Artículo de Opinión escrito por Francisco Javier López Díaz, Director General de COPARMEX Nacional | Vía: @Excelsior X: @franlodimx

El reciente anuncio de la Secretaría de Educación Pública sobre la organización de foros para actualizar la Nueva Escuela Mexicana fue interpretado por muchos como un gesto positivo. Debe ser algo más: una obligación histórica. México lleva décadas postergando la conversación que más importa sobre qué tipo de ciudadanos y trabajadores queremos formar. Y no podemos darnos el lujo de que estos foros se conviertan en sólo un proceso de consulta sin verdaderos cambios de fondo.

Los datos son un espejo incómodo. PISA 2022 ubica a México en el lugar 35 de 37 países de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, y en el último lugar en ciencias. En matemáticas, la brecha con el promedio internacional equivale a casi dos años de escolaridad. Sólo uno de cada tres estudiantes mexicanos domina las competencias matemáticas básicas que cualquier empleo del siglo XXI exige. Dicho de otra forma, dos de cada tres jóvenes de 15 años no pueden resolver un problema matemático simple. Y no es una estadística, es el perfil de la generación que en pocos años tendrá que competir por los empleos que el nearshoring promete traer.

Y ahí está la contradicción que nos debe quitar el sueño. Mientras las empresas globales llegan buscando ingenieros, técnicos y profesionales con pensamiento analítico, nuestro sistema educativo forma egresados que, en su mayoría, no dominan las competencias básicas. Si no cerramos esa brecha con urgencia, la inversión no se quedará esperando y entonces se irá a los países que sí apostaron por su talento humano. Reformar la educación no es un eslogan. Es un proyecto que exige cuatro pilares concretos avanzando al mismo tiempo:

Contenidos curriculares que preparen para el mundo real. México retrocedió en matemáticas a niveles de 2003, borrando 20 años de avances. Los planes de estudio deben actualizarse con base en evidencia e incorporar pensamiento computacional, educación financiera, bilingüismo y formación socioemocional. Todas éstas no sólo como materias adicionales, sino como el eje de una educación competente. Docentes con las herramientas que merecen, maestros y maestras como factor determinante. Un currículo brillante fracasa en manos de un docente sin formación actualizada, sin metodologías activas y sin reconocimiento al mérito. Transformar la escuela empieza por la manera en que formamos y acompañamos a quienes enseñan.

Sociedad como aliada, no como testigo. Padres de familia, empresas y organizaciones civiles no pueden seguir siendo espectadores. Deben ser socios reales del aprendizaje, con voz, presencia y responsabilidad compartida. Evaluación que sirva para aprender, no para castigar, pues no es posible mejorar lo que no se mide. México necesita evaluaciones formativas que orienten al docente en el aula, diagnósticos que detecten rezagos antes de que se vuelvan irreversibles, y métricas que guíen las decisiones de política educativa con datos reales. Sin esta brújula, cualquier reforma, por bien intencionada que sea, avanza a ciegas.

Existe evidencia de que otro camino es posible. Actualmente, el Modelo de Educación Dual, que combina formación académica con práctica profesional en empresas reales, logra que más de 80% de sus estudiantes se inserten laboralmente antes de terminar su formación. Es un puente probado entre lo que la escuela enseña y lo que el mercado necesita.

Falta también voluntad presupuestal. La Unesco recomienda invertir, al menos, 4% del PIB en educación; México destina apenas 2.96 por ciento. La comprensión lectora y el pensamiento matemático no son indicadores burocráticos, son la medida real de evaluación de estar formando o no ciudadanos capaces de construir una vida digna. El nearshoring puede traer empleos. Sólo la educación de calidad puede garantizar que esos empleos sean para los mexicanos. Entre aprovechar o perder esta oportunidad hay exactamente una diferencia: lo que decidamos hacer hoy en las aulas. Y esa diferencia vale una generación entera.

Articulo de Opinión escrito por: Rosa Meneses Morales, Consejera Delegada de Comunicación de Responsabilidad Social Empresarial de Coparmex, Vía: @ElIndpendiente

En un entorno global en el que la competencia por atraer inversión es cada vez más intensa, mientras los procesos de integración tienden a fragmentarse en bloques subregionales, la reciente gira encabezada por Juan José Sierra, Presidente Nacional de COPARMEX, a Washington, D. C. adquiere un significado estratégico.

