Artículo de Opinión escrito por: Juan Antonio López Baljarg | Consejero Delegado de Trabajo y Familia de Coparmex Nacional | Vía: @AuroradeMexico X: @JuanBaljarg

Hoy muchas empresas están haciendo un enorme esfuerzo por sostener su operación en un entorno cada vez más complejo. Enfrentan presión por resultados, dificultades para atraer y retener talento, desgaste de los equipos y una productividad que, en muchos casos, se vuelve frágil. Estos son síntomas visibles, pero pocas veces nos detenemos a observar que detrás de ellos puede existir una dimensión menos evidente que también está impactando el desempeño: la falta de integración entre el trabajo y la vida familiar.

Durante años hemos tratado temas como rotación, ausentismo, estrés laboral o compromiso organizacional como si fueran problemas exclusivamente internos de la empresa. Pero no siempre lo son. Con frecuencia, expresan una desarticulación más profunda entre las exigencias del trabajo y la realidad de vida de quienes sostienen las organizaciones todos los días.

Cuando el trabajo y la familia se viven en tensión permanente, los costos aparecen tarde o temprano. Primero en las personas, luego en sus familias y finalmente en las empresas. Se expresa en fatiga, sobrecarga, dificultad para cuidar, administrar el tiempo o sostener vínculos. Y, aunque esos factores suelen permanecer invisibles en el diseño del trabajo, terminan impactando la operación.

No reconocer esta realidad tiene costos.

Tiene costos para el colaborador, que enfrenta desgaste acumulado. Tiene costos para las familias, que resienten la falta de tiempo, energía o estabilidad. Y tiene costos para las empresas, que absorben los efectos en productividad, clima laboral, retención y desempeño.

La omisión también cuesta.

Por eso, hablar de integración trabajo-familia no es referirse a un tema periférico o de bienestar accesorio. Es hablar de una dimensión estratégica de la competitividad.

Las empresas que están entendiendo esto están transitando de una lógica reactiva a una lógica de diseño. No se trata solamente de “dar prestaciones” o sumar iniciativas aisladas, sino de revisar si la estructura del trabajo favorece o dificulta que las personas sostengan su vida.

Esto puede empezar por tres vías.

La primera es el tiempo: esquemas, flexibilidad razonable y decisiones que reconozcan que administrar el tiempo es también una condición de productividad.

La segunda son los recursos y apoyos: mecanismos que acompañen necesidades reales relacionadas con cuidados, salud o corresponsabilidad.

La tercera es la cultura organizacional: liderazgos, servicios y prácticas que integren esta visión en la manera en que se dirige y se trabaja.

No partimos de cero. Hay empresas mexicanas que ya están avanzando en esta ruta y demostrando que es posible. Cuando estas prácticas se reconocen, se vuelven referentes; cuando se difunden, pueden replicarse.

Esa es, precisamente, la lógica del Ranking de Integración Trabajo-Familia, impulsado por Coparmex.

No es solo un reconocimiento, es una herramienta para conocer, identificar prácticas, visibilizar avances, promover aprendizajes y escalar soluciones.

El ranking permite que las empresas participantes realicen un diagnóstico, sean evaluadas por un comité técnico independiente y, sobre todo, entren en una conversación estratégica sobre cómo fortalecer su cultura y sus prácticas en esta materia. Su valor no está solo en distinguir a quienes lo están haciendo bien, sino en ayudar a construir referentes que otras empresas puedan adaptar y replicar.

Hoy necesitamos pasar de ver la relación trabajo-familia como un tema privado a entenderla como parte de la sostenibilidad empresarial.

Porque empresas más fuertes requieren personas y familias más sostenibles.

Desde Coparmex queremos invitar a más empresas a sumarse a esta edición del Ranking de Integración Trabajo-Familia. No como un ejercicio reputacional, sino como una oportunidad para revisar, aprender y avanzar.

Integrar trabajo y familia no es solo una buena práctica. Es una agenda de competitividad con sentido humano.

Artículo escrito por Luis Gerardo Pérez Figueroa, Presidente del Comité de Compromiso Social Empresarial de Coparmex. | Vía: @Excelsior X: @lgpf_gdl

En la vida de una empresa, las decisiones más importantes no siempre se toman frente a un balance financiero. Muchas veces, se definen en el terreno humano: en cómo cuidamos a nuestros colaboradores, en cómo reconocemos la diversidad que nos enriquece y en cómo asumimos que nuestro impacto va más allá de las paredes de la oficina.

