Artículo de opinión escrito por, Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario e Islas | Vía: @elsolde_mexico

México tiene, por primera vez desde 2020, una radiografía actualizada de su población. La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI confirma avances, pero también evidencia algo que desde las regiones conocemos bien: el país no avanza al mismo ritmo. Y cuando las brechas se amplían, se pierden talento, inversión y oportunidades de futuro.

El dato más contundente es nuevo: 1.6 millones de personas abandonaron su hogar por la violencia entre 2020 y 2025. Las proporciones más altas se registran en Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro y Michoacán, con alrededor de 2% de su población; Baja California Sur también presenta una cifra cercana.

Esta distribución debería preocupar a quienes apostamos por los puertos y las regiones insulares. Colima y Michoacán albergan Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dos de las principales puertas del Pacífico para nuestro comercio exterior. Baja California Sur depende en gran medida del turismo, mientras que Querétaro es un referente del nearshoring. No podemos aspirar a ser una plataforma logística global mientras las familias que hacen funcionar estos nodos abandonan sus comunidades. Sin seguridad, la infraestructura pierde a las personas que le dan vida.

Las otras brechas también importan. Tres de cada cuatro hogares tienen internet, pero solo cuatro de cada diez cuentan con una computadora: la conexión existe, pero la capacidad digital productiva sigue siendo limitada. Apenas 47% de los jóvenes de 15 a 24 años estudia, justo cuando las aduanas, los puertos y las cadenas de suministro demandan técnicos calificados. Además, uno de cada cuatro mexicanos no está afiliado a ningún servicio de salud.

El 4.7% de los hogares recibe remesas, una fuente de ingresos que hoy enfrenta mayor incertidumbre, ante las nuevas restricciones financieras en Estados Unidos. Al mismo tiempo, 150 mil connacionales regresaron al país durante el periodo, y muchos llegan por nuestras fronteras en busca de oportunidades laborales. Representan talento que nuestras regiones pueden y deben aprovechar.

Estas cifras no son solo estadísticas: trazan el mapa de los territorios donde se juega la competitividad del país. Las regiones fronterizas, portuarias e insulares son la cara de México ante el mundo; por ellas entran las inversiones y salen nuestras exportaciones. Cuando sus comunidades pierden población, sus jóvenes carecen de oportunidades de formación o sus familias viven con miedo, el costo trasciende lo local y lo resiente toda la economía. Por eso, la Encuesta Intercensal no puede leerse únicamente a partir de promedios nacionales; es indispensable analizar sus resultados región por región.

El desarrollo regional no se decreta desde el centro: se construye con información, coordinación y confianza entre el gobierno, las empresas y las comunidades. La Encuesta Intercensal ya nos mostró dónde estamos. Ahora nos corresponde decidir hacia dónde queremos ir. 

Artículo de Opinión escrito por: Romeo Pastrana Rodríguez | Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex Nacional | Vía: @ElFinanciero_Mx

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas comprende tres tipos de actividades: las empresariales, como el comercio y otros negocios; los servicios profesionales independientes, también conocidos como honorarios; y el arrendamiento de bienes inmuebles.

Este régimen nació en 2022 con una idea muy clara: facilitar que los pequeños negocios cumplan con sus obligaciones fiscales mediante un esquema sencillo y con menos cargas administrativas.

¿Cómo funciona? El impuesto sobre la renta (ISR) se calcula sobre los ingresos efectivamente cobrados, sin incluir el IVA, aplicando tasas que van del 1% al 2.5%, sin restar deducciones.

Aquí conviene aclarar algo: no es lo mismo pagar sobre el ingreso que pagar sobre la utilidad. Por ejemplo, si un negocio cobra 100 pesos y obtiene una utilidad de 10 pesos, pagar 2.50 pesos de ISR equivale al 25% de esa utilidad. Este es solamente un ejemplo para entender la diferencia; no significa que todos los negocios tengan ese margen.

Por eso, en el RESICO se paga ISR cuando existen ingresos cobrados, aunque el negocio tenga una utilidad pequeña o incluso registre una pérdida. A cambio, el régimen ofrece tasas bajas y una mecánica sencilla.

En la práctica, desde lo que vemos en los negocios, este régimen ha facilitado la incorporación a la formalidad. Antes era frecuente que un carpintero, un electricista, un mecánico, un albañil o un cerrajero tuviera dificultades para emitir una factura. Hoy vemos que muchos de ellos ya pueden emitir comprobantes fiscales, lo que también ayuda a quienes los contratan a documentar sus gastos y, cuando corresponde, deducirlos.

Ahora bien, no cualquier persona física puede tributar en el RESICO. Como regla general, quienes son socios o accionistas de personas morales quedan excluidos, aunque existen excepciones específicas. Por eso, no basta con tener un negocio pequeño; también es necesario cumplir los demás requisitos del régimen.

Desde su inicio, el límite de ingresos ha sido de 3 millones y medio de pesos al año, sin incluir el IVA. Para 2027 se propone ampliarlo a 5 millones de pesos, lo que permitiría que más contribuyentes pudieran incorporarse o permanecer en este esquema.

También hay facilidades que lo hacen más atractivo. Una de ellas es la exención de presentar la declaración anual por los ingresos del RESICO, cuando resulte aplicable. En ese supuesto, no corresponde una multa por omitir una declaración que ya no se está obligado a presentar. Esto no elimina las obligaciones que pudieran existir por otros ingresos.

