado, renovable, inteligente y resiliente.

Las baterías serán una pieza fundamental, pero no la única.

Necesitaremos mejores redes, infraestructura, innovación, financiamiento, regulación, talento y colaboración.

Quizá por ello la pregunta más importante sobre la batería debería ser:

¿Cuánto futuro podemos construir alrededor de ella?

Almacenar energía significa almacenar posibilidades: electricidad continua, movilidad limpia, resiliencia urbana, competitividad empresarial y oportunidades para el desarrollo de comunidades.

La transición que necesitamos no será únicamente más verde.

Tendrá que ser segura, accesible, resiliente, circular y humana, con pilares de:

¡¡¡Millones de acciones sostenibles adicionales en todo el planeta!!!

Espero haberte dejado con la intención de hacer algo más localmente o en tu país y que mejor manera de sumarte a los esfuerzos a favor del cambio climático que en el caso de México, tendremos la semana de México por el clima 2026, en el mes de octubre.

Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @ElIndpendiente X: @cchicaza

La presentación del Paquete Económico 2027 será mucho más que un ejercicio de ingresos, egresos y estimaciones macroeconómicas. Será una de las primeras oportunidades para saber si el gobierno está dispuesto a enfrentar una realidad que ya no admite demasiados aplazamientos: México necesita ordenar sus finanzas públicas sin apagar los motores de su crecimiento.

El dilema no es sencillo. Reducir el déficit y contener el endeudamiento son objetivos necesarios, pero hacerlo mediante recortes indiscriminados podría terminar debilitando precisamente aquellas capacidades del Estado que el país necesita para crecer. La discusión, por tanto, no debería reducirse a cuánto gastar, sino a cómo y en qué gastar.

Coparmex lo resume en una frase particularmente acertada: “No se trata de gastar más; se trata de gastar mejor.”

El organismo empresarial ha planteado que el Paquete Económico 2027 debe construir una ruta creíble para reducir el déficit, contener el endeudamiento y recuperar espacio fiscal, pero sin sacrificar la inversión productiva.

Ese debería ser el punto de partida.

El presupuesto también construye confianza

Durante demasiado tiempo hemos visto el presupuesto como un enorme ejercicio contable. Pero el presupuesto de una nación es, en realidad, una declaración de prioridades.

Nos dice qué problemas considera urgentes un gobierno, dónde pretende concentrar sus capacidades y, sobre todo, cuál es su visión del país que quiere construir.

Por eso el Paquete Económico 2027 deberá ser leído también como una señal para inversionistas, empresarios y mercados.

México necesita recuperar confianza.

Y la confianza económica no se construye con discursos. Se construye con estabilidad, certidumbre jurídica, infraestructura, energía suficiente, seguridad, capital humano y finanzas públicas sostenibles.

El comunicado de Coparmex señala seis áreas que deberían ocupar un lugar prioritario: seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura. Son precisamente sectores cuya capacidad puede determinar si México logra aprovechar las oportunidades de inversión de los próximos años o continúa acumulando cuellos de botella.

No son simplemente partidas presupuestales. Son condiciones básicas de competitividad.

Una empresa difícilmente invertirá donde no puede garantizar la seguridad de sus trabajadores o mercancías. Una planta industrial no puede operar sin energía suficiente. Una región no puede desarrollarse sin agua. Las cadenas productivas requieren carreteras, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones e infraestructura digital.

Y ningún país puede elevar sostenidamente su productividad sin educación y salud.

El gasto público debe dejar de ser automático

Hay otra discusión que México ha postergado demasiado: la calidad del gasto.

Cada programa público, cada institución y cada proyecto deberían poder responder preguntas elementales: ¿qué resultados genera?, ¿cuánto cuesta?, ¿qué beneficio económico o social produce?, ¿existe duplicidad con otros programas?

Coparmex propone eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

No debería ser una posición polémica. Debería ser una regla elemental de administración pública.

En un escenario de restricciones fiscales, mantener programas simplemente porque siempre han existido significa quitar recursos a otras prioridades.

La austeridad inteligente no consiste en recortar parejo. Consiste en distinguir entre gasto improductivo e inversión estratégica.

Pemex y CFE también deben rendir cuentas

La discusión inevitablemente alcanza a las Empresas Públicas del Estado.

Pemex y CFE son estratégicas para México. Precisamente por eso necesitan ser financieramente sostenibles.

No puede convertirse en política permanente destinar recursos públicos para atender sus necesidades financieras sin exigir simultáneamente planes verificables de saneamiento, eficiencia operativa, transparencia y rendición de cuentas.

Coparmex advierte que los recursos destinados a estas empresas deben responder a objetivos verificables y evitar que sus requerimientos financieros terminen reduciendo el margen disponible para atender otras prioridades nacionales.

La discusión no debería plantearse como una confrontación entre Estado y mercado. El verdadero debate es mucho más sencillo: qué obtiene México a cambio de cada peso público invertido.

No más impuestos a los mismos de siempre

Existe además otro mensaje relevante en el posicionamiento empresarial: mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos.