La responsabilidad social empresarial dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en un estándar que define competitividad y sostenibilidad. Se trata de una práctica que transforma realidades. Lo vimos en el Foro de Impacto Social 2026, donde quedó claro que las compañías que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza no solo generan cohesión en las comunidades, sino que también alcanzan mejores resultados económicos.

Las empresas con alto compromiso social pueden lograr hasta 23% más de rentabilidad. Pero lo más revelador es que el 71% de los colaboradores considera el propósito social un factor clave al elegir dónde trabajar, y el 90% se siente más inspirado en organizaciones con valores claros. Esto nos dice que la verdadera ventaja competitiva está en el sentido de pertenencia y en la confianza que generamos.

La diversidad y la inclusión son parte esencial de este camino. No podemos hablar de responsabilidad social sin reconocer que las empresas deben ser espacios donde todas las personas encuentren oportunidades reales de desarrollo. La pluralidad de talentos, experiencias y visiones fortalece la innovación, también construye culturas organizacionales más resilientes y humanas.

En el foro, escuchamos reflexiones sobre el futuro del trabajo en tiempos de inteligencia artificial y automatización. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana. Capacitar, proteger derechos laborales y ofrecer empleos con propósito es la única manera de que el progreso tecnológico se traduzca en bienestar social. 

La responsabilidad social también implica pensar en el largo plazo. Ser “buenos ancestros”, como se dijo en una de las mesas, significa tomar decisiones que beneficien a las generaciones futuras. Invertir en comunidades, en programas de formación y en prácticas sostenibles es una inversión estratégica que reduce riesgos y abre nuevas oportunidades. 

Las empresas que adoptan esta visión se convierten en referentes de confianza en un entorno global cada vez más exigente.

Hoy, México necesita empresas que entiendan que su éxito se puede medir en el impacto que generan. Necesitamos organizaciones que construyan confianza, que fortalezcan el tejido social y que asuman que su papel es determinante para un país más justo e inclusivo. 

La responsabilidad social empresarial es, en esencia, la manera en que las compañías pueden trascender.

Porque las empresas que dejan huella son las que generan valor donde más se necesita. Son aquellas que reconocen que detrás de cada indicador hay personas, familias y comunidades que esperan oportunidades reales. 

Y son las que entienden que el verdadero progreso se mide en cohesión social, en dignidad laboral y en la capacidad de construir un futuro compartido.

En México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo. Cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha ratificado.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 6 de abril, abandona el criterio fijado por su antecesora, avalando así el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa. Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derechos, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.

La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por una mayoría de 6 votos contra 3, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

El esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa. Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.

La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país.

Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México.

El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria. A diferencia de las grandes corporaciones, carecen de estructuras jurídicas y reservas financieras para enfrentar procesos prolongados ante la UIF o tribunales. Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio.

La resolución de la Suprema Corte no agota el debate; abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo de indicios que justifica un bloqueo, los plazos máximos de duración de la medida cautelar y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional.

En ese sentido, desde COPARMEX exhortamos al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver. Para ello, proponemos:

• ⁠Definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables.
• Establecer un control judicial oportuno que revise la legalidad de la medida en un plazo máximo de 72 horas.
• Garantizar la notificación inmediata al titular, con fundamentos claros que permitan ejercer su defensa.
• Crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas.
• ⁠Incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.
  

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un entorno en el que el combate a la ilegalidad sea plenamente compatible con la seguridad jurídica, condición esencial para impulsar la inversión y el desarrollo sostenido del país.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X:@jsierraalvarez

El reciente desenlace legislativo del llamado plan B en materia electoral deja una lectura que va más allá del resultado inmediato. Lo que ocurrió en el Senado no solo modificó una iniciativa, exhibió las tensiones de fondo sobre cómo se toman decisiones que impactan directamente la vida democrática del país.

Es cierto que se eliminaron componentes particularmente delicados, como la posibilidad de adelantar la revocación de mandato y vincularla al proceso electoral de 2027. Esa corrección evita un riesgo mayor: el de introducir incentivos que desdibujen la equidad en la competencia política. Sin embargo, el hecho de que esa propuesta haya estado sobre la mesa no es menor. Habla de una lógica que debe analizarse con seriedad.

