Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

Debido a los acontecimientos políticos y militares de los pasados dos meses es complicado para los distintos analistas elaborar pronósticos económicos. Los shocks externos dificultan el análisis de aquellos que tienen el trabajo de elaborar escenarios para la correcta toma de decisiones, en las empresas y en los gobiernos. Tal es el caso actual de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Una causa importante de esto es la carencia de información al respecto, como podría ser conocer la duración del conflicto, la gravedad de la destrucción de las instalaciones en las diferentes naciones y la posibilidad de que otros países se involucren en el conflicto. Es muy diferente el impacto en las diferentes economías si el problema dura solo algunas semanas más o si continúa durante meses o incluso años, como ha sucedido en otros casos. Además, el hecho de que se destruyan instalaciones físicas como puentes, refinerías, plantas desalinizadoras de agua o generadoras de electricidad tendrían un impacto negativo de varios años en los distintos países afectados, hasta que se vuelvan a reconstruir.

Además, estamos presenciando el rompimiento de las instituciones que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial, que han permitido la generalización del sistema de mercado qué, a pesar de todos sus defectos, ha permitido el mayor desarrollo de la humanidad en su historia, así como una reducción de la pobreza que no se podía imaginar hace solo un siglo. 

Por lo mismo existe una gran desconfianza entre los distintos gobiernos, que tardará varios años en superarse. Naciones amigas hace solo algunos años, hoy se tratan como enemigas; se imponen aranceles que imposibilitan el comercio e incluso se vuelven a armar para prepararse frente a posibles conflictos futuros. Por lo mismo es extremadamente difícil poder pronosticar las distintas variables económicas, por lo que las distintas instituciones especializadas realizan en su mayoría solo ajustes marginales, a la espera de más y mejor información.

A pesar de lo anterior es posible obtener algunas conclusiones de lo que puede suceder e impactar a las distintas economías. Una primera conclusión es que el comercio internacional se va a reducir en los siguientes años, por los mayores aranceles, costos de transportación y de producción, así como el mayor riesgo que tendrán las empresas al realizar sus intercambios. Esto se incluirá en los costos y precios de los diferentes productos, es decir, se incrementará la presión inflacionaria, reduciendo así su venta, lo que reducirá el crecimiento en las distintas naciones. Incluso en algunos casos se tendrá recesión, si el conflicto dura varios meses más.

Ante lo anterior era frecuente que los distintos gobiernos siguieran políticas expansivas, es decir, incrementaran su gasto, para evitar la caída en la economía, lo que en algunos casos esto se traducía en mayor inflación. O sea, la alternativa era qué tanto podían incrementarse los precios o cuánto reducirse la economía. Es decir, optar por aceptar inflación o recesión o incluso ambas. 

Sin embargo, la gran mayoría de los gobiernos en las economías desarrolladas se han endeudado de una manera excesiva en las pasadas tres décadas. Mientras el promedio de la deuda era alrededor del 50% del PIB, ahora es cercana al 110%. Por lo mismo, incrementar su gasto equivale a incurrir en mayor deuda, lo que elevará las tasas de interés, agravando así su situación financiera. En este caso, tendrían estanflación, que se define como estancamiento junto a inflación. Cada gobierno que esté muy endeudado tendrá que definir qué prefiere, si mantener algo de crecimiento económico y sufrir un ajuste en los precios, mientras se adapta al nuevo entorno o permitir menor crecimiento o incluso recesión, pero controlar la inflación o ambos. Cada caso será diferente para cada gobierno en los próximos meses y años. Esta no será la disyuntiva para los casos que tienen finanzas públicas y baja deuda pública o están exentos del impacto económico de la guerra, lo cual no es la situación del gobierno de México.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X:@jsierraalvarez

Mientras el debate público gira entre coyunturas políticas, reformas y discusiones de corto plazo, México está acumulando un rezago silencioso que no admite más demora: el bajo nivel de aprendizaje de millones de estudiantes. No es un problema nuevo, pero sí uno que hoy adquiere una dimensión más crítica.

Porque el contexto ya cambió. El mundo avanza hacia economías basadas en conocimiento, tecnología e innovación. La competencia ya no es solo por atraer inversión, sino por contar con el talento capaz de sostenerla. En ese escenario, la pregunta de fondo es que están aprendiendo los estudiantes en las aulas y si ese aprendizaje les permitirá integrarse a un entorno cada vez más exigente.

Hoy, la respuesta no es alentadora. Los resultados educativos muestran un sistema que no está logrando consolidar habilidades fundamentales. Comprensión lectora limitada, debilidad en pensamiento matemático y carencias en capacidades analíticas son señales de un problema más profundo: la falta de un enfoque centrado en resultados.

Durante años se apostó por ampliar la cobertura, y ese esfuerzo permitió incorporar a más estudiantes al sistema. Pero esa política, sin un acompañamiento sólido en calidad, dejó una brecha que hoy se traduce en aprendizaje insuficiente.

