Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X: @panchosuarezh

En un momento complejo para el comercio internacional: desaceleración económica, fragmentación geopolítica, competencia tecnológica acelerada y la presión por construir modelos de crecimiento más resilientes.

La reunión llega inmediatamente después de ABAC II en la Ciudad de México, donde el mensaje clave del sector privado fue: reducir la incertidumbre y evitar que el mundo continúe avanzando hacia una dinámica de mayores barreras económicas.

Uno de los pronunciamientos más relevantes de la reunión en México fue el envío de una carta a los ministros de Comercio de APEC, en la que ABAC llamó a evitar restricciones comerciales innecesarias que incrementen la incertidumbre económica y afecten la resiliencia de las cadenas de suministro.

Más allá de defender el libre comercio, el planteamiento empresarial apunta a que, si el entorno internacional tendrá incertidumbre, al menos las reglas económicas deben mantenerse previsibles.

La pregunta de fondo que acompaña esta transición entre Ciudad de México y Bangkok:

¿Asia-Pacífico puede seguir siendo el principal laboratorio económico del mundo?

La respuesta de ABAC para 2026 parece resumirse en tres conceptos: Transparencia, Conectividad y Sinergia.

Transparencia: Acelerar el progreso hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), una aspiración histórica de APEC que avanza lentamente.

La diferencia es el enfoque.

En lugar de depender de acuerdos multilaterales, ABAC impulsa entregables concretos que permitan converger estándares comerciales, simplificar operaciones y reducir fricciones regulatorias.

En términos empresariales, significa facilitar que una empresa opere entre múltiples economías con menores costos, mayor interoperabilidad digital y procesos ágiles.

La transparencia deja de ser un concepto institucional y se convierte en una herramienta de competitividad.

Conectividad: Construir una región que funcione como un sistema integrado.

Este eje, es de los más transformadores. ABAC propone fortalecer el Plan de Conectividad mediante tres dimensiones complementarias:

• Redes físicas resilientes.
• Estándares interoperables.
• Vínculos entre personas.

La visión detrás de este enfoque reconoce que la infraestructura del siglo XXI no se limita a puertos, carreteras o aeropuertos. También incluye infraestructura digital, interoperabilidad regulatoria, movilidad del talento y plataformas tecnológicas compartidas.

Una región verdaderamente conectada es aquella donde fluyen datos, inversión, conocimiento y capacidades. En ese terreno, Asia-Pacífico busca mantener su liderazgo como motor de crecimiento e innovación global.

Sinergia: El nuevo frente económico será tecnológico.

El componente más novedoso de la agenda es el énfasis en la cooperación para el desarrollo cuántico responsable, gobernanza tecnológica y alfabetización digital.

Las discusiones empresariales regionales colocan en el centro tecnologías que hasta hace poco pertenecían principalmente al ámbito científico.

Incorporar inteligencia artificial, capacidades cuánticas y nuevas arquitecturas digitales modifica productividad, comercio, logística, servicios financieros y manufactura.

La conversación ya no gira alrededor de adoptar nuevas tecnologías. La discusión es cómo hacerlo con reglas compartidas.

Una de las prioridades del sector privado será aumentar la eficiencia del comercio y la inversión mediante tecnología digital, reducción de costos y barreras, expansión de infraestructura digital, adopción empresarial de inteligencia artificial y construcción de sistemas económicos capaces de resistir futuras disrupciones globales.

Bangkok: más que sede, una declaración económica.

Para Tailandia, esta cumbre es una oportunidad para consolidarse como centro de conectividad dentro de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), al tiempo que proyecta su estrategia nacional del futuro.

Recientemente, el gobierno tailandés insistió en conceptos como competitividad, confianza regulatoria, resiliencia e integración económica internacional como pilares para atraer inversión de largo plazo.

Justamente cuando el mundo debate entre regionalización y fragmentación.

El valor menos visible: conectar sociedades, no sólo economías.

Uno de los aprendizajes más interesantes que deja el ecosistema APEC ha sido la interacción espontánea entre visitantes, empresarios y ciudadanos de distintas economías de APEC con las culturas anfitrionas, que vemos durante la Copa del Mundo.

El comercio funciona mejor cuando existe confianza entre personas.

Porque detrás de cada acuerdo hay empresarios, trabajadores, consumidores, estudiantes y comunidades.

La conectividad humana es la infraestructura más difícil de construir y la más valiosa para sostener el crecimiento.

De Ciudad de México a Bangkok: una señal para el mundo.

La transición entre ABAC II y ABAC III refleja una idea central: Hoy día, resurgen barreras, aumenta la competencia estratégica y se acelera la innovación tecnológica. El sector empresarial de Asia-Pacífico parece apostar por un camino distinto:

menos fragmentación, más integración.

Bangkok puede convertirse en un punto de referencia para definir si la siguiente etapa del crecimiento regional se construirá desde la apertura, la conectividad y la cooperación tecnológica.

Y, en un mundo que acumula incertidumbre, quizá esa sea una de las decisiones más relevantes de esta década.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

La decisión de Estados Unidos de no respaldar por ahora la extensión de 16 años del T-MEC coloca a América del Norte en una fase distinta. El acuerdo no se cancela ni pierde vigencia, pues permanece en operación hasta 2036 y mantiene sus ventajas para las empresas que comercian bajo sus reglas. Sin embargo, el paso a revisiones anuales sí modifica el horizonte de planeación. Para la inversión productiva, la certeza no depende únicamente de que el tratado siga existiendo, sino de que sus reglas ofrezcan estabilidad suficiente para tomar decisiones de largo plazo.

Por eso, la reunión prevista para el 20 de julio debe aprovecharse como una oportunidad concreta para ordenar prioridades, avanzar en los temas ya trabajados y cerrar aquellos puntos donde existan condiciones de acuerdo. Mientras más pronto se definan alcances, tiempos y objetivos de las revisiones, menor será el costo de la incertidumbre para las empresas y los proyectos de inversión.