La necesidad de fortalecer los ingresos públicos es evidente. Pero antes de aumentar las cargas sobre quienes ya contribuyen debería mejorarse la eficiencia recaudatoria, combatir con mayor eficacia la evasión y ampliar la base de contribuyentes. Esa es precisamente la ruta planteada por COPARMEX.

México necesita recaudar mejor, pero también necesita ampliar la formalidad.

Cargar nuevamente sobre las empresas y trabajadores que ya cumplen puede resultar relativamente sencillo desde el punto de vista administrativo, pero no necesariamente es la solución más conveniente para una economía que necesita inversión, crecimiento y generación de empleo formal.

La deuda no es mala; importa para qué se utiliza

Algo similar ocurre con el endeudamiento.

La deuda pública no debe satanizarse. Puede ser una herramienta legítima para financiar infraestructura y proyectos capaces de generar rentabilidad económica o social.

El problema aparece cuando el endeudamiento se utiliza sistemáticamente para financiar gasto corriente.

La diferencia es fundamental.

Endeudarse para construir infraestructura que eleve la productividad puede ampliar las capacidades futuras del país. Endeudarse para financiar obligaciones permanentes simplemente traslada la factura a las siguientes generaciones.

Coparmex plantea que cualquier recurso adicional comprometido mediante deuda debe tener un propósito definido, resultados medibles y beneficios duraderos, sin poner en riesgo la estabilidad económica.

El verdadero objetivo debe ser volver a crecer. Pero quizá lo más importante es no perder de vista el propósito final. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un objetivo aislado. México necesita finanzas públicas responsables para generar crecimiento, no simplemente para presentar mejores indicadores contables.

Necesitamos inversión.

Necesitamos empresas que amplíen operaciones.

Necesitamos nuevos proyectos industriales.

Necesitamos PyMEs integrándose a cadenas productivas.

Y necesitamos millones de empleos formales mejor remunerados.

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, ha planteado que el Paquete Económico 2027 debe marcar un cambio de rumbo: reducir el déficit y contener el endeudamiento sin sacrificar la inversión productiva ni las prioridades estratégicas del país.

Ahí está la discusión de fondo.

México tiene una oportunidad extraordinaria derivada de su posición geográfica, su integración económica con América del Norte, su capacidad manufacturera y la reorganización mundial de las cadenas productivas.

Pero las oportunidades económicas no son eternas.

Otros países también compiten por inversión, fábricas, tecnología y empleos.

Por eso el Paquete Económico 2027 debería convertirse en algo más ambicioso que una negociación presupuestal entre Hacienda y el Congreso.

Debería convertirse en una estrategia nacional para recuperar confianza, inversión y crecimiento.

La ecuación no es imposible.

Disciplina fiscal, sí.

Menor déficit, sí.

Endeudamiento responsable, sí.

Pero también seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura.

Y, sobre todo, evaluación rigurosa del gasto público.

Porque cuando los recursos son limitados, gobernar también significa saber escoger.

México no necesita simplemente un presupuesto más grande.

Necesita un presupuesto mejor.

Artículo de Opinión escrito por: Juan Antonio López Baljarg | Consejero Delegado de Trabajo y Familia de Coparmex Nacional | Vía: @ElIndpendiente X: @JuanBaljarg

Un empresario recibe una llamada. Del otro lado hay una amenaza y una exigencia económica. Quizá paga, quizá denuncia, quizá decide guardar silencio. Al terminar el día, cierra la cortina de su negocio y regresa a casa. Pero el problema no se queda ahí. El miedo regresa con él.

Esa escena se repite todos los días en nuestro país. Y estamos viendo apenas una parte del problema. De acuerdo con el INEGI, 97% de los casos no se denuncia ni se registra.

La extorsión no es un delito secundario. Es una amenaza para las personas, pero también para la continuidad de las empresas. Y para comprender realmente su impacto, necesitamos mirar más allá de lo que sucede dentro de un negocio.

Porque un negocio nunca es solamente un negocio.

Detrás de una pequeña empresa puede estar el patrimonio que una familia construyó durante años. Los ahorros de una pareja. El proyecto que comenzó una generación y que espera continuar la siguiente. La posibilidad de pagar una casa, sostener la educación de los hijos o construir un futuro con mayor estabilidad.

Pero alrededor de esa empresa existen también otras familias.

Cada colaborador que depende de ese negocio lleva a casa un ingreso que permite cubrir necesidades, construir patrimonio y desarrollar su propio proyecto de vida. Una empresa que genera cinco, veinte o cien empleos representa también cinco, veinte o cien historias familiares que, de distintas maneras, dependen de su capacidad para seguir operando.

Por eso, cuando la extorsión amenaza la continuidad de una empresa, el daño se expande mucho más allá de sus estados financieros.

Una empresa puede recuperar una pérdida económica. Mucho más difícil es recuperar la tranquilidad.

El miedo modifica decisiones. Puede detener una inversión, cancelar un proyecto de crecimiento, cambiar rutinas, impedir una contratación o llevar incluso a cuestionarse si vale la pena continuar. Poco a poco, la incertidumbre comienza a sustituir esa capacidad profundamente humana de imaginar y construir el futuro.