El impacto de esta realidad va más allá del ámbito educativo. Cuando las personas no adquieren las competencias necesarias, su inserción en el mercado laboral se vuelve más difícil, la productividad se estanca y las oportunidades de desarrollo se reducen. La educación deja de ser un puente hacia la movilidad social y se convierte en un límite.

A esto se suman condiciones que agravan el problema. Persisten brechas regionales en infraestructura, falta de conectividad y entornos inseguros que afectan directamente la experiencia educativa.

También está el factor de inversión. México se mantiene por debajo de los niveles recomendados internacionalmente en gasto educativo, lo que limita la capacidad del sistema para mejorar, innovar y adaptarse.

Pero quizá el mayor desafío es de enfoque. El sistema educativo sigue operando, en gran medida, bajo una lógica de cumplimiento y no de resultados. Se mide la permanencia, pero no el aprendizaje.

Ahí es donde debe darse el cambio. Desde COPARMEX hemos insistido en que el país necesita colocar el aprendizaje en el centro de la política educativa. Eso implica definir con claridad quédeben saber y saber hacer los estudiantes, medirlo de manera constante y ajustar las estrategias con base en evidencia.

Implica también fortalecer a los docentes, dotar a las escuelas de condiciones dignas y seguras, e incorporar habilidades que hoy son indispensables: pensamiento crítico, capacidades digitales, manejo de datos y aprendizaje continuo.

El progreso hacia un modelo educativo más integral es positivo, pero no suficiente. Sin mecanismos claros de evaluación y mejora, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en intención.

Sin talento, no hay competitividad posible. La educación no puede seguir siendo una conversación secundaria. Es el punto de partida de todo lo demás: crecimiento, productividad, innovación y desarrollo social.

Invertir en educación, pero sobre todo asegurar que esa inversión se traduzca en aprendizaje efectivo, es una decisión estratégica.

Porque al final, el costo más alto no es el de cambiar el sistema educativo. Es el de no hacerlo.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández, Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx  X: @panchosuarezh

Durante la junta de ABAC II / APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Ciudad de México, la semana pasada, uno de los temas centrales que tuvimos fue cómo la economía digital ha transformado la forma en que las sociedades generan valor, intercambian bienes, servicios y se comunican. Este cambio plantea retos y oportunidades, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en imperativo global. En México y toda América Latina, se presentan oportunidades únicas para integrar la energía renovable en este nuevo paradigma económico.

Retos de la Economía Digital

1. Requerimientos de Energía: El crecimiento de la economía digital implica un aumento significativo en el consumo de energía. Las infraestructuras digitales, como los centros de datos y las redes de telecomunicaciones, requieren grandes cantidades de electricidad, lo que puede intensificar la demanda de recursos energéticos tradicionales.

2. Sostenibilidad: La huella de carbono de las empresas digitales y el impacto ambiental de la producción de dispositivos tecnológicos son preocupaciones crecientes que ya se están abordando.

Oportunidades para México y la Región

1. Potencial de Energías Renovables: México tiene un gran potencial en energías renovables, como la solar y eólica. Aprovechar estos recursos puede proporcionar la energía necesaria para impulsar una economía digital sostenible. Con inversiones adecuadas y políticas públicas que promuevan la transición energética, el país puede convertirse en un líder regional del sector.

2. Inversiones en Infraestructura Verde: Al desarrollar infraestructuras que utilicen energía renovable, México puede satisfacer sus necesidades energéticas y atraer inversiones extranjeras que buscan operaciones sostenibles y responsables. Esto puede incluir desde centros de datos alimentados por energía solar hasta empresas tecnológicas que operen en un marco de sostenibilidad.

3. Creación de Empleos Verdes y Digitales: La convergencia entre economías digitales y energías renovables fomenta la creación de empleos en sectores emergentes. Contribuyendo al crecimiento económico y ayudando a cerrar la brecha de desigualdad en el acceso a empleos tecnológicos.

4. Colaboración Regional: La colaboración entre países de América Latina puede potenciar el desarrollo de tecnologías limpias y abordar la infraestructura necesaria para respaldar economías digitales. Iniciativas conjuntas facilitan el intercambio de conocimientos y recursos, fortaleciendo la posición regional en el mercado global.

La conversación sobre economías digitales suele ser superficial: innovación, talento, datos, inteligencia artificial. Pero hay un tema estructural que rara vez ocupa el centro del debate y que, sin embargo, definirá quién lidera esta nueva era: la energía.

Las economías digitales no flotan en la nube; están ancladas a una infraestructura física intensiva en consumo energético. Los centros de datos, la expansión de la inteligencia artificial, las redes 5G y el almacenamiento masivo de información, como mencioné, están disparando la demanda eléctrica a niveles sin precedentes. Tecnologías como el entrenamiento de modelos avanzados de IA o el procesamiento en tiempo real requieren una potencia constante, confiable y, cada vez más, limpia. La ecuación es clara: No hay economía digital sin energía. No hay competitividad sostenible sin energía verde.

