Desde COPARMEX advertimos que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la Cámara de Diputados desaprovechó una oportunidad estratégica para atender los principales desafíos del país pues lejos de corregir rezagos en seguridad, inversión productiva, salud, educación, promoción turística y competitividad, el proyecto fue aprobado sin cambios de fondo y sin una reorientación del gasto hacia las prioridades que pueden detonar crecimiento económico, atraer inversión y generar empleo formal.

De las más de mil 700 reservas presentadas por las y los legisladores durante la discusión del presupuesto, el único cambio aprobado fue una reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta decisión se adopta en la antesala del proceso electoral más grande en la historia del país y envía una señal equivocada sobre las prioridades nacionales. La certeza democrática constituye una condición indispensable para la estabilidad, la confianza y la inversión.

La inversión física representará apenas 2.6% del PIB, mientras que hace una década equivalía a 4.5%. Al mismo tiempo, el déficit proyectado asciende a 3.9% del PIB, superando el monto destinado a inversión física. Esto significa que el país continúa utilizando deuda para financiar gasto corriente en lugar de ampliar su infraestructura y fortalecer su capacidad productiva. Además, ello se aparta del principio constitucional de que la deuda financie obras productivas.

La educación recibirá 1.26 billones de pesos, un incremento real de 7.6%; sin embargo, la composición del gasto revela un desequilibrio que merece atención. Mientras los programas de becas concentrarán 193 mil millones de pesos, los servicios educativos recibirán 185 mil millones. Las becas son una herramienta valiosa, pero no sustituyen la calidad de la enseñanza, la formación docente, la infraestructura escolar ni el desarrollo de habilidades necesarias para acceder a empleos formales y mejor remunerados. Además, el gasto educativo sigue por debajo del nivel que representaba como proporción del PIB hace una década.

La salud contará con recursos por 1.11 billones de pesos, equivalentes a 2.8% del PIB, todavía lejos del 6% recomendado por organismos internacionales para avanzar hacia una cobertura universal efectiva. El desafío no es únicamente presupuestal. Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en medicamentos realizado por derechohabientes del IMSS aumentó 98% en términos reales, reflejando que un mayor presupuesto no necesariamente se traduce en acceso oportuno a consultas, tratamientos y medicinas.

La estrategia presupuestal en materia de seguridad tampoco logra corregir los rezagos acumulados. Aunque el rubro de Estado de derecho aumenta 10% en términos reales para alcanzar 401 mil millones de pesos, permanece por debajo de los niveles registrados en 2024 y 2025. A ello se suma que las transferencias federales para seguridad en estados y municipios alcanzan 41.9 mil millones de pesos, apenas 3% más que el año anterior. Esta situación limita la capacidad de respuesta de quienes enfrentan diariamente delitos como la extorsión, que afectan directamente la actividad económica y la viabilidad de miles de empresas.

Tampoco fue atendida la propuesta impulsada por las principales organizaciones empresariales del sector turístico para fortalecer la promoción nacional e internacional de los destinos mexicanos. A pesar de que el sector presentó una propuesta para destinar 5 mil millones de pesos a campañas de promoción turística financiadas con recursos generados por la propia actividad turística, el presupuesto aprobado únicamente incorporó una ampliación de 20 millones de pesos al programa de Fomento y Promoción de Destinos Turísticos, equivalente a apenas 0.4% de lo solicitado por el sector. Resulta especialmente relevante considerar que el turismo aporta 8.7% del PIB nacional y produce cerca de 35 mil millones de dólares en ingresos por visitantes internacionales.

El espacio fiscal para invertir en desarrollo continúa reduciéndose. Las pensiones absorberán 2.48 billones de pesos, equivalentes a 6.2% del PIB y a casi una cuarta parte del gasto federal, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8%. A ello se suma una deuda que sigue al alza, en una trayectoria que no es sostenible.

Frente a este escenario, resulta indispensable avanzar hacia la creación de un Consejo Fiscal Independiente con autonomía técnica para evaluar supuestos macroeconómicos, riesgos fiscales y sostenibilidad de la deuda. Una institución de esta naturaleza fortalecería la transparencia y permitiría identificar desviaciones oportunamente, particularmente cuando el déficit observado ha superado la meta aprobada en 12 de los últimos 18 años, incluidos los seis más recientes.

La discusión presupuestal concluyó, pero el desafío de construir condiciones para el crecimiento permanece. Desde Coparmex estamos convencidos que solo con más crecimiento se puede recaudar más, y para crecer hay que crear las condiciones para invertir. México necesita un presupuesto capaz de impulsar la inversión productiva, fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos, respaldar sectores estratégicos como el turismo y generar más oportunidades para las familias.

El mejor presupuesto no es el que gasta más, sino el que convierte cada peso en crecimiento económico, empleo formal, competitividad y bienestar.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez

Al concluir el Encuentro Nacional Coparmex 2026, celebrado en León, Guanajuato, me quedó una convicción más profunda que cualquier dato económico, proyección política o análisis de coyuntura: México no enfrenta una crisis de ideas. En realidad, enfrenta una crisis de confianza.

Durante años hemos discutido los problemas nacionales de manera fragmentada. Hablamos de inseguridad por un lado, de crecimiento económico por otro, de democracia en una mesa distinta y de educación o empleo en espacios separados. Sin embargo, después de tres días de diálogo con especialistas, empresarios, académicos, líderes sociales y ciudadanos, resulta evidente que todos estos desafíos comparten una raíz común: la fortaleza o debilidad de nuestras instituciones y de los vínculos de confianza que sostienen a una sociedad.

Esa fue quizá la conclusión más relevante de este Encuentro Nacional. México necesita reconstruir la capacidad de dialogar, cooperar y generar acuerdos alrededor de objetivos compartidos.

En una época marcada por la polarización, vale la pena detenernos a reflexionar sobre una paradoja. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil escucharnos. El debate público se ha convertido con frecuencia en un espacio de confrontación donde el objetivo parece ser derrotar al otro y no comprenderlo. Eso tiene consecuencias profundas para la democracia, para la economía y para la paz social.