Más allá de una agenda institucional, la visita reafirma una realidad clave: el sector privado mexicano es hoy un pilar estratégico en la relación con nuestro principal socio económico.

Las conversaciones sostenidas con actores de alto nivel, tanto del ámbito público como privado, así como con diversos think tanks, evidenciaron que el interés por México trasciende coyunturas políticas y ciclos de gobierno.

En la antesala de la revisión del T-MEC, y en medio de una acelerada reconfiguración de las cadenas globales de suministro, América del Norte enfrenta una oportunidad difícil de repetir: consolidarse como la región más competitiva del mundo mediante la integración de sus cadenas de valor.

Hoy, la relación entre México y Estados Unidos ha evolucionado hacia una interdependencia estratégica. No se trata solo de comercio, sino de producción compartida, inversión cruzada y cadenas de valor profundamente integradas.

Y en ese entramado, hay un actor constante: el sector privado.

Mientras las agendas públicas cambian, son las empresas quienes sostienen la integración en la práctica. Son ellas quienes asumen riesgos, generan empleo, impulsan la capacitación y fortalecen la competitividad regional.

Sin embargo, hay un aspecto crítico que suele quedar fuera de la conversación: la calidad de la integración hacia el interior del país.

No basta con atraer inversión. El verdadero reto es lograr que esta inversión permee en el tejido productivo nacional.

En este contexto, México no necesita explicar por qué es atractivo, sino demostrar que su ecosistema empresarial es sólido, confiable y capaz de sostener una integración incluyente y de largo plazo.

Aquí es donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cobran relevancia estratégica.

No son un componente secundario ni aislado: son la base operativa de la economía. En ellas se concentra gran parte del empleo, del dinamismo local y de la resiliencia productiva. Sin embargo, su participación en las cadenas regionales de valor sigue siendo limitada.

Y ahí se define el futuro.

Integrar a las MiPyMEs no es solo una política de desarrollo: es una estrategia de competitividad. Las cadenas de valor que incorporan proveedores locales son más resilientes, flexibles y eficientes. Pero, sobre todo, distribuyen mejor los beneficios del crecimiento.

En este punto, la responsabilidad social empresarial deja de ser discurso para convertirse en acción: competitividad con propósito.

Las grandes empresas tienen la capacidad, y la responsabilidad, de elevar el estándar de su ecosistema: profesionalizar proveedores, transferir conocimiento y construir relaciones productivas de largo plazo.

No se trata solo de sumar proveedores. Se trata de construir competitividad desde la base.

México tiene frente a sí una oportunidad histórica. La relocalización de cadenas productivas, su cercanía con Estados Unidos y su experiencia industrial lo colocan en una posición privilegiada.

Pero las ventajas, por sí solas, no garantizan resultados.

La gira de COPARMEX deja una lección clara: el interés existe, los aliados están y las oportunidades son reales.

Lo que marcará la diferencia será nuestra capacidad de construir un entorno en el que invertir en México no sea una apuesta, sino una decisión lógica, confiable e incluyente.

Integrar a las MiPyMEs no solo fortalece la competitividad, también contribuye a cerrar brechas, generar bienestar en las comunidades y construir un modelo de desarrollo más equitativo. En ese sentido, la competitividad regional y la responsabilidad social empresarial no son agendas separadas, sino dos caras de una misma estrategia de desarrollo sostenible.

Porque la competitividad no se declara. Se construye. Y se demuestra. #OpiniónCoparmex

*Rosa María Meneses: Consejera Delegada de Comunicación de Responsabilidad Social Empresarial de COPARMEX

Articulo de Opinión escrito por: Angélica Frías González, Vicepresidenta Nacional de Sustentabilidad de COPARMEX, Vía: @altonivel X: @Angelica_cancun

Hoy, esa lógica resulta más vigente que nunca. Vivimos en un entorno donde múltiples factores se están moviendo al mismo tiempo. La tecnología avanza a gran velocidad, particularmente con los cambios que estamos viviendo en la inteligencia artificial; el contexto geopolítico evoluciona constantemente, y la economía global sigue marcada por la incertidumbre.