México tiene una combinación poco común: ubicación geográfica privilegiada, integración comercial profunda con Estados Unidos y Canadá, abundancia de recursos solares y eólicos, y un ecosistema industrial en evolución. Permitiéndole aspirar a ser consumidor de economías digitales y a convertirse en un hub de infraestructura digital sostenible.

El norte del país tiene uno de los mayores potenciales solares del mundo. El Istmo de Tehuantepec, en el sur, posee condiciones eólicas excepcionales. Si estos recursos se articulan con inversiones en redes inteligentes, almacenamiento energético y marcos regulatorios modernos, México podría ofrecer algo que pocos países pueden: energía renovable a escala, competitiva y cercana a los mayores mercados digitales del planeta.

Esto abre la puerta a un posicionamiento estratégico: atraer centros de datos “verdes”, infraestructura de cómputo intensivo y operaciones digitales de alto valor agregado que requieran conectividad y sostenibilidad.Empresas tecnológicas globales están redefiniendo sus criterios de inversión; buscan ubicaciones donde puedan cumplir sus metas de carbono neutralidad. América Latina, y México en particular, puede ser parte de esa respuesta.

El futuro no será simplemente digital. Será digital y sostenible, o no será viable.

México tiene frente a sí una disyuntiva: ser espectador de la expansión de las economías digitales globales o convertirse en uno de sus habilitadores claves. La diferencia entre ambos escenarios no la marcará únicamente la innovación tecnológica, sino la capacidad de encender esa innovación con energía limpia.

México y la región de América Latina enfrentan retos significativos al tratar de implementar economías digitales sostenibles, pero también cuentan con oportunidades únicas para liderar la transición hacia un modelo energético más limpio. Al aprovechar su potencial en energías renovables y fomentar inversiones en infraestructura verde, la región puede estabilizar su crecimiento económico, contribuir a un futuro más sostenible y equitativo. Esta visión integrada de sostenibilidad y economía digital es fundamental para afrontar los desafíos del siglo XXI y fundamental para:

¡¡¡Detonar miles de nuevos proyectos sostenibles anclados en la economía digital!!!

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

El World Security Congress 2026, celebrado la semana pasada en São Paulo, Brasil, es uno de los encuentros más relevantes para la industria de la seguridad privada a nivel global. Organizado por la Federación Mundial de la Seguridad, reúne a directivos empresariales, especialistas, autoridades, asociaciones internacionales y proveedores de tecnología para discutir el futuro de la protección, la prevención del delito y la gestión de riesgos.

En este encuentro se analizan temas centrales para el sector, como la colaboración entre seguridad pública y seguridad privada, la innovación tecnológica aplicada a la prevención y la construcción de mejores estándares regulatorios. En un entorno marcado por riesgos cambiantes, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y amenazas sobre las cadenas logísticas, este foro permite observar hacia dónde se mueven las mejores prácticas internacionales.

Desde esa perspectiva, la presencia de representantes del sector mexicano, a través de organismos como ASUME y AMESP, que agrupan a un número importante de empresas de seguridad privada del país, permitió revisar experiencias internacionales y contrastarlas con los retos pendientes en México. En muchos países, la seguridad privada forma parte de los modelos de prevención, protección de infraestructura, continuidad operativa y apoyo a la seguridad pública bajo esquemas integrados, regulados y profesionales.

México tiene una industria de seguridad privada con experiencia, presencia territorial y capacidades operativas que deben ser mejor aprovechadas. Hablamos de un sector que genera cerca de 800 mil empleos y que todos los días protege personas, instalaciones, mercancías, parques industriales, comercios, hospitales, escuelas, centros logísticos y eventos masivos.

La visita al Centro Integrado de Comando y Control de São Paulo, conocido como C5 paulista, permite entender esta tendencia. Su modelo operativo integra tecnología, información, protocolos y coordinación entre instituciones públicas y actores privados. La llamada Muralla Paulista conecta cámaras de videovigilancia de empresas privadas con el centro de comando estatal para fortalecer la prevención, la investigación y la reacción ante el delito.

Lo observado en São Paulo muestra que la tecnología funciona mejor cuando está integrada a una estrategia de coordinación. Cámaras, datos, sistemas de monitoreo y centros de comando pueden mejorar la prevención y la reacción, siempre que existan reglas claras, responsables definidos y canales confiables entre autoridades y actores privados.

En México, buena parte de esos retos se expresa en la operación diaria de empresas, comercios, industrias, desarrollos habitacionales y cadenas logísticas. Ahí se advierte la necesidad de mejores sistemas de monitoreo, análisis de riesgos, control de accesos, reacción coordinada y comunicación efectiva con las autoridades. La seguridad privada formal ya participa en muchos de esos espacios, pero su aporte podría ser mayor con reglas comunes, protocolos claros y mecanismos permanentes de coordinación.

El primer desafío es avanzar hacia una coordinación real entre seguridad pública y seguridad privada, con protocolos permanentes, criterios de comunicación, intercambio de información, rutas de reacción y objetivos medibles. La colaboración funciona cuando hay confianza, responsabilidades claras y evaluación constante.