Aun con esos ajustes, el conjunto de la reforma mantiene elementos que generan cuestionamientos legítimos. Entre ellos, la intención de imponer criterios homogéneos a realidades locales profundamente distintas, particularmente en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos estatales. El problema de fondo es de principio: el federalismo no se decreta, se respeta.

México ha construido su sistema democrático a partir de una evolución constante. No ha sido un proceso lineal ni exento de conflictos, pero sí ha tenido un rasgo distintivo: la búsqueda de acuerdos que permitan que las reglas sean aceptadas por quienes compiten bajo ellas. Cuando ese principio se debilita, también lo hace la legitimidad del sistema.

Lo ocurrido en esta reforma rompe, en buena medida, con esa lógica. No por su existencia en sí misma, toda norma es perfectible, sino por la forma en que se impulsa y por el contexto en el que se plantea. Hoy, el país enfrenta desafíos que demandan concentración y visión estratégica: seguridad, crecimiento económico, fortalecimiento institucional y condiciones para atraer inversión en un entorno global cada vez más competido.

En ese escenario, abrir un debate que polariza y que no atiende las prioridades más urgentes implica un costo de oportunidad que no puede ignorarse. Cada discusión pública desplaza atención, energía política y capacidad de acción. Y hoy, México necesita enfocarse en resolver lo que sí impacta de manera directa en la vida de las personas.

Por eso, el balance del plan B no puede limitarse a lo que se eliminó o a lo que se aprobó. Debe incluir una reflexión más amplia sobre las prioridades nacionales. La democracia no se fortalece únicamente modificando leyes, se consolida cuando las instituciones generan confianza y cuando las decisiones públicas responden a una visión de largo plazo.

Desde el sector empresarial hemos sostenido una postura clara: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. No se trata de cerrar la puerta al cambio, sino de reconocer que hoy México necesita estabilidad institucional para enfrentar sus retos.

La certeza jurídica, la seguridad, la energía suficiente y el fortalecimiento del Estado de derecho son condiciones indispensables para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo. La discusión electoral, en este momento, no contribuye a ese objetivo.

El país tiene por delante una oportunidad relevante en el contexto internacional, particularmente en la integración económica de América del Norte. Aprovecharla depende, en gran medida, de la confianza que logremos generar como país. Y la confianza no se construye con cambios constantes en las reglas, sino con consistencia en su aplicación.

Lo que México requiere hoy es claridad de prioridades. Menos dispersión y más enfoque. Menos confrontación y más acuerdos.

Porque al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de reformas que acumula, sino por la estabilidad que es capaz de ofrecer.

Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy

Mientras el mundo debate aranceles y cadenas de suministro, hay una conversación que todavía no ocupa el centro de la mesa, pero que debería: la salud como variable estratégica del T-MEC.

La gira que encabezó el Presidente Nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, a Washington—con más de 15 reuniones de alto nivel en el Congreso, organismos empresariales y centros de pensamiento— confirma que México y Estados Unidos están en un momento bisagra. En 2026, el T-MECentrará en proceso de revisión, y las decisiones que se tomen en esa mesa marcarán el rumbo económico de ambos países durante las próximas décadas.

Pero hay algo que pocas voces señalan con claridad: el sector salud tiene un lugar protagónico en esa negociación y, hasta ahora, no lo está ocupando.

Los números lo dicen sin ambigüedad. México es ya el sexto exportador mundial de dispositivos médicos, con ventas superiores a los 13 mil 700 millones de dólares, de los cuales el 91 por ciento se destina a Estados Unidos. El sector representa el 1.2 por ciento del PIB nacional. Y eso, con todo lo que significa, es apenas una fracción de lo posible.

¿Por qué? Porque en 2023, Estados Unidos registró escasez de más de 300 medicamentos activos, incluidos antibióticos esenciales y fármacos para terapia intensiva. A pesar de ello, la participación de México en las importaciones farmacéuticas estadounidenses no supera el 1.5 por ciento. La oportunidad es enorme. La brecha entre lo que somos y lo que podríamos ser, también.