Por eso fue significativo que una misma agenda reuniera reflexiones sobre historia, seguridad, participación de las mujeres, liderazgo juvenil, competitividad, democracia, relaciones internacionales y desarrollo comunitario. A simple vista podrían parecer temas distintos. En realidad, forman parte de una misma conversación. 

Las intervenciones de historiadores, economistas, especialistas en política pública y líderes empresariales coincidieron en un punto esencial. Los países que logran crecer de manera sostenida son aquellos capaces de generar confianza en tres niveles simultáneos: confianza entre ciudadanos, confianza en las instituciones, y confianza para invertir y emprender. 

Cuando una empresa decide invertir, está ejerciendo un acto de confianza. Cuando una persona abre un negocio, contrata colaboradores o apuesta por ampliar operaciones, está apostando por el futuro. Lo mismo ocurre cuando los ciudadanos participan en procesos democráticos o cuando las comunidades colaboran para resolver problemas colectivos.

La confianza, por tanto, es una condición para alcanzarlo.

Otro aprendizaje fundamental del Encuentro fue entender que la paz no puede reducirse únicamente a la ausencia de violencia. La paz se construye cuando existen oportunidades, instituciones confiables, certeza jurídica y una economía capaz de generar movilidad social. No hay estrategia de seguridad que pueda sostenerse en el largo plazo si millones de personas permanecen excluidas de las oportunidades que produce el crecimiento económico.

De igual manera, la competitividad no depende exclusivamente de indicadores o tratados comerciales. La revisión del T-MEC, la tecnología y los cambios geopolíticos exigen empresas más productivas, pero también un entorno institucional que ofrezca reglas claras y estabilidad.

Quizá por ello el lema de nuestro Encuentro, “Una sola Coparmex, por un México en paz y con desarrollo”, sintetiza una visión más amplia sobre los retos del país. No se trata de elegir entre crecimiento o democracia, entre seguridad o competitividad, entre desarrollo económico o cohesión social. México necesita progresar en todos estos frentes de manera simultánea.

Las lecciones que nos llevamos de León son una invitación para todos. Porque el país que aspiramos construir dependerá de nuestra capacidad colectiva para recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y privilegiar el diálogo sobre la confrontación.

Y la confianza, como el desarrollo y la paz, siempre comienza con una conversación.

Frente al deterioro económico, el debilitamiento de la actividad productiva y los desafíos en materia de seguridad que enfrenta Sinaloa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dio a conocer su propuesta de Plan de Reactivación Económica y una agenda de propuestas orientadas a recuperar la confianza, fortalecer a las empresas, incentivar la inversión y generar condiciones para una recuperación sostenida del estado.

La presentación de este plan fue encabezada por Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX, junto con Verónica Estrada Osuna, Presidenta de COPARMEX Mazatlán; Martha Reyes Zazueta, Presidenta de COPARMEX Sinaloa; Erick Mena Sandoval, Presidente de COPARMEX Guasave; y Kenia Moreno Díaz, Presidenta de COPARMEX Valle del Fuerte.

A la gira de trabajo también se sumaron Pedro Estrella, Vicepresidente Nacional de MiPyMEs; Jesús Padilla, Vicepresidente Nacional de Grandes Empresas, Asociaciones y Organismos; Jorge Peñúñuri, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad; y Francisco López, Director General de COPARMEX.

“La recuperación económica de Sinaloa no será posible sin restablecer las condiciones de seguridad que demandan los ciudadanos y las empresas. La incertidumbre, la violencia y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas tienen efectos directos sobre la inversión, el empleo y la confianza para emprender, invertir y generar oportunidades”, destacó el líder nacional de la Confederación, Juan José Sierra Álvarez, en el posicionamiento público para dar a conocer la propuesta.

Posteriormente, la propuesta de COPARMEX fue presentada formalmente a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, durante una reunión en la que participaron el presidente nacional de COPARMEX y los presidentes de los cuatro Centros Empresariales del estado, con el propósito de sumar sus planteamientos a los esfuerzos institucionales orientados a la recuperación económica, la atracción de inversiones y la generación de empleo. En el encuentro también participaron César Julio Sauceda Barrón, secretario General de Gobierno; Diego Aguerrebere Espitia, secretario de Economía; y el General Sinuhe Téllez López, secretario de Seguridad Pública, con quienes se sostuvo un diálogo abierto para intercambiar propuestas y analizar los retos que enfrenta la entidad. COPARMEX reiteró su disposición para establecer mesas de trabajo y mecanismos permanentes de seguimiento que permitan traducir las propuestas en acciones concretas y resultados medibles para las familias y las empresas de Sinaloa.

El Plan de Reactivación Económica de Sinaloa, impulsado por COPARMEX Nacional y los Centros Empresariales del estado, es una propuesta construida desde el sector productivo para preservar empleos, fortalecer a las empresas, impulsar la inversión y acelerar la recuperación económica del estado.

Los ejes de este plan son:

• Seguridad y Estado de derecho, fortaleciendo la coordinación entre autoridades y sociedad, la capacidad de investigación y procuración de justicia, la profesionalización policial y las acciones para enfrentar los delitos que afectan directamente la actividad económica y la confianza ciudadana.
• Rescate y reconversión del sector primario, mediante mayores esquemas de financiamiento, aseguramiento, cobertura de riesgos e impulso a la agroindustria, con el objetivo de fortalecer la competitividad del campo, la pesca y las cadenas de valor asociadas.
• Formalización y fortalecimiento de las MiPyMEs, mediante incentivos a la formalidad, simplificación regulatoria, una ventanilla única empresarial y mecanismos que faciliten el crecimiento de los negocios y la generación de empleo formal.
• Consolidación de la inversión productiva, aprovechando las oportunidades del nearshoring, fortaleciendo la infraestructura estratégica y vinculando la formación de talento con las necesidades de la industria y la construcción.
• Recuperación del ingreso y combate a la pobreza laboral, mediante programas de productividad, capacitación y fortalecimiento de capacidades laborales para los sectores con mayor deterioro en sus ingresos.
• Gobernanza y coordinación público-privada, mediante la creación de un Consejo de Reactivación Económica de Sinaloa, con participación de gobierno, sector empresarial, academia y sociedad civil, para dar seguimiento permanente a los indicadores, compromisos y resultados de la estrategia de recuperación.
• Política fiscal para la inversión y el empleo, con incentivos temporales para preservar empresas y empleos, fomentar nuevas inversiones y acelerar la recuperación económica. Entre las propuestas destacan esquemas de alivio fiscal estatal, incentivos para la reapertura y reinversión de empresas afectadas por la inseguridad, así como la gestión de estímulos federales que incluyan la reducción de la tasa del IVA del 16% al 8%, en condiciones similares a las de la franja fronteriza, así como una disminución del 50% en el ISR para empresas y actividades productivas que hoy enfrentan un entorno particularmente adverso.

De igual forma, el organismo planteó impulsar una estrategia extraordinaria para la recuperación del turismo, con acciones orientadas a fortalecer la confianza de visitantes e inversionistas y respaldar a uno de los sectores con mayor impacto en el empleo y la actividad económica de Sinaloa.

Finalmente, COPARMEX hizo un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales para actuar con visión de Estado y sentido de urgencia, fortaleciendo la seguridad, impulsando la actividad productiva y generando las condiciones necesarias para devolver a Sinaloa la confianza, la inversión y las oportunidades que demandan las familias y las empresas.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

¿Qué necesita México para construir un futuro próspero?

La respuesta exige hablar de inversión, empleo y productividad, así como seguridad, instituciones y participación ciudadana. Ninguna estrategia de desarrollo será sostenible si las personas no pueden vivir en paz, ejercer sus libertades y encontrar oportunidades en comunidades.

El Encuentro Nacional COPARMEX 2026, celebrado del 4 al 6 de noviembre en Poliforum León, fue un momento pertinente para ello. Su lema, “Una sola COPARMEX por un México en paz y con desarrollo”, reunió dos aspiraciones que debemos convertir en una agenda compartida de acciones concretas.

Necesitamos espacios donde las diferencias puedan expresarse con respeto y el análisis permita construir acuerdos. El sector empresarial tiene responsabilidad en ello: generar valor económico, contribuir al bienestar social y participar en la vida pública con independencia, propuestas y visión de largo plazo.

Uno de los momentos centrales del programa fue el panel magistral “La reconstrucción de México”, con Enrique Krauze y León Krauze, moderado por Juan José Sierra, presidente nacional de COPARMEX.

Reunir perspectiva histórica y periodística ofrece oportunidad para reflexionar sobre instituciones, decisiones colectivas y el país que queremos construir. Reconocer el valor de las libertades y los riesgos de debilitarlas, así como examinar el presente, contrastar versiones y exigir respuestas.

Esto abrió una conversación necesaria sobre la responsabilidad ciudadana frente al rumbo nacional.

Reflexión presente en “Construyendo el futuro a través de la comprensión del presente”, conferencia de Juan Miguel Zunzunegui, moderada por Michel Sojo. Avanzar requiere entender dónde estamos y qué obstáculos necesitamos resolver.

“La empresa como motor de justicia y paz”, con monseñor Ramón Castro Castro, Juan Pablo Castañón y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, moderado por Valentín González Cosío, colocó a la empresa frente a su responsabilidad social. Considero que construir paz incluye generar empleo digno, actuar con integridad, abrir oportunidades y fortalecer la relación con las comunidades.

Agradezco a COPARMEX la oportunidad de moderar el panel “Rumbo al 2027: El equilibrio como pilar de la democracia”, con Carlos Alfonso Pérez Ricart, Ana Francisca Vega y Raymundo Riva Palacio.

Un privilegio conducir la conversación con especialistas cuyas trayectorias permitirán examinar el panorama electoral desde perspectivas complementarias.

Carlos Pérez Ricart abordó temas fundamentales en México como son “equilibrios y contrapesos”. Un tema primordial será la inseguridad y la posible influencia de organizaciones criminales sobre los procesos electorales.

Examinamos cómo oficialismo y oposición pueden incorporar la seguridad en propuestas y narrativas. La exigencia debe ser común: proteger candidatos, periodistas, autoridades electorales y votantes. Garantizar que la ciudadanía decida libremente.

Ana Francisca Vega habló de municipios y alcaldías, donde la democracia se relaciona directamente con ciudadanos. Seguridad, agua, servicios públicos y capacidad de respuesta son asuntos de evaluación cotidiana.

Abordamos el papel de la prensa, influencia de las redes sociales y desafíos de interpretar las encuestas. Experiencias internacionales, entre ellas Brasil, plantearon preguntas sobre información, conversación pública y confianza, reconociendo diferencias de contexto.

Raymundo Riva Palacio exploró posibles escenarios para la Cámara de Diputados e implicaciones para los equilibrios institucionales.

Analizamos cómo la relación con EUA y los resultados de elecciones intermedias podrían influir en el entorno político mexicano. El objetivo será identificar factores y escenarios, con la prudencia que exige cualquier análisis prospectivo.

El equilibrio democrático requiere instituciones capaces, representación plural, cuentas claras, disposición para negociar y ciudadanos informados participando más allá de la jornada electoral. Para el sector empresarial, contribuir a esas condiciones forma parte de su responsabilidad con el país.

Internacionalmente “El tablero binacional: La relación México–EUA frente al futuro del TMEC”, con Martha Bárcena y Kenneth Smith, moderado por Alberto Zetina, permitió vincular la agenda bilateral con las decisiones empresariales.

La diversidad destacó. Michelle Ferrari y Mónica Flores conversaron sobre el impacto de las mujeres en la cultura empresarial y participación ciudadana. Bernardo Zambrano y Francisco Fernández, con Alfredo Ortiz, abordaron el talento de las nuevas generaciones.