El sector privado ha planteado una posición responsable. La revisión debe conducirse con diálogo, visión de largo plazo y una agenda técnica que preserve la competitividad regional. Los datos muestran la dimensión del reto. Desde la entrada en vigor del T-MEC, el comercio de América del Norte aumentó 55% y, desde 1994, el intercambio regional se ha multiplicado casi cinco veces. Esta integración ya forma parte de la estructura real de nuestras economías.

Un punto clave es entender con claridad la agenda de Estados Unidos. Washington busca revisar temas que considera pendientes, como el déficit comercial, la recuperación de empleos manufactureros, el cumplimiento de compromisos, las reglas de origen, los sectores automotriz, acerero, agropecuario y energético, así como la seguridad económica en industrias estratégicas. También hay una preocupación explícita por la presencia de insumos asiáticos y posibles triangulaciones que afecten la integración regional. Esos puntos forman parte de la mesa y tienen un peso político interno que México no debe subestimar.

Pero la discusión no se limita al comercio. La revisión del T-MEC ocurre dentro de un marco más amplio de competencia geopolítica, seguridad fronteriza, combate al crimen organizado, migración y reducción de dependencias frente a otras regiones del mundo. México necesita atender esos temas con seriedad. Resolverlos con inteligencia puede fortalecer nuestra posición negociadora y convertir la integración regional en una ventaja más sólida.

México también tiene prioridades legítimas. Debe defender la reducción de aranceles impuestos bajo criterios unilaterales e insistir en que las reglas de origen mantengan una lógica regional, sin elevar costos hasta afectar la competitividad de toda Norteamérica. También debe procurar que las revisiones anuales tengan alcances, tiempos y objetivos claros, con la meta de fondo de resolver los temas pendientes y recuperar cuanto antes el horizonte de certidumbre que permita extender el tratado por 16 años. Al mismo tiempo, debe proponer una ruta para producir más en la región aquello que hoy se importa de otras zonas del mundo.

La vigencia del T-MEC es una ventaja, pero no debe confundirse con una garantía automática de inversión. México no puede confiar únicamente en la inercia del acuerdo. En una etapa de revisiones anuales y mayor competencia por capital productivo, la confianza se construye también dentro del país. Eso exige acelerar decisiones internas que eleven la competitividad, como abrir con decisión la participación del sector privado en energía, acelerar la desregulación efectiva, modernizar aduanas, eliminar barreras no arancelarias y activar medidas procrecimiento que atraigan inversión y devuelva confianza a las empresas.

La economía se fortalece cuando reconoce la iniciativa de las personas, de las empresas, y cuando la relación entre particulares y Estado se basa en seguridad jurídica, políticas acertadas y reglas claras con permanencia suficiente para planear.

La revisión del T-MEC también debe servir para integrar a más empresas mexicanas, especialmente MiPyMEs, así como a las cadenas regionales de valor mediante proveeduría nacional, talento técnico e innovación. El tratado abre la puerta, pero la productividad decide cuánto podemos aprovecharla.

También será indispensable una visión pragmática frente a China. México puede mantener relaciones comerciales amplias con distintos países, pero su prioridad estratégica está en América del Norte. Eso exige controles aduaneros eficaces, trazabilidad, cumplimiento de reglas de origen y una política orientada a producir más en México y en la región. La mejor respuesta a las presiones externas es convertirnos en un socio confiable, productivo e indispensable.

La relación con Estados Unidos debe ir más allá de la comunicación entre gobiernos federales. Hay que continuar fortaleciendo puentes con congresistas, gobernadores, alcaldes, distritos industriales, cámaras empresariales, sindicatos, universidades y comunidades binacionales. En Estados Unidos también existen empresas, agricultores, consumidores y trabajadores que dependen de la integración con México. Una negociación inteligente debe hacer visible que una región integrada reduce costos, protege empleos, fortalece cadenas de suministro y mejora la capacidad de competir frente a Asia y Europa.

El T-MEC sigue siendo una gran plataforma para México. Esta nueva etapa exige cautela, firmeza y preparación. La meta debe ser preservar el acceso preferencial, atender los temas pendientes y construir una región más competitiva. Pero el objetivo de fondo es más amplio. Se trata de generar confianza para invertir, producir, innovar y crear empleos formales. Eso requiere un tratado sólido, una negociación inteligente y cambios internos de fondo. México tiene una oportunidad enorme, siempre que actúe con visión, responsabilidad y sentido práctico.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @El_Universal_Mx X:@jsierraalvarez

Cada 27 de junio, el calendario internacional nos recuerda la existencia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Se organizan foros, se citan cifras espectaculares sobre su aportación al PIB y se les reconoce como el corazón de la economía. Sin embargo, para quienes vivimos el día a día en la trinchera empresarial, este día debería ser una profunda reflexión sobre por qué, siendo el 99.8% de nuestras unidades económicas, las seguimos tratando como un actor secundario en la política pública.

En México, hablar de MiPyMEs es hablar de 19.6 millones de empleos y de la historia de millones de familias que, con un capital mínimo y un esfuerzo máximo, sostienen el tejido social. Pero detrás de este heroísmo empresarial hay una realidad dolorosa: estamos desperdiciando el potencial de quienes realmente construyen el país.

En COPARMEX, hemos decidido dejar de esperar a que otros resuelvan lo que es nuestra responsabilidad. Por eso lanzamos “Crece Mi Negocio”, un ecosistema que utiliza la tecnología para diagnosticar, capacitar y vincular a 100 mil empresas. Pero seamos claros: la labor de la sociedad civil y el sector privado tiene un límite.

El Estado no puede seguir siendo un espectador ante la alta mortalidad empresarial, donde 52 de cada 100 negocios mueren antes de los dos años. Mientras el gran discurso nacional se centra en las grandes inversiones, 4.7 millones de negocios enfrentan día a día barreras que, en cualquier país competitivo, ya habrían sido derribadas por el Estado.

El acceso al financiamiento es, quizá, la herida más abierta. En México, el crédito formal para una pequeña empresa sigue siendo una quimera. La mayoría de nuestros empresarios se financian con recursos propios, apoyo familiar o esquemas de proveedores. ¿Cómo pretendemos que se conviertan en empresas de alto valor si el sistema financiero les cierra la puerta por falta de un historial estructurado? Es una paradoja: pedimos formalidad y crecimiento, pero negamos el combustible indispensable para lograrlo.