La armonización regulatoria entre la COFEPRIS y la FDA es hoy una de las rutas más prometedoras para detonar inversión en producción farmacéutica. Agilizar los registros sanitarios no es un detalle administrativo: es una decisión estratégica. Mientras China e India llevan décadas consolidando su posición en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos, México tiene algo que ellos no pueden replicar: vecindad, integración y un tratado vigente. El potencial está ahí. Lo que sigue es decidir aprovecharlo.

La gira de la delegación de Coparmex a Washington que lideró Sierra Álvarez fue una señal de que el sector privado entiende la magnitud del momento y está dispuesto a trabajarlo con seriedad, con aliados como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Brookings Institution y el Center for Strategic and International Studies. México tiene interlocutores. Lo que necesita es coherencia interna para honrarlos.

Desde la Comisión Nacional de Salud de Coparmex, sostenemos que salud y economía no son agendas paralelas. Son la misma agenda. Un país con certeza jurídica atrae inversión farmacéutica. La inversión farmacéutica genera empleo calificado. El empleo calificado mejora el acceso a la salud. Y el acceso a la salud construye el capital humano que hace productiva a una nación.

El T-MEC puede ser la palanca. La revisión de 2026 es la ventana. La pregunta es si México llegará a esa mesa con una agenda de salud clara, con instituciones sólidas y con la convicción de que somos mucho más que mano de obra barata.

Tenemos la ciencia. Tenemos la industria. Tenemos la geografía. Solo nos falta decidir que la salud también merece un lugar en la sala de negociaciones.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX X:@jsierraalvarez

Existen reformas que amplían derechos y reformas que, en lugar de resolver problemas, abren dudas. La Reforma Electoral pertenece a ese segundo grupo. México no necesita una nueva batalla sobre las reglas del juego democrático; necesita preservar lo que durante décadas costó construir con acuerdos, participación ciudadana y contrapesos reales.

Por eso, en Coparmex decimos que la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral. Lo que el país requiere ahora es estabilidad, no una nueva fuente de polarización.

La historia electoral mexicana demuestra que los progresos más valiosos nacieron de consensos amplios. Desde los años noventa, la autonomía de las autoridades electorales, la pluralidad y la fiscalización se consolidaron como conquistas ciudadanas que dieron estabilidad política y alternancia pacífica. Ese proceso no fue perfecto, pero sí eficaz. Hoy no existen condiciones para mover las bases del sistema democrático sin arriesgar su legitimidad.

La razón de fondo también es económica. México enfrenta una desaceleración que no admite distracciones. La inversión fija bruta cayó -1.6 por ciento anual en diciembre de 2025 y acumuló 16 meses consecutivos a la baja. Al mismo tiempo, la encuesta Data Coparmex 2025 mostró que sólo 39.5 por ciento de las empresas considera que es un buen momento para invertir, un nivel que recuerda los meses más duros de la pandemia. En este contexto, aprobar el Plan B de la reforma electoral sería un error de alto costo para el empleo, la inversión y la confianza de quienes producen en el país.

Lo vimos también en nuestra gira de trabajo en Washington, realizada del 17 al 20 de marzo. La voz del sector privado mexicano fue escuchada con claridad: además de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que frenan la inversión nacional y extranjera.

Esa interlocución confirma que México compite por capital en un entorno exigente y que nuestra principal fortaleza está en ofrecer certeza, energía suficiente, seguridad para operar y un marco jurídico que no cambie al vaivén de la coyuntura. Si queremos aprovechar la revisión del T-MEC y el nearshoring, debemos mandar señales de confianza, no de inestabilidad.

La Reforma Electoral, además, no puede verse de forma aislada. El llamado Plan B no corrige los problemas estructurales del país; apenas suma más incertidumbre a un momento ya cargado de tensiones. En Coparmex hemos sido consistentes en la conversación con los legisladores y con nuestros Centros Empresariales: este no es el momento para alterar las reglas electorales.

Nadie ha pedido una reforma de este tipo para resolver la seguridad, la justicia o la falta de inversión. Nadie puede sostener seriamente que debilitar el andamiaje institucional mejore la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Por eso insistimos en cinco principios que deben preservarse en un Estado democrático: Primero, la autonomía real de las autoridades electorales. Segundo, la pluralidad que refleje la diversidad del país. Tercero, una fiscalización sólida y efectiva. Cuarto, la inclusión de minorías y nuevas fuerzas. Quinto, certeza jurídica con reglas claras, estables y previsibles. Esos pilares son la base de la confianza pública y de la estabilidad democrática.

