Artículo de Opinión escrito por: Juan Antonio López Baljarg | Consejero Delegado de Trabajo y Familia de Coparmex Nacional | Vía: @ElIndpendiente X: @JuanBaljarg

Un empresario recibe una llamada. Del otro lado hay una amenaza y una exigencia económica. Quizá paga, quizá denuncia, quizá decide guardar silencio. Al terminar el día, cierra la cortina de su negocio y regresa a casa. Pero el problema no se queda ahí. El miedo regresa con él.

Esa escena se repite todos los días en nuestro país. Y estamos viendo apenas una parte del problema. De acuerdo con el INEGI, 97% de los casos no se denuncia ni se registra.

La extorsión no es un delito secundario. Es una amenaza para las personas, pero también para la continuidad de las empresas. Y para comprender realmente su impacto, necesitamos mirar más allá de lo que sucede dentro de un negocio.

Porque un negocio nunca es solamente un negocio.

Detrás de una pequeña empresa puede estar el patrimonio que una familia construyó durante años. Los ahorros de una pareja. El proyecto que comenzó una generación y que espera continuar la siguiente. La posibilidad de pagar una casa, sostener la educación de los hijos o construir un futuro con mayor estabilidad.

Pero alrededor de esa empresa existen también otras familias.

Cada colaborador que depende de ese negocio lleva a casa un ingreso que permite cubrir necesidades, construir patrimonio y desarrollar su propio proyecto de vida. Una empresa que genera cinco, veinte o cien empleos representa también cinco, veinte o cien historias familiares que, de distintas maneras, dependen de su capacidad para seguir operando.

Por eso, cuando la extorsión amenaza la continuidad de una empresa, el daño se expande mucho más allá de sus estados financieros.

Una empresa puede recuperar una pérdida económica. Mucho más difícil es recuperar la tranquilidad.

El miedo modifica decisiones. Puede detener una inversión, cancelar un proyecto de crecimiento, cambiar rutinas, impedir una contratación o llevar incluso a cuestionarse si vale la pena continuar. Poco a poco, la incertidumbre comienza a sustituir esa capacidad profundamente humana de imaginar y construir el futuro.

Y ahí aparece un costo que difícilmente cabe en una estadística.

La extorsión no solamente quita dinero. También roba tranquilidad, confianza y libertad. Al empresario que comienza a preguntarse si es seguro seguir creciendo. Al colaborador que teme por la continuidad de su fuente de trabajo. Y a las familias que terminan compartiendo una preocupación que comenzó dentro de un negocio.

Combatir la extorsión significa proteger la actividad productiva y la libertad de emprender. Pero significa algo todavía más profundo: significa proteger a las personas y a las familias que todos los días encuentran en una empresa la posibilidad de trabajar, crecer y construir su futuro. 

• El Paquete Económico 2027 debe establecer una ruta viable para reducir el déficit, contener el endeudamiento y recuperar el espacio fiscal sin sacrificar la inversión productiva.
• Los recursos públicos deben dirigirse a seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura que eleven la productividad, generen empleo formal y detonen inversión.

Desde  la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que el Paquete Económico 2027 debe ser una oportunidad para dejar atrás la inercia presupuestaria y colocar el gasto público al servicio del crecimiento económico. 

México necesita finanzas públicas ordenadas, pero también recursos que atiendan los rezagos que hoy limitan la productividad, la inversión y la generación de empleo formal. Por ello, esperamos que la propuesta que se presente al Congreso de la Unión establezca prioridades claras y decisiones que permitan recuperar la confianza en el rumbo económico del país.

En los próximos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ante esta discusión, se debe construir una ruta creíble para reducir el déficit y contener el endeudamiento, sin recurrir a recortes indiscriminados que disminuyan la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades fundamentales. 

En materia de ingresos, consideramos indispensable mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos. La consolidación de las finanzas públicas debe sustentarse en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y el fortalecimiento de la base de contribuyentes, sin trasladar nuevas cargas a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

En lo referente al gasto, no podemos seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social. Cada peso gastado debe responder a una necesidad concreta y generar valor para los mexicanos, por lo que resulta indispensable eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Esta revisión también debe alcanzar a las Empresas Públicas del Estado. Pemex y CFE son estratégicas para México, pero requieren esquemas que garanticen su viabilidad financiera y operativa. No podemos comprometer recursos públicos de manera recurrente sin planes claros de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Los recursos destinados a estas empresas deben responder a objetivos verificables y evitar que sus necesidades financieras reduzcan el margen disponible para atender otras prioridades nacionales.

Al mismo tiempo, el presupuesto debe privilegiar la inversión que permita remover los obstáculos que limitan el crecimiento. Seguridad, salud y educación deben contar con los recursos necesarios para cumplir su función, mientras que energía, agua e infraestructura logística, digital y de transporte requieren inversiones capaces de elevar la productividad y facilitar nuevos proyectos. Una mayor capacidad en estos sectores permitiría aprovechar las oportunidades de inversión, fortalecer las cadenas productivas y generar más empleos formales.

La misma lógica debe aplicarse al endeudamiento. Contratar deuda es válido cuando se destina a proyectos con rentabilidad económica o social comprobable, pero no cuando se utiliza para sostener de manera permanente el gasto corriente. México necesita recuperar margen de maniobra en sus finanzas públicas y asegurar que cualquier recurso adicional comprometido tenga un propósito definido, resultados medibles y beneficios duraderos para la sociedad,  sin rebasar límites de endeudamiento que podrían poner en riesgo la estabilidad económica.

