Dos de cada tres empresas socias de COPARMEX reportan que la Reforma Judicial ya está afectando sus decisiones de inversión. A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX revela que la incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México.
Con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de COPARMEX, los resultados de la Encuesta de Data COPARMEX muestran la magnitud de esta inquietud: 67.8% de las empresas reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.

El dato adquiere mayor relevancia al observar cómo está cambiando la conducta empresarial. El 38.9% de las empresas, es decir, 4 de cada 10, señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir y el 28.8%, 3 de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos.
Los resultados reflejan que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito jurídico y comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal.

El análisis de Data COPARMEX también muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos. El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación. En conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.

Esta situación se relaciona con una percepción de menor certeza jurídica. El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora. Para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos.

En COPARMEX hemos sostenido que México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derechos. Hoy, frente a la evidencia que nos proporcionan las empresas, consideramos indispensable pasar de la discusión sobre el diseño de la Reforma Judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleo.

Por ello, proponemos abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, con indicadores que permitan evaluar tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de las personas juzgadoras, previsibilidad de los criterios y eficacia en la protección de los derechos. Buscamos que el nuevo modelo funcione, que existan contrapesos efectivos y que ninguna persona o empresa tenga que elevar sus costos de protección jurídica para confiar en las instituciones.

La inversión necesita certeza sobre las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos y confianza en que los contratos, el patrimonio y los derechos estarán protegidos. Por eso, los resultados de Data COPARMEX deben servir como punto de partida para corregir aquello que genere incertidumbre y para construir las condiciones institucionales que permitan que los recursos destinados a inversión se conviertan en proyectos, empleos y crecimiento.

Cabe mencionar que el nuevo Poder Judicial no parte de cero: recibe problemas estructurales que la reforma prometió atender. Uno de los más evidentes es el rezago. El propio Órgano de Administración Judicial documentó que 210 mil 459 asuntos federales reportados como integrados y susceptibles de resolución -es decir, el 62.7%- acumulan más de 90 días sin sentencia.

Este dato permite poner el debate en una justa perspectiva: después de una transformación constitucional de esta magnitud, la discusión ya no puede concentrarse únicamente en quiénes integran los tribunales o cómo fueron electos, sino en si la justicia funciona mejor. Menos rezago, resoluciones oportunas y mayor certeza jurídica deben convertirse en parámetros objetivos para medir los resultados de esta nueva etapa.

El nuevo Poder Judicial solo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones.

Desde COPARMEX continuaremos midiendo, documentando y dando seguimiento a la evolución del sistema, porque la certeza jurídica no es un asunto exclusivo de jueces y abogados: es una condición indispensable para invertir, contratar, emprender y generar empleo formal.

Artículo de opinión escrito por Óscar de Jesús Martínez Treviño, Vicepresidente Nacional de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad de Coparmex | Vía @altonivel X: @oscarmartinezt

Hace algunos días, la COPARMEX publicó su #DataCOPARMEX 2026, una encuesta entre poco más de 4 mil de sus empresas asociadas, levantada entre los meses de marzo y junio de este año, con la participación de sus 71 Centros Empresariales a lo largo y ancho del país.

Uno de los aspectos a medir en dicha encuesta fue el ánimo de las empresas para invertir. En esta ocasión, para sorpresa de pocos, el ánimo para invertir de las empresas mostró una importante caída, para ubicarse en el nivel más bajo desde 2020, cuando comenzó a medirse este indicador. Apenas 2 de cada 10 empresas socias encuestadas consideraron que existen condiciones favorables para realizar nuevas inversiones.

Pero ¿por qué esto es importante para ti o para mí, así como para los millones de mexicanos que habitamos este país? Por la sencilla razón de que sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no pueden generarse los empleos formales que requerimos para poder desarrollarnos y llevar el sustento a nuestras familias.

En pocas palabras, la disminución en el ánimo de invertir de las empresas está directamente relacionada con la disminución de buenas oportunidades de trabajo, bienestar y desarrollo para todos.

Más grave aún es el hecho de que la falta de inversión de hoy tendrá sus mayores efectos al limitar el crecimiento en los años por venir. Para decirlo simple y llanamente, las consecuencias de lo que hoy sucede las sufrirán principalmente nuestros hijos.

La pregunta entonces es qué podemos hacer para revertir este desánimo para invertir. La respuesta es muy simple. Se requiere generar confianza, y esta solo se logra cuando hay certidumbre y reglas del juego claras y estables.

Desde luego, decirlo es fácil, pero hacerlo realidad es algo mucho más difícil. Crear las condiciones que nos permitan generar confianza requiere del acuerdo y trabajo conjunto de Gobierno y sociedad. Requiere olvidarnos de ideologías y colores partidistas para focalizarnos en una sola cosa: lograr el desarrollo de México a su máximo potencial.