México necesita concentrar sus energías en lo que verdaderamente define su porvenir: seguridad, inversión, empleo formal y un Estado de Derechos que proteja la libertad y la certeza para quienes arriesgan su capital.

Lo vimos también en nuestra gira de trabajo en Washington, realizada del 17 al 20 de marzo. La voz del sector privado mexicano fue escuchada con claridad: además de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que frenan la inversión nacional y extranjera.

Esa interlocución confirma que México compite por capital en un entorno exigente y que nuestra principal fortaleza está en ofrecer certeza, energía suficiente, seguridad para operar y un marco jurídico que no cambie al vaivén de la coyuntura. Si queremos aprovechar la revisión del T-MEC y el nearshoring, debemos mandar señales de confianza, no de inestabilidad.

La Reforma Electoral, además, no puede verse de forma aislada. El llamado Plan B no corrige los problemas estructurales del país; apenas suma más incertidumbre a un momento ya cargado de tensiones. En Coparmex hemos sido consistentes en la conversación con los legisladores y con nuestros Centros Empresariales: este no es el momento para alterar las reglas electorales.

Nadie ha pedido una reforma de este tipo para resolver la seguridad, la justicia o la falta de inversión. Nadie puede sostener seriamente que debilitar el andamiaje institucional mejore la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Por eso insistimos en cinco principios que deben preservarse en un Estado democrático: Primero, la autonomía real de las autoridades electorales. Segundo, la pluralidad que refleje la diversidad del país. Tercero, una fiscalización sólida y efectiva. Cuarto, la inclusión de minorías y nuevas fuerzas. Quinto, certeza jurídica con reglas claras, estables y previsibles. Esos pilares son la base de la confianza pública y de la estabilidad democrática.

México necesita concentrar sus energías en lo que verdaderamente define su porvenir: seguridad, inversión, empleo formal y un Estado de Derechos que proteja la libertad y la certeza para quienes arriesgan su capital.

In the current climate of internal and external economic uncertainty, combined with the urgent need to guarantee security, justice, and peace to create conditions for investment, we insist that debating an electoral reform is both risky and untimely.

This attempt to initiate a shift in institutional frameworks comes at a delicate moment marked by significant security challenges and violent events in various regions, the review of commitments with international trade partners, economic uncertainty and weaknesses in the Rule of Law. Mexico requires stability, institutional efficiency, and concrete results, not discussions that fuel division.

Furthermore, this approach could result in the breach of international commitments assumed by Mexico regarding democracy, political rights, and free elections. This would have direct consequences on the country’s standing in key negotiations, such as the USMCA, or during the renewal stages of the Mexico-European Union Global Agreement. The legitimacy of any reform depends not only on its legality but also on its origin, its process, and its social acceptance.

It is essential to note that since the 1990s, the Mexican electoral system has been built through broad, public, democratic, and inclusive agreements. These were driven by citizens, organized civil society, academia, and political forces through dialogue and consensus-building. The reforms that granted autonomy to electoral authorities and strengthened plurality were not concessions from the state but hard-won social achievements.

This process allowed Mexico to advance toward an electoral system that has provided political stability, peaceful transitions of power, legal certainty, and democratic governance. While the model is perfectible, it has proven its relevance as a cornerstone of national democratic development.

Today, we face a different context. For the first time in our recent history, an electoral reform proposal does not originate from citizen consensus. This introduces risks that must be analyzed with institutional responsibility and a long-term vision.

We are certain that electoral laws must respect five democratic pillars built by society and universally recognized:

• Autonomy of the authorities responsible for organizing elections, ensuring real independence, sufficient operational capacity, and a professional, reliable, and permanent structure.
• Legislative Plurality reflecting the country’s political and social diversity.
• Robust Oversight through effective fiscalization to guarantee equitable competitive conditions.
• Inclusion of Minorities by avoiding barriers that limit political participation and the emergence of new forces.
• Legal Certainty based on clear, stable, and predictable rules.

In the specific case of electoral reform, it must emerge as a result of citizen consensus, democratic dialogue, and respect for institutions.

Safeguarding the electoral system implies acting with institutional responsibility and prioritizing the urgent challenges currently affecting the country’s security, stability, and development.