En la Confederación esperamos que el Paquete Económico 2027 envíe una señal clara de responsabilidad y visión de largo plazo. Reorientar el gasto público permitirá generar certidumbre, movilizar inversión, destrabar proyectos y generar las condiciones necesarias para que el sector productivo crezca y cree más empleo formal.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @laprensaoem X: @Armando_ZunigaS

Antes de que una fábrica inicie operaciones, una escuela abra sus puertas o un comercio reciba a sus primeros clientes, muchas veces ya hay una persona encargada de vigilar el acceso, cuidar las instalaciones y prevenir riesgos. Su trabajo suele pasar inadvertido, aunque forma parte de la vida diaria de millones de personas y permite que numerosos centros de trabajo funcionen con mayor seguridad.

En el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos obtenidos del INEGI, había en México más de 866 mil vigilantes y guardias en establecimientos, 48 mil más que un año antes. El crecimiento fue de 5.9 %, mientras el total de personas ocupadas en el país aumentó 1 %.

Si se agregan los vigilantes y porteros en casas particulares y otros trabajadores dedicados a la protección y vigilancia, la cifra se acerca a las 900 mil personas. Es una fuerza laboral enorme que está presente en escuelas, hospitales, tiendas, hoteles, oficinas, fábricas, centros de distribución y espacios públicos.

La seguridad también requiere mucho trabajo que no vemos, por ejemplo, las funciones de supervisión, administración, capacitación, monitoreo, desarrollo de sistemas, instalación y reparación de equipos, entre otros, además, cada servicio necesita organización, tecnología y personal preparado para responder. Por ello las empresas de servicios de investigación, protección y seguridad emplean más de 600 mil personas, de ellas 77 % son vigilantes y guardias.

En los últimos doce meses, el número de vigilantes y guardias creció 3.8 %, lo cual nos hace ver que se requiere de personal operativo suficiente y también supervisores, capacitadores, técnicos y especialistas que respalden su trabajo. Un área de oportunidad que cada vez se especializa y ofrece nuevas oportunidades de trabajo.

Por otra parte, hay vigilantes y guardias en todas las actividades económicas, por ejemplo, hay poco más de 45 mil de ellos en escuelas públicas, cerca de 28 mil en el autotransporte de carga, casi 22 mil en asociaciones y organizaciones y más de 20 mil en tiendas de autoservicio y departamentales. La vigilancia está presente en prácticamente todos los espacios donde estudiamos, trabajamos, compramos o recibimos un servicio.

Aunque los datos no permiten saber en todos los casos qué empresa paga al trabajador, cuál es su relación contractual o el sitio exacto donde presta el servicio, lo que queda claro es que la protección atraviesa una parte muy amplia de la economía y de la vida cotidiana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social dice que en julio de 2026, los servicios de protección y custodia tenían 467 mil puestos de trabajo registrados que equivalen a 2.1 % de todo el empleo afiliado al Instituto. Es una parte de la economía formal de gran tamaño que puede seguir creciendo con esquemas cada vez más especializados.

Por otra parte, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal reportó 6 mil 302 empresas de seguridad privada registradas ante instituciones estatales en 2025. Para integrar esa cifra tomamos de la Ciudad de México el último dato disponible, correspondiente a 2024, de los servicios más frecuentes encontrados son la protección de bienes y personas, el monitoreo electrónico y el traslado de bienes o valores.

El INEGI, el IMSS y el Censo miden aspectos diferentes, por lo que sus cifras no deben sumarse ni restarse; deben ser vistas en conjunto, para que ayuden a entender el tamaño del sector.

Este esfuerzo es más importante ahora que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce a los servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública. Ese avance debe traducirse en reglas claras, mejores registros, requisitos comunes en todo el país y canales permanentes de comunicación con las autoridades.

La formalidad también protege al trabajador, pues quien cumple una función de vigilancia debe contar con seguridad social, capacitación, equipo adecuado, supervisión y protocolos claros. Las empresas que contratan estos servicios deben reconocer esos costos y elegir proveedores que cumplan la ley. Cuando el precio es el único criterio, se abren espacios para la simulación, la competencia desleal y empleos sin la protección necesaria.

La capacitación debe incluir prevención de riesgos, primeros auxilios, protección civil, derechos humanos, atención al público, manejo de crisis y uso responsable de la tecnología. Cámaras, controles de acceso, geolocalización y centros de monitoreo pueden mejorar la seguridad, siempre que estén acompañados por personas preparadas para utilizarlos y actuar con responsabilidad.

Detrás de cada uniforme hay una persona que cuida vidas, empleos, instalaciones y bienes. Reconocer a quienes realizan esta labor también implica mejorar sus condiciones de trabajo y elevar la calidad de los servicios. Desde ASUME seguiremos impulsando la formalidad, la capacitación, la innovación y la colaboración con las autoridades. Fortalecer a esta fuerza laboral ayuda a proteger a las familias, mantener abiertas las empresas y construir un México con más seguridad y mejores oportunidades.

Las reformas que se discutirán incidirán directamente en la inversión, la innovación, la competitividad y el empleo formal, por lo que su impacto en las empresas, especialmente en las
MiPyMEs, debe evaluarse con responsabilidad.

Legislar bien implica asegurar que los beneficios de una norma superen los costos de su implementación.

Paquete Económico y Miscelánea Fiscal 2027: Tendrán efectos transversales sobre las empresas, especialmente a través de las decisiones fiscales y presupuestarias. Rechazamos cualquier reforma fiscal que incremente innecesariamente las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión. El Paquete Económico debe priorizar la competitividad, fortalecer el empleo formal y generar condiciones de certeza para quienes invierten, producen y generan oportunidades en México.