De hecho, de acuerdo con el World Economic Forum, cerca del 75% de las empresas ya están adoptando o explorando el uso de inteligencia artificial. Es decir, el cambio no es una posibilidad futura: ya está ocurriendo. Adicionalmente, el mismo organismo estima que, para 2030, cerca del 22% de los empleos actuales cambiarán de forma significativa.

A esto se suma un entorno económico complejo. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que la incertidumbre sigue siendo uno de los principales factores que limitan el crecimiento a nivel global. En otras palabras, ya estamos operando en un escenario de alta complejidad.

En días recientes, nuestro país ha sido testigo de decisiones relevantes en materia institucional. Más allá de posturas específicas, estos momentos invitan a hacer una pausa y plantearnos algo más profundo: ¿es este el mejor contexto para realizar cambios estructurales?

Desde mi experiencia trabajando con empresas, hay un patrón que se repite con claridad. Cuando una organización enfrenta presión desde distintos frentes —mercado, competencia, tecnología y entorno económico—, lo último que hace es modificar sus reglas internas. Por el contrario, busca fortalecerlas, dar claridad a sus equipos y generar condiciones que le permitan tomar mejores decisiones.

Porque, cuando todo se mueve, lo que realmente genera valor no es sumar más cambios, sino tener claridad en lo que permanece estable.

Este principio aplica también a nivel país. La confianza para invertir no se construye únicamente con oportunidades de mercado, sino con certeza jurídica, instituciones sólidas y condiciones de seguridad.

En México , la inseguridad y la incertidumbre regulatoria se mantienen como dos de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial. No es casualidad que indicadores como el ánimo para invertir de Data Coparmex reflejen que la confianza empresarial sigue enfrentando retos importantes. No se trata de falta de oportunidades, sino de condiciones.

En este contexto, impulsar cambios que afectan las reglas fundamentales del sistema institucional agrega una capa adicional de incertidumbre, en un momento en el que el país necesita, más que nunca, claridad y enfoque.

La discusión de fondo no es si el sistema electoral se puede mejorar: claro que sí.

La pregunta relevante es: ¿sería este el momento adecuado para modificarlo?

Hoy, el reto no es menor. En un mundo donde la tecnología, la geopolítica y la economía ya están en transformación constante, los países que logren ofrecer certidumbre serán los que atraigan inversión, talento y crecimiento sostenible.

México tiene una oportunidad clara: priorizar la seguridad, fortalecer el Estado de Derecho y generar confianza.

Porque, cuando el entorno es incierto, la certidumbre no es opcional… es una ventaja competitiva que fortalece a nuestro país.

En México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo. Cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha ratificado.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 6 de abril, abandona el criterio fijado por su antecesora, avalando así el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa. Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derechos, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.

La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por una mayoría de 6 votos contra 3, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

El esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa. Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.

La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país.

Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México.

El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria. A diferencia de las grandes corporaciones, carecen de estructuras jurídicas y reservas financieras para enfrentar procesos prolongados ante la UIF o tribunales. Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio.

La resolución de la Suprema Corte no agota el debate; abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo de indicios que justifica un bloqueo, los plazos máximos de duración de la medida cautelar y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional.

En ese sentido, desde COPARMEX exhortamos al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver. Para ello, proponemos:

• ⁠Definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables.
• Establecer un control judicial oportuno que revise la legalidad de la medida en un plazo máximo de 72 horas.
• Garantizar la notificación inmediata al titular, con fundamentos claros que permitan ejercer su defensa.
• Crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas.
• ⁠Incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.
  

En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un entorno en el que el combate a la ilegalidad sea plenamente compatible con la seguridad jurídica, condición esencial para impulsar la inversión y el desarrollo sostenido del país.

Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX X: @cchicaza

Hay viajes que se hacen para escuchar. Otros, para recordar que en política económica nada se regala y que los beneficios de un tratado comercial solo existen si se defienden con inteligencia y consistencia. La gira de Coparmex a Washington, entre el 17 y el 20 de marzo, fue de esos segundos casos: una visita para decir, sin rodeos, que el T-MEC vale, pero no se cuida solo.

Y lo primero que queda claro es que el T-MEC ha dejado de ser un acuerdo comercial para convertirse en un instrumento de seguridad económica regional.

En Washington, el mensaje es contundente: la revisión del tratado no se limitará a aranceles o reglas de origen. La discusión ya incorpora seguridad, energía, cadenas de suministro y, sobre todo, certeza jurídica. Es decir, los mismos temas que hoy definen la competitividad de México.

México llega a este proceso con ventajas estructurales evidentes, pero también con debilidades internas que no podemos ignorar. La integración regional se sostiene con confianza. Y la confianza exige reglas claras, instituciones sólidas y condiciones de operación seguras para las Empresas.

Por eso, en cada reunión, la delegación fue clara: la revisión del T-MEC debe ser una modernización técnica, no una renegociación política.

Cambiar las reglas de fondo sería un error. Fragmentar el acuerdo o debilitar su carácter trilateral afectaría directamente la competitividad de la región. México, Estados Unidos y Canadá no compiten entre sí; se complementan. Esa es la lógica que ha permitido construir cadenas de valor integradas que generan empleo en los tres países.

Romper ese equilibrio sería retroceder.

El segundo hallazgo de la gira es igual de relevante: México no está solo. En la US Chamber of Commerce, en Brookings, en el CSIS y en la US-Mexico Foundation, encontramos coincidencias claras. Existe una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el tratado, eliminar barreras como la Sección 232, que hoy afecta el 31 por ciento de nuestras exportaciones, y consolidar condiciones que permitan atraer inversión de largo plazo.

La región tiene el potencial de consolidarse como una potencia energética global, pero eso exige suministro suficiente, confiable y competitivo. El nearshoring representa una oportunidad histórica, pero depende de seguridad para las personas y para las Empresas. La inversión está disponible, pero se dirige hacia donde existe certeza jurídica.

No hay margen para ambigüedades. Por eso también fue relevante el diálogo con el Departamento de Trabajo, donde se reconocieron los progresos de México en materia salarial y laboral. El país ha cumplido y superado compromisos. El reto ahora es evolucionar hacia esquemas de cooperación que eleven estándares en toda la región, no mecanismos punitivos que generen distorsiones.

Finalmente, la gira dejó una conclusión que no admite matices: la relación bilateral y el futuro del T-MEC se sostienen, en gran medida, desde el sector privado.

Las instituciones cambian. Las administraciones cambian. Las Empresas permanecen. Son ellas las que mantienen viva la integración todos los días, las que invierten, generan empleo y conectan las economías de la región.

Por eso, la presencia de Coparmex en Washington no es anecdótica. Es estratégica.

México tiene con qué competir. Tiene con qué liderar. Pero convertir ese potencial en resultados exige decisiones claras: fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad, asegurar energía suficiente y consolidar un entorno de certeza jurídica.

La revisión del T-MEC será una prueba de madurez para América del Norte. Pero también lo será para México. Y en ese proceso, lo que está en juego es nuestra capacidad de integrarnos con inteligencia, de competir con reglas claras y de crecer con visión de largo plazo.

Artículo escrito por Jaleyna de la Peña Molina, Consejera Delegada de Derechos Humanos de Coparmex vía, @AuroradeMexico X: @jaleynadelapena

El pasado 15 de marzo de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un nuevo ciclo de ocho años bajo la titularidad de Aureliano Hernández Palacios. Esta transición no representa únicamente un cambio de liderazgo, sino la ventana de oportunidad más relevante de la década para modernizar el contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado. Desde las empresas mexicanas consideramos que el éxito de esta nueva etapa radicará en la capacidad de la ASF para evolucionar de una fiscalización de revisión histórica a una de prevención algorítmica.