COPARMEX reiterates its permanent willingness for respectful dialogue and the construction of agreements that strengthen democracy, always with responsibility and a long-term vision.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales representa un avance social relevante para el país. Sin embargo, en actividades que operan de manera permanente, las 24 horas al día y los 7 días de la semana, la medida implica una transformación estructural que no puede minimizarse. La seguridad privada en México está sujeta a esa realidad.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es un cambio que modificará costos, estructuras operativas, esquemas de contratación y modelos de servicio en los próximos años.

Históricamente, la seguridad privada ha sido una industria intensiva en capital humano. Una posición continua de vigilancia suele requerir más de cuatro elementos para cubrir rotaciones, descansos y obligaciones laborales. Con la implementación de la jornada de 40 horas, esa misma posición demandará un número significativamente mayor de personal. El impacto en costos será permanente y se reflejará en toda la estructura operativa.

A este desafío se añade otro igual de complejo: la escasez de talento operativo. Las regiones industriales del país, impulsadas por el crecimiento manufacturero y la relocalización de empresas, compiten agresivamente por la mano de obra. La seguridad privada enfrenta una presión creciente para atraer y retener personal.

El impacto será especialmente sensible en los sectores residencial y comercial. Miles de condominios y fraccionamientos en todo el país destinan una parte sustancial de sus cuotas al pago de seguridad privada. Para muchas familias, ese esfuerzo marca la diferencia entre vivir con tranquilidad o con incertidumbre. Si los costos se incrementan de manera abrupta, surgirán tensiones presupuestales, decisiones difíciles y, en el peor de los casos, un crecimiento de la informalidad.

Como sector, no podemos limitarnos a trasladar incrementos al cliente final ni adoptar una postura reactiva. Lo que corresponde es liderar la transición.

El modelo tradicional de vigilancia presencial deberá evolucionar hacia esquemas híbridos. La tecnología —videovigilancia inteligente, analítica de video, monitoreo remoto y controles de acceso automatizados— no elimina al personal. Reordena su función y mejora su productividad. Permite optimizar recursos, elevar estándares y ofrecer soluciones integrales en lugar de servicios aislados por posición.

La seguridad tendrá que acelerar el cambio. Las empresas líderes en el mundo ya están adoptando ese modelo con disciplina operativa. Están invirtiendo en plataformas que integran distintos sistemas en un solo tablero, combinan infraestructura propia con capacidades en la nube y automatizan tareas repetitivas para que el personal se concentre en decisiones y respuesta. También están elevando el perfil del personal con formación técnica y migrando a modelos basados en niveles de servicio y desempeño.

El guardia tradicional deberá transformarse en un técnico en seguridad integral, capacitado en gestión de riesgos, protocolos de emergencia, protección civil y operación de plataformas digitales. La profesionalización será un requisito de permanencia y una ventaja competitiva.

En paralelo, crece la exigencia de reglas claras en el uso de datos y herramientas digitales, porque la seguridad ahora también implica cuidar información, privacidad y trazabilidad.

Se producirá una inevitable consolidación del mercado. Las empresas que no inviertan en cumplimiento normativo, tecnología y capacitación enfrentarán mayores dificultades para sostener su operación. En este nuevo entorno, competir exclusivamente por precio no será una verdadera opción.

La reforma laboral representa un catalizador para modernizar la industria. Para lograrlo se requiere diálogo responsable entre autoridades, empresas y usuarios. Una transición ordenada evitará distorsiones, informalidad y deterioro en la calidad del servicio.

La seguridad privada cumple una función complementaria a la seguridad pública. Protege personas y activos en industrias, cadenas logísticas, desarrollos habitacionales y espacios comerciales que sostienen la actividad económica del país. Cualquier transformación que afecte su viabilidad operativa tendrá implicaciones más amplias de lo que puede pensarse en primera instancia.

Los tres años que durará la transición a las 40 horas marcarán un antes y un después para nuestra industria. La opción responsable es liderar la adaptación con planeación, estándares y productividad, para proteger al usuario final y asegurar la continuidad operativa.

El momento exige visión estratégica, inversión inteligente y responsabilidad sectorial. La transformación no es opcional, es la condición para fortalecer la seguridad en México en una nueva etapa laboral y económica.