Para ello, pudiéramos comenzar por convocar a un gran acuerdo nacional por la inversión y el desarrollo, a través del cual se promuevan las siguientes cinco iniciativas:

1. Fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, contando con un Poder Judicial eficiente y profesionalizado.
2. Revisión y diseño del marco regulatorio relacionado con las inversiones, buscando contar con reglas claras y estables.
3. La construcción de un México seguro y en paz. Tenemos que combatir los delitos de extorsión, robo de transporte, robo de mercancías y tantos otros que generan incertidumbre y funcionan como impuestos invisibles que inhiben la inversión.
4. Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de nuestro país, que nos permita contar con la energía suficiente, de calidad y a precios competitivos que el crecimiento demanda.
5. Desarrollo de la infraestructura logística moderna que demanda nuestro país.

Al final, de lo que se trata es de trabajar juntos, Gobierno y sociedad, para generar confianza como requisito previo e indispensable para detonar la inversión. Porque no podemos engañarnos: la inversión, cuando percibe un alto riesgo político, jurídico, energético o de seguridad, busca otros horizontes. Y no tengamos duda: la tarea que no queramos hacer, habrá muchos otros países que sí estén dispuestos a hacerla.

Parafraseando a un clásico, en la carrera por la atracción de inversiones, los países de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Por nuestro bien y el de nuestros hijos, no nos permitamos ser de los de atrás.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

Durante años, hablamos de responsabilidad empresarial frente a grandes desafíos globales: cambio climático, desigualdad, biodiversidad, escasez de agua o transición energética. Todos fundamentales. Sin embargo, existe otra dimensión de la sostenibilidad que comienza mucho más cerca: la capacidad de transformar nuestro entorno inmediato.

Una empresa puede tener grandes metas globales, pero su impacto también se refleja en la comunidad: en el parque donde juegan los niños, en el camellón que atraviesan los vecinos, en los árboles que dan sombra y en las oportunidades para jóvenes y emprendedores.

Concretamente, la sostenibilidad también significa ser un buen vecino; esta reflexión tiene un significado especial.

Desde hace 40 años he participado en diversas iniciativas comunitarias: voluntariado, reforestación, orfanatorios, proyectos sociales y mentoría a emprendedores sociales.

Experiencias muy distintas, pero con una misma enseñanza: involucrarnos sí hace la diferencia.

Pensamos que recuperar un parque o acompañar a un emprendedor es una contribución pequeña frente a la magnitud de los problemas.

Mi experiencia dice lo contrario; muchas veces, las transformaciones profundas comienzan con acciones pequeñas, concretas y cercanas.

La semana pasada volví a comprobarlo en un lugar muy especial: mi querida Ensenada.

El lugar donde todo comenzó

Participé en dos eventos impulsados por OXXO como parte de Ruta Verde, un esfuerzo para rehabilitar espacios públicos y fortalecer el entorno.

Una de las intervenciones rehabilitó más de 1,700 metros cuadrados de camellones, incorporando plantas nativas y polinizadores acordes a la región.

El concepto es importante porque seleccionar especies adaptadas permite desarrollar áreas verdes con mejor aprovechamiento de recursos, generando condiciones favorables para la biodiversidad.

En una región como Baja California, donde el agua es vital, la infraestructura verde adaptada es particularmente relevante.

La segunda experiencia tuvo un componente muy emocional.

Regresar al Parque Mundo Infantil, cercano a la casa de mis padres y donde jugué de niño y feliz que en este día me acompañó mi hijo mayor Francisco Suárez Armenta “Pancho”.

Volver décadas después, a conservarlo y mejorarlo, cerró un círculo personal.

Durante casi 50 años, este parque ha formado parte de Ensenada. Recuperar un parque significa mucho más que infraestructura: significa recuperar la convivencia, donde comunidades y familias se encuentren y construyan sus propios recuerdos.

El valor de las alianzas

Hicimos un excelente trabajo en equipo entre sector público y privado junto a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos multisectoriales.

Ahí radica otra gran enseñanza:

Los retos son demasiado grandes para ser solucionados por un solo sector.

Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando gobierno, empresas y sociedad, encuentran objetivos comunes y suman capacidades.

El sector público facilita; las empresas aportan recursos y voluntariado; las organizaciones conocen las necesidades reales; y los ciudadanos dan vida y protegen los espacios.

Esa colaboración multisectorial es un instrumento poderoso de transformación.

Reconozco la disposición de las autoridades municipales que hicieron posibles estas intervenciones, del impacto global al metro cuadrado

El mundo empresarial ha desarrollado indicadores sofisticados para medir sostenibilidad.