Respecto de las declaraciones mensuales, se plantea eliminar la salida del régimen por omitir tres o más pagos. Desde luego, eso no significa que se pueda dejar de declarar o pagar, pues el incumplimiento puede generar multas, recargos y otras consecuencias.

Otro cambio relevante es el tratamiento de quienes rebasen el límite de ingresos o dejen de cumplir los requisitos. La propuesta permitiría conservar el cálculo conforme al RESICO por los meses en que sí reunían las condiciones y comenzar a tributar con las reglas del régimen que corresponda a partir del mes en que se actualice la salida. Esto daría mayor certeza durante la transición.

Pasemos al IVA.

Actualmente, de manera general, el IVA se determina restando del impuesto que se cobra a los clientes el IVA acreditable que se paga a los proveedores, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Para 2027 se propone una opción simplificada: que los contribuyentes del RESICO puedan pagar el 7% del valor de sus actividades gravadas, conforme a las condiciones que se aprueben.

Quiero ser muy preciso: no se trata de pagar el 7% del IVA cobrado, sino de aplicar el 7% a la base de las actividades gravadas. Por ejemplo, sobre una base de 100 pesos, el cálculo sería de 7 pesos.

Según el análisis del SAT que se ha mencionado como sustento de esta propuesta, ese porcentaje busca aproximarse al pago promedio que resulta después de restar el IVA acreditable. Sin embargo, cada negocio tiene condiciones distintas, por lo que sería necesario comparar ambas opciones antes de elegir.

Esta facilidad se plantea tanto para el RESICO de personas físicas como para el de personas morales.

Aquí hay una diferencia que vale la pena explicar: aunque ambos se llaman RESICO, el cálculo del ISR es muy distinto.

La persona física paga una tasa del 1% al 2.5% sobre sus ingresos cobrados, sin deducciones. La persona moral, en cambio, determina su resultado fiscal considerando los ingresos cobrados y las deducciones efectivamente pagadas, con los ajustes que correspondan, y aplica la tasa del 30%.

La principal diferencia frente al régimen general de las personas morales es que el RESICO opera, en términos generales, sobre el flujo de efectivo: considera cuándo se cobra y cuándo se paga.

Para las personas morales, también se propone aumentar el límite de ingresos, de 35 millones a 50 millones de pesos para 2027. Además, podrían optar por la facilidad del IVA del 7% si cumplen las condiciones y les resulta conveniente.

Finalmente, hay que recordar que estas opciones deben evaluarse según las características de cada contribuyente. Una facilidad puede ser conveniente para un negocio y no serlo para otro.

El propósito del RESICO es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y acercar a más personas a la formalidad. Desde nuestra experiencia, ha ayudado a que pequeños prestadores de servicios y comerciantes puedan facturar y cumplir con mayor sencillez. Las propuestas para 2027 buscan ampliar ese alcance, pero habrá que atender al texto que finalmente se apruebe.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

De acuerdo con el INE, el próximo 6 de junio de 2027 se elegirán 20 mil 109 cargos públicos en todo el país, entre ellos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y más de 18 mil cargos en ayuntamientos, lo que representa una oportunidad para fortalecer la democracia y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La magnitud de esta elección adquiere especial significado a la luz del informe Latinobarómetro 2026, según el cual apenas 53% de los mexicanos considera que la democracia, pese a sus problemas, es el mejor sistema de gobierno, 12 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano.

El informe revela que 46% de los mexicanos considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, 40% sin Congreso y 42% sin oposición. Incluso, 28% cree que podría funcionar sin elecciones. Estas respuestas contrastan con el papel que deben desempeñar esas instituciones para representar a los ciudadanos, expresar la pluralidad política y establecer límites al ejercicio del poder.

A ello se suma que solamente 25% de los mexicanos se siente representado por el Congreso y apenas 18% manifiesta confianza en los partidos políticos. Por otra parte, 53 % afirma que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resuelve los problemas, una respuesta que refleja la importancia que los ciudadanos conceden a la eficacia gubernamental.

El desafío consiste en responder a esa exigencia de resultados y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones que garantizan nuestros derechos y libertades. La democracia permite elegir a quienes gobiernan, exigirles cuentas y sustituirlos pacíficamente, pero su valoración también depende de la capacidad de las autoridades para atender los problemas cotidianos de los ciudadanos.

La política debe tener como punto de partida a la persona, sus necesidades, libertades y aspiraciones. Las instituciones y quienes ejercen la autoridad están al servicio de los ciudadanos y tienen la responsabilidad de crear condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades, realizar sus proyectos y participar en las decisiones que afectan su vida y la de sus comunidades.

Las elecciones de 2027 ofrecen a los gobiernos, partidos políticos, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad la oportunidad de contribuir a recuperar la confianza ciudadana, cada uno desde sus responsabilidades. En particular, como hemos señalado desde Coparmex, las autoridades electorales deben garantizar la certeza en la organización de los comicios, el cumplimiento de las reglas y la eficacia de los mecanismos de vigilancia.

Para los partidos políticos, los datos plantean un desafío especialmente importante. Si casi tres de cada cuatro mexicanos no se sienten representados por el Congreso, existe una distancia que merece ser atendida. El proceso electoral ofrece la posibilidad de revisar la selección de candidatos, mejorar los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y presentar compromisos que permitan evaluar posteriormente el desempeño de quienes resulten electos.