Y ahí aparece un costo que difícilmente cabe en una estadística.

La extorsión no solamente quita dinero. También roba tranquilidad, confianza y libertad. Al empresario que comienza a preguntarse si es seguro seguir creciendo. Al colaborador que teme por la continuidad de su fuente de trabajo. Y a las familias que terminan compartiendo una preocupación que comenzó dentro de un negocio.

Combatir la extorsión significa proteger la actividad productiva y la libertad de emprender. Pero significa algo todavía más profundo: significa proteger a las personas y a las familias que todos los días encuentran en una empresa la posibilidad de trabajar, crecer y construir su futuro. 

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X: @XimenaCespedesA

Hace unos años, cuando trabajaba en el manejo de una crisis mediática, aprendí algo que no se olvida: la palabra “veraz” puede convertirse en un arma, según quién la empuñe. No es lo mismo que un periodista se equivoque a que un funcionario decida, desde su escritorio, que esa equivocación merece una multa. Esa distinción —entre el error humano y la censura con sello oficial— es exactamente lo que está en juego en la consulta pública que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el pasado 27 de julio y que concluye este 21 de agosto.

El propósito es noble: proteger los derechos de las audiencias. Nadie debería oponerse a que la ciudadanía reciba información veraz y oportuna, a que se distinga con claridad entre opinión y noticia, entre publicidad y contenido editorial, o a que exista una persona defensora que escuche las quejas del público. Son derechos reconocidos desde 2013 en el artículo 6° constitucional y es momento de que operen de verdad. Hasta ahí, el consenso es amplio.

El problema no está en el propósito. Está en la letra chica.

Los lineamientos que propone la CRT facultan a la autoridad para calificar qué información es “veraz” y cuál no. Y ahí es donde una buena intención puede convertirse en una herramienta peligrosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado con claridad: las opiniones no pueden someterse a un juicio oficial de verdad o falsedad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU va todavía más lejos y advierte que cualquier ley que imponga una “verdad oficial” es, por definición, incompatible con la libertad de expresión. No se trata de una opinión aislada: es parte de los estándares que durante décadas ha construido el sistema interamericano de derechos humanos.

A esto se suma un dato que no es menor: a diferencia del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, la CRT está adscrita al gobierno federal. Eso significa que quien terminaría definiendo qué es información veraz —con capacidad de imponer sanciones de hasta el 1% de los ingresos anuales de una empresa— responde, en última instancia, a la misma esfera de poder que los medios están llamados a vigilar y cuestionar. Ese conflicto estructural no se resuelve con buenas intenciones.

Tampoco ayuda la vaguedad. Los conceptos de información “falsa” o “descontextualizada” siguen sin definirse mediante criterios objetivos y verificables. Y cuando una norma no establece con precisión qué conducta se sanciona, cuál es la consecuencia ni ante qué autoridad puede defenderse una persona, dejamos de hablar de regulación y comenzamos a hablar de discrecionalidad. La historia del periodismo en América Latina está llena de ejemplos de cómo la ambigüedad normativa puede terminar funcionando como censura sin necesidad de censurar: basta con que el medio o el comunicador decida que no vale la pena correr el riesgo. Eso tiene nombre: autocensura. Y una vez que comienza, es casi imposible medir todo aquello que dejó de decirse.

Hay, además, una asimetría que llama la atención: la propuesta es exigente con los medios comerciales, pero guarda silencio sobre los medios públicos y sobre el propio Estado. Si la veracidad y la rendición de cuentas son principios universales, deberían aplicarse por igual.

Nada de esto significa que la autorregulación de los medios sea perfecta ni que debamos resistirnos a rendir cuentas frente a nuestras audiencias. Al contrario: los códigos de ética, las personas defensoras de las audiencias y los mecanismos de queja ya son, para la mayoría de los medios serios, una práctica cotidiana. Lo que no podemos aceptar es que la vigilancia del contenido editorial —el fondo de lo que se dice, no solo la forma en que se dice— quede en manos de un árbitro con incentivos políticos y reglas ambiguas.

La mejor defensa de una audiencia no es un funcionario que le diga qué creer. Es una ciudadanía con criterio propio, informada por medios responsables y libres, capaz de distinguir por sí misma entre un dato y una opinión, entre una fuente confiable y una que no lo es. Tratar al público como si no pudiera ejercer ese criterio es, paradójicamente, una de las formas más eficaces de debilitarlo.

Estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

Hay proyectos que comienzan con una idea, otros nacen de una inquietud algunos se construyen durante años, y a partir de experiencias y de lapregunta:

¿Qué planeta estamos dejando a las siguientes generaciones?

Estoy muy feliz de compartir uno de esos sueños.

Después de imaginarlo mucho tiempo y de años de trabajo, reflexión, investigación, escritura y muchas conversaciones, he concluido y publicado mi primer libro:

Travesía hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta.

Comienza una nueva etapa, una travesía que nos pertenece a todos.

Una de las ideas centrales del libro es:

La sostenibilidad no es un destino. Es un viaje continuo.