Protección de derechos de autor y propiedad industrial: Las iniciativas en materia de derechos de autor y propiedad industrial merecen especial atención debido a su potencial impacto en el ecosistema digital y las empresas involucradas. Es fundamental que cualquier modificación en la legislación preserve la certeza jurídica y no imponga cargas excesivas a los proveedores de internet, evitando así que se desincentive la inversión y se alteren las condiciones de competencia. Las medidas deben equilibrar la protección de los derechos de propiedad intelectual con un entorno que fomente la innovación y el crecimiento empresarial.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: Ante la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, consideramos indispensable conciliar la protección ambiental con la certeza jurídica, la viabilidad técnica y el fomento a la inversión, especialmente al tratarse de una ley
que articula más de 10 disposiciones en materia ambiental. En el Congreso deben abrirse espacios de diálogo y Parlamento Abierto con el sector empresarial para construir un marco moderno, ágil y transparente, que reduzca la sobrerregulación, evite la discrecionalidad en trámites y autorizaciones y fortalezca la competitividad de México con responsabilidad ambiental.

Ley de Inversión Extranjera: Desde COPARMEX reconocemos la importancia de salvaguardar la soberanía nacional; sin embargo, advertimos que la reforma a la Ley de Inversión Extranjera podría introducir un esquema de control y discrecionalidad que podría llegar a comprometer la certeza jurídica y el clima de negocios en México. Condicionar las inversiones mayores al 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad, aplicar la negativa ficta ante el silencio administrativo e imponer sanciones desproporcionadas de hasta 200 mil UMAS, crearía trabas burocráticas que restan competitividad, vulneran la certidumbre para el nearshoring y pueden contravenir compromisos internacionales enmarcadas en el T-MEC.

Regulación de la Inteligencia Artificial: Será uno de los asuntos de mayor relevancia para las empresas. Las nuevas disposiciones tendrán efectos en su operación y costos, por lo que México debe garantizar certeza y protección sin frenar la innovación, la inversión tecnológica ni el desarrollo de nuevas soluciones.

Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos: Ante la legislación secundaria que discutirá el Congreso, consideramos indispensable que los procesos de opinión con las comunidades tengan reglas claras, transparentes, plazos definidos y certeza jurídica, evitando la incertidumbre o la parálisis en proyectos estratégicos y de inversión que generan desarrollo en las regiones más necesitadas. Exhortamos al Poder Legislativo a construir, mediante un Parlamento Abierto, un marco que garantice los derechos de las comunidades y, al mismo tiempo, impulse inversiones sostenibles que generen empleo formal y progreso duradero en sus territorios.

Traslado de menores en transporte terrestre: Las nuevas disposiciones impactarían directamente a las empresas de transporte y logística. Su discusión debe considerar las condiciones operativas del sector y establecer reglas viables que garanticen la seguridad de los menores sin imponer obligaciones desproporcionadas.

Lactancia extendida: La propuesta de ampliar hasta 24 meses el periodo de lactancia en empresas con más de 50 empleados tendría efectos en la organización laboral. Es necesario evaluar su alcance, viabilidad e impacto en los centros de trabajo, considerando que plantea un periodo poco común en el ámbito internacional.

Seguros: Ampliar el acceso a seguros puede fortalecer la estabilidad financiera de las MiPyMEs. Contar con mecanismos para enfrentar riesgos permite proteger inversiones, preservar empleos y mantener la continuidad de los negocios ante situaciones adversas.

Estado de Derechos y certeza jurídica
Reformas secundarias en materia judicial: Las propuestas derivadas de la reforma constitucional al
Poder Judicial deben perfeccionarse para garantizar certeza jurídica y fortalecer la confianza necesaria
para la inversión. Es fundamental que las leyes secundarias impulsen la profesionalización y especialización de los perfiles, simplifiquen el proceso electoral y fortalezcan los mecanismos de investigación, evaluación y transparencia de los juzgadores. Con ello, cualquier cambio en la estructura judicial deberá contribuir a un sistema más confiable y a un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico.

Reformas en materia anticorrupción: Fortalecer la transparencia y la integridad institucional puede
recuperar la confianza y mejorar la relación entre autoridades y empresas. Las nuevas disposiciones
deben ser claras, proporcionales y aplicables, sin generar cargas innecesarias para la actividad empresarial.

Legislación secundaria reforma Constitucional Intervención extranjera: El fortalecimiento de la
democracia y del Estado de derecho es esencial para atraer inversión. Por ello, COPARMEX dará seguimiento a la legislación secundaria de esta reforma, tanto en su discusión en el Congreso como en su implementación por parte de las autoridades electorales, para evitar que se convierta en una herramienta política para desacreditar candidaturas ganadoras, lo cual generaría incertidumbre y desconfianza en el Estado mexicano. Cualquier modificación debe preservar la certeza jurídica y evitar disposiciones que desincentivan la inversión o alteren las condiciones de competencia.

Nombramiento de la persona que sustituirá a la exmagistrada Mónica Soto: Tras su renuncia, queda
vacante un espacio clave en el TEPJF de cara al proceso electoral de 2027. Consideramos indispensable que sea ocupado por un perfil técnico, con amplio reconocimiento en materia electoral y alejado de cualquier ideología política.

Postura COPARMEX
En COPARMEX reconocemos la relevancia del próximo periodo ordinario de sesiones y deseamos éxito al Congreso de la Unión. La agenda tendrá efectos en la inversión, la innovación, el empleo y la operación de las empresas, por lo que insistimos en nuestro llamado para que su discusión se conduzca con responsabilidad y visión de largo plazo.

México necesita un Poder Legislativo que escuche a quienes invierten, emprenden y generan empleo, y que evalúe con rigor los efectos de cada disposición. Legislar implica medir costos, prever impactos y asegurar que las nuevas obligaciones sean viables.

Por ello, se debe privilegiar el diálogo, el análisis técnico y la construcción de acuerdos, así como garantizar certeza jurídica y evitar cargas regulatorias innecesarias, particularmente para las MiPyMEs.

Además, será necesario garantizar presupuestos
adecuados para instituciones como el Instituto Nacional Electoral y las Fiscalías, así como dar seguimiento a los nombramientos de las Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para asegurar que cuenten con las capacidades para cumplir sus funciones.