Tradicionalmente, la auditoría se ha visto limitada por el muestreo: la revisión de una fracción del gasto con la esperanza de detectar inconsistencias. Sin embargo, en un entorno de digitalización acelerada, el muestreo ya no es el techo de nuestras capacidades. Según datos de la OCDE, la contratación pública representa cerca de 13% del PIB en sus países miembros; en México, el volumen de operaciones exige una vigilancia que solo la tecnología de punta puede garantizar.

La nueva administración tiene la oportunidad de transitar hacia la vigilancia de 100% de las transacciones en tiempo real. Este modelo, ya implementado con éxito en Brasil a través del sistema ALICE (Análise de Licitações e Editais), permite que el auditor identifique riesgos preventivamente, antes de que los recursos sean ejercidos. México cuenta con la infraestructura de la Plataforma Digital Nacional (PDN); el siguiente paso es dotar a la ASF de motores de machine learning que conviertan esos datos en alertas estratégicas para una gestión pública más eficiente.

La integridad pública moderna requiere herramientas que comprendan la complejidad de las redes económicas. El uso de knowledge graphs permite mapear de forma transparente los vínculos entre proveedores y beneficiarios finales, asegurando que cada peso público cumpla con su propósito social.

Experiencias internacionales, como la de Corea del Sur, cuyo sistema KONEPS ha sido reforzado hacia 2025 para identificar patrones de colusión mediante IA, demuestran que la tecnología es el mejor aliado de la competitividad. Para la nueva gestión de la ASF, implementar estos modelos no es solo una medida anticorrupción, es una estrategia de optimización de recursos que garantiza que las empresas más capaces y éticas sean las que impulsen el desarrollo nacional.

Este salto tecnológico debe estar anclado en un marco jurídico sólido. México tiene la oportunidad de liderar en la región adoptando principios de la Ley de IA de la Unión Europea, que entra plenamente en vigor en agosto de 2026. Este marco exige que los sistemas de apoyo a decisiones públicas sean transparentes, auditables y libres de sesgos.

Al adoptar estándares como el “AI Accountability Framework” del gobierno estadounidense, la ASF no solo modernizaría su técnica, sino que blindaría el debido proceso. La integridad del sistema de fiscalización del siglo XXI reside en la integridad de su código y en la transparencia de sus algoritmos.

El nombramiento del auditor superior Hernández Palacios ocurre en un momento de madurez institucional. La meta no es solo fiscalizar, sino fortalecer al Estado mexicano mediante una fiscalización inteligente que prevenga el error y potencie el acierto. El futuro de la integridad es digital, colaborativo y, sobre todo, preventivo.

La ASF tiene ante sí la posibilidad de convertirse en un referente global de cómo la tecnología, operada con visión técnica y compromiso social, puede transformar la administración pública. El algoritmo de la integridad es nuestra mejor ruta hacia un México más transparente.

Artículo de Opinión Escrito por: Angel García Lascuráin Valero, Vía: @ElFinanciero_MX X: @AngelGLascurain

La economía internacional y el orden geopolítico global atraviesan por la transformación más significativa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El sistema basado en reglas multilaterales relativamente estables está siendo reemplazado por un entorno caracterizado por mayor competencia geopolítica, fragmentación económica y redefinición de alianzas estratégicas.

En este nuevo escenario, las tensiones entre grandes potencias, el uso creciente de instrumentos económicos como herramientas de poder estratégico (una nueva diplomacia transaccional), y la reorganización de las cadenas globales de suministro están modificando las reglas del comercio, de la inversión y la seguridad internacional. En su reciente publicación del reporte de riesgos globales 2026, el Foro Económico Mundial señaló a la confrontación geoeconómica como el riesgo más relevante a nivel internacional para los próximos dos años. La escalada de tensiones en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán y su confrontación con Estados Unidos e Israel, ejemplifican lo anterior y refuerza una tendencia más amplia: el creciente peso de la seguridad energética en la geopolítica global.

Para las empresas y los países, comprender esta transformación ya no es un ejercicio teórico, sino una condición indispensable para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones empresariales. El análisis del entorno geopolítico se ha convertido en un elemento central de la estrategia empresarial, de la planeación económica y de la gestión del riesgo.