La sostenibilidad como métrica de la vida, debe convertirse en la métrica de nuestras decisiones y de nuestra propia existencia.

El planeta que recibimos es prestado

Comencé el libro desde un lugar profundamente personal, mi familia.

Con una idea que me ha acompañado siempre:

“Antes de nacer, le presté este planeta a mi padre, quien antes se lo encargó a mi abuelo. Ambos, científicos estudiosos e investigadores, cumplieron con el deber intergeneracional de vivir y trabajar para conservar el entorno y mejorarlo.”

Mis hijos: la razón más poderosa para actuar

Mi carta compromiso y una parte especialmente importante de este libro está dedicada con gratitud a mis hijos, Pancho, Alex y David.

Hablar de cambio climático, puede perdernos fácilmente entre indicadores.

Cuando pensamos en nuestros hijos, estos datos adquieren rostro.

¿Qué responderemos cuando nos pregunten qué hicimos cuando todavía teníamos oportunidad?

Mi hermano, Una travesía compartida

En esta historia familiar ocupa un lugar muy especial Luis, mi amigo de vida. Su participación representa algo muy significativo:

Recordar que las grandes travesías rara vez se recorren completamente solos.

El honor de un prólogo por José Antonio Fernández Carbajal

Quiero expresar mi infinito agradecimiento a José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de FEMSA.

Por años he admirado en su liderazgo una idea fundamental: la generación simultánea de valor económico, social y ambiental, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones.

La disyuntiva entre crecimiento económico y sostenibilidad es falsa.

Generar valor económico es indispensable, y debe acompañarse de la creación de valor social y ambiental.

No son tres agendas diferentes. Son tres dimensiones de una misma responsabilidad.

Urgente: Del sobregiro financiero al sobregiro planetario

Vivimos en sobregiro de los recursos naturales del planeta.

Ninguna familia, empresa o gobierno puede sostener indefinidamente consumir más recursos de los que genera.

Consumimos recursos y generamos residuos, como si nuestra cuenta ambiental fuera ilimitada.

Transferiremos esa deuda ambiental, a: nuestros hijos y generaciones futuras.

De grandes acuerdos a pequeños gestos

Nuestros actos individuales nunca serán demasiado pequeños para importar.

Millones de personas tomando mejores decisiones todos los días.

Cerrar una llave.

Separar residuos.

Reutilizar.

Consumir responsablemente.

Cuidar un árbol.

Utilizar energía eficientemente.

Cambiar nuestros patrones de movilidad cuando sea posible.

Educar con el ejemplo.

Participar en nuestra comunidad.

Exigir mejores políticas.

Transformar nuestras empresas.

Pequeños actos aislados, se convierten en hábitos que transforman sociedades. Los gestos cotidianos pueden convertirse en acciones trascendentales y masivas.

Una responsabilidad de todos

El llamado del libro es para que participen todos:

Sector privado, con capacidad de innovación, inversión y transformación escalables

Sector público, construyendo políticas, incentivos e infraestructura.

Sector educativo, formando a quienes tomarán las decisiones del futuro.

Comunidad científica, necesitamos conocimiento.

Organizaciones de la sociedad civil, movilizando comunidades

Emprendedores, muchas de las soluciones que necesitamos todavía están por inventarse.

Medios de comunicación y las redes sociales, comunicar, de manera efectiva y creativa.

Cada persona, todos consumimos, votamos, educamos, trabajamos y dejamos huella.

Compartimos planeta y responsabilidad.

Hoja de ruta hacia un futuro diferente

Este libro ofrece una hoja de ruta para construir un futuro con elementos base: conciencia, acción y transformación.

Necesitamos construir sociedades capaces de generar oportunidades económicas, reducir desigualdades, fortalecer comunidades y, simultáneamente, regenerar y proteger los ecosistemas.

Los tres pilares que atraviesan el libro:

valor económico, valor social y valor ambiental.

Dejar un planeta mejor del que recibimos

La próxima semana tendré el lanzamiento oficial del libro en la Ciudad de México.

Un momento muy especial, me entusiasma iniciar una conversación con quienes asistan a esta nueva etapa y compartir el mensaje central:

Tenemos la responsabilidad de dejar un planeta mejor del que recibimos.

Este libro me recordó a mi padre, madre y a mis abuelos y mi propia historia. Pensé profundamente en Pancho, Alex y David; en el mundo que les corresponderá vivir.

Cada generación recibe temporalmente el planeta y está obligada a entregarlo en mejores condiciones.

¿Quién nos prestó este planeta?

¿Qué queremos que esa siguiente generación diga de nosotros?

Ojalá podamos decir que fuimos la generación que entendió que economía, sociedad y medio ambiente iban juntos.

Que entendimos la sostenibilidad como una forma de vivir.

Travesía hacia un mundo sostenible es mi primer libro, pero deseo que su mensaje trascienda sus páginas.

El verdadero objetivo no es terminar de leerlo.

Es comenzar a actuar.

La travesía ya empezó.

Y todos estamos invitados a formar parte de ella.