Esto debe traducirse en oportunidades reales para participar, liderar y transformar organizaciones.

Sergio Fajardo y Salvador Carrejo participaron en “El desarrollo fundamentado desde la comunidad”. Eduardo Sojo y Mariana Campos, bajo moderación de Ángel García Lascurain, analizaron el escenario económico de México para 2027. Frédéric García y Ana María Aguilar, con Lydia Nava, abordaron el tránsito de la política pública a la estrategia empresarial en “Más allá del Plan México”.

De la mano de Alejandro Puente, Viridiana Álvarez reflexionó, en “El peligro de no saber soñar”, sobre aspiración, disciplina y perseverancia.

Temas que conectan con una convicción que acompaña mi travesía por la sostenibilidad: el desarrollo debe integrar valor económico, social y ambiental, sostenido por instituciones confiables.

El futuro requiere empresas responsables y comunidades participativas.

Mi reconocimiento a Juan José Sierra por impulsar este espacio.

Agradezco especialmente a Michel Sojo, presidente de COPARMEX León, y a todo su equipo anfitrión, por el trabajo realizado y la hospitalidad.

El valor de reunirnos está en lo que hagamos después: impulsar propuestas, fortalecer alianzas y asumir compromisos verificables.

México necesita que paz, democracia y desarrollo se conviertan en responsabilidad cotidiana y compartida.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

El Encuentro Nacional de Coparmex, celebrado en León, Guanajuato, la semana pasada, dejó una pregunta que trasciende al sector empresarial. ¿Qué condiciones necesitamos construir para que México avance hacia una paz duradera y un desarrollo capaz de generar oportunidades para todos?

Nuestra respuesta nos exigió volver a los principios que han orientado permanentemente a nuestra Confederación y, sobre todo, traducirlos en acciones concretas.

Durante tres días, el Encuentro reunió a empresarios, dirigentes sindicales, autoridades y especialistas para reconocer nuestra historia y reflexionar sobre la paz, las instituciones democráticas y la competitividad. Las discusiones sobre seguridad, justicia, TMEC y desarrollo económico mostraron la necesidad de vincular estos desafíos y avanzar hacia soluciones concretas. Retomo aquí algunas de las ideas y propuestas que surgieron de esos espacios de diálogo, por su relevancia para los desafíos que enfrentamos como país.

Entendemos la paz social como una convivencia sustentada en la armonía, el orden y la justicia. Para alcanzarla, identificamos tres condiciones inseparables. Necesitamos instituciones que garanticen el orden y la vigencia del Estado de Derecho, autoridades que ejerzan legítimamente el poder y una sociedad comprometida con la justicia y el bien común. En este marco, el respeto a las leyes debe ir acompañado de un sentido ético y de justicia, teniendo siempre como fundamento la dignidad y los derechos de las personas.

Esta concepción obliga a mirar más allá de las cifras delictivas. Recuperar territorios y combatir a las organizaciones criminales son tareas indeclinables del Estado, pero una paz duradera también requiere combatir la impunidad, recuperar la confianza en las instituciones y generar oportunidades de desarrollo. La construcción de la paz demanda así una responsabilidad compartida, en la que cada sector de la sociedad debe contribuir desde el ámbito que le corresponde.

En esa perspectiva, la democracia y el Estado de Derecho forman parte de la construcción de la paz. Las diferencias políticas deben procesarse mediante reglas confiables, autoridades independientes y contrapesos efectivos. Por ello, el reciente posicionamiento de nuestra institución sobre el INE tiene un alcance que rebasa la designación de su próxima presidencia. Es indispensable garantizar una autoridad electoral profesional, autónoma y sujeta a rendición de cuentas, particularmente ante los comicios de 2027. Las instituciones pertenecen a los ciudadanos y su fortaleza debe prevalecer sobre quienes temporalmente las encabezan.

La confianza que requieren las instituciones también resulta decisiva para la economía. Invertir significa comprometer recursos hoy con la expectativa de producir, contratar y competir durante años. Sin seguridad física ni certeza jurídica, proyectos viables se posponen y las oportunidades se desplazan. A estas condiciones se suman dos necesidades materiales ineludibles, energía suficiente y agua disponible. Son las cuatro certezas señaladas durante el Encuentro, que nuestro país debe atender si pretende aprovechar su capacidad industrial y su posición dentro de América del Norte.

La revisión del TMEC ilustra la urgencia de actuar. México debe preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y evitar compromisos apresurados que condicionen su futuro. Al mismo tiempo, las empresas tienen una tarea inmediata. Deben revisar y documentar el origen de sus insumos para acreditar el cumplimiento de las reglas de origen y ampliar las compras a proveedores mexicanos y norteamericanos. La integración regional será más valiosa en la medida en que fortalezca la proveeduría nacional, eleve nuestro contenido productivo y permita incorporar más pequeñas y medianas empresas.

El avance de la IA y de nuevas industrias abre posibilidades adicionales, pero también evidencia una asignatura pendiente. Exportar más no garantiza por sí mismo generar suficiente valor agregado en México. Necesitamos inversión en tecnología, capacitación, financiamiento y condiciones para que las empresas nacionales desarrollen capacidades y participen en las cadenas de mayor productividad. El beneficio de la integración debe reflejarse en mejores empleos y remuneraciones, además de mayores ventas al exterior. Aprovechar el talento y las capacidades de las mujeres en puestos de liderazgo y dirección, así como impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones, también forma parte de este desafío.

En este esfuerzo, la política hacendaria tiene una responsabilidad que va más allá de cumplir metas recaudatorias. Una futura reforma debe evaluarse también por su capacidad para elevar la productividad, estimular la inversión y favorecer el empleo formal. Las reglas fiscales pueden facilitar que un negocio crezca y se formalice o incrementar los obstáculos que enfrenta para hacerlo. La estabilidad de las finanzas públicas es necesaria, al igual que una estructura de incentivos congruente con el desarrollo de largo plazo.