Dentro de esta transformación, México se encuentra en una posición particularmente relevante. Su integración económica con América del Norte y su cercanía con Estados Unidos colocan a nuestro país en el centro de la reconfiguración económica. Ahora más que antes, la integración comercial con Estados Unidos es irreversible. Con la revisión del T-MEC habrá modificaciones, pero ambos países se necesitan mutuamente, México requiere de Estados Unidos para apoyar su crecimiento económico y Estados Unidos nos necesita para competir con China. El año 2026 puede resultar definitorio para el posicionamiento estratégico de México en la región y en el nuevo orden global. Es un año crucial para consolidar las bases de un modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico más elevado, sostenible e inclusivo.

Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del hemisferio occidental como una prioridad estratégica para Estados Unidos. En noviembre del año pasado, el gobierno de aquel país publicó su nueva estrategia de seguridad nacional, con un enfoque directo en el control migratorio, el combate a organizaciones criminales, la seguridad de rutas marítimas y el reordenamiento económico para el nearshoring y la protección de cadenas críticas de suministro. Este cambio redefine el marco de la relación bilateral y plantea tanto oportunidades como desafíos para México. Por un lado, la reorganización de cadenas productivas en América del Norte abre nuevas y significativas oportunidades para la inversión y el desarrollo industrial. Por otro, también implica mayores exigencias en materia de seguridad, cooperación institucional y alineamiento estratégico. 

Para el sector empresarial, el nuevo entorno geopolítico presenta tanto oportunidades relevantes como riesgos significativos. Habrá nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en sectores como manufactura avanzada y de alto valor agregado. Empresas mexicanas bien posicionadas pueden integrarse más profundamente en las cadenas de valor norteamericanas. Sin embargo, esta integración también implica mayores exigencias. Las empresas deberán fortalecer sus sistemas de cumplimiento, gobernanza corporativa, trazabilidad de cadenas de suministro y estándares de sostenibilidad. Otro factor relevante será la creciente vigilancia sobre las reglas de origen, especialmente ante la preocupación estadounidense por la integración indirecta de productos provenientes de China en exportaciones mexicanas. 

Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requerirá fortalecer elementos fundamentales de la competitividad nacional: certidumbre jurídica, seguridad, fortaleza institucional, infraestructura de calidad, energía suficiente y capital humano.

Para las empresas, la lección es clara: la geopolítica se ha convertido en un factor central en la estrategia empresarial. Las organizaciones que desarrollen capacidades para entender el entorno, anticipar riesgos y ejecutar con disciplina sus estrategias estarán mejor posicionadas para prosperar en el nuevo orden global.

Artículo de Opinión Escrito por Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de Coparmex, Vía: @ElFinanciero_MX X: @jsierraalvarez

Entre el 17 y el 20 de marzo, Coparmex llevó a Washington, DC, algo más que una agenda de trabajo. Llevó una posición.

En cinco días de trabajo intensivo, la delegación sostuvo más de quince reuniones de alto nivel con actores clave del Congreso, del gobierno de Estados Unidos, organismos empresariales y centros de pensamiento.

Todo con el objetivo de incidir, con propuestas concretas, en una conversación que definirá el rumbo de América del Norte.

La región está entrando en una nueva etapa. Durante años, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá fue entendido como un instrumento comercial. Hoy, esa visión ha quedado rebasada.

En Washington, el consenso es que el T-MEC se ha convertido en una plataforma de seguridad económica, de competencia global y de posicionamiento estratégico.

Eso cambia todo.

Significa que la discusión ya no gira únicamente en torno a aranceles o reglas de origen, sino en torno a quién tiene la capacidad de producir, de innovar y de garantizar condiciones estables para la inversión en un entorno internacional cada vez más fragmentado.

Desde esa perspectiva, los resultados de la gira son reveladores. En el Congreso de Estados Unidos, el diálogo con asesores legislativos confirmó que México ocupa un lugar central en la arquitectura económica de la región.

Pero también dejó claro que ese lugar no está asegurado: depende, en gran medida, de la fortaleza de nuestras instituciones y de la certeza jurídica que podamos ofrecer.

En los centros de pensamiento, donde se anticipan muchas de las decisiones públicas, la conversación fue precisa y sustantiva.