Como escribió Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, “Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos”.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico

X:@jsierraalvarez

Por años, en México hemos hablado de las micro, pequeñas y medianas empresas como si fueran un sector vulnerable al que hay que asistir. Esa visión es limitada y, en muchos casos, equivocada. Las MiPyMEs no son un problema a resolver: son el corazón de nuestra economía y uno de los activos más poderosos para generar empleo formal, movilidad social y desarrollo regional.

En México existen más de 5.4 millones de establecimientos MiPyME que generan el 71.3% del empleo. Detrás de cada cifra hay familias que dependen de un ingreso estable, comunidades que se sostienen y oportunidades reales para millones de personas. Fortalecer a las MiPyMEs no es solo una política económica; es una política social efectiva. El mejor programa social sigue siendo el empleo formal, con todas sus prestaciones y derechos.

Desde Coparmex hemos impulsado una nueva narrativa: dejar de ver la informalidad como un fenómeno que se combate con sanciones y comenzar a entenderla como una consecuencia de barreras estructurales. Cuando las Empresas pequeñas acceden a financiamiento, capacitación y cadenas de valor, su productividad puede multiplicarse hasta cinco veces y su capacidad de generar empleo formal hasta cuatro. La evidencia es clara.

Bajo esa convicción nació la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE). No como una vitrina más, sino como el espacio insignia donde la innovación deja de ser una aspiración lejana y se convierte en una herramienta concreta al alcance de todas las Empresas. En sus ediciones de 2023 y 2024 reunió a más de 17 mil asistentes, ofreció más de 100 conferencias y talleres por edición, generó más de 150 encuentros B2B y facilitó 185 citas con incubadoras. Su impacto digital alcanzó a 4.7 millones de personas. Pero las cifras solo cuentan la mitad de la historia: lo verdaderamente relevante es que cada interacción abrió oportunidades reales de crecimiento.

La FIIE se ha consolidado como un catalizador del desarrollo empresarial porque mueve tres piezas esenciales al mismo tiempo: inspira, conecta y fortalece. En un mismo espacio convergen emprendedores, startups, Empresas tractoras, inversionistas, instituciones públicas y aliados internacionales que entienden que el futuro productivo de México se construye sumando capacidades, no trabajando de forma aislada.

Por eso la edición 2026, que se realizará el 11 y 12 de febrero en el World Trade Center de la Ciudad de México, con acceso gratuito, será especialmente decisiva. No se trata solo de conferencias magistrales o paneles; es un mapa completo para que cualquier negocio —desde un emprendimiento que inicia hasta una Empresa que busca internacionalizarse— encuentre herramientas útiles y aplicables. Digitalización, inteligencia artificial, liderazgo, financiamiento, cadenas de valor, fiscalidad, trámites gubernamentales, comercio exterior y capacitación continua, todo concentrado en un mismo lugar y con especialistas que aterrizan el conocimiento en soluciones reales.

En esta edición, además, daremos un paso fundamental con el lanzamiento de Crece Mi Negocio, una plataforma que convierte a la FIIE en un ecosistema permanente. No un evento de dos días, sino un acompañamiento durante todo el año. A través de inteligencia artificial, agentes conversacionales y un diagnóstico inicial gratuito, cada Empresario podrá acceder a rutas personalizadas y a una red de alianzas que ofrece capacitación, soluciones tecnológicas, productos y servicios para cada etapa del negocio.

La FIIE es un recordatorio de que talento hay de sobra. Lo que hace falta es abrir puertas, no laberintos. Menos discursos y más plataformas que funcionen. Menos obstáculos y más herramientas aplicadas. Menos soledad y más comunidad empresarial.

Si las MiPyMEs son el corazón de la economía, la FIIE es el espacio donde ese corazón se fortalece para impulsar un México mejor, más competitivo y preparado para el futuro que ya llegó.

 #OpiniónCoparmex

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior

X: @Armando_ZunigaS

Empresas y empresarios es la sección en la que se encuadran nuestras colaboraciones en Excélsior. Por ello, el inicio de un año es un buen momento para recordar que la empresa no es un actor secundario del desarrollo. Es una institución esencial donde se organiza el trabajo, se transforma la iniciativa en producción útil, se genera valor económico y se construyen trayectorias de movilidad social. Su fortaleza sostiene ingresos, oportunidades y bienes públicos, mientras que su debilidad vuelve al país más frágil.