El segundo desafío es la profesionalización. Capacitación continua, certificaciones, estándares éticos, uso responsable de tecnología, inteligencia de datos y supervisión efectiva son elementos indispensables para consolidar al sector.

El tercer desafío es la regulación. México mantiene pendiente una Ley General de Seguridad Privada que homologue criterios, cierre espacios a la informalidad y eleve los estándares de operación. La ausencia de un marco uniforme genera distorsiones, competencia desleal y riesgos para usuarios, trabajadores, empresas y autoridades.

La seguridad privada formal también debe ser vista como parte de la competitividad nacional. México busca atraer inversión, fortalecer su integración con América del Norte y consolidar cadenas productivas de mayor valor. Para lograrlo necesita entornos seguros, corredores logísticos protegidos, infraestructura confiable y capacidad de respuesta frente a riesgos cada vez más complejos.

México cuenta con empresas, personal capacitado y experiencia operativa que pueden aportar a la prevención, al uso de tecnología y a la coordinación con las autoridades. Fortalecer ese aporte es urgente, porque la inseguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la confianza, la inversión y la libertad de las personas.

Desde el sector empresarial debemos asumir nuestra parte. La seguridad privada formal tiene que elevar sus estándares, invertir en tecnología, formar mejor a sus colaboradores y actuar con responsabilidad. Las autoridades, por su lado, deben reconocer el valor estratégico del sector, regularlo adecuadamente y abrir espacios serios de coordinación.

La experiencia en São Paulo confirma que la colaboración, la tecnología y la regulación moderna tienen un papel cada vez más importante en los modelos de seguridad. Integrar mejor a la seguridad privada formal en la estrategia nacional ayudaría a construir entornos más seguros, confiables y competitivos.

Artículo de Opinión escrito por: Juan Antonio López Baljarg | Consejero Delegado de Trabajo y Familia de Coparmex Nacional | Vía: @AuroradeMexico X: @JuanBaljarg

Hoy muchas empresas están haciendo un enorme esfuerzo por sostener su operación en un entorno cada vez más complejo. Enfrentan presión por resultados, dificultades para atraer y retener talento, desgaste de los equipos y una productividad que, en muchos casos, se vuelve frágil. Estos son síntomas visibles, pero pocas veces nos detenemos a observar que detrás de ellos puede existir una dimensión menos evidente que también está impactando el desempeño: la falta de integración entre el trabajo y la vida familiar.

Durante años hemos tratado temas como rotación, ausentismo, estrés laboral o compromiso organizacional como si fueran problemas exclusivamente internos de la empresa. Pero no siempre lo son. Con frecuencia, expresan una desarticulación más profunda entre las exigencias del trabajo y la realidad de vida de quienes sostienen las organizaciones todos los días.

Cuando el trabajo y la familia se viven en tensión permanente, los costos aparecen tarde o temprano. Primero en las personas, luego en sus familias y finalmente en las empresas. Se expresa en fatiga, sobrecarga, dificultad para cuidar, administrar el tiempo o sostener vínculos. Y, aunque esos factores suelen permanecer invisibles en el diseño del trabajo, terminan impactando la operación.

No reconocer esta realidad tiene costos.

Tiene costos para el colaborador, que enfrenta desgaste acumulado. Tiene costos para las familias, que resienten la falta de tiempo, energía o estabilidad. Y tiene costos para las empresas, que absorben los efectos en productividad, clima laboral, retención y desempeño.

La omisión también cuesta.

Por eso, hablar de integración trabajo-familia no es referirse a un tema periférico o de bienestar accesorio. Es hablar de una dimensión estratégica de la competitividad.

Las empresas que están entendiendo esto están transitando de una lógica reactiva a una lógica de diseño. No se trata solamente de “dar prestaciones” o sumar iniciativas aisladas, sino de revisar si la estructura del trabajo favorece o dificulta que las personas sostengan su vida.

Esto puede empezar por tres vías.

La primera es el tiempo: esquemas, flexibilidad razonable y decisiones que reconozcan que administrar el tiempo es también una condición de productividad.

La segunda son los recursos y apoyos: mecanismos que acompañen necesidades reales relacionadas con cuidados, salud o corresponsabilidad.

La tercera es la cultura organizacional: liderazgos, servicios y prácticas que integren esta visión en la manera en que se dirige y se trabaja.

No partimos de cero. Hay empresas mexicanas que ya están avanzando en esta ruta y demostrando que es posible. Cuando estas prácticas se reconocen, se vuelven referentes; cuando se difunden, pueden replicarse.

Esa es, precisamente, la lógica del Ranking de Integración Trabajo-Familia, impulsado por Coparmex.

No es solo un reconocimiento, es una herramienta para conocer, identificar prácticas, visibilizar avances, promover aprendizajes y escalar soluciones.

El ranking permite que las empresas participantes realicen un diagnóstico, sean evaluadas por un comité técnico independiente y, sobre todo, entren en una conversación estratégica sobre cómo fortalecer su cultura y sus prácticas en esta materia. Su valor no está solo en distinguir a quienes lo están haciendo bien, sino en ayudar a construir referentes que otras empresas puedan adaptar y replicar.