La revisión del T-MEC será una redefinición de las condiciones bajo las cuales América del Norte competirá frente a otras regiones. Seguridad, cadenas de suministro, tecnología y energía forman parte ya de la ecuación.

Y ahí aparece uno de los puntos más relevantes para México: la competitividad externa no puede sostenerse sin estabilidad interna.

En el diálogo con organismos empresariales estadounidenses, la coincidencia fue que existe disposición para fortalecer el Tratado, para modernizarlo y para construir una agenda regional más ambiciosa.

Pero esa disposición está condicionada a señales consistentes. La inversión responde a la certidumbre.

Lo mismo ocurre en el ámbito gubernamental. Las conversaciones con autoridades estadounidenses mostraron apertura, pero también con la expectativa de que México consolide condiciones que hagan viable el crecimiento de largo plazo.

Energía suficiente, seguridad y reglas claras no son aspiraciones, son requisitos.

Hay otro elemento que no puede pasarse por alto. La integración de América del Norte ya no se medirá únicamente por el volumen de comercio, sino por su capacidad de incluir a más actores.

Si las micro, pequeñas y medianas empresas no forman parte de las cadenas de valor, la región será competitiva, pero no necesariamente equilibrada.

Todo esto configura un escenario exigente. México tiene una oportunidad real de consolidarse como un socio estratégico en una de las regiones más dinámicas del mundo.

Pero esa oportunidad no está garantizada. Se construye a partir de decisiones concretas.

Por eso, el debate interno importa tanto como la interlocución externa. En un momento en el que la región busca certidumbre, México no puede enviar señales de incertidumbre. La estabilidad institucional es una condición para competir.

La gira en Washington dejó algo más que acuerdos y contactos. Dejó una advertencia implícita: la competencia global no espera.

Las decisiones que se tomen hoy definirán quién lidera y quién queda rezagado en los próximos años.

México tiene con qué competir. La pregunta es si tendrá la claridad para hacerlo.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X:@jsierraalvarez

El reciente desenlace legislativo del llamado plan B en materia electoral deja una lectura que va más allá del resultado inmediato. Lo que ocurrió en el Senado no solo modificó una iniciativa, exhibió las tensiones de fondo sobre cómo se toman decisiones que impactan directamente la vida democrática del país.

Es cierto que se eliminaron componentes particularmente delicados, como la posibilidad de adelantar la revocación de mandato y vincularla al proceso electoral de 2027. Esa corrección evita un riesgo mayor: el de introducir incentivos que desdibujen la equidad en la competencia política. Sin embargo, el hecho de que esa propuesta haya estado sobre la mesa no es menor. Habla de una lógica que debe analizarse con seriedad.

Aun con esos ajustes, el conjunto de la reforma mantiene elementos que generan cuestionamientos legítimos. Entre ellos, la intención de imponer criterios homogéneos a realidades locales profundamente distintas, particularmente en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos estatales. El problema de fondo es de principio: el federalismo no se decreta, se respeta.

México ha construido su sistema democrático a partir de una evolución constante. No ha sido un proceso lineal ni exento de conflictos, pero sí ha tenido un rasgo distintivo: la búsqueda de acuerdos que permitan que las reglas sean aceptadas por quienes compiten bajo ellas. Cuando ese principio se debilita, también lo hace la legitimidad del sistema.

Lo ocurrido en esta reforma rompe, en buena medida, con esa lógica. No por su existencia en sí misma, toda norma es perfectible, sino por la forma en que se impulsa y por el contexto en el que se plantea. Hoy, el país enfrenta desafíos que demandan concentración y visión estratégica: seguridad, crecimiento económico, fortalecimiento institucional y condiciones para atraer inversión en un entorno global cada vez más competido.

En ese escenario, abrir un debate que polariza y que no atiende las prioridades más urgentes implica un costo de oportunidad que no puede ignorarse. Cada discusión pública desplaza atención, energía política y capacidad de acción. Y hoy, México necesita enfocarse en resolver lo que sí impacta de manera directa en la vida de las personas.