Medimos emisiones de carbono, consumo energético, agua, circularidad o inversión social.

Indispensables, sí, pero propongo agregar una pregunta más sencilla:

¿La comunidad mejoró porque nuestra empresa está ahí?

La respuesta debería poder observarse.

En un espacio público recuperado, en un árbol que hoy da sombra, en una persona que encontró una oportunidad, en un emprendedor social que pudo convertir una idea en solución, en una comunidad que se siente escuchada, en vecinos conviviendo en un lugar digno.

Cuando multiplicamos esas pequeñas acciones por miles, el impacto se magnifica.

De la filantropía a la creación de valor comunitario

Necesitamos evolucionar la acción social empresarial; no debe limitarse a entregar recursos o realizar actividades aisladas.

Su potencial aparece al integrar el desarrollo comunitario en la operación cotidiana: escuchar antes de intervenir, entender necesidades reales, construir a largo plazo e involucrar a colaboradores y vecinos.

El éxito empresarial y el bienestar comunitario no son contrapuestos: cuando las comunidades están bien, las empresas también y viceversa.

Por eso me gusta el concepto de “ser un buen vecino”: cuidar, escuchar, participar y procurar dejar mejor el lugar que compartimos.

Cuarenta años después

Sigo convencido de que una de las inversiones más valiosas es dedicar tiempo, conocimiento y recursos a mejorar nuestro entorno inmediato.

Nuestra colonia, nuestro parque, nuestra escuela, nuestra empresa, nuestra ciudad.

Regresar al parque de mi niñez me recordó que la sostenibilidad también tiene memoria y los espacios que cuidamos hoy serán los recuerdos de alguien mañana.

La Ruta Verde y las acciones de OXXO en Ensenada representan esa filosofía indispensable: no basta con operar en una comunidad, hay que formar parte de ella.

Una gran empresa, más allá de ventas o valor económico, debe medirse por su valor social y ambiental.

Tras 40 años de acción comunitaria, sigo creyendo en algo profundamente sencillo: todos tenemos un metro cuadrado que podemos mejorar.

Cuando empresas, gobiernos, organizaciones y ciudadanos decidimos hacerlo juntos, transformamos nuestras comunidades.

Esos metros cuadrados se conectan para construir algo mucho más grande: una acción, un parque, un árbol, un emprendedor, un vecino a la vez, para detonar:

¡¡¡Millones de acciones sostenibles!!!

Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy

Hay que decirlo: el Paquete Económico 2027 trae una buena noticia para la salud de los mexicanos.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto en salud crecerá 12.7% real, en un presupuesto federal que apenas avanza 1.1%, y alcanzará 2.9% del PIB, su nivel más alto en una década. Eso es una decisión, no una inercia. Y merece reconocimiento. Aun así, seguimos lejos del 6% recomendado por los organismos internacionales.

Pero en salud, el monto es solo la mitad de la historia. La otra mitad es a dónde llega cada peso.

Tres de cada cuatro pesos nuevos irán a la población con seguridad social, principalmente al IMSS, donde casi la mitad del gasto se destina a pensiones. Al mismo tiempo, sus reservas financieras bajan 5.7% real. Para quienes generamos empleo, esto no es un dato técnico: el IMSS se financia con las cuotas de trabajadores y empresas. Cuidar sus reservas es cuidar a quienes sostienen la economía formal del país.

El proyecto también da soporte al Servicio Universal de Salud: que una persona sea atendida donde haya cama disponible, no donde diga su credencial. Es una idea correcta y largamente esperada. Pero el mecanismo para pagar ese intercambio entre instituciones todavía no tiene monto, tarifas ni reglas.

Un derecho sin reglas de pago es una promesa. Con reglas, es un sistema.

Mientras tanto, la brecha la pagan las familias. Según el CIEP, una persona afiliada al IMSS recibirá más del doble de gasto que una atendida por IMSS-Bienestar, y el gasto de bolsillo por persona será 29.3% mayor que lo que el Estado invierte en cada usuario de IMSS-Bienestar. En México, el 39% del gasto en salud sale del bolsillo, el doble del promedio de la OCDE. Y las empresas, además de pagar cuotas, costean seguros, consultorios y medicamentos para que su gente no pierda días de trabajo.

En los hechos, pagamos dos veces por la misma salud.

Desde la iniciativa privada no venimos a señalar. Venimos a sumar. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para fortalecer este presupuesto, y proponemos cuatro ajustes.

Primero, transparentar la compensación del Servicio Universal: monto por institución, tarifario de referencia y reporte trimestral. Segundo, proteger las reservas del IMSS, porque son el ahorro de quienes cotizan. Tercero, integrar la capacidad instalada del sector privado con reglas claras, como complemento de lo público y nunca como sustituto. Cuarto, recuperar la prevención: las transferencias de la Secretaría de Salud a estados caen 90% frente a 2024, y con ellas salen los programas contra obesidad y diabetes. Las empresas pueden ser su mejor aliado: ahí pasan el día millones de mexicanos.