Artículo de Opinión escrito por: Jorge Luis Camacho Ortega, Presidente del Comité de Membresía, Afiliación y Participación de COPARMEX Nacional | Vía: @ElIndpendiente

Setecientos mil millones de pesos. Ese es el tamaño estimado del huachicol fiscal que permanece impune en México. A ello se suman una corrupción que representa más del 10% del PIB, un sistema judicial que ha dejado de ofrecer certeza jurídica y una negociación del T-MEC en la que Estados Unidos utiliza el comercio como herramienta de presión para avanzar en su agenda de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

En ese contexto surgió el Plan México, cuya visión me parece acertada: fortalecer la producción nacional, atraer inversión y elevar el contenido regional de nuestras cadenas productivas. El problema no está en el diagnóstico ni en las intenciones, sino en los cimientos. Ningún plan económico alcanzará todo su potencial mientras el país no garantice Estado de Derecho, seguridad pública, energía y agua suficientes, infraestructura competitiva y un ambiente que premie —y no castigue— la inversión de largo plazo.

Los números hablan por sí solos. La economía crece por debajo del 1.2%, la inversión privada avanza con cautela y la presión regulatoria y fiscal no deja de aumentar. Para miles de micro y pequeñas empresas, cumplir se ha vuelto más costoso que crecer. ¿Qué incentivo tiene un pequeño empresario para permanecer en la formalidad cuando esta le cuesta más que operar en la informalidad? Cuando eso sucede, el problema deja de ser recaudatorio y se convierte en un problema de competitividad y, para muchos negocios, de supervivencia.

Ningún país ha construido desarrollo económico castigando a quienes generan empleo, invierten, innovan y pagan los impuestos que financian al propio Estado. Combatir la evasión fiscal es una obligación del gobierno, pero hacer de la formalidad un camino cada vez más costoso es un error de política pública que ya muestra sus consecuencias: empresas que migran a la informalidad y millones de personas sin incentivos para incorporarse a la economía formal.

A esto se suma un entorno internacional que volvió a endurecerse. La geopolítica dejó de ser una noticia lejana; hoy forma parte de la estructura de costos de cualquier empresa mexicana. Los energéticos, la logística y las cadenas de suministro responden cada vez más a decisiones políticas que a decisiones económicas, y eso no va a cambiar en el corto plazo.

El sector productivo seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: invertir, innovar, generar empleo y crear valor, siempre con la dignidad de la persona y el bien común como centro. Pero ninguna estrategia empresarial puede sustituir la responsabilidad del Estado de construir las condiciones para el desarrollo. La revisión del T-MEC representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer la integración de Norteamérica y consolidar cadenas regionales de suministro; difícilmente la aprovecharemos si desde dentro seguimos debilitando la confianza que tanto tiempo toma construir y tan poco destruir.

México ha demostrado una enorme capacidad para superar crisis: lo hizo durante la pandemia, enfrentó la inflación global y hoy vuelve a adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Sin embargo, la resiliencia de los mexicanos no puede convertirse en la política pública de nuestros gobiernos. La incertidumbre internacional llegó para quedarse y escapa a nuestro control; lo que sí depende de nosotros es eliminar los obstáculos que nosotros mismos hemos construido.

Por eso insisto: el mayor riesgo para la empresa mexicana no está en Washington. Está aquí, en casa, cada vez que la política pública deja de ser motor del desarrollo y se convierte en freno para la inversión, la productividad y la competitividad.

México necesita menos decisiones pensadas para la próxima elección y más decisiones orientadas a las próximas generaciones. Solo así dejaremos de administrar el potencial del país y comenzaremos, por fin, a desarrollarlo.

Artículo de Opinión escrito por: Jorge Peñúñuri Pantoja | Presidente de la Comisión nacional de seguridad y justicia y del Comité jurídico de la Coparmex | Vía: @Excelsior X: @penunuri_jorge

México ha enfrentado diversos enemigos a lo largo de su historia, tanto por injerencias internacionales como por amenazas generadas al interior del país. Estas últimas han tenido un mayor impacto durante el último siglo, debido a múltiples factores, principalmente a las políticas implementadas por los distintos gobiernos, que han dado paso a la generación de grupos que actúan de forma ilegal e impune.

Estos grupos forman parte del crimen organizado y actúan fuera de la ley, llevando a cabo actos ilícitos que no solo atentan contra unos cuantos, sino que tienen impactos profundos en la sociedad y en el futuro del país.

Actualmente, hemos vivido delitos que reflejan el empoderamiento de estos grupos, la violencia brutal con la que actúan y, en consecuencia, la erosión del tejido social.

Ejemplo de ello es el delito de extorsión, que ha evolucionado velozmente en los últimos años. Al igual que una bacteria que encuentra un ecosistema adecuado para vivir, crecer y reproducirse, la extorsión encontró un ambiente propicio, resultado de múltiples factores presentes en cada región de México.

Los criminales encontraron la forma de reducir riesgos y aumentar sus ingresos, pues para ejecutar este delito se necesita una motocicleta, dos personas y, en ocasiones, un arma; si se trata de una extorsión indirecta, basta con un teléfono.