Reiteramos nuestra disposición para participar de manera responsable y constructiva. Queremos un Congreso que legisle para el futuro, de certeza a la inversión y genere condiciones para que las empresas crezcan, innoven y creen más empleos formales.

Es indispensable que todos hagamos un esfuerzo para recuperar la confianza y la inversión ya que de acuerdo con #DataCOPARMEX, el ánimo para invertir en México se desplomó a su nivel más bajo desde que COPARMEX mide este indicador: apenas 23% de los socios considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos porcentuales frente al año anterior. Entre los principales obstáculos se encuentra la incertidumbre política, con 16.6%, que se ubica como el tercer factor que más condiciona las decisiones empresariales.

Artículo de opinión escrito por, Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario e Islas | Vía: @elsolde_mexico

México se piensa a sí mismo como un país abierto, y lo es: tratados por todo el mundo, la frontera más transitada del planeta, puertos por donde sale lo que producimos y un Caribe que atrae visitantes de todas partes. Y, sin embargo, el empresario que vive de esa apertura es hoy el que menos confía en el futuro inmediato.

La medición 2026 de #DataCoparmex lo dice sin rodeos: solo 23.0% de los socios considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos en un año, la mayor que hayamos registrado. Uno esperaría que las entidades fronterizas, portuarias e insulares —las primeras en sentir cualquier oportunidad global— encabezaran la lista. Aparecen al final.

La explicación cómoda sería el entorno: aranceles, incertidumbre global y revisión del T-MEC. Pero cuando se le pregunta al empresario qué lo detiene, no habla de mercados lejanos. Habla de trámites que no avanzan, de permisos que dependen de quién esté en la ventanilla y de mercancía que no llega completa a su destino. Que la extorsión sea hoy el delito más frecuente contra las empresas, y que en uno de cada cinco casos el cobro lo haya hecho una autoridad o alguien que aparentaba serlo, dice más que cualquier índice. Lo que frena no viene de afuera: viene de adentro y, por eso, es corregible.

Dos estados del mismo golfo lo ilustran mejor que cualquier argumento. En Quintana Roo, la mitad de las empresas vivió algún acto de corrupción: la cifra más alta del país, justo en la región que más divisas turísticas genera. En Campeche, esa incidencia es de 11.8%, la más baja de México, y la confianza para invertir está entre las mayores. Misma costa, misma vocación marítima, resultados opuestos. La diferencia no es la geografía ni el presupuesto: es si las reglas se cumplen igual para todos.

Ahí está el verdadero costo. Una empresa dedica 72.1 horas al mes a atender el marco regulatorio, tiempo que no se invierte en producir, contratar ni exportar. Pero lo más caro no se mide en horas, sino en la decisión que nunca se toma: la sucursal que no se abre, el contenedor que se ruteó por otro puerto, el socio que eligió otro país.

Hay un dato en esta medición que me parece el más revelador, y no es un porcentaje alarmante. Al preguntar a los empresarios en qué campo les gustaría crecer, la expansión internacional aparece como la opción de menor preferencia. En un país cuya principal ventaja competitiva es su ubicación, nuestras empresas están mirando hacia adentro. Eso no es prudencia: es una renuncia.

No se corrige con discursos sobre el nearshoring, sino con lo único que alguien necesita para arriesgar su patrimonio a diez años: certidumbre. Reglas claras, plazos que se cumplen, autoridades que no cobran de más, corredores por donde la carga llegue entera. La frontera, el puerto y la isla no piden trato preferente; piden que el país funcione con la seriedad con la que ellos compiten cada día. Lograrlo convertiría el desarrollo regional en lo que siempre debió ser: la agenda de crecimiento de México.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X: @XimenaCespedesA

Hace unos años, cuando trabajaba en el manejo de una crisis mediática, aprendí algo que no se olvida: la palabra “veraz” puede convertirse en un arma, según quién la empuñe. No es lo mismo que un periodista se equivoque a que un funcionario decida, desde su escritorio, que esa equivocación merece una multa. Esa distinción —entre el error humano y la censura con sello oficial— es exactamente lo que está en juego en la consulta pública que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el pasado 27 de julio y que concluye este 21 de agosto.

El propósito es noble: proteger los derechos de las audiencias. Nadie debería oponerse a que la ciudadanía reciba información veraz y oportuna, a que se distinga con claridad entre opinión y noticia, entre publicidad y contenido editorial, o a que exista una persona defensora que escuche las quejas del público. Son derechos reconocidos desde 2013 en el artículo 6° constitucional y es momento de que operen de verdad. Hasta ahí, el consenso es amplio.

El problema no está en el propósito. Está en la letra chica.

Los lineamientos que propone la CRT facultan a la autoridad para calificar qué información es “veraz” y cuál no. Y ahí es donde una buena intención puede convertirse en una herramienta peligrosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado con claridad: las opiniones no pueden someterse a un juicio oficial de verdad o falsedad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU va todavía más lejos y advierte que cualquier ley que imponga una “verdad oficial” es, por definición, incompatible con la libertad de expresión. No se trata de una opinión aislada: es parte de los estándares que durante décadas ha construido el sistema interamericano de derechos humanos.

A esto se suma un dato que no es menor: a diferencia del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, la CRT está adscrita al gobierno federal. Eso significa que quien terminaría definiendo qué es información veraz —con capacidad de imponer sanciones de hasta el 1% de los ingresos anuales de una empresa— responde, en última instancia, a la misma esfera de poder que los medios están llamados a vigilar y cuestionar. Ese conflicto estructural no se resuelve con buenas intenciones.