Salud y economía no son agendas paralelas. Son la misma agenda.

El presupuesto ya dio el primer paso. El segundo es que cada peso se convierta en una consulta, un medicamento surtido y un trabajador que regresa sano a casa. Eso no lo logra el gobierno solo. Tampoco la empresa sola.

Lo logramos juntos, o no se logra.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @heraldodemexico X:@jsierraalvarez

En el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la agenda nacional entra en una fase de definiciones cruciales para el porvenir económico del país. Las discusiones que en ambas cámaras inciden de manera directa en la inversión, innovación, competitividad y estabilidad del empleo formal.

Hoy más que nunca, frente a un escenario donde los datos de #DataCoparmex revelan que el ánimo para invertir se ha desplomado 23%, el Poder Legislativo tiene ante sí la responsabilidad histórica de actuar con rigor técnico, apertura y una profunda visión de Estado.

Legislar bien implica entender que cada norma tiene un costo y un impacto operativo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

No podemos darnos el lujo de progresar hacia reformas que incrementen las cargas fiscales, encarezcan la formalidad o introduzcan elementos de discrecionalidad que ahuyenten al capital.

Un ejemplo de ello es la discusión en torno a la Ley de Inversión Extranjera. Si bien es imperativo salvaguardar la soberanía nacional, condicionar las inversiones mayores a 49% en sectores estratégicos al escrutinio de seguridad, aplicar la negativa ficta e imponer sanciones desproporcionadas genera trabas burocráticas que vulneran la certidumbre indispensable para aprovechar el nearshoring y cumplir con los compromisos del T-MEC.

La misma exigencia de equilibrio aplica para las reformas ambientales, como la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Conciliar la protección de nuestros recursos naturales con la viabilidad técnica y la atracción de inversiones exige abrir espacios genuinos de Parlamento Abierto, reduciendo la sobrerregulación y evitando la discrecionalidad en los trámites.

Lo mismo sucede con la regulación de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA): México necesita garantizar un marco protector que no termine asfixiando la innovación ni frenando el desarrollo digital que nuestras empresas requieren para competir globalmente.

En el plano del Estado de Derecho, la consolidación de las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial y anticorrupción debe orientarse a fortalecer la profesionalización, especialización técnica y certeza jurídica, erradicando cualquier resquicio de discrecionalidad. Asimismo, la estabilidad institucional exige que las vacantes en los órganos de impartición de justicia electoral sean ocupadas por perfiles con trayectoria técnica impecable y absoluta independencia ideológica, garantizando la confianza en procesos democráticos.

El momento económico que atravesamos no admite ocurrencias ni decisiones unilaterales. De acuerdo con nuestros indicadores, la incertidumbre política y regulatoria se mantiene como uno de los principales frenos para el crecimiento.

México necesita un Congreso que escuche a quienes arriesgan su patrimonio, que mida los impactos de cada iniciativa y que priorice el diálogo con el sector productivo. De la responsabilidad con la que legislemos hoy depende que México recupere la confianza, fortalezca sus inversiones y asegure el futuro que sus familias merecen.

Artículo de Opinión escrito por Domingo Ruiz López | Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex | Vía: @Milenio X: @domingoruizl

El equilibrio fiscal es indispensable, pero no puede reducirse a cuadrar cifras de corto plazo. Debe cuidar la deuda, elevar la calidad del gasto y proteger las decisiones de inversión, contratación y producción que sostendrán los ingresos públicos.

México tiene una brecha recaudatoria. Según Revenue Statistics 2025 de la OCDE, en 2024 los ingresos tributarios representaron 18.3 por ciento del PIB, frente a un promedio de 34.1 por ciento entre sus países miembros. Este dato exige actuar, pero no conduce automáticamente a crear impuestos o elevar tasas. Obliga a preguntar quién contribuye, cuánto cuesta cumplir, qué tan amplia es la base, qué recibe la sociedad por cada peso recaudado y cómo se gasta.

La comparación del ISR empresarial es útil. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece para las personas morales una tasa de 30 por ciento, mientras la OCDE reportó una tasa corporativa estatutaria promedio de 23.9 por ciento en 2024. México recauda menos como proporción de su economía, aunque grava la utilidad empresarial con una tasa superior al promedio. Cargar más a la misma base puede reducir inversión, desplazar proyectos o favorecer la informalidad, sin garantizar ingresos sostenibles.

El desafío central es la formalidad.