A esta asfixia financiera se suma un enemigo mucho más cruel: la inseguridad. Las cifras de #DataCoparmex no mienten y son escalofriantes. Casi la mitad de nuestros socios ha sido víctima de un delito. La extorsión y el cobro de piso son un impuesto criminal que el Estado ha permitido que se normalice. ¿Con qué ánimo va a invertir un pequeño comerciante en digitalización o en nuevos equipos si una parte sustancial de su margen operativo se le va en pagar seguridad privada o en enfrentar la rapiña? Por si fuera poco, nos hemos quedado rezagados en la integración a las cadenas globales.

Mientras el nearshoring nos ofrece una oportunidad histórica, la gran mayoría de nuestras MiPyMEs siguen mirando desde la barrera. Apenas el 5.5% realiza ventas por internet. Estamos en la era de la Inteligencia Artificial y la automatización, pero seguimos sin democratizar el acceso a la tecnología para el pequeño productor.

Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos certeza jurídica, energía suficiente, agua y, sobre todo, una simplificación administrativa que deje de ver al pequeño empresario como un sujeto a fiscalizar y comience a verlo como el aliado estratégico que es. Fortalecer a las MiPyMEs es la mejor apuesta política y económica que México puede hacer. Un México con más y mejores negocios es el único México capaz de crecer.

Artículo de Opinión escrito por: Jorge Peñúñuri Pantoja | Presidente de la Comisión nacional de seguridad y justicia y del Comité jurídico de la Coparmex | Vía: @Excelsior X: @penunuri_jorge

Pocas reformas han generado una discusión tan amplia y profunda como la judicial. Desde su presentación, el debate ha involucrado a especialistas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, universidades, sectores productivos y ciudadanos interesados en el futuro del sistema de justicia mexicano.

Más allá de las distintas posturas que han surgido durante este proceso, existe un punto de coincidencia fundamental: la necesidad de contar con un sistema de justicia que responda de manera más eficiente, accesible y confiable a las demandas de la sociedad.

La reforma judicial representa una transformación de gran alcance para una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Como ocurre con cualquier cambio estructural, sus efectos deberán analizarse con responsabilidad, objetividad y una visión de largo plazo. Reformas de esta naturaleza no se evalúan únicamente por su contenido normativo, sino por la manera en que impactan la vida cotidiana de las personas y la confianza que generan en las instituciones.

Hoy, el reto principal ya no consiste en debatir el contenido de la reforma, sino en observar su implementación y sus resultados. La ciudadanía espera que cualquier cambio institucional se traduzca en una justicia más pronta, más transparente y más cercana a quienes la necesitan. Esa expectativa es legítima y debe convertirse en el principal parámetro para evaluar su éxito.

En este contexto, será indispensable dar seguimiento a indicadores que permitan medir el desempeño del sistema: la atención de los asuntos, la calidad de las resoluciones, la reducción de rezagos, la certeza jurídica y la confianza de la sociedad en las instituciones. Estos elementos serán los que permitan valorar el alcance real de las transformaciones emprendidas.

Asimismo, resulta importante reconocer que el fortalecimiento del sistema de justicia no depende exclusivamente de reformas constitucionales o legales. También requiere instituciones sólidas, personal capacitado, recursos suficientes y una cultura permanente de profesionalización y mejora continua. La construcción de un sistema judicial eficaz es una tarea constante que involucra a todos los actores relacionados con la impartición de justicia.

Tampoco debe perderse de vista que la justicia no depende únicamente de juezas, jueces y magistrados, quienes fueron el centro de esta reforma. Un componente igualmente determinante son las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, ya que constituyen la puerta de entrada al sistema de procuración de justicia. En muchos casos, es precisamente en esta etapa donde las personas enfrentan los mayores obstáculos: procesos lentos, falta de personal, insuficiencia de recursos, carencias en capacitación y condiciones inadecuadas para brindar una atención digna. Corregir estas deficiencias debe ser una prioridad, mediante mayores capacidades institucionales, mejor infraestructura, herramientas suficientes y un trato respetuoso para todas las personas.

Para el sector empresarial, la fortaleza institucional continúa siendo un elemento indispensable para el desarrollo económico. La existencia de reglas claras, mecanismos eficaces para la resolución de controversias y un entorno de certeza jurídica favorecen la inversión, el crecimiento y la generación de oportunidades.

Sin embargo, la relevancia de estos principios trasciende cualquier sector específico. La justicia constituye una garantía para toda la sociedad; es el mecanismo mediante el cual se protegen derechos, se resuelven conflictos y se fortalecen las bases de la convivencia democrática.

Por ello, los próximos años serán especialmente importantes. Más allá de las opiniones o percepciones iniciales, será el funcionamiento cotidiano de las instituciones lo que permitirá valorar el verdadero impacto de esta reforma. La experiencia demuestra que la solidez de un sistema de justicia se construye gradualmente, a través de decisiones consistentes, procesos transparentes y resultados que generen confianza.

México enfrenta una oportunidad relevante para seguir fortaleciendo sus instituciones. El desafío consiste en convertir los cambios normativos en resultados tangibles que respondan a las expectativas de la ciudadanía y contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho.

La discusión sobre la reforma judicial ha sido importante; la evaluación de sus resultados será aún más trascendente. Al final, la confianza en las instituciones no se construye a partir de discursos o promesas, sino de su capacidad para responder con eficacia, imparcialidad y transparencia a las necesidades de la sociedad. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.Pocas reformas han generado una discusión tan amplia y profunda como la judicial. Desde su presentación, el debate ha involucrado a especialistas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, universidades, sectores productivos y ciudadanos interesados en el futuro del sistema de justicia mexicano.

Más allá de las distintas posturas que han surgido durante este proceso, existe un punto de coincidencia fundamental: la necesidad de contar con un sistema de justicia que responda de manera más eficiente, accesible y confiable a las demandas de la sociedad.