Tampoco ayuda la vaguedad. Los conceptos de información “falsa” o “descontextualizada” siguen sin definirse mediante criterios objetivos y verificables. Y cuando una norma no establece con precisión qué conducta se sanciona, cuál es la consecuencia ni ante qué autoridad puede defenderse una persona, dejamos de hablar de regulación y comenzamos a hablar de discrecionalidad. La historia del periodismo en América Latina está llena de ejemplos de cómo la ambigüedad normativa puede terminar funcionando como censura sin necesidad de censurar: basta con que el medio o el comunicador decida que no vale la pena correr el riesgo. Eso tiene nombre: autocensura. Y una vez que comienza, es casi imposible medir todo aquello que dejó de decirse.

Hay, además, una asimetría que llama la atención: la propuesta es exigente con los medios comerciales, pero guarda silencio sobre los medios públicos y sobre el propio Estado. Si la veracidad y la rendición de cuentas son principios universales, deberían aplicarse por igual.

Nada de esto significa que la autorregulación de los medios sea perfecta ni que debamos resistirnos a rendir cuentas frente a nuestras audiencias. Al contrario: los códigos de ética, las personas defensoras de las audiencias y los mecanismos de queja ya son, para la mayoría de los medios serios, una práctica cotidiana. Lo que no podemos aceptar es que la vigilancia del contenido editorial —el fondo de lo que se dice, no solo la forma en que se dice— quede en manos de un árbitro con incentivos políticos y reglas ambiguas.

La mejor defensa de una audiencia no es un funcionario que le diga qué creer. Es una ciudadanía con criterio propio, informada por medios responsables y libres, capaz de distinguir por sí misma entre un dato y una opinión, entre una fuente confiable y una que no lo es. Tratar al público como si no pudiera ejercer ese criterio es, paradójicamente, una de las formas más eficaces de debilitarlo.

Estamos a tiempo de corregir el rumbo.

México enfrenta un momento que exige diálogo, unidad y capacidad para construir propuestas desde todos los sectores de la sociedad. Con esa convicción, COPARMEX anunció la realización del Encuentro Nacional COPARMEX León 2026, un espacio que buscará poner en el centro de la conversación nacional los retos que enfrenta nuestro país y la responsabilidad que se tiene desde el sector empresarial para aportar soluciones.

Del 4 al 6 de noviembre, León y Guanajuato recibirán a más de 700 participantes en el evento más importante del año para COPARMEX. Durante esos días se desarrollará una agenda de conferencias, diálogos y espacios de vinculación empresarial que tendrá como eje el lema “Una sola COPARMEX por un México en Paz y con Desarrollo”, con Poliforum León como sede principal y actividades complementarias en distintos espacios de la ciudad y de Guanajuato capital.

Durante la rueda de prensa, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, destacó: “Queremos que este Encuentro sea una oportunidad para escucharnos, para construir puentes y para demostrar, una vez más, que desde las empresas también construimos país, impulsamos desarrollo y contribuimos al futuro que todos los mexicanos merecemos. Desde COPARMEX, hacemos un llamado a sumar esfuerzos, a construir acuerdos y a trabajar juntos por un México con paz, desarrollo, competitividad y oportunidades para todos. Los empresarios estamos listos para aportar, para proponer y para actuar”.

Michel Sojo Quiroz, Presidente de COPARMEX León, subrayó: “Desde el sector empresarial sabemos que el desarrollo necesita inversión, innovación y talento, pero también seguridad, certeza jurídica y condiciones que permitan a las empresas crecer, competir y generar empleos formales. Estos temas requieren diálogo y trabajo conjunto entre empresarios, sociedad y autoridades. Queremos que este Encuentro deje resultados concretos: nuevas relaciones empresariales, ideas útiles, oportunidades de negocio y una visión más amplia de lo que León y Guanajuato pueden aportar al desarrollo de México”.

Por su parte, Juan Pablo Becerra Alcacio, Director General de Economía del Municipio de León, señaló: “En León confiamos en nuestros empresarios, confiamos en quienes todos los días invierten, emprenden, arriesgan, generan empleos, innovan y hacen que nuestra economía se mueva. Y es por eso que trabajamos con una visión económica integral, con una visión que busca atraer nuevas inversiones, pero también fortalecer a las empresas que ya están aquí, apoyar a las MiPyMEs. Tenemos claro que el desarrollo económico se construye haciendo equipo con quienes generan oportunidades, y COPARMEX es un aliado fundamental en esta tarea”.

A su vez, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, Subsecretario para el Desarrollo de las MiPyMEs, resaltó: “El crecimiento económico se debe reflejar en las familias. Ese trabajo conjunto que hacemos nos hace cada vez mejores y también imparables. Eso es algo fundamental que tenemos que cuidar. Guanajuato suma un nuevo proyecto que es complementario del actual plan de gobierno de la presente administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2024-2030. Y en esa suma que estamos buscando, está el fortalecimiento integral de las MiPyMEs,
un fortalecimiento que tiene que ser iniciado, pero, lo más importante, que haya un seguimiento”.

En representación de la Gobernadora del Estado de Guanajuato, Armando Emmanuel Gasca García, Subsecretario de Promoción Turística, enfatizó: “Cuando Gobierno, iniciativa privada y sociedad organizada compartimos objetivos y trabajamos en una misma dirección, multiplicamos nuestra capacidad para generar desarrollo y bienestar para nuestra gente. Por eso nos da mucho gusto acompañarnos en el lanzamiento de este Encuentro Nacional COPARMEX León 2026, que colocará a Guanajuato en el centro del diálogo empresarial de México y reunirá aquí a quienes generan empleo, invierten, innovan y participan activamente en la construcción del país”.