La competencia electoral puede contribuir a mejorar las propuestas de gobierno cuando los participantes confrontan alternativas sobre problemas concretos. Seguridad, crecimiento económico, empleo, servicios públicos y funcionamiento de las instituciones son asuntos sobre los cuales la ciudadanía necesita conocer prioridades, soluciones y posibilidades reales de cumplimiento, más que narrativas partidistas, descalificaciones y confrontaciones que poco aportan a la solución de sus problemas. Un debate de esta naturaleza permite valorar mejor las distintas opciones y exigir responsabilidades después de la elección.

Para contribuir a ese debate, la sociedad también debe ejercer de manera informada su derecho a elegir, participar, apoyar y disentir. Las organizaciones civiles, académicas, profesionales y empresariales pueden aportar mediante el análisis de propuestas, la promoción del debate público y el seguimiento de los compromisos asumidos por quienes aspiran a gobernar. Esta participación debe realizarse con autonomía frente a los gobiernos y los partidos.

La discusión electoral debe tomar en cuenta la diversidad de nuestra estructura productiva, integrada por trabajadores, comerciantes, agricultores, profesionistas, emprendedores y empresas de todos los tamaños. Conocer sus necesidades y aspiraciones, así como las condiciones en que desarrollan sus actividades en las distintas regiones del país, permitiría construir propuestas económicas y sociales más cercanas a la realidad de los mexicanos.

Desde el sector empresarial tenemos razones y responsabilidades para participar. La seguridad, la certidumbre jurídica, la infraestructura, la educación y las condiciones para invertir y generar empleos dependen en buena medida de las decisiones públicas. Nuestra contribución puede consistir en aportar información, formular propuestas viables y propiciar un diálogo que ayude a convertir las demandas sociales en políticas públicas capaces de producir resultados.

El próximo 6 de junio será una fecha importante, pero lo que ocurra durante los meses previos también puede influir en la manera en que los mexicanos valoran su democracia. La originalidad de las campañas, las formas de escuchar y dialogar con los ciudadanos, el respeto a las reglas, la actuación de las autoridades y la disposición de los participantes a reconocer la pluralidad tendrán consecuencias sobre la confianza ciudadana.

Los resultados de Latinobarómetro merecen convertirse en un motivo de reflexión. Si una parte considerable de la población duda de la utilidad de las instituciones democráticas, corresponde a quienes las integran y a la sociedad organizada contribuir a que cumplan mejor sus funciones. El proceso electoral de 2027 ofrece una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección y para recordar que la libertad, la participación y los buenos resultados son componentes indispensables de una democracia que aspire a merecer la confianza de sus ciudadanos.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

El día de ayer se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, que fueron para Robert Hall, de la Universidad de Stanford y para Michael Wooford, de la Universidad de Columbia, ambos de Estados Unidos. Sus investigaciones han permitido suavizar los ciclos de las economías, lo que han propiciado que las autoridades puedan reducir los costos cuando se tienen recesiones y lograr también controlar mejor la inflación. Sus investigaciones son muy útiles para entender mucho de lo que pasa en nuestros países.

Uno de los temas que trata Hall es analizar y comprender cómo las personas toman sus decisiones de consumo, tomando en cuenta no solo su poder su compra actual, sino considerando su ingreso futuro esperado. Cuando cambian la expectativa sobre el futuro y lo consideran más negativo, las personas reducen sus compras en el presente, aunque siga igual su ingreso, lo que afecta toda la economía. Un posible ejemplo sería el caso de cuando la población piensa que el gobierno tiene una elevada deuda, por lo subirá los impuestos en el futuro para pagarla, por lo que las personas reducirán sus gastos en el presente. El caso contrario, es si la población considera que la inflación subirá en el futuro, por lo que podría adelantar sus compras, incluso innecesarias, en el presente.

Por su parte, Woodford se enfoca más en cómo las empresas toman sus decisiones y fijan sus precios, considerando el escenario futuro más probable, independiente de lo que las autoridades opinen. Debido a que las decisiones de los consumidores y los oferentes se toman tomando en cuenta escenarios futuros, los encargados de las políticas económicas deben de poder comunicar correctamente sus decisiones al público y que las mismas sean convincentes. Woodford enfatizó que las autoridades no deben de ver la estabilización de la economía como mover palancas para controlar la economía, independiente de lo que las personas en la economía entiendan.

Por lo mismo, es muy importante que las autoridades tomen en cuenta el impacto de sus palabras y sus acciones en el público, ya que tienen un impacto en el presente, pero también en el futuro. Además, es igualmente relevante si la población tiene confianza en las diferentes autoridades, para cumplir lo que prometen. Por ejemplo, no basta que las autoridades publiquen una lista de proyectos para que los inversionistas las realicen. Es necesario una evaluación de las condiciones actuales, pero también futuras, como son los precios de los productos y de las materias primas, de la energía eléctrica y otros energéticos, de la demanda, de las inversiones realizadas por otros competidores y un sinfín de variables adicionales para que el inversionista se decida a arriesgar su patrimonio. Cambios constantes en las leyes detienen el crecimiento.

Para tomar esas decisiones consideran un escenario de lo que puede ocurrir en el futuro, para poder recuperar las inversiones, que normalmente tardea varios años. Si en ese plazo futuro las tasas de interés se elevan mas de lo estimado o los impuestos suben o se cambia la regulación de los gobiernos u otros riesgos más, la rentabilidad se reduce. En el extremo, el inversionista puede tener pérdidas e incluso perder su patrimonio.