La reforma judicial representa una transformación de gran alcance para una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Como ocurre con cualquier cambio estructural, sus efectos deberán analizarse con responsabilidad, objetividad y una visión de largo plazo. Reformas de esta naturaleza no se evalúan únicamente por su contenido normativo, sino por la manera en que impactan la vida cotidiana de las personas y la confianza que generan en las instituciones.

Hoy, el reto principal ya no consiste en debatir el contenido de la reforma, sino en observar su implementación y sus resultados. La ciudadanía espera que cualquier cambio institucional se traduzca en una justicia más pronta, más transparente y más cercana a quienes la necesitan. Esa expectativa es legítima y debe convertirse en el principal parámetro para evaluar su éxito.

En este contexto, será indispensable dar seguimiento a indicadores que permitan medir el desempeño del sistema: la atención de los asuntos, la calidad de las resoluciones, la reducción de rezagos, la certeza jurídica y la confianza de la sociedad en las instituciones. Estos elementos serán los que permitan valorar el alcance real de las transformaciones emprendidas.

Asimismo, resulta importante reconocer que el fortalecimiento del sistema de justicia no depende exclusivamente de reformas constitucionales o legales. También requiere instituciones sólidas, personal capacitado, recursos suficientes y una cultura permanente de profesionalización y mejora continua. La construcción de un sistema judicial eficaz es una tarea constante que involucra a todos los actores relacionados con la impartición de justicia.

Tampoco debe perderse de vista que la justicia no depende únicamente de juezas, jueces y magistrados, quienes fueron el centro de esta reforma. Un componente igualmente determinante son las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, ya que constituyen la puerta de entrada al sistema de procuración de justicia. En muchos casos, es precisamente en esta etapa donde las personas enfrentan los mayores obstáculos: procesos lentos, falta de personal, insuficiencia de recursos, carencias en capacitación y condiciones inadecuadas para brindar una atención digna. Corregir estas deficiencias debe ser una prioridad, mediante mayores capacidades institucionales, mejor infraestructura, herramientas suficientes y un trato respetuoso para todas las personas.

Para el sector empresarial, la fortaleza institucional continúa siendo un elemento indispensable para el desarrollo económico. La existencia de reglas claras, mecanismos eficaces para la resolución de controversias y un entorno de certeza jurídica favorecen la inversión, el crecimiento y la generación de oportunidades.

Sin embargo, la relevancia de estos principios trasciende cualquier sector específico. La justicia constituye una garantía para toda la sociedad; es el mecanismo mediante el cual se protegen derechos, se resuelven conflictos y se fortalecen las bases de la convivencia democrática.

Por ello, los próximos años serán especialmente importantes. Más allá de las opiniones o percepciones iniciales, será el funcionamiento cotidiano de las instituciones lo que permitirá valorar el verdadero impacto de esta reforma. La experiencia demuestra que la solidez de un sistema de justicia se construye gradualmente, a través de decisiones consistentes, procesos transparentes y resultados que generen confianza.

México enfrenta una oportunidad relevante para seguir fortaleciendo sus instituciones. El desafío consiste en convertir los cambios normativos en resultados tangibles que respondan a las expectativas de la ciudadanía y contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho.

La discusión sobre la reforma judicial ha sido importante; la evaluación de sus resultados será aún más trascendente. Al final, la confianza en las instituciones no se construye a partir de discursos o promesas, sino de su capacidad para responder con eficacia, imparcialidad y transparencia a las necesidades de la sociedad.

Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy

Las MiPyMEs enfrentan un riesgo que nadie contabiliza: el ausentismo por enfermedad, los medicamentos no surtidos y la falta de acceso a la salud están silenciosamente doblando las rodillas de empresas que ya caminan al filo.

Hay una causa de muerte empresarial que no aparece en ningún reporte de insolvencia ni ningún contador registra en el balance. No es la falta de crédito. No es la carga fiscal. Es la enfermedad.

La del colaborador que pasa semanas esperando una cita en el IMSS mientras su salud le impide trabajar. La del dueño que no puede ausentarse porque no hay quien lo sustituya. La del equipo que se fragmenta cada vez que alguien necesita atención y el sistema no responde.

Las MiPyMEs generan nueve de cada diez empleos en México. Son la columna vertebral de nuestra economía. Y también son las más expuestas a un riesgo que aún no se ha medido con la seriedad que merece: el impacto real de la enfermedad en su operación diaria.

El doble pago que nadie denuncia

Para las MiPyMEs formales, la salud tiene un precio mensual que llega aunque no se use: las cuotas patronales al IMSS. Para una empresa de diez colaboradores, eso puede representar entre el 30 y el 35% del costo de la nómina. Es una obligación legítima. El problema es lo que ocurre del otro lado.

Cuando el trabajador acude al IMSS y la atención no llega —el medicamento no fue surtido, la cita con el especialista se programa para dentro de tres meses o la incapacidad exige pasar por cinco ventanillas—, el empresario termina cubriendo también la consulta privada o el medicamento de su propio bolsillo. Se paga dos veces por un servicio que debería pagarse una sola vez. Y el IMCO calcula que, solo por diabetes derivada de la obesidad, se pierden más de 400 millones de horas de trabajo al año.

“El empresario de la MiPyME no puede enfermarse. No hay suplente, no hay protocolo, no hay seguro que lo cubra. Su ausencia no es un costo: es una crisis.”

Un dato que no existe, pero debería

El 55% de la fuerza laboral mexicana opera en la informalidad, sin seguridad social. Para esos colaboradores, la única alternativa frente a una enfermedad es asumir el gasto de bolsillo o, simplemente, no atenderse. Ambas situaciones producen el mismo resultado para la pequeña empresa que los emplea: tiempo perdido, producción perdida y rentabilidad erosionada.

Lo que no existe es un dato específico sobre este impacto en las MiPyMEs. No hay una cifra que mida cuántas empresas pequeñas cierran como consecuencia directa de una crisis de salud en su equipo. Ese dato no existe porque simplemente no se ha generado. Desde COPARMEX estamos convencidos de que nombrarlo es el primer paso para resolverlo.