La ENOE del Inegi registró en julio de 2026 a 34.1 millones de personas en ocupación informal, 56.2 por ciento de la población ocupada. Más de la mitad trabaja fuera de la protección social y del cumplimiento fiscal. Para la empresa formal, ello significa competir contra actividades que no absorben los mismos impuestos, cuotas y obligaciones. Nuevas cargas sobre quien ya cumple no corrigen esa desigualdad; pueden volver menos atractiva la entrada a la legalidad.

La evidencia académica confirma esos efectos. Arnold y sus coautores, en The Economic Journal (2011), encontraron que, entre los principales tributos, el impuesto corporativo es el más adverso al crecimiento de largo plazo. Para México, Santiago Levy documentó en Under-Rewarded Efforts (BID, 2018) que políticas fiscales, laborales y sociales mal alineadas generan una asignación ineficiente de recursos, sostienen empresas poco productivas y limitan la expansión de las más productivas. La arquitectura fiscal importa tanto como la recaudación.

Por ello, formalizar no debe ser sinónimo de fiscalizar más. Debe significar acceso a seguridad social, financiamiento, capacitación y mercados. Propongo una transición gradual para micro y pequeñas empresas, con trámites digitales integrados, reglas proporcionales, orientación preventiva y costos decrecientes. El cumplimiento voluntario aumenta cuando las obligaciones son comprensibles, la autoridad distingue el error de la evasión y el contribuyente percibe beneficios concretos por pertenecer al sistema.

También necesitamos estímulos temporales, transparentes y evaluables: deducción inmediata o acelerada de inversión productiva, incentivos a la innovación y digitalización, y apoyos ligados a nuevos empleos formales. No es una práctica excepcional: la OCDE señala que 33 de sus 38 miembros ofrecían alivios fiscales a la investigación y desarrollo en 2022. El objetivo no es repartir privilegios, sino premiar decisiones que eleven productividad, salarios y recaudación futura, con metas y plazos definidos.

La disciplina debe comenzar por el gasto. Antes de exigir más a los contribuyentes, debemos evaluar programas, eliminar duplicidades, transparentar contrataciones y priorizar infraestructura con rentabilidad social. Cada peso público debe tener un propósito medible. A la vez, la autoridad debe combatir con firmeza la evasión, el contrabando y las operaciones simuladas, respetando el debido proceso, agilizando devoluciones legítimas y brindando certeza jurídica. La confianza también es un activo fiscal y un valor social.

Responsabilidad fiscal, sí, pero sin nuevos impuestos ni mayores cargas para quienes ya cumplen. El gobierno debe cuidar el balance; las empresas, invertir, innovar y cumplir; y la sociedad, exigir resultados. El Congreso puede convertir el Paquete Económico 2027 en un acuerdo nacional: gastar mejor, ampliar la base, facilitar la formalidad y dar certidumbre. Un Estado responsable no elige entre recaudar y crecer; construye las condiciones para que el crecimiento ensanche de forma justa y duradera la capacidad de recaudar.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @laprensaoem X: @Armando_ZunigaS

Detrás de cada empleo hay una historia. Una persona que todas las mañanas sale de casa, una familia que depende de ese ingreso y una empresa que necesita de su trabajo para seguir adelante.

Por eso hay cifras que no deberían quedarse únicamente en una estadística. Una de ellas es ésta: en México, más de un millón de personas trabajan en actividades o funciones relacionadas con la seguridad privada.

De acuerdo con una estimación elaborada a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en el segundo trimestre de 2026 este universo alcanzó un millón 33 mil 553 personas. Estamos hablando del 1.72% de toda la población ocupada del país.

Y cuando ponemos la cifra en perspectiva, encontramos algo todavía más interesante.

En 2019 eran 868 mil 817 personas. Es decir, en siete años el crecimiento fue de 19%, pero dentro de las empresas especializadas en investigación, protección y seguridad el avance fue mucho mayor: el empleo pasó de 425 mil 726 a 607 mil 541 personas, un incremento de 42.7%.

Son números que ayudan a dimensionar el lugar que nuestra industria ocupa hoy en la economía nacional.

Porque cuando hablamos de seguridad privada seguimos pensando, muchas veces, en el guardia que encontramos al entrar a una empresa, una escuela, un hospital o un centro comercial. Por supuesto que ellos son fundamentales, pero detrás existe toda una estructura que pocas veces vemos.

Hoy en nuestra industria trabajan supervisores, técnicos en seguridad e higiene, instaladores y especialistas en equipos electrónicos y telecomunicaciones, administrativos, contadores, coordinadores y desarrolladores de software.

Sí, desarrolladores de software. En las empresas especializadas ya suman 8 mil 370.