Es por razón que los proyectos de los particulares son más rentables que los realizados por los gobiernos. Mientras que aquellos arriesgan sus propios recursos y los pueden perder si se equivocan con una mala decisión o previendo un escenario futuro equivocado, los funcionarios públicos arriesgan el patrimonio de la sociedad y no el propio. En este último caso, malos proyectos los pagamos todos los habitantes del país con nuestros impuestos, con tasas de interés más elevadas o con más inflación.

Un país que permite hacer una comparación, ya que tiene una económica muy estable sin inflación es Suiza. Allá la tasa de interés a 10 años es de solo 0.56% anual, con una inflación cercana al 1%; mientras que en México la tasa a los mismos 10 años es de 9.30% al año. Una gran diferencia entre ambas naciones es que aquel no tiene déficit fiscal, sino un pequeño superávit, baja deuda pública y solo se pueden hacer cambios o imponer nuevos impuestos previa aprobación de la población a través de una votación; mientras que aquí hay un elevado déficit fiscal, crecimiento de la deuda pública y los impuestos los aprueba el Congreso, sin consulta previa a la población.

Artículo de opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @Milenio X:@jsierraalvarez

México necesita crecer, pero también necesita preguntarse cuánto le está costando crecer y, sobre todo, quién está evaluando hoy los riesgos de las decisiones que comprometen el futuro de las finanzas públicas.

Esta pregunta cobra relevancia cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que serán necesarios mayores esfuerzos para colocar la deuda en una trayectoria descendente y plantea fortalecer el marco fiscal mexicano mediante un consejo fiscal independiente. Es una señal sobre la importancia que tiene contar con instituciones capaces de evaluar, con independencia y rigor técnico, las decisiones que determinan el rumbo de las finanzas públicas.

Desde Coparmex hemos sostenido que México necesita precisamente eso. Un consejo fiscal independiente que permita que esas decisiones cuenten con una evaluación técnica, pública y autónoma.

Cuando un país decide cuánto gastar, cuánto endeudarse y cómo distribuir sus recursos, también está decidiendo cuánto espacio tendrá mañana para invertir, responder ante una crisis o impulsar proyectos que eleven su productividad.

Por eso, la discusión fiscal no puede reducirse a si el déficit de un año es mayor o menor. El verdadero desafío está en construir una trayectoria sostenible. El FMI ha señalado que el marco fiscal mexicano requiere mayor credibilidad y ha planteado un ancla de deuda de mediano plazo, mecanismos de corrección y un consejo fiscal independiente como parte de una arquitectura que dé mayor claridad a las cuentas públicas.

México necesita gastar mejor. Cada peso público debería poder defenderse por su impacto en el bienestar, la productividad y las oportunidades que genera. Eso implica revisar programas, evitar duplicidades, evaluar resultados y privilegiar aquello que fortalece la infraestructura y las capacidades productivas del país.

El capital productivo necesita reglas claras, infraestructura suficiente, estado de derecho y certidumbre para tomar decisiones de largo plazo. La inversión responde a la confianza de que las reglas serán previsibles y de que las condiciones que hicieron viable un proyecto seguirán existiendo cuando llegue el momento de ampliarlo.

México tiene frente a sí una oportunidad extraordinaria de integración económica. El nearshoring puede traducirse en nuevas inversiones, empleos y cadenas productivas, pero ninguna oportunidad está garantizada. Para aprovecharla necesitamos resolver los obstáculos que frenan la inversión y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad que permite que el capital permanezca y se multiplique.

Un consejo fiscal independiente contribuiría justo a construir esa confianza. Su valor está en ayudar a que las decisiones públicas tengan horizonte.

La responsabilidad fiscal consiste en crear las condiciones para que un país pueda crecer sin hipotecar su capacidad de hacerlo en el futuro.

México necesita instituciones que ayuden a mirar más allá del siguiente presupuesto. Necesita decisiones públicas que puedan sostenerse con datos, reglas y resultados.

El consejo fiscal independiente puede ser una de ellas.

Más inversión significa más empleo, mayores ingresos y más oportunidades para las familias mexicanas. Pero para que esa inversión llegue, México necesita algo que no se construye con deuda: confianza. Y la confianza también se construye con instituciones.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @eleconomista X:@jsierraalvarez

La discusión sobre la sostenibilidad fiscal es una conversación sobre el futuro productivo de México. Las recomendaciones recientes del Fondo Monetario Internacional coinciden con propuestas que desde Coparmex hemos planteado con insistencia: reducir el endeudamiento, mejorar la calidad del gasto y crear un Consejo Fiscal Independiente que aporte transparencia y previsibilidad a la conducción de las finanzas públicas.

La economía mexicana enfrenta el doble desafío de elevar su potencial de crecimiento y, al mismo tiempo, colocar la deuda en una trayectoria sostenible. Las proyecciones de crecimiento moderado para 2026 y 2027 obligan a priorizar la eficiencia del gasto público y a evitar que el endeudamiento se convierta en el mecanismo por defecto para financiar el desarrollo. Gastar más no es la solución; gastar mejor sí lo es.

Un Consejo Fiscal Independiente es una herramienta para generar confianza. Con autonomía técnica, este órgano evaluaría los supuestos macroeconómicos de los Paquetes Económicos, monitorearía riesgos fiscales y ofrecería análisis públicos sobre la evolución de la deuda. Esa transparencia reduce la incertidumbre y, por ende, el costo del capital. Inversores nacionales y extranjeros necesitan reglas claras y evaluaciones imparciales que permitan planear a mediano y largo plazo.