Tres acciones concretas

La primera es cultural: que el empresario entienda que invertir en la salud de su equipo no es un gasto; es continuidad del negocio. Los programas preventivos reducen el ausentismo, aumentan la productividad y fortalecen la retención de talento. No son un lujo; son herramientas de competitividad.

La segunda es política: México necesita esquemas accesibles de cobertura médica para las MiPyMEs, incentivos fiscales para las empresas que implementen programas de salud preventiva y una política pública que reconozca el ausentismo por enfermedad como un problema de competitividad nacional.

La tercera es sistémica: incorporar indicadores de salud laboral con la misma rigurosidad con la que medimos la rotación de personal, la cartera vencida o el margen de utilidad. Lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona termina por cerrar empresas que pudieron haber sobrevivido. 

Una empresa sana no es solo la que tiene buenas finanzas. Es la que tiene gente sana para operar. Salud y economía no son agendas paralelas. Son la misma agenda.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández, Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx  X: @panchosuarezh

Por décadas, los grandes eventos deportivos se han medido por estadísticas conocidas: asistencia, audiencia, derrama económica y momentos memorables dentro de la cancha.

Pero el Mundial de Futbol 2026 tiene una oportunidad distinta.

Por primera vez, tres países compartimos la responsabilidad de recibir el evento deportivo más importante del planeta. México, EUA y Canadá somos anfitriones no sólo de millones de aficionados, sino también de una pregunta mucho más trascendente:

¿Puede Norteamérica demostrar que una región integrada también puede construir un modelo compartido de sostenibilidad?

La respuesta que demos durante las próximas semanas tendrá implicaciones que van mucho más allá del deporte.

El Mundial puede ser recordado como un torneo exitoso o como el momento en que la región elevó su capacidad de colaborar frente a desafíos comunes.

Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que los grandes retos ya no reconocen fronteras:

Ni el clima.

Ni el agua.

Ni la energía.

Ni la movilidad.

Mucho menos el desarrollo sostenible.

Y pocas veces existe una oportunidad tan poderosa como un Mundial para acelerar decisiones que normalmente tomarían años.

El mundial llega en un momento particularmente relevante para Norteamérica. Somos una región profundamente conectada por cadenas productivas, infraestructura, intercambio comercial y flujos humanos. Sin embargo, todavía tenemos margen para avanzar en algo más ambicioso: construir estándares compartidos que eleven la competitividad y la sostenibilidad regional.

El Mundial 2026 puede convertirse en ese punto de inflexión.

El agua: el recurso estratégico que definirá el éxito

Durante mucho tiempo, la conversación sobre sostenibilidad en eventos masivos se concentró en carbono y energía.

Hoy hay un tema igual o más urgente: el agua.

Hablar de estadios sostenibles sin hablar de agua es una conversación incompleta.

La región enfrenta realidades distintas, pero una presión creciente sobre este recurso. Algunas ciudades viven episodios de estrés hídrico, otras enfrentan eventos extremos cada vez más frecuentes y todas tendrán que administrar mejor la demanda futura.

Un Mundial sostenible exige una nueva forma de pensar. No se trata solamente de reducir consumo dentro de estadios.

Se trata de coordinar estándares regionales para eficiencia hídrica, reutilización de agua tratada, monitoreo inteligente, mantenimiento de infraestructura y operación turística responsable.

¿Por qué no aprovechar el torneo para construir metodologías comparables entre ciudades sede?

¿Por qué no establecer indicadores comunes que después puedan aplicarse a aeropuertos, hoteles, centros de convenciones y desarrollos urbanos?

La verdadera innovación no sería tecnológica.

Sería institucional.

Energía renovable: la oportunidad de actuar como región

El segundo gran terreno donde el Mundial puede dejar huella es la energía.

La magnitud del evento demandará enormes capacidades operativas: transporte, hospedaje, iluminación, telecomunicaciones y servicios.

Pero también puede acelerar inversiones que ya son inevitables:

I…México aporta uno de los mayores potenciales solares del continente.

II…EUA continúa liderando el escalamiento tecnológico e innovación energética.

III…Canadá ha desarrollado experiencia valiosa en generación limpia y descarbonización.

Cada país tiene fortalezas distintas.

El desafío es convertirlas en ventajas regionales.

El Mundial podría ser una oportunidad para impulsar corredores energéticos más limpios, infraestructura de carga para movilidad eléctrica, eficiencia operativa y modelos que permitan que las inversiones sobrevivan mucho después del último partido.

Porque el objetivo nunca debería ser construir infraestructura para un mes.

Debería ser construir infraestructura para una generación.

Hospitalidad sostenible: una sola región para recibir al mundo

Hay otro elemento que definirá cómo será recordado este Mundial y rara vez ocupa titulares: la hospitalidad.

Para millones de visitantes, la percepción del torneo no se construirá únicamente dentro del estadio.

Comenzará desde el momento en que crucen una frontera.

Continuará en aeropuertos, hoteles, restaurantes, transporte y espacios públicos.

Ahí existe una oportunidad extraordinaria.

Demostrar que recibir al mundo con responsabilidad puede ser también una ventaja competitiva.

Hospitalidad sostenible significa ofrecer experiencias extraordinarias utilizando menos recursos, generando menos desperdicio e integrando más valor local:

I…Significa impulsar la movilidad eficiente.

II…Favorecer abastecimiento responsable.

III…Promover experiencias culturales auténticas.

El visitante quizá no recuerde cuántos kilowatts consumió una instalación.

Pero sí recordará si vivió una experiencia ordenada, limpia, eficiente y humana.

Y eso también construye reputación regional.

El verdadero marcador estará después del torneo

Los Mundiales pasan.

Las ciudades permanecen.

La pregunta que deberíamos hacernos desde ahora no es cuántos partidos recibiremos.

La pregunta es qué capacidades queremos conservar cuando termine el torneo.