Desde la empresa, la contribución a la paz comienza con empleos formales, condiciones de trabajo justas y oportunidades de capacitación. Se extiende al respeto a la legalidad, al entorno comunitario y a la participación responsable en los asuntos públicos. Como expresó nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, “Generar riqueza y empleos es fundamental, pero también lo es participar en la vida pública y contribuir a las mejores condiciones del país”. Esa responsabilidad exige propuestas, diálogo y colaboración, sin sustituir las obligaciones del Estado en materia de seguridad y justicia.

En ese mismo sentido, añadió con énfasis que “México necesita mucho diálogo social efectivo, real, no de mentiras, diálogo que nos lleve a la colaboración estratégica”. Un llamado que cobra sentido cuando se traduce en acuerdos, responsabilidades compartidas y resultados verificables.

La medida de este compromiso estará en los resultados. Territorios recuperados frente al crimen, instituciones que merezcan confianza, inversiones que se concreten, empresas mexicanas incorporadas a nuevas cadenas productivas y más trabajadores con empleos formales. Ahí podrá comprobarse si avanzamos hacia una verdadera paz social, con responsabilidades claras para el gobierno, los empresarios y la sociedad.

Sinaloa es un estado de gente trabajadora, emprendedora y productiva.

Sin embargo, hoy enfrentamos una realidad complicada que exige respuestas inmediatas. La pérdida de empleos, el crecimiento de la informalidad, el deterioro del ingreso de las familias y el aumento de la pobreza laboral son señales que no pueden ignorarse.

La recuperación económica de Sinaloa no será posible sin recuperar las condiciones de seguridad que demandan los ciudadanos y las empresas. La incertidumbre, la violencia y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas tienen efectos directos sobre la inversión, el empleo y la confianza para emprender, invertir y generar oportunidades.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la construcción de soluciones con los gobiernos federal, estatal y municipales, porque los desafíos que enfrenta Sinaloa demandan una respuesta de Estado sustentada en la coordinación institucional, la corresponsabilidad y el sentido de urgencia.

Sinaloa muestra señales que debemos atender a tiempo. La economía repuntó en el segundo trimestre, pero ese avance se apoya sobre todo en el campo y hay que consolidarlo para que no sea pasajero. Al mismo tiempo, se han perdido 44 mil empleos en un año, y casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, sin ningún tipo de prestación social.

A esto se suma la inseguridad. Sinaloa sigue entre los estados más violentos del país y la extorsión casi se duplicó este año, con un golpe directo a comercios y servicios.

Por ello, desde COPARMEX planteamos una agenda de acción compuesta por seis prioridades para recuperar el dinamismo económico de Sinaloa:

1. Fortalecer la seguridad para recuperar la inversión y el empleo

La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico. Por ello, hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno para incrementar los recursos destinados a seguridad pública y fortalecer las capacidades de prevención, inteligencia, investigación y proximidad policial, así como a las corporaciones estatales y municipales.

Los niveles de violencia e inseguridad que enfrenta Sinaloa exigen una respuesta más eficaz, coordinada y sostenida. Recuperar la seguridad significa recuperar la confianza de las familias, fortalecer las condiciones para la inversión y generar un entorno propicio para la actividad productiva.

Sin inversión en seguridad y sin una estrategia sólida será difícil atraer nuevas inversiones, generar empleos y consolidar la recuperación económica que Sinaloa necesita.

2. Rescate y reconversión del sector primario

Facilitar el acceso a financiamiento, seguros agrícolas y coberturas de precios para productores medianos y pequeños, en coordinación con la banca de desarrollo.

Impulsar la agroindustria, el procesamiento, empaque y exportación para generar mayor valor agregado, fortalecer la rentabilidad del sector y promover empleo formal más estable. El campo merece atención y debe ser una prioridad nacional.

3. Formalización y fortalecimiento de las MiPyMEs

Implementar un programa estatal de formalización con incentivos, facilidades administrativas, acceso preferente a compras gubernamentales y esquemas de factoraje para revertir la informalidad laboral, que actualmente alcanza el 49% de la población ocupada.

Establecer una ventanilla única empresarial y simplificar trámites estatales y municipales para contener la pérdida de establecimientos pequeños y medianos.

4. Consolidación de la inversión productiva en el sector secundario

Aprovechar el dinamismo de la construcción y la manufactura para posicionar a Sinaloa como un destino atractivo para proyectos de nearshoring, mediante una estrategia coordinada de infraestructura, promoción y certidumbre para la inversión.

Fortalecer la vinculación entre la educación técnica y universitaria y las necesidades del sector productivo para cerrar brechas de talento y capacidades.

La pérdida de 6,445 empleos manufactureros, pese al crecimiento de la actividad económica del sector, evidencia la necesidad de alinear mejor la formación de talento con la demanda de la industria.

5. Recuperar el ingreso de las familias y reducir la pobreza laboral

Implementar un programa de productividad laboral dirigido a los sectores con mayor deterioro del ingreso, particularmente los servicios, mediante esquemas de capacitación y actualización de habilidades cofinanciados por empresas y gobierno.

6. Gobernanza y coordinación público-privada para la recuperación de Sinaloa

Crear un Consejo Estatal de Reactivación Económica de Sinaloa, con participación de gobiernos, organismos empresariales, universidades y sociedad civil, para coordinar acciones y dar seguimiento permanente a la estrategia de recuperación del estado.

La magnitud de los retos actuales exige reforzar los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de resultados, con una participación más amplia de los distintos actores económicos y sociales.

Por otra parte, solicitamos al Gobierno Estatal y Gobierno Federal analizar medidas extraordinarias de apoyo económico y fiscal que ayuden a preservar empleos, evitar cierres de empresas y mantener la actividad productiva en las regiones que han sido más afectadas por la crisis de inseguridad.