La calidad del gasto debe ser el centro de la política fiscal. México requiere una revisión rigurosa de programas de bajo impacto, la eliminación de duplicidades y la priorización de inversiones que elevated la productividad: infraestructura logística, energía competitiva, conectividad digital y capital humano. La evaluación de resultados debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una práctica cotidiana, con indicadores públicos y metas vinculantes.

La inversión privada será el motor que permita cambiar recursos en empleos formales y en mayor valor agregado. Pero la inversión no llega por decreto: llega cuando hay certidumbre jurídica, infraestructura suficiente y reglas estables.

Por eso, las recomendaciones del FMI sobre reducción de obstáculos regulatorios y fortalecimiento institucional son complementarias a la agenda fiscal: la sostenibilidad macroeconómica y la competitividad estructural deben crecer de la mano.

Reducir el déficit y ordenar la deuda no puede significar recortes indiscriminados que afecten la inversión productiva o la protección social. La consolidación fiscal debe ser inteligente: priorizar gasto que multiplique la productividad y proteger programas que fomenten capital humano y cohesión social.

Ese equilibrio exige una hoja de ruta técnica, pública y con plazos claros, donde el Consejo Fiscal Independiente juegue un papel central.

Además, la política fiscal debe articularse con incentivos que promuevan la formalización y la innovación en las MiPyMEs, que son la columna vertebral del empleo en México. Facilitar acceso a crédito para modernización, apoyar certificaciones y promover esquemas de cofinanciamiento público-privado son medidas que, bien diseñadas, elevan la recaudación potencial sin aumentar la carga fiscal sobre quienes ya cumplen.

La sostenibilidad de las finanzas públicas es condición necesaria, no un fin en sí mismo. Su propósito último debe ser crear un entorno donde la inversión productiva florezca, se generen empleos de calidad y las familias tengan más oportunidades.

México tiene recursos, talento y una posición estratégica para aprovechar el nearshoring y atraer capital productivo. Para hacerlo necesitamos una política fiscal responsable, gasto orientado a productividad y un Consejo Fiscal Independiente que devuelva previsibilidad y confianza.

Esa combinación es la que permitirá que la deuda deje de ser un freno y se convierta en un instrumento manejado con prudencia para impulsar un crecimiento sostenido e inclusivo.

Artículo de opinión escrito por: Lorenzo Roel Hernández | Consejero Delegado para Asuntos OIT-OIE de Coparmex | Vía: @MundoEjecutivo X: @LorenzoRoel1

A partir de 2027, la jornada laboral máxima comenzará a reducirse de 48 a 46 horas semanales y continuará disminuyendo dos horas anuales, hasta llegar a 40 horas en 2030. La reforma establece que este cambio no implicará una reducción de salarios, ni de prestaciones.

La discusión, por tanto, ya no es si México tendrá una jornada más corta. La pregunta es mucho más importante: ¿cómo hacemos para que trabajar menos horas no signifique producir menos, contratar menos o para que no disminuya la formalidad?

En COPARMEX hemos sostenido que mejorar las condiciones laborales es parte de construir un mejor país. También sabemos que si una empresa es productiva y competitiva puede sostener empleos formales, invertir, crecer y ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores. Estos elementos no compiten entre sí. Pero para que puedan avanzar juntos necesitamos hablar de productividad y de competitividad.

México tiene un reto que no podemos ignorar. En el segundo trimestre de 2026, 55.1% de las personas ocupadas se encontraba en la informalidad laboral. (INEGI, ENOE, segundo trimestre de 2026). Reducir la jornada mientras mantenemos este nivel de informalidad exige mucho cuidado. Una reforma laboral puede mejorar la vida de quienes ya tienen un empleo formal, pero el objetivo de fondo debe ser que más personas puedan acceder a empleos formales.

Por eso, la transición tendrá que reconocer y permitir formas flexibles para el desarrollo de la jornada de trabajo, ya que no todas las actividades funcionan de la misma manera. Una oficina, una fábrica, un restaurante, una empresa de logística, un comercio o un hospital, y las actividades que se desarrollan fuera de un establecimiento, entre otras, tienen dinámicas distintas. En algunos casos será posible reorganizar horarios; en otros habrá que revisar turnos, procesos, tecnología, capacitación o esquemas de atención, y por supuesto casos de excepción respecto a la obligación de registrar de manera electrónica la jornada de trabajo..

Las MiPyMEs enfrentan además una realidad particular. Para una gran empresa, reorganizar un equipo puede significar rediseñar un proceso. Para una pequeña, puede significar encontrar a una persona adicional, modificar un turno completo o asumir un costo que antes no existía. Esa diferencia importa porque las MiPyMEs son fundamentales para el empleo y para la actividad económica del país.

La buena noticia es que el cambio, que permite que la jornada de trabajo pueda ser flexible, también puede abrir oportunidades para mejorar la productividad.

La productividad significa eliminar tareas innecesarias, aprovechar mejor la tecnología, capacitar a las personas, reducir tiempos muertos y organizar mejor los procesos. INEGI reportó un aumento trimestral de 0.9% en la productividad laboral de la economía durante el segundo trimestre de 2026. El desafío es conseguir que esa mejora sea una tendencia que acompañe la transformación del mercado laboral.

La nueva jornada también traerá mayores responsabilidades para las empresas. Las disposiciones generales sobre el registro electrónico de la jornada laboral, una herramienta que permitirá documentar los horarios de entrada y salida, son un reto respecto a las actividades que deberán considerarse como caso de excepción, así como la gradualidad respecto al cumplimiento de la obligación.