Por eso, el balance del plan B no puede limitarse a lo que se eliminó o a lo que se aprobó. Debe incluir una reflexión más amplia sobre las prioridades nacionales. La democracia no se fortalece únicamente modificando leyes, se consolida cuando las instituciones generan confianza y cuando las decisiones públicas responden a una visión de largo plazo.

Desde el sector empresarial hemos sostenido una postura clara: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. No se trata de cerrar la puerta al cambio, sino de reconocer que hoy México necesita estabilidad institucional para enfrentar sus retos.

La certeza jurídica, la seguridad, la energía suficiente y el fortalecimiento del Estado de derecho son condiciones indispensables para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo. La discusión electoral, en este momento, no contribuye a ese objetivo.

El país tiene por delante una oportunidad relevante en el contexto internacional, particularmente en la integración económica de América del Norte. Aprovecharla depende, en gran medida, de la confianza que logremos generar como país. Y la confianza no se construye con cambios constantes en las reglas, sino con consistencia en su aplicación.

Lo que México requiere hoy es claridad de prioridades. Menos dispersión y más enfoque. Menos confrontación y más acuerdos.

Porque al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de reformas que acumula, sino por la estabilidad que es capaz de ofrecer.

Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy

Mientras el mundo debate aranceles y cadenas de suministro, hay una conversación que todavía no ocupa el centro de la mesa, pero que debería: la salud como variable estratégica del T-MEC.

La gira que encabezó el Presidente Nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, a Washington—con más de 15 reuniones de alto nivel en el Congreso, organismos empresariales y centros de pensamiento— confirma que México y Estados Unidos están en un momento bisagra. En 2026, el T-MECentrará en proceso de revisión, y las decisiones que se tomen en esa mesa marcarán el rumbo económico de ambos países durante las próximas décadas.

Pero hay algo que pocas voces señalan con claridad: el sector salud tiene un lugar protagónico en esa negociación y, hasta ahora, no lo está ocupando.

Los números lo dicen sin ambigüedad. México es ya el sexto exportador mundial de dispositivos médicos, con ventas superiores a los 13 mil 700 millones de dólares, de los cuales el 91 por ciento se destina a Estados Unidos. El sector representa el 1.2 por ciento del PIB nacional. Y eso, con todo lo que significa, es apenas una fracción de lo posible.

¿Por qué? Porque en 2023, Estados Unidos registró escasez de más de 300 medicamentos activos, incluidos antibióticos esenciales y fármacos para terapia intensiva. A pesar de ello, la participación de México en las importaciones farmacéuticas estadounidenses no supera el 1.5 por ciento. La oportunidad es enorme. La brecha entre lo que somos y lo que podríamos ser, también.

La armonización regulatoria entre la COFEPRIS y la FDA es hoy una de las rutas más prometedoras para detonar inversión en producción farmacéutica. Agilizar los registros sanitarios no es un detalle administrativo: es una decisión estratégica. Mientras China e India llevan décadas consolidando su posición en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos, México tiene algo que ellos no pueden replicar: vecindad, integración y un tratado vigente. El potencial está ahí. Lo que sigue es decidir aprovecharlo.

La gira de la delegación de Coparmex a Washington que lideró Sierra Álvarez fue una señal de que el sector privado entiende la magnitud del momento y está dispuesto a trabajarlo con seriedad, con aliados como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Brookings Institution y el Center for Strategic and International Studies. México tiene interlocutores. Lo que necesita es coherencia interna para honrarlos.

Desde la Comisión Nacional de Salud de Coparmex, sostenemos que salud y economía no son agendas paralelas. Son la misma agenda. Un país con certeza jurídica atrae inversión farmacéutica. La inversión farmacéutica genera empleo calificado. El empleo calificado mejora el acceso a la salud. Y el acceso a la salud construye el capital humano que hace productiva a una nación.

El T-MEC puede ser la palanca. La revisión de 2026 es la ventana. La pregunta es si México llegará a esa mesa con una agenda de salud clara, con instituciones sólidas y con la convicción de que somos mucho más que mano de obra barata.

Tenemos la ciencia. Tenemos la industria. Tenemos la geografía. Solo nos falta decidir que la salud también merece un lugar en la sala de negociaciones.