El programa reunirá a especialistas y líderes con experiencia en economía, seguridad, diplomacia, política, innovación, liderazgo empresarial y análisis social. Entre los ponentes se encuentran Juan Miguel Zunzunegui, Bernardo Zambrano, Martha Bárcena Coqui, Eduardo Sojo Garza Aldape, Sergio Fajardo Valderrama, Juan Pablo Castañón, Francisco Javier Fernández, Raymundo Riva Palacio y Carlos Pérez Ricart, quienes participarán en conferencias y diálogos sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta México.

La agenda estará centrada en los grandes desafíos que enfrenta México, con conferencias y diálogos sobre paz y cohesión social, innovación, competitividad, inversión, seguridad, diálogo social, relación con Estados Unidos, perspectivas del T-MEC, equilibrio institucional rumbo a 2027 y el papel de nuestro país como plataforma para la inversión global. Estos espacios buscarán generar una conversación plural y propuestas que contribuyan a construir mejores condiciones para el desarrollo nacional.

Con el Encuentro Nacional, COPARMEX busca abrir un espacio plural para escuchar distintas voces, fortalecer relaciones, intercambiar experiencias y convertir las ideas en propuestas que contribuyan a un México con mayor seguridad, certeza, competitividad y oportunidades.

Artículo de Opinión escrito por: Francisco Suárez Hernández | Consejero Delegado de Enlace Político y Legislativo de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_Mx X: @panchosuarezh

Hay proyectos que comienzan con una idea, otros nacen de una inquietud algunos se construyen durante años, y a partir de experiencias y de lapregunta:

¿Qué planeta estamos dejando a las siguientes generaciones?

Estoy muy feliz de compartir uno de esos sueños.

Después de imaginarlo mucho tiempo y de años de trabajo, reflexión, investigación, escritura y muchas conversaciones, he concluido y publicado mi primer libro:

Travesía hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta.

Comienza una nueva etapa, una travesía que nos pertenece a todos.

Una de las ideas centrales del libro es:

La sostenibilidad no es un destino. Es un viaje continuo.

La sostenibilidad como métrica de la vida, debe convertirse en la métrica de nuestras decisiones y de nuestra propia existencia.

El planeta que recibimos es prestado

Comencé el libro desde un lugar profundamente personal, mi familia.

Con una idea que me ha acompañado siempre:

“Antes de nacer, le presté este planeta a mi padre, quien antes se lo encargó a mi abuelo. Ambos, científicos estudiosos e investigadores, cumplieron con el deber intergeneracional de vivir y trabajar para conservar el entorno y mejorarlo.”

Mis hijos: la razón más poderosa para actuar

Mi carta compromiso y una parte especialmente importante de este libro está dedicada con gratitud a mis hijos, Pancho, Alex y David.

Hablar de cambio climático, puede perdernos fácilmente entre indicadores.

Cuando pensamos en nuestros hijos, estos datos adquieren rostro.

¿Qué responderemos cuando nos pregunten qué hicimos cuando todavía teníamos oportunidad?

Mi hermano, Una travesía compartida

En esta historia familiar ocupa un lugar muy especial Luis, mi amigo de vida. Su participación representa algo muy significativo:

Recordar que las grandes travesías rara vez se recorren completamente solos.

El honor de un prólogo por José Antonio Fernández Carbajal

Quiero expresar mi infinito agradecimiento a José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de FEMSA.

Por años he admirado en su liderazgo una idea fundamental: la generación simultánea de valor económico, social y ambiental, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones.

La disyuntiva entre crecimiento económico y sostenibilidad es falsa.

Generar valor económico es indispensable, y debe acompañarse de la creación de valor social y ambiental.

No son tres agendas diferentes. Son tres dimensiones de una misma responsabilidad.

Urgente: Del sobregiro financiero al sobregiro planetario

Vivimos en sobregiro de los recursos naturales del planeta.

Ninguna familia, empresa o gobierno puede sostener indefinidamente consumir más recursos de los que genera.

Consumimos recursos y generamos residuos, como si nuestra cuenta ambiental fuera ilimitada.

Transferiremos esa deuda ambiental, a: nuestros hijos y generaciones futuras.

De grandes acuerdos a pequeños gestos

Nuestros actos individuales nunca serán demasiado pequeños para importar.

Millones de personas tomando mejores decisiones todos los días.

Cerrar una llave.

Separar residuos.

Reutilizar.

Consumir responsablemente.

Cuidar un árbol.

Utilizar energía eficientemente.

Cambiar nuestros patrones de movilidad cuando sea posible.

Educar con el ejemplo.

Participar en nuestra comunidad.

Exigir mejores políticas.

Transformar nuestras empresas.

Pequeños actos aislados, se convierten en hábitos que transforman sociedades. Los gestos cotidianos pueden convertirse en acciones trascendentales y masivas.

Una responsabilidad de todos

El llamado del libro es para que participen todos:

Sector privado, con capacidad de innovación, inversión y transformación escalables

Sector público, construyendo políticas, incentivos e infraestructura.

Sector educativo, formando a quienes tomarán las decisiones del futuro.

Comunidad científica, necesitamos conocimiento.

Organizaciones de la sociedad civil, movilizando comunidades

Emprendedores, muchas de las soluciones que necesitamos todavía están por inventarse.

Medios de comunicación y las redes sociales, comunicar, de manera efectiva y creativa.

Cada persona, todos consumimos, votamos, educamos, trabajamos y dejamos huella.

Compartimos planeta y responsabilidad.

Hoja de ruta hacia un futuro diferente

Este libro ofrece una hoja de ruta para construir un futuro con elementos base: conciencia, acción y transformación.

Necesitamos construir sociedades capaces de generar oportunidades económicas, reducir desigualdades, fortalecer comunidades y, simultáneamente, regenerar y proteger los ecosistemas.

Los tres pilares que atraviesan el libro:

valor económico, valor social y valor ambiental.

Dejar un planeta mejor del que recibimos

La próxima semana tendré el lanzamiento oficial del libro en la Ciudad de México.