En ese contexto, hemos planteado la aplicación de un esquema temporal de estímulos fiscales que contemple la reducción de la tasa del IVA del 16% al 8%, en condiciones similares a las de la franja fronteriza, así como una disminución del 50% en el ISR para empresas y actividades productivas que hoy enfrentan un entorno particularmente adverso.

De igual forma, demandamos una estrategia extraordinaria de promoción, recuperación y fortalecimiento del turismo. Es necesario recuperar la confianza de visitantes e inversionistas y apoyar a las empresas de la cadena turística, uno de los sectores más afectados por la inseguridad y uno de los principales generadores de empleo en la entidad.

Por eso, desde COPARMEX hacemos un llamado firme a los tres órdenes de gobierno para actuar con visión de Estado, fortalecer la seguridad, impulsar la actividad productiva y construir una estrategia integral de recuperación económica para Sinaloa.

Hoy levantamos la voz porque Sinaloa merece vivir en paz.

Sinaloa merece recuperar la confianza.

Sinaloa merece más inversión, más empleo y más oportunidades.

Y porque la recuperación de Sinaloa requiere seguridad para generar confianza, para atraer inversión y para crear los empleos que demandan las familias sinaloenses.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

La economía mexicana mantiene un ligero crecimiento económico en los primeros meses del año, a pesar del volátil escenario internacional. Esto es relevante porque nuestra economía es muy abierta al comercio internacional, por lo que es afectada por lo que suceda allende de nuestras fronteras. Destaca en estos momentos la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, lo que ha provocado un incremento importante en el precio del petróleo, que ya perjudica a las principales economías del mundo. Lo anterior tiene un impacto en mayores precios y ha afectado a las tasas de interés, las cuales han subido de manera importante, lo que ha dificultado el pago del servicio de la deuda pública y privada.

Estados Unidos ha sido menos perjudicado por este incremento en el precio de los productos petrolíferos por ser autosuficiente en energía; sin embargo, no ha podido evitar el incremento de precios de la gasolina y derivados del petróleo, perjudicando la rentabilidad de la mayoría de las empresas. Las tasas de interés de largo plazo ya registran la probabilidad de una mayor inflación.

Esto afecta la popularidad de su presidente y la opinión de los ciudadanos en el partido político que representa. Los resultados en las elecciones del día de hoy para elegir a la Cámara de Representantes en su totalidad y a 1/3 de la Cámara de senadores lo reflejarán de manera clara.

Por su parte, las manifestaciones en Europa contra de los recortes del gasto público, de las prestaciones en general, del incremento en los precios y en las rentas de la vivienda son eventos que han sido aprovechados por diferentes grupos políticos y muestran el descontento de la población. Esta situación ha sido provocada por el elevado endeudamiento de varios de los gobiernos de la zona durante las últimas décadas y principalmente en los últimos años. Las economías han tenido que ajustarse en este entorno de mayor costo de la deuda y en las próximas semanas será más claro el impacto en los distintos mercados financieros.

En México, el impacto del mayor precio del petróleo no ha afectado al precio de la gasolina, debido a que el gobierno decidió absorber este costo. Sin embargo, esto ha agravado el desequilibrio en las finanzas públicas, lo que ha forzado a absorberlo en diferentes áreas y servicios públicos.

Por otro lado, en México, el gobierno no se ha podido beneficiar del incremento en el precio del petróleo porque, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, nuestro país es deficitario en este producto. Por ejemplo, en los primeros 9 meses del presente año se realizaron exportaciones petroleras por 16.3 mil millones de dólares y las importaciones de los mismos productos fueron por 42 mil millones de dólares o sea se tuvo un déficit en el sector petrolero de 25.6 mil millones de dólares. Por lo mismo un incremento del precio del petróleo no solo no beneficia sino le perjudica al país.

Para fines de comparación, las exportaciones que realizó México de productos no petroleros en el mismo plazo fueron por 610.8 miles de millones de dólares de productos no petroleros. Mientras que las exportaciones petroleras tuvieron un crecimiento nulo en estos meses, las exportaciones no petroleras se incrementaron en 31.4% en el mismo plazo. Por su parte, el consumo privado en el país se elevó en este periodo en menos del 1%, lo cual significa que el sector externo explica gran parte del crecimiento de la economía mexicana. De aquí la importancia de tener un tratado de libre comercio con nuestros dos socios. Sin embargo, el hecho de que tengan revisiones anuales elimina una característica única que tenía, que era proporcionar certidumbre en el mediano y largo plazo a los inversionistas y empresarios.

Felicidades a Banamex.

Esta institución bancaria, que se fundó en el año de 1884, posee un impresionante Archivo Histórico, que permite conocer características únicas de nuestra historia. Además¸ tiene el extraordinario Museo Foro Valparaíso, situado en sus oficinas principales, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual está abierto al público.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elceo__ X:@jsierraalvarez

México necesita recuperar la capacidad de encontrarnos, escucharnos y construir acuerdos, incluso cuando pensamos distinto. En una sociedad marcada por la violencia, la desconfianza y la polarización, recuperar esa capacidad es una condición para resolver los problemas que enfrentamos y construir un futuro con mayores oportunidades.

La paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de violencia. También implica que las personas puedan convivir con respeto, que las diferencias encuentren cauces para resolverse y que las instituciones y los distintos sectores de la sociedad tengan la disposición de colaborar por objetivos comunes. Una sociedad que pierde esa capacidad termina debilitando sus propios cimientos.

La polarización tiene consecuencias que van más allá de la discusión pública. Cuando dejamos de reconocer al otro como alguien con quien es posible dialogar, se deterioran los vínculos comunitarios, se dificulta la construcción de acuerdos y se debilita la confianza. Y sin confianza resulta mucho más difícil atender los problemas que requieren la participación de todos.

Esto también tiene implicaciones para el desarrollo económico. La inversión necesita estabilidad, pero también comunidades donde prevalezca la convivencia, instituciones confiables y condiciones para que las personas puedan trabajar, emprender y construir un proyecto de vida. La violencia destruye oportunidades, limita la actividad productiva y afecta directamente a las familias. La paz, por el contrario, permite que el talento, el esfuerzo y los recursos se conviertan en bienestar.