Eso también es seguridad privada

La tecnología cambió nuestra forma de trabajar, pero también las necesidades de nuestros clientes. Hoy proteger una empresa implica personas capacitadas, sistemas, información, prevención, inteligencia y tecnología trabajando de manera conjunta.

Y aquí está, quizá, uno de los mensajes más importantes que nos dejan estas cifras: el crecimiento del empleo debe caminar de la mano de su profesionalización.

Una industria de esta dimensión necesita mejores perfiles, capacitación permanente, desarrollo profesional, condiciones laborales dignas y empresas cada vez más sólidas. Generar empleo es importante; generar empleo profesional y con posibilidades de crecimiento lo es todavía más.

Ese es el reto que tenemos enfrente

Durante años hemos trabajado para que la seguridad privada sea reconocida por lo que realmente representa. Hoy los números ayudan a contar esa historia y muestran que ya no hablamos de una actividad secundaria, sino de un sector con una presencia laboral relevante en México.

Más de un millón de personas tienen mucho que decir.

Porque detrás de ese millón hay trabajadores, empresas y familias. Y también hay una industria que todos los días contribuye a proteger y a mantener en movimiento a México.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

La información financiera disponible en la actualidad muestra un importante crecimiento de la deuda del sector público en México, la cual fue del 53.6% del PIB el año pasado y se espera para el presente año que se incremente otro punto porcentual o punto y medio. Esto se compara de manera negativa con el porcentaje que tenía la deuda en el año de 2018, cuando representó el 44.8% del PIB o incluso en comparación con el año de 2007 cuando la deuda fue de sólo el 17% del Producto Interno Bruto. Esta tendencia es creciente en el medio plazo y no se espera que se reduzca, por lo que es previsible una crisis fiscal en los próximos años.

Hay que enfatizar que aunque este porcentaje es menor al que prevalece en la actualidad en los Estados Unidos o en la mayoría de los países de Europa Occidental, en donde la deuda es superior al 110% del PIB respectivo. Sin embargo, es importante diferenciar estos casos con México, ya que aquellos tienen una tasa de interés mucho menor y el porcentaje de recaudación es muy superior al que tiene el gobierno mexicano, por lo que el servicio de la deuda es mucho mayor en nuestro país. En conclusión, el servicio de la deuda representa un mayor porcentaje de los ingresos disponibles que tiene nuestro gobierno en comparación con otros países. Otro elemento que hace una gran diferencia es que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea tienen la capacidad de pagar su deuda en la divisa local, que es aceptada en el resto del mundo. La situación es diferente en México, donde la deuda externa debe de ser pagada en su mayoría en dólares. Además, existe el riesgo de que México pierda la calificación soberana de grado de inversión, en cuyo caso habría un ajuste en el tipo de cambio y aumento en las tasas de interés.

Una estrategia exitosa que han seguido diversos países del mundo para enfrentar el desequilibrio fiscal ha sido el propiciar un mayor crecimiento económico, lo que genera más utilidades de las empresas, así como creación de nuevos empleos, con lo que se crea una mayor capacidad de pagar impuestos. En México se está siguiendo una estrategia opuesta, de incrementar la recaudación de los causantes denominados cautivos, como son las grandes empresas, cuyo efecto es reducir la capacidad de estas empresas para incrementar la inversión y consecuentemente una mayor producción futura, lo que elevaría el impuesto a las ventas.

Esta estrategia de incrementar los impuestos a las empresas para poder arreglar el problema fiscal del sector público me recuerda la estrategia de algunas empresas que realizan para enfrentar su problema de pérdidas, ya que en lugar de fomentar sus ventas por medio de nuevos productos o promociones deciden bajar sus costos reduciendo el personal del área de ventas. Esto es debido a que piensan que así pueden mejorar sus utilidades bajando sus costos. Lo que sucede con frecuencia es que bajan aún más sus ventas y se incrementan sus pérdidas, con lo que agravan su crisis financiera.

Por otro lado, el Gobierno mexicano en la actualidad está reduciendo la inversión productiva o realizando la inversión en proyectos que no son productivos, es decir que no generan producción adicional, por lo que no incrementan los ingresos fiscales adicionales. Es decir, se reducen los proyectos privados que incrementarían los ingresos públicos, para canalizar estos recursos a proyectos que elevan la deuda y el gasto público.

Estrategias fiscales exitosas en otros países han sido las opuestas, como en el caso de China o de Irlanda, de Singapur o de Suiza o en el estado de Texas en donde se reducen los impuestos, y se les otorga facilidades a las empresas para adquirir terrenos o se les eliminan trámites, etc. para que inviertan o reinvierten sus utilidades. Además de que se les dan una gran cantidad de facilidades a aquellas que contraten personal adicional. También es frecuente esquemas de apoyo para contratar servicios de agua y electricidad y muchos otros más. Algunos consideran que esto debilita a los gobiernos, pero si se realiza de manera bien pensada, en realidad sucede lo contrario, fortalecen a los gobiernos al disponer de mayores recursos en el mediano plazo.