México tiene un gran reto en el proceso de reducción de la jornada laboral  de 48 a 40 horas semanales. No puede considerarse únicamente como una reducción del tiempo de trabajo, ya que debemos entenderlo como una invitación a flexibilizar y modernizar la forma en que trabajamos.

El bienestar de los trabajadores es muy importante, pero debe ir de la mano con la productividad y competitividad de las empresas. Y la generación de empleo formal beneficiará a trabajadores, empleadores y mejorará la economía del país.

El verdadero éxito de las 40 horas llegará cuando las personas tengan más tiempo para su familia y su vida, y las empresas crezcan en productividad y competitividad y puedan generar más y mejores empleos y oportunidades.

Menos horas puede ser una meta. Trabajar mejor tiene que ser el verdadero propósito.

Artículo de Opinión escrito por: Juan Antonio López Baljarg | Consejero Delegado de Trabajo y Familia de Coparmex Nacional | Vía: @AuroradeMexico X: @JuanBaljarg

Cada persona que llega a trabajar trae consigo una historia familiar. Alguien que dejó a sus hijos en la escuela, alguien que cuida a sus padres, alguien que enfrenta una deuda o atraviesa una situación difícil en casa. Esa realidad influye en su concentración, su salud y sus posibilidades de desarrollo. Comprenderla es parte de comprender a quienes hacen posible una empresa.

Una empresa familiarmente sostenible incorpora esa realidad en su cultura, sus políticas y sus decisiones.Genera condiciones para que sus colaboradores puedan desarrollarse profesionalmente y cumplir con sus responsabilidades familiares, cuidando también la viabilidad y los objetivos de la organización.

La Organización de las Naciones Unidas ha destacado la importancia de la integración trabajo-familia para el desarrollo económico y social. Las licencias parentales, la flexibilidad laboral y los apoyos al cuidado son algunas medidas que pueden contribuir a la salud de las personas, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la niñez. Esta perspectiva reconoce que la forma en que organizamos el trabajo tiene consecuencias que llegan hasta los hogares.

Además, el Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF) ha planteado que las familias enfrentan tres tipos de pobreza: económica, de tiempo y de afecto. La primera limita los recursos para cubrir necesidades y construir estabilidad. La segunda reduce las posibilidades de cuidar, convivir y descansar. La tercera debilita los vínculos de escucha, confianza y acompañamiento.

Estas dificultades se entrelazan. La presión económica puede llevar a jornadas más largas; el agotamiento puede reducir la convivencia; y la falta de convivencia puede deteriorar las relaciones. Las decisiones empresariales tienen capacidad de contribuir a romper ese círculo.

En Coparmex promovemos empresas centradas en la persona y reconocemos su función social como generadoras de empleo y oportunidades. Desde esa convicción, comprender la dimensión familiar de los colaboradores permite llevar ese compromiso a decisiones concretas. La dignidad de una persona también se expresa en las condiciones que tiene para cuidar y estar presente en la vida de quienes ama.

¿Cómo avanzar? El IAPF propone cinco pilares: desarrollo económico y patrimonial familiar, para fortalecer la estabilidad del hogar; equidad entre mujeres y hombres, para favorecer oportunidades y corresponsabilidad; flexibilidad espacial y temporal, para organizar el trabajo considerando distintas necesidades; salud física y mental, para prevenir el desgaste y promover el cuidado; e integración y formación familiar, para fortalecer capacidades y vínculos.

Cada empresa puede traducir estos pilares en prácticas acordes con su tamaño y actividad: educación financiera, horarios previsibles, permisos de cuidado, prevención de riesgos para la salud o formación para madres y padres. El punto de partida es escuchar, conocer la realidad de los colaboradores y evaluar qué medidas pueden generar mejores resultados.

Aquí existe una oportunidad de ganar-ganar social. Las personas pueden contar con mejores condiciones para desarrollarse; las familias, con mayor estabilidad y posibilidades de convivencia; las empresas, con mayor compromiso, retención del talento y productividad. La sociedad también se beneficia cuando se fortalecen las capacidades de cuidado y los vínculos entre generaciones. La integración trabajo-familia puede contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad empresarial.

Construir empresas familiarmente sostenibles es asumir que cada decisión laboral puede dejar una huella en un hogar. Y que parte de nuestro legado empresarial está en las posibilidades de vida que ayudamos a construir.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

La semana pasada tuve el privilegio de participar como maestro de ceremonias en México por el Clima: Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026. Mientras escuchaba a especialistas, empresarios, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos compartir experiencias, una idea rondaba mi mente: el mayor desafío climático, hoy, es acelerar acciones para cambiarlo.

Del 5 al 9 de octubre, la Ciudad de México se convirtió en punto de encuentro alrededor de una pregunta: ¿cómo transformamos nuestra relación con el planeta y convertimos compromisos climáticos en acciones concretas?

La dimensión del encuentro fue reveladora: más de 150 paneles, 400 ponentes, talleres y proyectos de impacto. Destacó la diversidad temática: agua, biodiversidad, infraestructura, tecnología, alimentación, ciudades, economía circular, electromovilidad, transición energética, regeneración y juventudes formaron una misma agenda.

Ahí radica mi aprendizaje principal: la crisis climática no tiene compartimentos; nuestras soluciones tampoco deberían tenerlos.

Un planeta de sistemas conectados

Como maestro de ceremonias, tuve una posición privilegiada: escuchar.

Escuchar diferentes perspectivas permite descubrir conexiones que perdemos al observar problemas aisladamente.