Si México, EUA y Canadá aprovechan esta oportunidad para fortalecer la cooperación, compartir aprendizajes y construir estándares regionales en agua, energía y hospitalidad sostenible, el legado será mucho mayor que cualquier infraestructura física.

El éxito del Mundial 2026 no debería medirse únicamente por los goles.

Debería medirse por nuestra capacidad de demostrar que una región puede competir globalmente y, al mismo tiempo, colaborar para construir un futuro más sostenible.

Porque quizá el triunfo más importante no se levante en una cancha.

Quizá sea demostrar que tres países pueden pensar como una sola región cuando el futuro está en juego y estamos buscando:

¡¡¡Detonar millones de acciones sostenibles adicionales!!!

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que la decisión de Estados Unidos de no respaldar, por ahora, la extensión de 16 años del T-MEC y dar paso al mecanismo de revisiones anuales, coloca al acuerdo en una nueva fase de negociación. En este contexto, consideramos indispensable que el proceso se conduzca con responsabilidad, visión de largo plazo y diálogo permanente para preservar la confianza que ha convertido a América del Norte en una de las regiones más competitivas del mundo.

La propuesta anunciada por el Representante Comercial de Estados Unidos confirma un escenario que ya considerábamos: las negociaciones continuarán mediante revisiones periódicas mientras se construyen acuerdos sobre los temas pendientes. Este mecanismo forma parte del propio tratado; sin embargo, prolongar la incertidumbre puede influir en la planeación de inversiones, particularmente de las empresas que participan en las cadenas regionales de suministro, incluidas aquellas de origen estadounidense establecidas en México.

El impacto del tratado también se refleja en los resultados que ha generado para nuestra nación. Entre 1994 y 2024, el comercio de América del Norte se ha multiplicado casi cinco veces, y desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020, se incrementó en un 55%.

Las consultas públicas realizadas por la Secretaría de Economía también muestran el nivel de integración alcanzado: el 61% de las organizaciones exporta principalmente a Norteamérica bajo las reglas del T-MEC y el 47% obtiene de Estados Unidos y Canadá los insumos que utiliza en sus procesos productivos. Adicionalmente, el 84% de las empresas mexicanas considera que el tratado ha tenido un impacto positivo o muy positivo para sus actividades y para el desarrollo económico del país.

Compartimos esa visión. El T-MEC ha permitido consolidar cadenas de valor altamente integradas que generan competitividad para los tres países. La integración productiva de América del Norte no responde a una lógica de suma cero; por el contrario, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se fortalecen cuando operan bajo reglas claras, certidumbre jurídica y condiciones que favorecen la inversión y el desarrollo de largo plazo.

Ante este escenario, México debe concentrarse en fortalecer aquello que depende de nosotros. Es indispensable consolidar el Estado de Derechos, garantizar seguridad para las personas y las empresas, asegurar energía suficiente, confiable y competitiva, fortalecer la infraestructura logística y ofrecer un entorno que incentive la inversión, la innovación y el crecimiento de las MiPyMEs. En momentos de incertidumbre externa, nuestro país no puede generar incertidumbre adicional desde el ámbito interno.

Asimismo, esta coyuntura representa una oportunidad para que México impulse una agenda de negociación orientada a fortalecer su posición dentro de las cadenas regionales de valor. El objetivo no debe limitarse a preservar el acceso preferencial al mercado norteamericano, sino también a generar las condiciones para atraer inversiones de mayor impacto, incrementar la participación de insumos, componentes y productos fabricados en México en las exportaciones de la región, y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Esto permitirá fortalecer la competitividad de nuestra economía, generar más y mejores empleos, impulsar el desarrollo de proveedores nacionales y de las MiPyMEs, así como propiciar un crecimiento más equilibrado en las comunidades y regiones donde se establezcan las nuevas inversiones.

La revisión del T-MEC debe consolidar una estrategia que fortalezca la competitividad de América del Norte y permita a la región enfrentar con mayor eficacia la competencia global. Esa integración constituye la mejor plataforma para que las empresas mexicanas amplíen su presencia en otros destinos internacionales, impulsen lo Hecho en México y aprovechen plenamente las oportunidades que ofrece el Plan México.

En COPARMEX reiteramos nuestra disposición para contribuir de manera técnica y propositiva durante este proceso. La revisión del T-MEC debe traducirse en un acuerdo más eficiente, con reglas estables y mecanismos que fortalezcan la integración económica de América del Norte.

Esta semana inicia el proceso formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que da sustento a uno de los bloques económicos más dinámicos y competitivos del mundo. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que este proceso representa una oportunidad para consolidar la integración económica regional e impulsar la inversión productiva. La revisión debe orientarse a preservar la certidumbre y fortalecer el entorno que permita a las empresas planear, invertir y crecer con una visión de largo plazo.

Esta semana inicia el proceso formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que da sustento a uno de los bloques económicos más dinámicos y competitivos del mundo. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que este proceso representa una oportunidad para consolidar la integración económica regional e impulsar la inversión productiva. La revisión debe orientarse a preservar la certidumbre y fortalecer el entorno que permita a las empresas planear, invertir y crecer con una visión de largo plazo.

El impacto del tratado también se refleja en los resultados que ha generado para nuestra nación. Entre 1994 y 2024, el comercio de América del Norte se ha multiplicado casi cinco veces, y desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020 se incrementó en un 55%. Adicionalmente, de acuerdo con las consultas públicas de la Secretaría de Economía, el 84% de las empresas mexicanas considera que el T-MEC ha tenido un impacto positivo o muy positivo para sus actividades y para el desarrollo económico del país.

El inicio de esta revisión se da en un contexto que requiere estabilidad para la continuidad del acuerdo. Conforme a los mecanismos previstos en el propio T-MEC, el tratado permanecerá vigente, al menos, hasta 2036, independientemente de los resultados de esta primera revisión. Si bien México y Canadá han manifestado su interés por extender su vigencia por otros 16 años, los escenarios actuales apuntan a un proceso de revisiones anuales, por lo que resulta indispensable preservar la estabilidad y la confianza que requieren las decisiones de inversión. Cualquier escenario de incertidumbre prolongada podría afectar la planeación de proyectos de largo plazo de las empresas establecidas en la región

Por ello, esta revisión debe privilegiar una modernización técnica del tratado y evitar cambios que generen incertidumbre o afecten la planeación de largo plazo de las empresas. Sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero, energético y de infraestructura requieren reglas claras, certeza jurídica y condiciones que fortalezcan la integración productiva de la región. Temas como las reglas de origen y el incremento del contenido regional exigen horizontes de implementación de varios años y no pueden quedar sujetos a ajustes de corto plazo.