Un momento muy especial, me entusiasma iniciar una conversación con quienes asistan a esta nueva etapa y compartir el mensaje central:

Tenemos la responsabilidad de dejar un planeta mejor del que recibimos.

Este libro me recordó a mi padre, madre y a mis abuelos y mi propia historia. Pensé profundamente en Pancho, Alex y David; en el mundo que les corresponderá vivir.

Cada generación recibe temporalmente el planeta y está obligada a entregarlo en mejores condiciones.

¿Quién nos prestó este planeta?

¿Qué queremos que esa siguiente generación diga de nosotros?

Ojalá podamos decir que fuimos la generación que entendió que economía, sociedad y medio ambiente iban juntos.

Que entendimos la sostenibilidad como una forma de vivir.

Travesía hacia un mundo sostenible es mi primer libro, pero deseo que su mensaje trascienda sus páginas.

El verdadero objetivo no es terminar de leerlo.

Es comenzar a actuar.

La travesía ya empezó.

Y todos estamos invitados a formar parte de ella.

De cara al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos necesario hacer un balance de la administración federal y poner en el centro los resultados que impactan la vida de las personas y las condiciones para invertir, producir y generar empleo formal.

En este análisis, reconocemos avances que pueden fortalecer la posición de México frente al entorno internacional, pero también señalamos desafíos y riesgos de retrocesos que requieren atención inmediata. Es importante distinguir entre los avances que deben consolidarse y los pendientes que no pueden postergarse.

AVANCES

T-MEC: mantener abierto el diálogo para fortalecer la integración. Valoramos la disposición del Gobierno de México para mantener abierto el diálogo con Estados Unidos y Canadá de cara a la revisión del T-MEC. La integración regional representa una de las principales oportunidades para México y requiere una estrategia que preserve el acceso a los mercados, fortalezca las cadenas de suministro y genere condiciones para atraer mayor inversión productiva.

Política exterior: fortalecer los vínculos para impulsar el comercio. Reconocemos el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú y el acercamiento con España, dos socios relevantes para México, así como la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Estos avances deben traducirse en más intercambio comercial, misiones empresariales y mayor certidumbre para las inversiones.

Plan México: una oportunidad que debe traducirse en inversión. Reconocemos la estructuración de polos y proyectos de desarrollo con un enfoque que impulsa a las regiones, pero el reto es pasar a la ejecución, con infraestructura, inversión y condiciones que permitan incorporar a más MiPyMEs a cadenas de valor.

Apertura al diálogo: construir acuerdos con el sector productivo. Valoramos la apertura de espacios de diálogo con el sector empresarial y otros actores de la sociedad, así como el reconocimiento de que el exceso de trámites inhibe el crecimiento económico y la apertura de negocios. México necesita recuperar una visión de colaboración que permita construir soluciones de largo plazo y generar políticas públicas con conocimiento de la realidad que enfrentan las empresas y los trabajadores.

Salario mínimo: Un logro del diálogo social y la participación empresarial. El acuerdo alcanzado en la CONASAMI para 2026 demuestra que es posible mejorar el ingreso de los trabajadores mediante el diálogo entre empresas, trabajadores y Gobierno. El incremento del salario mínimo general a 315.04 pesos diarios, impulsado con la participación de COPARMEX, permite que el ingreso cubra por primera vez el 100% de la línea de bienestar familiar, lo que significa que un trabajador que percibe el salario mínimo puede cubrir las necesidades básicas
de su familia.

LOS RETOS

Seguridad: detener la extorsión y atender las desapariciones. La estrategia de seguridad ha mostrado avances en algunos delitos, pero persisten pendientes que no pueden postergarse. De acuerdo con la más reciente información de #DataCoparmex, 1 de cada 2 empresas en el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026, fue víctima de un delito y la extorsión encabeza la lista. A ello se suma la desaparición de más de 132 mil 800 personas. Por ello, esperamos acciones concretas para contener estos delitos, porque sin seguridad no hay confianza, inversión ni condiciones para crecer.

Inversión productiva: el indicador que no despega. La inversión fija bruta, la que sí amplía la capacidad productiva, fue de 21.2% del PIB en el primer trimestre de 2026, por debajo del 22.7% de un año antes y lejos de la meta de 25% del Plan México. La inversión privada cayó a 17.9% del PIB, su menor nivel desde 2020, y la pública fue de 3.3%. Además, solo 23% de los socios de COPARMEX considera que es buen momento para invertir.

Inversión extranjera directa: cifra récord que no es inversión nueva. La Inversión Extranjera Directa alcanzó niveles históricos, pero son registros administrativos de flujos ante la Secretaría de Economía que no se traducen automáticamente en plantas ni maquinaria: al primer semestre de 2026 solo 7.8% corresponde a nuevas inversiones. México necesita convertir esos flujos en proyectos nuevos, más empresas y más empleos formales.

Energía y agua para crecer. México requiere garantizar condiciones básicas. Necesitamos energía y agua suficientes, confiables y competitivas para los parques industriales y proyectos de relocalización. Sin infraestructura y capacidad adecuadas, las inversiones pueden trasladarse a otras regiones o países. El reto es anticipar la demanda, acelerar proyectos estratégicos y asegurar un crecimiento económico responsable y sostenible.

Certeza jurídica: recuperar la confianza para invertir. La inversión requiere reglas claras, instituciones confiables y condiciones para tomar decisiones de largo plazo. Cuando existe incertidumbre sobre las reglas, los derechos o los contratos, se debilita la confianza. México necesita fortalecer el Estado de Derecho y la formación, evaluación y profesionalización de las personas juzgadoras para garantizar certeza a ciudadanos y empresas

Empleo formal: la mejor política social debe estar en el centro. El empleo formal es el mejor programa social y debe ser una prioridad nacional. De enero a julio se generaron 243 mil 78 nuevos puestos afiliados al IMSS, menos de la mitad de los 700 mil necesarios en el periodo. Para recuperar el dinamismo del empleo debemos fortalecer a las MiPyMEs, que enfrentan barreras de apertura, formalización, financiamiento, productividad, digitalización y competitividad, así como acciones que las blinden contra la extorsión.