Nuestra Declaración de Principios y Valores en COPARMEX afirma que la economía debe servir a la persona y sujetarse a un marco moral, jurídico y social que haga compatible libertad y responsabilidad. La empresa, entendida como comunidad de trabajo y creación de valor, cumple una función social insustituible al unir eficiencia productiva con dignidad humana. Para sostener esa misión requiere rentabilidad, inversión y permanencia.

El problema es que México arrastra una contradicción estructural que se vuelve más visible al inicio de cada año. Queremos resultados propios de una economía moderna, pero toleramos condiciones que empujan a millones a la informalidad, frenan la inversión productiva y castigan la formalidad con costos crecientes y reglas inciertas. En ese entorno, la discusión pública suele concentrarse en metas deseables, salarios más altos, mayor bienestar y más derechos, pero evita la pregunta decisiva, qué condiciones permitirán sostener esos avances en el tiempo sin debilitar el empleo formal ni la competitividad.

Aquí conviene volver a lo esencial. El Bien Común, en la tradición que nos guía, es el conjunto de condiciones que permiten a cada persona desplegar su vida con plenitud. Bajo esa lógica, la empresa cumple una misión integral. Atiende al mercado al producir bienes y servicios útiles con productividad creciente, innovación y calidad. Al mismo tiempo, sirve a la sociedad al transformar ese valor en prosperidad mediante empleos formales y salarios dignos, desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales, y reinversión para crecer. También debe reconocer a quienes arriesgan capital y sostienen el proyecto empresarial, retribuyendo su inversión con rentabilidad y dividendos, condición indispensable para que el ciclo continúe.

Por eso cobra especial sentido lo que ha señalado nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, el mejor programa social es el empleo formal. Y ese empleo lo empujan las empresas. De manera muy destacada, las micro, pequeñas y medianas, que a contracorriente sostienen más del 95 por ciento del tejido productivo nacional, absorben costos, enfrentan incertidumbre y aun así mantienen abierta la puerta de la formalidad para millones de familias.

Para que la empresa cumpla su misión, el país debe garantizar seguridad jurídica, respeto a la propiedad, reglas estables, competencia leal, infraestructura y energía suficiente. La confianza entre Estado y particulares depende de la certeza legal y de políticas acertadas. Sin esas condiciones, la economía responde con cautela y la inversión se retrae. Las ventajas geográficas o comerciales se diluyen frente a economías que sí ofrecen claridad.

El arranque de año exige también un replanteamiento fiscal y regulatorio. México necesita finanzas públicas sólidas, pero el camino sostenible no es cargar el ajuste sobre el contribuyente formal. La ruta sensata es ampliar la base, reducir informalidad y alinear incentivos para inversión y productividad. Así la recaudación crece de manera orgánica sin asfixiar la actividad formal. Menos fricción regulatoria, más digitalización efectiva, más coordinación entre niveles de gobierno, reglas sencillas y cumplimiento exigible.

En esa conversación hay que decir algo que el empresariado vive todos los días. Para muchas empresas, operar en México implica una doble o incluso triple tributación. A la carga fiscal y laboral se suman costos que no deberían existir, la corrupción en trámites, la discrecionalidad regulatoria y, de forma cada vez más grave, la extorsión que actúa como un impuesto criminal que castiga al que trabaja, invierte y genera empleo.

También corresponde hablar de responsabilidad empresarial. La empresa no puede pedir condiciones sin asumir su parte. Cumplimiento de la ley, ética directiva, profesionalización, inversión en capital humano, innovación y una cultura interna que entienda que la productividad es la raíz del mejor salario. La empresa que se moderniza, capacita, invierte y compite limpiamente contribuye a elevar el estándar del país. Esa contribución se expresa en empleo formal, desarrollo local, cadenas de proveeduría y estabilidad social.

Empezar el año bien es volver a lo esencial. Defender la dignidad de la persona exige fortalecer los medios de su desarrollo. La empresa, cuando opera con libertad responsable, es uno de esos medios. El Estado debe garantizar seguridad, justicia, reglas firmes e infraestructura. El empresariado debe emprender, invertir, innovar y participar en la conversación pública con sentido de nación. Ese es el punto de partida para un crecimiento sostenido basado en instituciones confiables y en una economía que premie el esfuerzo productivo.