La mejor forma de fortalecer la posición negociadora de México es atender los desafíos internos que hoy limitan nuestra competitividad. Es indispensable consolidar el Estado de Derechos, garantizar seguridad para las personas y las empresas, asegurar el acceso a energía suficiente, confiable y competitiva, e impulsar un entorno que favorezca la inversión productiva y el crecimiento de las MiPyMEs, que representan más del 99.8% de las empresas del país y generan cerca del 70% del empleo.

Asimismo, resulta fundamental preservar el carácter técnico del proceso de revisión del T-MEC, y evitar que se contamine con diferencias políticas en la relación bilateral o con coyunturas de política interna que puedan poner en riesgo un acuerdo estratégico para el desarrollo de nuestro país.

El Plan México constituye una oportunidad para fortalecer las capacidades productivas nacionales, promover lo Hecho en México y consolidar cadenas de valor con un mayor contenido nacional. El reordenamiento de las cadenas globales de suministro ya está beneficiando a nuestro país. De acuerdo con el IMCO, con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México ha incrementado su participación frente a China en 22 de los 32 principales sectores de importación estadounidense, particularmente en equipo de transporte, electrónicos, maquinaria industrial, plásticos y muebles.

Al mismo tiempo, es momento de profundizar la integración económica regional y ampliar la presencia de México en mercados estratégicos. Las oportunidades identificadas durante la reciente misión empresarial de COPARMEX en Europa confirman el interés de organismos empresariales e inversionistas por consolidar su relación con nuestro país. La diversificación de mercados, la internacionalización de las empresas mexicanas y la atracción de nuevas inversiones deben ampliar las oportunidades de crecimiento para México.

Al mismo tiempo, es momento de profundizar la integración económica regional y ampliar la presencia de México en mercados estratégicos. Las oportunidades identificadas durante la reciente misión empresarial de COPARMEX en Europa confirman el interés de organismos empresariales e inversionistas por consolidar su relación con nuestro país. La diversificación de mercados, la internacionalización de las empresas mexicanas y la atracción de nuevas inversiones deben ampliar las oportunidades de crecimiento para México.

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís, Presidente del Comité de Propuesta Económica de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

Ginebra, Suiza. – Los gobiernos justifican su existencia otorgándole a las habitantes de sus países varios beneficios, entre los cuales resaltan la impartición de la justicia, el crear un entorno de seguridad, así como el respeto a la propiedad y el propiciar un entorno de bienestar a la población, entre otros. Un mecanismo importante para lograr estos es tener una economía con crecimiento, es decir, un incremento constante en la producción de bienes y servicios en la sociedad, lo que permite la creación de empleos y mayores ingresos para la población y para los mismos gobiernos. Con los mismos se puede crear y mantener fuerzas de seguridad, de justicia y policial, el poder crear obras de infraestructura que permitan incrementar la inversión privada, así como mecanismos para mejorar la salud de la población. Si un gobierno no puede proporcionar este entorno, pierde su principal razón de existencia; por lo que en países con democracia pierden las elecciones, como sucede en la actualidad en varios países europeos. En donde no existe la democracia ni se respetan las elecciones, la “gente vota con sus pies”, es decir sale de su país, como ha sucedido en Venezuela en los últimos años.

Son varios los factores que propician crecimiento económico, destacando el incremento en los factores de la producción, como es la fuerza de trabajo y la acumulación del capital, es decir la inversión, así como su productividad, es decir, incrementar la producción con la misma cantidad de factores de producción.

Al revisar la información del crecimiento destaca su baja tasa en los países europeos, por ejemplo, la zona euro crece menos del 1% al año, mientras que China tiene una tasa superior al 5%, lo mismo que la India, Taiwan e Indonesia entre otros países de la zona. Por su parte, Latinoamérica tiene tasas significativamente menores causadas, como decía un maestro mío en la universidad, por el virus del socialismo, que consiste en creer que se puede mejorar el nivel de vida sin esforzarse ni trabajar, por lo que se castigan las fuentes del crecimiento.

Una importante fuente del crecimiento es el incremento de la población en edad de trabajar con educación de calidad. Sin embargo, los datos muestran una importante caída en la tasa de nacimientos e incluso de la población total en varios países europeos, lo que influye en la reducción de la actividad económica en el presente y en el futuro. Se estima que para que la población se mantenga estable debe tenerse una “fecundidad media” de 2.1 en el país, pero el dato es inferior a este número en la mayoría de los países de este continente. Por ejemplo, en Bélgica es de 1.4, en Italia 1.2, en España 1,24, en Suiza 1.45. Por otro lado, en Estados Unidos es de 1,6, en Corea del Sur 0.76 e Incluso en México se ha reducido de manera importante en los pasados años y ya es de 1.85. En contraste, es superior a 4 en la mayoría de los países del continente africano.

En Europa se discute este tema y hay varios mecanismos para tratar de incrementar el tamaño de la población y así elevar la producción e incrementar el consumo, pero esto está generando presiones políticas en la dirección contraria. En algunos países se siguen políticas de puertas abiertas para recibir inmigrantes, sobre todo de Medio Oriente y Africa, pero es frecuente que tengan problemas para su incorporación a la sociedad por el idioma y la baja capacidad técnica y educativa. Incluso en Suiza se votó hace unos días una propuesta para limitar el tamaño de habitantes que puede tener el país en el futuro, pero rechazada. Por otro lado, el gobierno otorga programas de apoyo económico a quienes no tienen trabajo e incluso les dan cursos técnicos o por otro lado, se otorgan apoyos en efectivos a parejas por el número de hijos que tienen.