Artículo de Opinión escrito por Hector De La Miyar Garza | Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario | Vía: @ElIndpendiente

Entre la crisis que agobia a Sinaloa o el estancamiento económico que a todos preocupa, debemos sentirnos alentados por proyectos totalmente diseñados por jóvenes talentosos, con ingeniería, diseño y producción totalmente mexicanos.

Me refiero a estudiantes de la Universidad de Sonora, como el líder del grupo, César Santiago Luna Valle, y su equipo, quienes diseñaron un prototipo de guantes inteligentes equipados con sensores que registran los movimientos de las manos para traducir la Lengua de Señas Mexicana al español mediante voz y texto.

También Ángela Karime Venegas diseñó el extintor Vortex Tech, que apaga fuegos por medio de ondas sonoras. Es una estudiante mexicana de 16 años que desarrolló un sistema capaz de extinguir pequeñas llamas usando únicamente ondas sonoras, y su invento la llevará en octubre a representar a México en la International Science and Invention Fair de Indonesia.

¿De qué forma se les puede apoyar a estos jóvenes inventores? La realidad es que muchos jóvenes enfrentan tropiezos en su camino y no logran llevar a cabo la producción a gran escala de sus inventos ni tampoco crear MiPyMEs.

Aquí es donde el acompañamiento resulta fundamental. Una buena idea necesita algo más que talento y voluntad para convertirse en una empresa viable. Necesita capacitación, herramientas, vinculación, acceso a mercados y una ruta clara para crecer. Ese es precisamente el propósito de Crece Mi Negocio, la plataforma gratuita de COPARMEX que busca acompañar a las MiPyMEs con ayuda de la inteligencia artificial mediante diagnósticos, capacitación, herramientas digitales, vinculación con aliados y rutas personalizadas de crecimiento, con la meta de llegar a 100 mil empresas en todo el país.

Porque apoyar al emprendedor no significa solamente reconocer su esfuerzo o celebrar su innovación. Significa ayudarlo a convertir esa idea en un proyecto sostenible, capaz de generar empleo formal y permanecer en el mercado.

Decenas de emprendedores aún no conocen si será rentable el proyecto y ya son cautivos de contribuciones, antes de generar utilidades.

De nada servirá elevar a ley el decreto de condicionar las ventas a pagos con tarjetas de crédito o débito, me refiero a pagos por medio de transacciones electrónicas, porque en realidad lo que buscan es localizar, por medio de la trazabilidad, la evidencia de la venta para controlar el pago de contribuciones.

Los contribuyentes ya son cautivos. Encontremos el cómo lograr bajar el índice de informalidad sin las severas cargas fiscales que aplastan a las MiPyMEs.

En el momento en que se proteja y se estimule la formalidad, por ende, crecerá la captación de recaudación fiscal en todos sus rubros.

Pero la excesiva burocracia, la sobrerregulación, más los costos asociados que conlleva la formalidad, ahuyentan a esta última y, de alguna forma, propician la informalidad, desincentivan la inversión local y desmotivan el emprendimiento.

Hoy México requiere fortalecer a las MiPyMEs y a los emprendedores, ofreciendo mayores incentivos fiscales y certidumbre en todas las áreas: jurídica, fiscal y de seguridad.

Hace días se presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal para el Fomento de la Inversión, las Exportaciones y el Nearshoring, por parte del diputado federal Eduardo Gaona Domínguez, del partido Movimiento Ciudadano.

La nueva Ley propone crear un sistema permanente de incentivos para atraer inversiones y fortalecer las exportaciones.

El Gobierno federal debe generar condiciones propicias para que las MiPyMEs logren su mayor desempeño, antes de pedir que contribuyan al gasto corriente del aparato gubernamental, sobre todo las de reciente creación. Además, debe destinar recursos para apoyar a jóvenes inventores como César Santiago Luna Valle y Ángela Karime Venegas.

El Paquete Económico 2027 cumple con una tarea inmediata: dar credibilidad a las cuentas públicas en un momento en que enfrentan un margen fiscal cada vez más estrecho y una creciente presión sobre la calificación de crédito soberano. Por eso fue relativamente bien recibido entre analistas, calificadoras y mercados financieros, que han apreciado su realismo, aunque enfatizando las limitadas opciones que tenía la Secretaría de Hacienda.

En esto último radica el problema de fondo que queda por resolver.

El planteamiento permite ganar tiempo y preservar la confianza en las finanzas públicas, pero no modifica las causas estructurales de su debilitamiento. Mientras no sean abordadas, la presión fiscal persistirá.