Gestión responsable de las finanzas públicas. Los recursos públicos deben traducirse en mejores servicios, seguridad, infraestructura, salud y educación. México requiere detener el crecimiento del endeudamiento y fortalecer la recaudación para generar condiciones de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, evitando presiones adicionales sobre las finanzas públicas. Al mismo tiempo, es indispensable asegurar un uso responsable de los recursos, con prioridades claras, evaluación y rendición de cuentas, para que se destinen a inversión productiva y atiendan las necesidades de la población.

Salud: recuperar la capacidad de atención. El 34.2% de la población carece de acceso a servicios de salud. El Gobierno Federal debe fortalecer el abasto de medicamentos, la atención oportuna y la capacidad de las instituciones, con los recursos necesarios para responder a la población. La nueva infraestructura debe ir acompañada de atención de calidad y medicamentos disponibles.

Educación y productividad: preparar al país para la siguiente etapa. 18.6% de la población está en rezago educativo. México necesita fortalecer la educación y formar el talento que demandan las nuevas cadenas productivas, para que la inversión y las oportunidades lleguen a más regiones y sectores.

Desde COPARMEX consideramos que el Segundo Informe de Gobierno debe ser también un punto de partida para acelerar la atención de estos pendientes. México cuenta con oportunidades importantes derivadas de su integración comercial y de su posición estratégica, pero aprovecharlas exige resolver los obstáculos que frenan la inversión, la productividad y la generación de empleo.

Reiteramos nuestra disposición para dialogar y construir propuestas con el Gobierno Federal, el Congreso, los trabajadores y la sociedad. En el sector empresarial seguiremos aportando para convertir las oportunidades del país en crecimiento y empleo formal, el cual requiere certidumbre, instituciones eficaces y decisiones que respondan a las necesidades reales de los mexicanos.

Artículo de Opinión escrito por: Jorge Luis Camacho Ortega, Presidente del Comité de Membresía, Afiliación y Participación de COPARMEX Nacional | Vía: @ElIndpendiente

Setecientos mil millones de pesos. Ese es el tamaño estimado del huachicol fiscal que permanece impune en México. A ello se suman una corrupción que representa más del 10% del PIB, un sistema judicial que ha dejado de ofrecer certeza jurídica y una negociación del T-MEC en la que Estados Unidos utiliza el comercio como herramienta de presión para avanzar en su agenda de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

En ese contexto surgió el Plan México, cuya visión me parece acertada: fortalecer la producción nacional, atraer inversión y elevar el contenido regional de nuestras cadenas productivas. El problema no está en el diagnóstico ni en las intenciones, sino en los cimientos. Ningún plan económico alcanzará todo su potencial mientras el país no garantice Estado de Derecho, seguridad pública, energía y agua suficientes, infraestructura competitiva y un ambiente que premie —y no castigue— la inversión de largo plazo.

Los números hablan por sí solos. La economía crece por debajo del 1.2%, la inversión privada avanza con cautela y la presión regulatoria y fiscal no deja de aumentar. Para miles de micro y pequeñas empresas, cumplir se ha vuelto más costoso que crecer. ¿Qué incentivo tiene un pequeño empresario para permanecer en la formalidad cuando esta le cuesta más que operar en la informalidad? Cuando eso sucede, el problema deja de ser recaudatorio y se convierte en un problema de competitividad y, para muchos negocios, de supervivencia.

Ningún país ha construido desarrollo económico castigando a quienes generan empleo, invierten, innovan y pagan los impuestos que financian al propio Estado. Combatir la evasión fiscal es una obligación del gobierno, pero hacer de la formalidad un camino cada vez más costoso es un error de política pública que ya muestra sus consecuencias: empresas que migran a la informalidad y millones de personas sin incentivos para incorporarse a la economía formal.

A esto se suma un entorno internacional que volvió a endurecerse. La geopolítica dejó de ser una noticia lejana; hoy forma parte de la estructura de costos de cualquier empresa mexicana. Los energéticos, la logística y las cadenas de suministro responden cada vez más a decisiones políticas que a decisiones económicas, y eso no va a cambiar en el corto plazo.

El sector productivo seguirá haciendo lo que siempre ha hecho: invertir, innovar, generar empleo y crear valor, siempre con la dignidad de la persona y el bien común como centro. Pero ninguna estrategia empresarial puede sustituir la responsabilidad del Estado de construir las condiciones para el desarrollo. La revisión del T-MEC representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer la integración de Norteamérica y consolidar cadenas regionales de suministro; difícilmente la aprovecharemos si desde dentro seguimos debilitando la confianza que tanto tiempo toma construir y tan poco destruir.

México ha demostrado una enorme capacidad para superar crisis: lo hizo durante la pandemia, enfrentó la inflación global y hoy vuelve a adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Sin embargo, la resiliencia de los mexicanos no puede convertirse en la política pública de nuestros gobiernos. La incertidumbre internacional llegó para quedarse y escapa a nuestro control; lo que sí depende de nosotros es eliminar los obstáculos que nosotros mismos hemos construido.

Por eso insisto: el mayor riesgo para la empresa mexicana no está en Washington. Está aquí, en casa, cada vez que la política pública deja de ser motor del desarrollo y se convierte en freno para la inversión, la productividad y la competitividad.

México necesita menos decisiones pensadas para la próxima elección y más decisiones orientadas a las próximas generaciones. Solo así dejaremos de administrar el potencial del país y comenzaremos, por fin, a desarrollarlo.