Por eso, la pacificación de México no puede ser responsabilidad exclusiva de las autoridades. El Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar seguridad y justicia, pero la construcción de una cultura de paz requiere también la participación de las empresas, los trabajadores, las universidades, las organizaciones sociales, las comunidades y las familias.

Desde esa convicción surge la Declaratoria de Intención “Por una cultura de valores, convivencia y desarrollo inclusivo”, que suscribimos en Coparmex con representantes de distintas tradiciones religiosas. Su relevancia está en el mensaje que transmite: aun desde convicciones y perspectivas diferentes, podemos reconocer principios que nos unen y trabajar a partir de ellos.

La dignidad humana, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad son puntos de encuentro que no deberían dividirnos. Al contrario, deben orientar nuestra manera de relacionarnos y de participar en la vida pública. El diálogo exige reconocer que ninguna diferencia justifica la descalificación, la violencia o la exclusión.

Este compromiso debe trascender la firma de un documento. Tiene que llegar a los espacios donde se forma la convivencia cotidiana. En las empresas, mediante relaciones laborales basadas en el respeto y la colaboración; en las universidades, formando ciudadanos capaces de escuchar y argumentar; en las comunidades, recuperando la solidaridad y la participación; y en las familias, donde comienza el aprendizaje del respeto a los demás.

También necesitamos dejar de confundir el diálogo con la ausencia de desacuerdos. México tiene problemas complejos que exigen discusiones firmes, posturas distintas y decisiones difíciles. Pero ninguna diferencia debe cerrar la posibilidad de encontrar soluciones.

La pacificación se construye todos los días, con instituciones que cumplan su responsabilidad, comunidades que recuperen sus vínculos y ciudadanos dispuestos a contribuir al bien común.

México necesita menos espacios de confrontación y más espacios de encuentro. Necesita que nuestras diferencias dejen de ser una barrera y se conviertan en una oportunidad para construir soluciones. La paz y el desarrollo no serán resultado de la casualidad; deberán construirse a partir del diálogo, la corresponsabilidad y la voluntad de alcanzar acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X: @XimenaCespedesA

“De nada nos sirve construir el futuro a través del espejo retrovisor”. La frase de Juan Pablo Castañón, expresidente nacional de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) me resonó desde que la publicó en sus redes sociales. La retomé para abrir mi presentación en un foro que reunió a organizaciones y cámaras empresariales de América Latina en Lima, Perú, hace unos días.

Y es que a los empresarios se nos olvida que la democracia no es un tema ajeno a la empresa; en realidad es una condición para que ésta exista. No podemos limitarnos a decir que el pasado fue mejor mientras las decisiones que definen el rumbo del país se toman sin nuestra participación.

Lo primero que podemos y debemos hacer desde las empresas es contar con datos, no sólo sobre nuestras ventas, sino también sobre la realidad del país. Desde Coparmex, a través de DataCOPARMEX, realizamos una encuesta que cada año consulta a más de 4 mil socios para conocer su percepción sobre la situación nacional.

En 2026, la encuesta arrojó que 45.6% de las empresas fue víctima de algún delito durante el último año y que 30.4% enfrentó al menos un acto de corrupción. El 58.7% aumentó su gasto en seguridad y apenas 23% considera que es un buen momento para invertir, 16.5 puntos porcentuales menos que en 2025.

El entorno tampoco ayuda. México obtuvo 27 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con lo que se ubicó en el lugar 141 de 182 países. Además, en el Índice Chapultepec de Libertad de Prensa cayó al lugar 18 de 23; en 2020 ocupaba el puesto 11.

Por eso, uno de los mayores obstáculos para hacer negocios no es la falta de talento ni de oportunidades, sino la debilidad institucional, un problema del que todos somos parte. Desde las empresas, tenemos que contribuir a encontrar soluciones.

En Coparmex hemos construido una respuesta a partir de seis enfoques. Los primeros cinco forman parte de nuestro trabajo permanente; el sexto está orientado a las elecciones de 2027.

Medir para incidir. DataCOPARMEX reúne diez indicadores construidos a partir de encuestas a nuestros socios y datos oficiales. Nos permite hablar con evidencia, desde lo local, y no sólo desde las percepciones.

Formar desde adentro. El civismo no es solo individual, también es colectivo. Desde el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) invitamos a las empresas a cumplir antes de exigir, participar sin partidizar, informar sin dirigir jamás el voto y dar tiempo a sus colaboradores para votar o participar como observadores electorales. Para muchas personas, la empresa es la institución con la que más conviven. Es ahí donde aprenden si las reglas se respetan y si su voz cuenta.

Defender pilares, no candidatos. Tenemos una posición pública sobre lo que una democracia necesita, gobierne quien gobierne: certeza jurídica, autoridades electorales autónomas, pluralidad legislativa, fiscalización efectiva, inclusión de las minorías y participación ciudadana.

Usar la voz con datos. Nos pronunciamos sobre el Estado de derecho, la independencia judicial, los órganos autónomos y la libertad de expresión, siempre con propuestas y no sólo con quejas. A través de la #AlertaRegulatoria, revisamos cada semana las nuevas regulaciones para exigir normas de calidad.

Tejer alianzas. Nadie defiende la democracia en solitario. Trabajamos con observatorios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. También colaboramos con organizaciones de trabajadores, porque las libertades, el Estado de derecho y el empleo formal forman parte de una agenda compartida por empleadores y sindicatos, que impulsamos a través del CONSEA (Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental). Asimismo, llevamos esta agenda a espacios como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores y Business at OECD.

Rumbo a 2027: Participo, Voto e Incido. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas y las 500 diputaciones federales, con actividad electoral en las 32 entidades del país. Para ese proceso, lanzamos nuestro sexto enfoque, basado en tres pilares:

Participo es observación. Una red de ciudadanos capacitados observa y documenta lo que ocurre en sus comunidades antes, durante y después de la elección, con el acompañamiento de observadores internacionales.