Esto hace evidente el amplio potencial para ejecutar este delito y la facilidad para replicar sus distintas modalidades en cualquier parte del país.

Desde el sector empresarial existe una gran preocupación por el combate a la inseguridad y a delitos que, como la extorsión, alimentan al crimen organizado.

Se está implementando una estrategia nacional encabezada por el gobierno federal, acompañada de una reforma que se venía impulsando desde el sexenio anterior, en la cual vemos una voluntad firme de atender este problema. Sin embargo, actualmente seguimos viviendo una crisis frente a este delito: hemos alcanzado el nivel más alto respecto de periodos anteriores y las pérdidas económicas para las empresas obligan a incrementar costos o, en muchas otras ocasiones, a cerrar.

Hacer votos de confianza por las políticas públicas en materia de seguridad debe ir acompañado de apertura al diálogo, presencia de las autoridades responsables de la seguridad y un presupuesto adecuado para alcanzar los objetivos planteados.

La correcta aplicación de la Ley General para Combatir la Extorsión, acompañada de su homologación en cada entidad federativa, la creación de Unidades Especializadas en las fiscalías locales y la colocación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios son tareas fundamentales para comenzar a disminuir los índices de este delito.

Artículo de Opinión escrito por Jaleyna De la Peña, Consejera Delegada para los Derechos Humanos de Coparmex | Vía: @MundoEjecutivo X:@jaleynadelapena

Vivimos en un entorno donde las decisiones que afectan a las empresas ya no se toman únicamente a nivel nacional. Temas como la inteligencia artificial, la integridad, el comercio internacional, la debida diligencia, la sostenibilidad o la economía digital se discuten cada vez más en espacios multilaterales que terminan influyendo en las políticas públicas, los mercados y las cadenas globales de valor. Sin embargo, con frecuencia el sector empresarial conoce esas reglas cuando ya han sido aprobadas y el reto parece reducirse a adaptarse a ellas. Pero existe otra posibilidad: participar desde el momento en que esas reglas comienzan a construirse.

Ese es, precisamente, el papel de Business at OECD (BIAC), la voz institucional del sector empresarial ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A través de una red integrada por 47 organizaciones empresariales de los 38 países miembros de la Organización, que representan a más de 10 millones de empresas, BIAC contribuye a la elaboración de recomendaciones sobre comercio, inversión, gobernanza, innovación, competencia, integridad, economía digital y muchos otros temas que inciden directamente en el entorno de negocios.

Su valor no radica únicamente en participar en reuniones internacionales. Lo verdaderamente relevante es que permite incorporar la experiencia de quienes invierten, generan empleo y enfrentan diariamente los desafíos del mercado para construir políticas públicas más eficaces, equilibradas y viables. Cuando la regulación escucha a las empresas, los estándares no se debilitan; por el contrario, aumentan las posibilidades de que sean realmente efectivos y generen mejores resultados.

Para México, esta participación adquiere una importancia particular. Nuestro país se encuentra en un momento decisivo para consolidar su competitividad, atraer inversión y aprovechar las oportunidades del nearshoring. Al mismo tiempo, enfrenta nuevas exigencias internacionales en materia de integridad, cumplimiento normativo, sostenibilidad y derechos humanos. Comprender hacia dónde evolucionan estas agendas ya no es un asunto reservado para especialistas; se ha convertido en un elemento estratégico para cualquier empresa que aspire a crecer y competir en los mercados internacionales.

Por ello, resulta fundamental que las empresas mexicanas no sean únicamente receptoras de estándares globales, sino también participantes en las conversaciones que les dan origen. A través de COPARMEX, organización afiliada a Business at OECD, el sector empresarial mexicano cuenta con un canal institucional para aportar propuestas, compartir experiencias y acercar las mejores prácticas internacionales a nuestras empresas, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen la mayor parte del tejido productivo nacional.

Con frecuencia se afirma que la competitividad depende de la innovación, la productividad o el talento. Todo ello es cierto. Pero también depende de que existan reglas claras, instituciones sólidas y espacios donde la voz de las empresas contribuya a construir mejores políticas públicas. En un mundo cada vez más interconectado, participar en esas conversaciones ha dejado de ser un privilegio. Hoy es una condición para anticipar cambios, generar certidumbre y fortalecer la posición de México en la economía global.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

La semana pasada me correspondió representar a nuestro presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, en el Foro sobre Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias realizado en la Cámara de Diputados. La discusión tuvo como punto de partida los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, pero plantea una cuestión mucho más profunda sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

Una sociedad democrática, plural y abierta necesita preservar un amplio sistema de libertades. Nuestra institución ha defendido históricamente la libertad en sus distintas manifestaciones, desde emprender y asociarse hasta expresar ideas, disentir y difundirlas a través de medios independientes. Son libertades que se complementan y que parten de reconocer a la persona como responsable de sus propias decisiones.

En ese marco, una sociedad libre requiere ciudadanos informados, medios independientes e instituciones respetuosas de las libertades fundamentales. Las audiencias deben ser reconocidas como personas capaces de contrastar información y formar su propio criterio, y su protección debe fortalecer esa capacidad de elegir y decidir.