Uno de los espacios abordó la rehabilitación hídrica de las barrancas de Barrilaco, en el Bosque de Chapultepec. Juan Ansberto Cruz Gerón, Laurent Herbiet, Sandra Pacheco y Manuel Padilla Sayago compartieron perspectivas sobre un recurso clave: el agua.

Hablar de agua obliga a hablar de territorio, infraestructura, conservación y urbanización.

Esto llevó a otra conversación: infraestructura verde y azul para ecosistemas urbanos resilientes.

Representantes de la UNAM y especialistas mostraron algo fundamental: la naturaleza no es decorativa.

Árboles, bosques, humedales y barrancas cumplen funciones indispensables.

El paradigma consiste en diseñar ciudades trabajando con naturaleza, sin intentar dominarla.

Tecnología: de medir el problema a transformar decisiones

Acompañé el tema “Tecnología y transición justa: datos y herramientas digitales para decisiones ambientales de alto impacto”, con Mauricio Ruiz Barroso, de NTT Data y los panelistas especialistas del tema.

Con IA, sensores, imágenes satelitales y plataformas digitales conocemos nuestro impacto con precisión.

La tecnología climática transformadora no será la que genere más datos, sino la que provoque mejores decisiones en energía, inversión, producción, logística, recursos, diseño urbano y riesgo climático.

La tecnología debe reducir la distancia entre saber y actuar.

El desperdicio que ya no podemos permitirnos

Una conversación abordó la reducción del desperdicio alimentario en el sector hotelero, con participantes de Puerta Cortés, WWF, Alianza para la Seguridad Alimentaria, WRAP México y Fairmont Mayakoba.

El desperdicio alimentario representa las contradicciones de nuestro modelo económico.

Detrás de cada alimento desperdiciado hay tierra, agua, energía, transporte y trabajo perdidos.

Combatirlo es acción climática.

Lo mismo ocurre en eventos masivos.

La conversación“Grandes eventos, huella pequeña” mostró cómo experiencias multitudinarias incorporan sostenibilidad y economía circular desde su diseño.

La sostenibilidad funciona cuando deja de ser un departamento y se convierte en una forma de tomar decisiones.

El clima también se transforma desde la mesa

La conversación salió de formatos tradicionales.

“La mesa que regenera” utilizó la gastronomía para hablar de territorio, biodiversidad y cultura.

Reconocer la cadena previa a nuestro plato demuestra que comer es un acto ambiental.

La exposición HOPE, de Cristina Mittermeier y SeaLegacy, planteó una dimensión indispensable: la esperanza.

Por años, la comunicación climática se centró en escenarios catastróficos. Necesitamos comprender la gravedad del desafío y también imaginar lo que podemos proteger y regenerar.

Sin esperanza difícilmente existe movilización.

Llevar la conversación a todos

México por el Clima salió del Papalote Museo del Niño y llegó a las Utopías de la Ciudad de México.

Esto es fundamental: la transición climática debe llegar a las comunidades.

Destaco Mexiquito por el Clima, espacio para niñas, niños, adolescentes y familias.

Pues existe una pregunta incómoda:

¿Qué planeta les estamos dejando?

Quizá debamos invertir la pregunta:

¿Qué generación estamos formando para cuidar el planeta que recibirán?

Educación, cultura y contacto con la naturaleza son inversiones climáticas poderosas.

De la competencia a la colaboración

Ningún sector puede resolver estos desafíos solo.

El clima y la biodiversidad no reconocen fronteras ni actividades económicas.

Necesitamos una nueva capacidad de colaboración.

El Laboratorio de Activación Biorregional refleja esa evolución al conectar saberes bioculturales, proyectos regenerativos e inversión de impacto entre México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Asimismo, las conversaciones rumbo al Foro Urbano Mundial recuerdan que la batalla climática se jugará en las ciudades.

De maestro de ceremonias a alumno

Paradójicamente, terminé sintiéndome alumno.

Escuchar tantas voces me confirma algo esperanzador: muchas soluciones ya existen.

Tenemos conocimiento, tecnología, emprendedores, empresas innovando, organizaciones sociales, jóvenes y comunidades defendiendo sus ecosistemas.

Necesitamos conectar estas capacidades y multiplicar su escala.

Pasamos de preguntarnos: ¿por qué actuar? a cuestionarnos: ¿cómo hacerlo, con qué recursos y qué tan rápido?

Estamos pasando de la conciencia a la ejecución.

México por el Clima busca construir una plataforma permanente para acelerar la acción climática.

La medida del éxito no será la asistencia, sino qué hacemos al terminar esta semana.

El planeta necesita transformar nuestras decisiones en las próximas 52 semanas.

Esa responsabilidad corresponde a todos.

El futuro sostenible no será heredado; será resultado de las decisiones que tomemos hoy.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que las aportaciones que realizan trabajadores y empresas para sostener el sistema de seguridad social no se están reflejando plenamente en la calidad de los servicios que reciben millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las cuotas obrero-patronales constituyen una fuente fundamental para el financiamiento y funcionamiento del sistema de seguridad social en México. Trabajadores y empleadores contribuyen de manera conjunta para garantizar el acceso a servicios de salud, tratamientos, medicamentos e infraestructura médica. Por ello, quienes sostienen económicamente el sistema tienen derecho a exigir que esos recursos se traduzcan en una atención de calidad, oportuna y acorde con las necesidades de los derechohabientes.