Desde el inicio del gobierno del partido Morena, en diciembre de 2018, hasta las metas de este Paquete Económico, los ingresos totales presupuestarios han crecido 16.5% en términos reales. En el mismo lapso, el gasto neto total ha aumentado 25.8% real. Esa brecha se traduce en más de 850 mil millones de pesos, casi 2.2% del PIB.

Como consecuencia, en el mismo lapso, la deuda neta total habrá crecido alrededor de 32% real y el costo financiero, 42 por ciento. Así llegamos a un déficit de 5.7% en 2024 —el mayor en cuatro décadas— y, pese a los esfuerzos para reducirlo, a una deuda que se acerca peligrosamente al 60% del PIB.

El objetivo de reducir el déficit de 4.1 a 3.9 por ciento es alentador para el propósito de estabilizar la deuda. Pero no podemos confundir esta contención urgente con la solución del problema fiscal fundamental: gastos con una dinámica creciente propia, muy por encima del crecimiento de los ingresos, limitados estructuralmente por el bajo crecimiento económico.

Tan solo los programas sociales, incluidos compromisos constitucionales como las pensiones no contributivas de los adultos mayores, pasaron de 1% del PIB en 2018 a 2.6%, y seguirán aumentando por razones demográficas. En cambio, la economía ha crecido apenas al 0.8% anual como promedio de siete años. A ello hay que añadir los apoyos a Pemex, CFE y proyectos no rentables del sexenio pasado. Eso es insostenible.

Ese es el problema detrás de la reducción del espacio fiscal, que también se traduce en menos recursos para seguridad, infraestructura, salud, educación e inversión productiva.

El Paquete Económico 2027 plantea un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, esta vez cercano al promedio de las encuestas a analistas. Se espera que con ello y la miscelánea fiscal los ingresos tributarios crezcan 5.9% real y alcancen 15.9% del PIB, el nivel más alto registrado. Sin embargo, ese esfuerzo apenas alcanza para cuadrar las cifras sin alterar la enorme brecha estructural.

No hay nuevos impuestos ni aumento en las tasas. Sin embargo, los nuevos límites a deducciones y el tratamiento de pérdidas fiscales pueden elevar la carga efectiva de muchas empresas, como las que operan con márgenes reducidos de utilidades o aquellas inmersas en ciclos de inversiones intensivas. Pueden aumentar marginalmente la recaudación, pero también resultar contraproducentes en una economía con bajos niveles de inversión y crecimiento.

Estas medidas pueden afectar especialmente a las Pymes formales, que ya enfrentan un incremento en el costo laboral por trabajador de entre 40 y 50 por ciento desde fines de 2018, a lo que se añadirá el de la reducción de la jornada laboral desde el año próximo. Con más carga impositiva, menos deducibilidades y costos al alza, muchas empresas pueden verse orilladas a posponer inversiones o recortar costos, incluso su nómina. Por eso, muchas enfrentan mayores presiones para pasar total o parcialmente a la informalidad.

El aumento en los topes de ingresos del RESICO es una buena noticia, pero es insuficiente para paliar los altos costos de gestión en la formalidad. En la política pública no se están atendiendo las necesidades de las pequeñas empresas. Urgen medidas que les permitan optimizar costos y aumentar su productividad.

No se trata de negar la necesidad de recaudar más, sino de definir de dónde puede y debe venir en los niveles requeridos: de seguir aumentando la carga sobre los contribuyentes cautivos o de construir una economía más dinámica y productiva, con más empresas creciendo y más empleos formales.

Lo que se requiere es una ampliación de la base tributaria a la par que se revisa la calidad del gasto y el fondeo de las obligaciones que están absorbiendo cada vez más recursos públicos, además de tapar fugas innecesarias de dinero y corregir lo que las provoca, como el modelo de negocio de Pemex.

Después de las elecciones de 2027 será inevitable discutir una reforma hacendaria profunda, asociada a otra igualmente necesaria en materia de seguridad social. Pero desde ahora deben construirse condiciones para que México salga del estancamiento.

Ante este desafío, la propuesta de COPARMEX de crear un Consejo Fiscal Independiente cobra especial relevancia. No solo reforzaría la credibilidad de las cuentas públicas y contribuiría a detectar oportunamente riesgos y oportunidades; también podría favorecer una mayor alineación entre el sector público y el privado en torno al objetivo de que México crezca al ritmo que exigen sus necesidades.

Un Estado fuerte, con los recursos necesarios para propiciar el progreso nacional y el de cada mexicano, requiere de la multiplicación y el desarrollo de las empresas. La recuperación del espacio fiscal no va a darse con una economía estancada. #OpiniónCoparmex