Hoy necesitamos pasar de ver la relación trabajo-familia como un tema privado a entenderla como parte de la sostenibilidad empresarial.

Porque empresas más fuertes requieren personas y familias más sostenibles.

Desde Coparmex queremos invitar a más empresas a sumarse a esta edición del Ranking de Integración Trabajo-Familia. No como un ejercicio reputacional, sino como una oportunidad para revisar, aprender y avanzar.

Integrar trabajo y familia no es solo una buena práctica. Es una agenda de competitividad con sentido humano.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

Pocos delitos combinan de manera tan clara el daño económico con el deterioro del entorno social como la extorsión. No sólo afecta a quienes la padecen de forma directa. También altera la operación de los negocios, desalienta la inversión y va minando la confianza que necesita una comunidad para sostener su actividad cotidiana.

En una ciudad como la Ciudad de México, el problema adquiere una escala mayor por la concentración de actividad económica, comercios, servicios y unidades productivas. Cuando la extorsión se expande en un entorno con esta densidad empresarial, sus efectos no se agotan en la víctima inmediata. Se transmiten al empleo, al consumo, a las decisiones de inversión y al ánimo con el que miles de personas salen todos los días a trabajar, abrir un negocio o sostener una operación.

En este marco, el Pacto contra la Extorsión en la Ciudad de México representa un esfuerzo relevante por articular una respuesta de mayor alcance frente a este delito. La iniciativa, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la participación de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, parte de un diagnóstico certero: la seguridad no puede reducirse a una función aislada del gobierno, sino que exige coordinación institucional, involucramiento social y una política sostenida para prevenir, denunciar, investigar y actuar con eficacia.

Uno de los mayores aciertos del pacto es haber convocado a sectores diversos. La presencia de empresarios, académicos, organizaciones civiles, agrupaciones religiosas, medios de comunicación y ciudadanía organizada da cuenta de un enfoque que busca romper el aislamiento en que suele quedar la víctima y reconstruir una red de apoyo, denuncia y confianza.

La participación del sector empresarial tiene un valor especial. Las empresas no sólo padecen este delito con frecuencia, también pueden contribuir a contenerlo mediante organización, prevención y colaboración con las autoridades. Su incorporación al esfuerzo público envía una señal positiva. La seguridad es una condición indispensable para la actividad económica y la estabilidad de la vida urbana.

La extorsión tiene además una dimensión económica que no siempre se subraya lo suficiente. En los hechos, funciona como un impuesto criminal que castiga a quien produce, vende, transporta, invierte o presta servicios. Drena recursos, altera decisiones, reduce márgenes, obliga a modificar rutinas y, en los casos más graves, empuja al cierre o a la informalidad. Para muchas micro y pequeñas empresas no es un costo más, sino un golpe que puede comprometer su permanencia.

Un aspecto relevante del pacto es que no se agotó en el terreno declarativo, sino que incorporó acciones concretas. El fortalecimiento del marco legal, la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, el establecimiento de un centro de atención inmediata, el uso de inteligencia patrimonial y financiera, la protección a víctimas, denunciantes y testigos, así como el reforzamiento de capacidades institucionales, apuntan a una comprensión más completa del problema.

La experiencia internacional también muestra que este tipo de delito exige algo más que operativos aislados o respuestas reactivas. Donde se han logrado avances, el denominador común ha sido la combinación de prevención, inteligencia, participación social y coordinación institucional. En ese sentido, el esfuerzo que hoy impulsa la Ciudad de México apunta en la dirección correcta.

En esa lógica también destacan varias ideas que surgieron durante el acto. Por un lado, la necesidad de que la denuncia deje de ser una carga solitaria y se convierta en un proceso acompañado, cercano y eficaz. Por otro, la importancia de intervenir antes de que el delito se consume, cortar canales de operación y mejorar la capacidad de reacción. También quedó clara la necesidad de articular mejor la información, el análisis y la inteligencia para desactivar redes y proteger de manera más efectiva a las víctimas.

Otro punto que conviene tener presente es la estructura misma de la economía capitalina. La Ciudad de México descansa en buena medida en el comercio y los servicios, con una presencia muy amplia de pequeños negocios expuestos de manera cotidiana al contacto con la calle, con el público y con flujos constantes de efectivo. En ese contexto, la prevención focalizada, la proximidad institucional, la reacción rápida y la protección efectiva a quien denuncia pueden marcar una diferencia real.

También será importante que la estrategia gane precisión territorial y operativa. La capacidad de reacción, la atención inmediata y el trabajo preventivo deben fortalecerse ahí donde este delito se presenta con mayor recurrencia o vulnerabilidad.

De ahí la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México haya decidido colocar este tema entre sus prioridades y abrir un espacio de coordinación más amplio. La exigencia social en esta materia es enteramente legítima. Se trata de uno de los delitos que más dañan la convivencia y de uno de los que con mayor claridad revelan la necesidad de fortalecer capacidades públicas, articular mejor a la sociedad y sostener una estrategia que no dependa de esfuerzos aislados.