Hoy eso no ocurre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI, el IMSS tenía 53.6 millones de derechohabientes. De ellos, 38.2 millones tuvieron una necesidad de salud, 29.3 millones recibieron atención médica y solo 13.5 millones fueron atendidos en el IMSS.

Apenas 45.9% de los derechohabientes del IMSS que recibieron atención acudió a esa institución. Cerca de 16 millones tuvieron que atenderse en otro lugar. A nivel nacional, 6 de cada 10 personas acudieron a establecimientos privados o farmacias, pese a que 63% reporta afiliación a una institución pública.

Ese desplazamiento tiene un costo directo para las familias: el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9% en términos reales entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio de 6 mil 421 pesos anuales por hogar. En 2024 representó 3.4% del gasto corriente monetario, frente al 2.7% en 2016 y 2.6% en 2018. En comparación, los hogares mexicanos pagan de su bolsillo el doble de lo que paga el promedio de la OCDE.

De acuerdo con México Evalúa, entre 2018 y 2024, el gasto real en medicamentos de los hogares cuya jefatura está afiliada al IMSS aumentó 98%. Por ello, exigimos informes periódicos del IMSS sobre el desabasto, sus causas y las medidas para atenderlo, con indicadores que permitan evaluar avances, mejorar el acceso a medicamentos y reducir la carga económica de las familias.

Las recientes movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han visibilizado carencias relacionadas con el desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal, la falta de insumos médicos y los rezagos en infraestructura que afectan tanto a quienes prestan los servicios de salud como a millones de derechohabientes.

En COPARMEX reconocemos y valoramos profundamente el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del personal médico, de enfermería, técnico y administrativo del IMSS. Su labor incansable, muchas veces realizada bajo condiciones complejas y con recursos limitados, es muestra de una extraordinaria dedicación hacia los trabajadores mexicanos y sus familias. Gracias a su esfuerzo cotidiano, millones de personas reciben atención médica y encuentran respaldo en momentos de necesidad.

Precisamente por la relevancia de su trabajo, es indispensable que el personal de salud cuente con las herramientas, los medicamentos, el equipamiento, la infraestructura y el apoyo humano necesarios para desempeñar sus funciones con calidad, oportunidad y seguridad. No obstante, las carencias que persisten en el sistema limitan su capacidad de respuesta y terminan afectando tanto sus condiciones de trabajo como la atención que reciben los derechohabientes.

Esta situación también refleja desafíos de política pública que limitan la capacidad de respuesta del sistema de salud: deficiencias con la planeación y ejecución de recursos públicos, falta de coordinación institucional y dificultades para garantizar servicios oportunos y de calidad. A ello se suman los retos del modelo de atención universal para asegurar cobertura efectiva, acceso a medicamentos, suficiencia de personal médico e infraestructura adecuada para millones de derechohabientes.

Aunque los presupuestos del IMSS y de IMSS-Bienestar están separados, ambos comparten hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel. Esa carga compartida satura los servicios y genera costos que deben considerarse en la planeación financiera del Instituto para asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

El IMSS debe garantizar que los recursos aportados por trabajadores y empleadores respondan a las necesidades de la población asegurada. Ampliar la atención sin financiamiento suficiente compromete la viabilidad del sistema. Por ello, es indispensable transparentar el uso de los recursos y rendir cuentas sobre los resultados y la calidad de los servicios.

La inquietud es mayor al observar que, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto público en salud alcanzaría 1 billón 136 mil 648 millones de pesos, un crecimiento real de 10.6% respecto a 2026, un incremento que reconocemos como una decisión positiva, pues llevaría el gasto en salud a su nivel más alto como proporción del PIB en una década. Los recursos para medicamentos y material médico y de laboratorio llegarían a 164 mil 245 millones de pesos, el monto más alto del periodo analizado.

Sin embargo, el presupuesto del IMSS para estos rubros caería 5.9% (7 mil 373 millones de pesos menos), pese a concentrar 71.4% del total público. La reducción se concentra en materiales y suministros médicos (-32.0%, 5 mil 925 millones menos) y en medicinas y productos farmacéuticos (-3.3%, 3 mil 409 millones menos). Así, en el año de mayor presupuesto histórico para medicinas, la institución financiada por trabajadores recibiría menos recursos para surtirlas.

Además, el gasto público en salud se mantendría en 2.9% del PIB, menos de la mitad del 6% recomendado por la OMS para alcanzar la cobertura universal. El INEGI estima que el sector salud equivale a 5.2% del PIB, pero solo 2.2 puntos corresponden al sector público; el resto lo cubren el sector privado y el trabajo no remunerado de las familias.

El reto es traducir los recursos en mejores resultados para los derechohabientes. La vida de las personas debe ser la prioridad, con tratamientos e infraestructura suficientes para brindarles la atención que necesitan.

Por ello, consideramos indispensable garantizar:

• El abasto oportuno y suficiente de medicamentos en todas las unidades médicas.
• La disponibilidad de insumos y tratamientos para enfermedades de alta incidencia.
• La ampliación y modernización de la infraestructura hospitalaria.
• La cobertura de plazas vacantes para reducir la saturación de los servicios.
• La evaluación permanente de la calidad de la atención que reciben los derechohabientes.

En COPARMEX reiteramos que los trabajadores y sus familias merecen servicios médicos dignos y humanos. Quienes contribuyen al sostenimiento del IMSS tienen derecho a recibir servicios oportunos, medicamentos disponibles y una infraestructura acorde con las necesidades actuales del país.

La salud de los trabajadores no puede esperar. Garantizar atención médica de calidad debe ser una prioridad nacional.