Existen, desde luego, derechos concretos que deben salvaguardarse. Una persona afectada directamente por información inexacta o falsa debe contar con un derecho efectivo de réplica. La publicidad debe distinguirse del contenido periodístico y deben existir mecanismos eficaces para presentar inconformidades.

En estos ámbitos la autoridad tiene un papel específico y acotado. Debe establecer procedimientos claros para el ejercicio de esos derechos, sin que ello implique atribuirle facultades sobre los contenidos editoriales.

Aunque los Lineamientos reconocen explícitamente que no podrán restringir la libertad de expresión, programática y editorial, incorporan la veracidad como parámetro regulatorio, establecen obligaciones frente a la información considerada falsa o descontextualizada y prescriben mecanismos para distinguir información de opinión. Esto resulta aún más delicado porque su aplicación supone que una autoridad interprete dichos conceptos, con el riesgo de que termine juzgando a su modo la información difundida por los medios.

La libertad de expresión debe ser el punto de partida. Cualquier intervención del poder público sobre contenidos requiere límites especialmente claros y una justificación vinculada con la protección de derechos específicos. De otra forma puede abrirse un espacio en el que una autoridad termine sustituyendo con su criterio el juicio editorial del medio y, finalmente, el juicio de la propia audiencia.

Que una afirmación sea incorrecta no significa automáticamente que corresponda a una autoridad administrativa sancionar su difusión. Hay situaciones concretas en las que pueden afectarse derechos de terceros y existen vías jurídicas para atenderlas, que, sin duda, deben fortalecerse.

El periodismo se desarrolla además dentro de una realidad cambiante. Las noticias se publican mientras los acontecimientos continúan, aparecen nuevas evidencias, las fuentes pueden contradecirse y una primera versión puede modificarse pocas horas después. En muchos asuntos existen también interpretaciones distintas sobre los mismos hechos.

Más información permite contrastar versiones. El derecho de réplica abre espacio a la versión de quien se considera afectado. Otros medios pueden aportar nuevos elementos, los periodistas pueden corregir errores y los ciudadanos decidir a qué fuentes conceden credibilidad.

Esto no reduce la responsabilidad de los medios. La aumenta. La libertad exige rigor profesional, verificación, disposición para rectificar y principios éticos. Cuando un medio difunde información equivocada también arriesga su reputación y la confianza de su audiencia.

Esa responsabilidad debe ejercerse desde la propia libertad editorial. Los códigos de ética, las defensorías y los mecanismos de atención a las audiencias pueden contribuir a construir confianza siempre que conserven su independencia y no se conviertan en vías indirectas para la intervención de la autoridad en las decisiones editoriales.

El riesgo de autocensura aparece cuando un periodista, conductor o editor sabe que posteriormente una autoridad podrá valorar si una información fue suficientemente veraz, si estuvo correctamente contextualizada o si distinguió de manera adecuada entre información y opinión. Puede entonces comenzar a modificar sus decisiones antes de publicar y evitar temas controvertidos, investigaciones sensibles o posiciones críticas. La sociedad debe ser el referente del periodismo.

También debe evitarse el señalamiento o la estigmatización de periodistas, medios o ciudadanos por expresar posiciones críticas. Una democracia necesita espacios amplios para disentir y confrontar ideas.

Esta preocupación forma parte de una larga tradición en Coparmex, que durante décadas ha defendido el derecho de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad a participar, opinar y disentir en los asuntos públicos.

Medios independientes, ciudadanos capaces de formar su propio criterio e instituciones respetuosas de sus límites fortalecen la confianza y generan mejores condiciones para la inversión y la competitividad del país.

El reto es proteger derechos sin trasladar al Estado la facultad de decidir qué debe creer la sociedad. En una democracia abierta, la pluralidad de voces, el derecho de réplica y la responsabilidad de los medios ofrecen a los ciudadanos mejores herramientas para formarse su propio juicio.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

La definición de fábrica industrial está cambiando.

Las fábricas del futuro serán ecosistemas inteligentes, conectados y sostenibles, aprendiendo de sus procesos, anticipando fallas, optimizando energía, reduciendo desperdicios y adaptándose en tiempo real a la demanda.

Esta transformación surge fusionando múltiples tendencias: Industria 4.0, automatización, IA, electrificación, energías renovables, almacenamiento energético, digitalización y desarrollo de talento.

Para México, en regiones industriales como Nuevo León, representa una oportunidad estratégica.

De digitalización a inteligencia industrial

La Industria 4.0 conectó el mundo físico y el digital mediante sensores, internet de las cosas, robótica y analítica avanzada. Generando grandes volúmenes de datos sobre la operación industrial.

Hoy, además de digitalizar, se trata de tomar decisiones inteligentes en tiempo real.

La IA permite mantenimiento predictivo, optimizar procesos, reducir desperdicios y control energético dinámico. Los gemelos digitales simulan procesos antes de implementarlos, la robótica colaborativa trabaja junto a las personas en tareas repetitivas o de alto riesgo.