Voto es participación. Impulsamos campañas apartidistas para fortalecer la cultura cívica y promover el voto.

Incido es diálogo público. Organizamos encuentros con candidaturas y promovemos la firma de compromisos verificables, acompañados de pronunciamientos e informes sobre integridad democrática.

La integridad de una elección se construye o se deteriora mucho antes de instalar las casillas. Por eso, empezamos desde ahora.

La democracia no depende sólo del gobierno. Depende de millones de decisiones cotidianas, y muchas de ellas se toman dentro de las empresas. Ese es el futuro que nos toca construir, con la mirada puesta hacia adelante y no en el espejo retrovisor.

Con un llamado a defender la democracia, recuperar la confianza en las instituciones y convertir el diálogo social en acciones desde cada región del país, COPARMEX concluyó su Encuentro Nacional 2026 en León, Guanajuato. El Encuentro puso el acento en una tarea que trasciende al sector empresarial: construir alianzas, generar acuerdos y participar en la defensa de las libertades y la vida democrática de México.

Uno de los puntos centrales del evento fue la exigencia de contar con un Instituto Nacional Electoral (INE) confiable, así como garantizar un proceso transparente para designar a quien ocupará su próxima Presidencia, con integridad, independencia, experiencia y capacidad técnica.

En su mensaje de clausura, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, destacó: “La confianza ciudadana es el principal respaldo a la autoridad electoral. Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad. Y lo que se pone en juego por medio de la democracia son nuestras libertades, que no se nos olvide. La defensa de la democracia exige una ciudadanía organizada y presente. Tenemos el reto, nosotros desde nuestros centros empresariales, de fortalecer los nodos ciudadanos en todo el país y ampliar nuestra alianza con los trabajadores, con las diferentes tradiciones religiosas, con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil, que ya vienen resolviendo las cosas que los gobiernos no están resolviendo”.

Asimismo, resaltó: “Necesitamos abrir estos espacios de diálogo y colaboración, también como el CONSEA en los capítulos regionales. México necesita esta suma de esfuerzos para construir acuerdos y atender los desafíos nacionales. Tenemos la tarea de llevar este trabajo a lo local. Llevemos estas reflexiones y, con las ideas, los aprendizajes y las herramientas de estos días a cada rincón del país”

Por su parte, Michel Sojo, presidente de COPARMEX León, enfatizó: “Después de tres días de trabajo, diálogo, aprendizaje y convivencia, nos toca cerrar una edición que estoy seguro, muy seguro, dejará una huella en todos ustedes. Han sido tres días de grandes ideas, conversaciones necesarias, reflexiones profundas y, sobre todo, de reencuentros y nuevas conexiones. Nos llevamos mucho más que conclusiones de una conferencia o las reflexiones de un panel. Nos llevamos preguntas, compromisos, nuevas perspectivas y una visión más clara del papel que tenemos que tomar como empresarios frente al futuro de México”.

Daniel García Aguirre, presidente de COPARMEX Acapulco, comentó: “Somos COPARMEX. COPARMEX representa lo mejor del sector empresarial en el país. Lo que yo quiero pedirles es que nos acompañen a llevar un mensaje a Acapulco y que ese mensaje se escuche en todo el país y, a lo mejor, hasta en otros países: que Acapulco está de pie, que estamos luchando por salir adelante y que ya la reconstrucción va muy bien”.

Uno de los principales asuntos fue el futuro del T-MEC y la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá. El análisis de especialistas como Martha Bárcena y Kenneth Smith, permitió dimensionar los riesgos de la revisión, el uso de aranceles como instrumento de presión y la importancia de preservar las reglas de origen, los mecanismos de solución de controversias y la protección de inversiones. También quedó sobre la mesa un desafío para las empresas mexicanas: elevar su capacidad tecnológica, fortalecer las cadenas de suministro y generar mayor contenido regional para competir en América del Norte.

En materia democrática, las reflexiones rumbo a 2027 subrayaron que la confianza electoral requiere instituciones independientes, contrapesos efectivos, pluralidad y condiciones equitativas para la participación política. A su vez, el análisis sobre seguridad y desarrollo comunitario puso de relieve que la paz no se construye únicamente desde las instituciones de gobierno: también requiere comunidades con oportunidades, empresas vinculadas con su entorno y condiciones para que las actividades productivas se desarrollen sin violencia. La seguridad y la calidad institucional, por tanto, forman parte de las condiciones para el desarrollo económico.

La perspectiva económica de 2027 y el análisis del Plan México ampliaron la discusión hacia las decisiones que deberán orientar la estrategia empresarial. Las sesiones destacaron la necesidad de evaluar las variables financieras, identificar oportunidades de inversión y convertir las políticas públicas en condiciones concretas para elevar la productividad. El talento de las nuevas generaciones, la participación de las mujeres en puestos de decisión y la vinculación entre empresas, academia e innovación también ocuparon un lugar relevante en la agenda, al mostrar que la competitividad depende de aprovechar las capacidades de las personas y preparar a las organizaciones para nuevos escenarios.

El Encuentro Nacional concluyó con una agenda que trasciende los tres días de reuniones: llevar el análisis a las decisiones cotidianas de las empresas y a la participación de cada Centro Empresarial en su comunidad. Porque el futuro de México también se construye desde cada región donde una empresa genera empleo, abre oportunidades y contribuye a la vida de su entorno.

La próxima edición del Encuentro Nacional, que tendrá como anfitrión al Centro Empresarial de Acapulco, encabezado por Daniel Aguirre, dará continuidad a esta convocatoria desde una región que también representa la capacidad de resiliencia y participación de la comunidad empresarial. La defensa de la democracia y la construcción de acuerdos no terminan con este encuentro: continúan en cada región donde la sociedad organizada decide participar.

Una sola COPAMEX por un México en paz y con desarrollo.