El Pacto contra la Extorsión puede leerse, en ese sentido, como un cambio de enfoque. Esa ruta parece correcta. Ahora habrá que sostenerla, evaluarla y traducirla en resultados.

Celebramos esta iniciativa y reiteramos la disposición de sumar experiencia, conocimiento y capacidades tecnológicas a este esfuerzo. La seguridad es uno de los pilares del desarrollo económico y del bienestar social. Sin ella, la inversión se debilita, la actividad productiva se resiente y la prosperidad pierde sustento.

La firma de este pacto envía una señal positiva. Muestra que es posible construir una respuesta más seria y amplia frente a un delito que durante demasiado tiempo ha avanzado sobre el silencio, el miedo y la fragmentación. El reto ahora es mantener la coordinación, garantizar resultados y consolidar este esfuerzo, para que se traduzca en una política eficaz y sostenida. En una ciudad como la nuestra, combatir la extorsión también significa proteger la libertad de trabajar, emprender y vivir con tranquilidad.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

Por años, México ha sido descrito como potencia exportadora anclada a América del Norte. Ahora, entre 2026 y 2028, el país tiene una oportunidad mucho más ambiciosa: 

Convertirse en un verdadero nodo económico entre 4 continentes, dos sistemas productivos y dos velocidades de crecimiento global.

Tenemos el honor de encabezar los consejeros de México, la organización de la reunión del “ABAC” (Consejo Asesor de Negocios de APEC), del 22 al 25 de abril de 2026 en la Ciudad de México. Seguida por la Cumbre de Líderes “APEC,” (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en 2028. Ambas, plataformas estratégicas que pueden redefinir el papel de México en el comercio global.

El nuevo eje económico del mundo

Hoy, el centro de gravedad económico ya no sólo está en el Atlántico. La región Asia-Pacífico concentra cerca del 60% del PIB mundial y alrededor del 50% del comercio global, consolidándose como el principal motor de crecimiento del planeta. 

En este contexto, APEC, más que una cumbre de Líderes de Economías: es el espacio donde se definen reglas, estándares y flujos de comercio, inversión y tecnología que moldean el futuro. 

La misión de APEC es clara: facilitar que bienes, servicios, inversiones y personas circulen con mayor eficiencia entre economías.

México, por geografía y tratados, tiene algo que pocas economías poseen: acceso privilegiado tanto a América del Norte como a múltiples mercados del Pacífico.

ABAC 2026: el laboratorio de oportunidades

Esta cumbre en Ciudad de México en 2026 reunirá a alrededor de 200 líderes empresariales y consejeros de las 21 economías del bloque. 

Su valor está en su función: ABAC es la voz directa del sector privado hacia los jefes de Estado. Lo que se discute ahí se traduce en recomendaciones concretas de política económica y libre comercio.

Los cinco ejes de trabajo:

I…Integración económica regional y comercio del futuro.

II…Innovación, inteligencia artificial y futuro del trabajo.

III…Sostenibilidad, energía y resiliencia productiva.

IV…Salud, inclusión y desarrollo social.

V…Conectividad, finanzas y cooperación regional

Son, en realidad, los vectores de crecimiento del siglo XXI. 

Para México, esto abre oportunidades inmediatas:

• Reconfiguración de cadenas de suministro

Nearshoring ampliado y sostenible. México puede pasar de ser un puente a ser un hub intercontinental que conecte Asia con Estados Unidos.

• Atracción de inversión 

Países como Vietnam, Indonesia o Malasia buscan diversificar riesgos geopolíticos. México puede convertirse en su plataforma de entrada a América.

• Exportación de servicios y economía digital

La agenda digital de APEC abre puertas en fintech, comercio electrónico y servicios tecnológicos.

• Liderazgo en sostenibilidad

Desde economía circular, hasta transición energética, México puede posicionarse como proveedor de soluciones verdes para cadenas globales.

Más importante aún: ABAC 2026 marca el inicio de un proceso estratégico rumbo a 2028. 

2028: el momento de redefinición

La designación de México como sede de la Cumbre de Líderes de APEC en 2028, acordada por las 21 economías miembro y gestión directa del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no es casualidad:

Es un reconocimiento implícito del potencial geoeconómico de México.

A diferencia de otros foros, APEC combina tres dimensiones únicas:

1. Jefes de Estado o Líderes de Economías

2. Ministros económicos

3. Sector privado (ABAC)

Un espacio donde decisiones políticas y oportunidades de negocio convergen en tiempo real.

Para México, el impacto potencial es profundo:

1. Reposicionamiento global

Después de más de dos décadas sin ser anfitrión de APEC, México vuelve al centro del diálogo económico global.

2. Aceleración del libre comercio

APEC no negocia tratados formales, sí impulsa armonización regulatoria, facilitación aduanera y estándares comunes, que en la práctica reducen barreras comerciales.