Aunque esto son paliativos, no se enfrenta un grave problema que tienen estos países, que son las excesivas regulaciones y restricciones, así como los elevados impuestos a las empresas, lo que dificulta la inversión y el crecimiento. En contraste, está el caso de Irlanda, que ha realizado un cambio drástico en sus políticas fiscales y tiene uno de los mayores crecimientos del PIB per cápita, mismo que se ha triplicado en los últimos 25 años, al facilitar la inversión privada. Esto debería ser un ejemplo para México y así salir del actual estancamiento que tenemos.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

El pasado 27 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de abril de 2017, al reconocer el papel de las MiPyMEs en la innovación, la creatividad, el trabajo decente, la formalización, el acceso a mercados y el desarrollo de capacidades empresariales y financieras.

La conmemoración permite reconocer a millones de personas que todos los días emprenden, invierten, generan empleo y enfrentan condiciones que muchas veces no corresponden al esfuerzo que realizan.

En México, esta realidad tiene una dimensión enorme. Cerca del 99% de las unidades económicas corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas que concentran más del 70% del personal ocupado. Detrás de esos números hay talleres, comercios, empresas familiares, prestadores de servicios, pequeños industriales, emprendedores digitales y negocios que sostienen la vida económica de sus comunidades.

Las tendencias globales muestran que este universo empresarial ha dejado de estar limitado a los mercados locales. En todo el mundo surgen empresas de menor tamaño con mayor capacidad de adaptación, apoyadas en plataformas digitales, comercio electrónico, inteligencia artificial, redes de colaboración y modelos de negocio más flexibles. Muchas nacen desde una comunidad específica, pero pueden vender, comprar, aprender o vincularse con clientes y proveedores fuera de su región e incluso fuera de su país.

Esta transformación tiene una relevancia particular para México. Por la amplitud de su universo MiPyME, cualquier avance en digitalización, financiamiento, capacitación e integración productiva puede tener efectos significativos sobre el crecimiento, el empleo y la formalidad. Además, el T-MEC y la relocalización de cadenas abren espacios para que más empresas se conviertan en proveedoras, profesionalicen su operación, cumplan estándares y participen en mercados regionales.

También hay una dimensión humana que debe conservarse. Mientras la automatización avanza, las MiPyMEs mantienen una ventaja que ninguna plataforma puede reemplazar plenamente. La cercanía con el cliente, la confianza construida en la comunidad, el trato directo, la reputación personal y la capacidad de responder con agilidad a necesidades concretas. En ese contexto, el impulso a las mujeres empresarias resulta fundamental. Muchas de ellas encabezan negocios que sostienen hogares, generan empleo local y construyen redes de apoyo.

La conmemoración también llama a tomar decisiones. El país enfrenta un desafío de fondo. La productividad mantiene un desempeño insuficiente y el crecimiento económico que México requiere será impensable si no se fortalece a quienes sostienen la mayor parte de su actividad productiva. El reto consiste en usar mejor el trabajo, el capital, los insumos, la tecnología y el talento disponible. Para lograrlo, este segmento debe contar con herramientas reales para digitalizarse, financiarse, capacitarse, certificarse, innovar y conectarse con nuevos mercados.

Esta discusión también tiene una dimensión social. Los avances en bienestar solo son sostenibles cuando descansan en una economía capaz de generar valor, empleo formal, productividad e ingresos propios. Ningún país puede sostener por largo tiempo mejoras sociales si su base productiva se debilita. Por eso, apoyar a las MiPyMEs no es una agenda sectorial. Es una condición para que el crecimiento llegue a más comunidades y para que las familias encuentren en su propio esfuerzo una ruta estable de progreso.

La informalidad es otro reto central. Más que un problema de incumplimiento, esta realidad expresa barreras de entrada demasiado altas, trámites complejos, inseguridad, falta de financiamiento, baja capacitación y ausencia de acompañamiento técnico. Formalizar debe significar abrir puertas al crédito, a la seguridad social, a mejores mercados, a mayor productividad y a una vida empresarial más estable.

La inseguridad también pesa sobre la base productiva. Extorsión, robo de mercancías y delitos informáticos lastiman a las empresas, encarecen la operación, inhiben la inversión y afectan la confianza. Una empresa que destina más recursos a protegerse tiene menos capacidad para contratar, innovar, capacitar o crecer.

Por eso, esta agenda productiva debe partir de una idea clara. El Estado debe crear condiciones para que las personas y las comunidades productivas desplieguen sus capacidades. Debe garantizar seguridad, Estado de Derecho, reglas claras y trámites sencillos. Debe acompañar donde sea necesario, sin sustituir la iniciativa social ni absorber lo que la sociedad puede realizar por sí misma.

Se necesita una política integral y de largo plazo para este universo empresarial. Acceso a financiamiento con mecanismos de garantía, capital semilla y crédito asequible. Simplificación regulatoria que reduzca costos y tiempos. Programas de capacitación práctica. Digitalización orientada a resultados. Impulso a la innovación, patentes y adopción tecnológica. Compras públicas con participación efectiva de empresas pequeñas. Desarrollo de proveedores para integrarlas a cadenas regionales y globales de valor.

Desde Coparmex hemos asumido esa tarea como parte central de nuestra agenda. Crece Mi Negocio busca acompañar a miles de empresas mediante diagnóstico, capacitación, herramientas digitales, vinculación estratégica y rutas personalizadas apoyadas en inteligencia artificial.

La mejor forma de reconocer a las MiPyMEs es facilitar su permanencia y crecimiento. Reconocer al empresario que abre cada mañana su cortina, al emprendedor que arriesga sus ahorros, a la familia que sostiene un negocio, al joven que encuentra su primer empleo y a la comunidad que se fortalece cuando una empresa permanece.

México necesita más inversión, más productividad, más formalidad y más confianza. Buena parte de esa respuesta está en la base empresarial que ya existe. Si las MiPyMEs crecen, México crece desde sus comunidades, con empleo, innovación, arraigo y oportunidades reales para millones de familias.