IA como núcleo de la manufactura

El World Economic Forum, mediante su Global Lighthouse Network, identificó más de 200 plantas industriales avanzadas que integran IA a gran escala.

Por ejemplo, Lenovo en Monterrey, integrando más de 60 soluciones de Industria 4.0, muchas basadas en IA. Mejorando productividad, reducción de emisiones y costos logísticos.

La manufactura avanzada ya está presente en México.

Electrificación y energía como ventaja competitiva

La industria futura también será eléctrica.

Migrarán procesos hacia tecnologías eléctricas más eficientes, permitiendo mayor integración con energías renovables y reduciendo emisiones.

La convergencia clave es clara: electrificación + renovables + almacenamiento + digitalización.

Las fábricas generarán, almacenarán y gestionarán su propia energía, optimizando costos, resiliencia y sostenibilidad.

La energía: factor de localización industrial

La energía renovable es un factor estratégico de competitividad.

Al decidir dónde instalar nuevas plantas, las empresas evalúan disponibilidad de energía confiable y limpia a la par de logística, talento y costos, convirtiendo la política energética en componente central de la política industrial.

Integrar infraestructura energética, innovación y talento tendrá una ventaja decisiva atrayendo inversión.

Almacenamiento energético y gestión inteligente

El almacenamiento inteligente de energía es clave para la estabilidad del sistema industrial del futuro.

Permite gestionar la intermitencia de fuentes renovables, reducir picos de demanda y mejorar la resiliencia operativa. Aunque su verdadero valor surge al integrarse con sistemas digitales capaces de optimizar, en tiempo real, el uso de energía.

Casos de integración tecnológica

• Siemens desarrolla gemelos digitales energéticos que optimizan el diseño y operación de fábricas, mientras colabora con fabricantes como Mercedes-Benz en estrategias de descarbonización.
• Schneider Electric implementa fábricas inteligentes que integran analítica avanzada, automatización y gestión energética, mejorando productividad y sostenibilidad.
• En Singapur, Coca-Cola e Infineon operan dentro de ecosistemas industriales avanzados, combinando investigación, automatización y digitalización.

Confirmamos una tendencia clave:

Transformación digital y sostenibilidad son una sola estrategia industrial.

De fábricas aisladas a ecosistemas industriales

Alemania, pionera en el concepto Industrie 4.0, colabora entre gobierno, industria y academia para estandarizar la digitalización industrial.

Singapur, con su estrategia Manufacturing 2030, construye distritos de innovación donde convergen investigación, empresas y formación de talento en tecnologías avanzadas.

El mensaje es claro: las fábricas del futuro requieren regiones del futuro.

Nuevo León 4.0 y la construcción de ecosistemas

Iniciativas como Nuevo León 4.0 son fundamentales para impulsar la competitividad industrial, desarrollo de talento e innovación tecnológica.

Tengo el honor de participar en su consejo desde hace algunos años.

Universidades, empresas, gobierno, emprendedores y clusters deben alinearse a objetivos comunes: formación de talento, desarrollo de proveedores, innovación y atracción de inversión; construyendo un ecosistema.

El talento como factor crítico

La transformación industrial es una transformación del talento.

Se requieren perfiles en IA, robótica, energía, datos, automatización, ciberseguridad y técnicos altamente capacitados en sistemas complejos.

Sin capital humano adecuado, la tecnología no genera valor.

Hacia un nuevo modelo de colaboración

El modelo tradicional (gobierno, academia y empresa) debe evolucionar hacia una colaboración más profunda, orientada a resultados.

Es necesario compartir objetivos estratégicos de desarrollo industrial, tecnológico y educativo que generen un círculo virtuoso:

Talento – inversión – innovación – proveedores, todo ello genera desarrollo económico sostenible.

México ante una oportunidad estructural

El país cuenta con ventajas significativas: cercanía con EUA, integración comercial, manufactura sólida y experiencia exportadora.

Sin embargo, el nearshoring no garantiza resultados automáticos. Convertirlo en ventaja estructural requiere infraestructura energética, digital, logística, talento especializado y certidumbre para invertir.

Rentabilidad y sostenibilidad como una sola lógica

La sostenibilidad industrial es fuente de competitividad.

La eficiencia energética reduce costos, la automatización mejora productividad, el mantenimiento predictivo reduce fallas y la digitalización optimiza decisiones.

Las plantas más avanzadas logran, simultáneamente, mejoras en productividad, resiliencia y sostenibilidad.

La disyuntiva entre ser competitivo o sostenible, es falsa.

El ecosistema como núcleo de la fábrica del futuro

La fábrica del futuro estará llena de tecnología: IA, robótica, sensores, energía renovable y sistemas digitales avanzados.

Pero, su elemento más importante será el ecosistema industrial que la sostiene.

La próxima revolución industrial construirá ecosistemas inteligentes capaces de generar, conjuntamente, competitividad, innovación, talento, inversión y bienestar sostenible.

Ese es el verdadero reto.

La gran oportunidad para México y regiones como Nuevo León que tienen todo el potencial para detonar:

¡¡¡Miles de acciones sostenibles adicionales!!!