3. Impulso al “Plan México” y política industrial

Los encuentros permiten presentar proyectos estratégicos ante inversionistas globales en sectores como:

• Infraestructura logística

• Energía

• Manufactura avanzada

• Tecnología

4. Soft power económico

La narrativa importa: México puede redefinir cómo es percibido por las economías de APEC, pasando de ser un mercado emergente a un socio estratégico confiable.

México como puente: de narrativa a realidad

Diversos líderes empresariales han insistido en una idea clave: 

México puede consolidarse como un puente económico entre Asia y América. Esto no ocurrirá automáticamente.

Convertir eventos en crecimiento requiere acción coordinada en tres frentes:

1. Política pública

• Simplificación regulatoria

• Infraestructura logística (puertos, ferrocarriles, aduanas)

• Certidumbre jurídica

2. Sector privado

• Internacionalización de empresas mexicanas

• Integración en cadenas de valor de economías APEC

• Participación activa en ABAC

3. Narrativa país

• Mostrar un México competitivo, innovador y confiable

El impacto puede ser estructural, los eventos de 2026 y 2028; son catalizadores. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, relocalización de cadenas productivas y transformación digital, México tiene ventajas históricamente únicas: ubicación, tratados y timing. Es un hecho que estos foros traerán oportunidades. 

La verdadera pregunta es:

¿Si México sabrá convertirlos en una transformación estructural de su modelo económico?

Si lo hace, dejará de ser solo un socio comercial relevante, para convertirse en un eje estratégico del comercio global del siglo XXI.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Federación Asturiana
de Empresarios (FADE) firmaron el miércoles 22 de abril, un Convenio de Colaboración que
fortalece la cooperación empresarial entre México y el Principado de Asturias, consolidando
una alianza estratégica orientada a aumentar el intercambio comercial entre ambas regiones.

En el marco de la visita a México de una delegación de alto nivel encabezada por Juan José
Sierra Álvarez, Presidente Nacional de COPARMEX, Adrián Barbón Rodríguez, Presidente del
Principado de Asturias, y María Calvo Carvajal, Presidenta de FADE, representantes
empresariales de ambos países sostuvieron un encuentro que afianza el diálogo directo y la
colaboración entre sus sectores productivos.

Durante la firma del convenio, el presidente de la Confederación destacó: “El comercio bilateral
entre México y España supera los 11 mil millones de dólares, dentro de una relación más amplia
entre México y la Unión Europea que rebasa los 88 mil millones de dólares, consolidando a
Europa como el tercer socio comercial de nuestro país. Esto es una evidencia de la confianza
que se tiene, de la integración productiva y de oportunidades compartidas”.

Ambas organizaciones reconocieron a FADE, integrante de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), como una aliada estratégica y homóloga de
COPARMEX en Asturias, lo que posiciona este acuerdo como un puente institucional sólido
para fortalecer la relación empresarial bilateral.

A través de este convenio, impulsarán el intercambio de información, experiencias y mejores
prácticas, así como el desarrollo de iniciativas conjuntas que promuevan la inversión, la
innovación y la generación de empleo, contribuyendo al dinamismo económico de México y
Asturias.

Asimismo, promoverán la realización de encuentros empresariales, foros y espacios de
vinculación que faciliten el contacto directo entre empresas, con el objetivo de identificar
sinergias, consolidar alianzas estratégicas y ampliar su presencia en mercados internacionales.

Reafirmaron su compromiso con la vinculación global del empresariado, al reconocer que la
cooperación internacional fortalece la competitividad y genera condiciones favorables para el
crecimiento económico en un entorno de Estado de Derechos, certeza jurídica y apertura.

Con la firma de este Convenio de Colaboración, COPARMEX y FADE consolidan una alianza
de largo plazo que fortalece la confianza mutua, amplía las oportunidades de negocio y
posiciona a ambas regiones como socios estratégicos en el desarrollo económico internacional.

En el marco de la Mesa de Diálogo Sindical, representantes de 28 organizaciones de trabajadores y 9 organismos y asociaciones empresariales reafirmaron su convicción de que el desarrollo inclusivo de México se construye mediante el
entendimiento, la corresponsabilidad, la colaboración y el compromiso entre quienes conforman el sector productivo del país. Por ello, coincidieron en que el diálogo social es la vía para consolidar acuerdos útiles, sostenidos y con visión de largo plazo.

En una reunión de trabajo que dio continuidad a los esfuerzos iniciados en el primer Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos, celebrado en mayo del año pasado, avanzaron en la construcción de una agenda compartida en favor de México, con enfoque en la productividad, el desarrollo laboral y el progreso de las personas trabajadoras y sus familias.

Los participantes coincidieron en que este tipo de espacios permite construir soluciones compartidas con beneficios concretos para las personas trabajadoras y empleadoras, al promover mejores condiciones laborales, fortalecer la productividad, la competitividad y generar entornos más estables para la actividad productiva.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre temas estratégicos para el país, destacando la importancia de mantener una visión común frente a los retos del entorno económico, la integración regional, el desarrollo del talento y el medio ambiente, reconociendo que la coordinación entre sectores es fundamental para impulsar resultados de largo plazo.

Como parte de estos acuerdos, definieron los términos para la realización del Segundo Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos que marcará un nuevo paso en la consolidación de este diálogo y en la construcción de mecanismos institucionales de colaboración.

El diálogo permanente y el trabajo conjunto entre Trabajadores y Empresarios es la base para la construcción de un México mejor, con pleno respeto al Estado de Derecho, certeza jurídica y condiciones que favorezcan la inversión, el empleo digno y el crecimiento económico. Es indispensable para alcanzar acuerdos que eleven la estabilidad de las personas y consoliden la productividad y competitividad del país.

ANEXO
En este encuentro estuvieron presentes las siguientes Organizaciones Sindicales Nacionales:

1. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).
2. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA).
3. Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT).
4. Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM).
5. Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM).
6. Confederación de Trabajadores de México (CTM).
7. Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).
8. Confederación Obrera Revolucionaria COR.
9. Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
10. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
11. Consejo Nacional Laboral (CONLABOR).
12. Federación Autónoma del Sindicalismo Independiente en México (FASIM).
13. Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA).
14. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
15. Federación Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas (FENASA).
16. Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB).
17. Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).
18. Federación Nacional Sindical “Manuel Carranza Mejía”.
19. Nueva Central de las y los Trabajadores.
20. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
21. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
22. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
23. Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de
    Préstamo Prendario (SNENTNMP).
24. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).
25. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
    Mexicana (SNTMMSSRM).
26. Sindicato Nacional de Trabadores del Seguro Social (SNTSS).
27. Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM).
28. Transformación Sindical (TS).
    Además, se contó con la asistencia de los siguientes Organismos del sector Empresarial:
29. Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
30. Asociación de Sociedades Emisoras de Vales A.C. (ASEVAL).
31. Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE).
32. Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
33. Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO CDMX).
34. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).
35. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
36. Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
37. Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Artículo de Opinión escrito por Rubén Furlong Martínez Presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático de COPARMEX | Vía: @ElIndpendiente X: @RubenFurlongM

El proceso rumbo a 2027 ya empezó: 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y sí, también elecciones judiciales. Y empezó con la definición del árbitro.

Formalmente, a través de la renovación de consejeros del INE. Un proceso que debería ser quirúrgico: técnico, transparente y blindado de cualquier tentación política. Pero hoy no lo es.

Hoy es un proceso que despierta sospechas, que levanta cejas y que, en más de un espacio, empieza a oler más a negociación que a mérito. Y hay que decirlo sin rodeos: cuando se contamina al árbitro, se contamina el juego completo.

No es un asunto menor ni un debate de especialistas. Es, en esencia, una disputa de poder: de quién define las reglas… y de quién decide cuándo se aplican y cuándo se hacen de la vista gorda.

En paralelo, el partido en el poder ya empezó a calentar la cancha. Aspirantes que corren antes del silbatazo, estructuras que operan fuera de tiempo y una narrativa que intenta normalizar la simulación. El llamado de la Presidenta a respetar los tiempos suena más a control interno que a convicción democrática: ordenar la fila, no cambiar las prácticas.

Los demás partidos también están tratando de jugar a lo mismo. El problema no es solo que algunos se adelanten, es que el árbitro parece tener dificultades para marcar la falta y sacar la tarjeta.

La ley electoral mexicana está diseñada para garantizar equidad: que nadie llegue con ventaja indebida. Pero lo que vemos en la práctica es sobreexposición, estructuras paralelas y una competencia desbalanceada que castiga al que sí respeta las reglas.

Por eso, la elección de estos tres nuevos consejeros del INE es crítica.

Primero, porque reconfigura el equilibrio dentro del Consejo General. Y en ese espacio, las mayorías cuentan. Mucho. Un consejo más complaciente puede traducirse en sanciones más suaves… o en silencios estratégicos.

Segundo, porque serán ellos quienes definan las reglas de 2027: qué se permite, qué se sanciona y qué se deja pasar bajo interpretaciones “creativas”.

Y tercero, porque está en juego la legitimidad del propio INE. Si la ciudadanía percibe que el árbitro tiene camiseta, la confianza se erosiona. Y sin confianza, cualquier resultado nace cuestionado.

Hay un último elemento que retrata el momento que vivimos: la posibilidad de que, ante la incapacidad de construir acuerdos, la decisión se tome por insaculación. Un sorteo. Literal.

Evita el reparto directo de cuotas, sí. Pero también exhibe algo más profundo: la incapacidad de la política para ponerse de acuerdo en lo esencial.

El fondo es claro: esta no es una designación más. Es un termómetro de nuestra salud democrática.

Como dijera mi querida Irma Pía: “El peso de la Herradura no es para cualquiera”.

Y eso es justamente lo que está a prueba: si tendremos consejeros con la solvencia técnica y el carácter para resistir presiones… o si veremos operadores políticos disfrazados de árbitros.

Si la ciudadanía termina convencida de que el INE ya tiene dueño, la confianza se va al drenaje. Y con ella, la legitimidad de cualquier resultado.

Porque, al final, no se trata de quién gane en 2027.

Se trata de si, cuando alguien gane, todos creamos que ganó limpiamente.