Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

La Confederación Patronal de la República Mexicana realizó la semana pasada el Seminario de Formación Coparmex Puerto Vallarta 2026. El encuentro reunió a presidentes, directores, consejeros y empresarios jóvenes de los Centros Empresariales del país. El objetivo fue prepararnos, como sector empresarial organizado, frente a una etapa que exige capacidad de diálogo, visión regional y presencia pública sólida.

México enfrenta bajo crecimiento, incertidumbre institucional, retos de seguridad, presión regulatoria y un entorno internacional en reacomodo. Frente a ese escenario, la empresa formal no puede limitarse a resistir. Tiene que conocer el entorno y las tendencias mundiales, participar, proponer, formar liderazgos y contribuir a que las decisiones públicas mantengan contacto con la realidad productiva de las regiones.

Coparmex representa a más de 36 mil empresas, responsables de una parte relevante del Producto Interno Bruto y del empleo. Además, su presencia territorial, integrada por 71 Centros Empresariales, 14 Federaciones, 17 Delegaciones y 17 Representaciones, le permite conocer de primera mano lo que ocurre en las distintas regiones del país. Esa capilaridad territorial es una de sus principales fortalezas, porque convierte la experiencia local en agenda pública y propuestas.

El Seminario de Formación 2026 tuvo sentido estratégico. Preparar liderazgos no es un asunto gerencial. Es una condición para que los organismos empresariales puedan incidir con seriedad, construir acuerdos, comunicar sus causas y defender las tesis que hacen posible la economía formal. Como señaló nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, se trata de “fortalecer el liderazgo, consolidar equipos y reafirmar la unidad que le da sentido a esta gran institución”. Sin dirigentes preparados, la representación pierde eficacia. Con liderazgos sólidos, las empresas pueden dialogar mejor con el gobierno, con los trabajadores y con la sociedad.

La agenda del encuentro se organizó alrededor de temas necesarios para este momento. Liderazgo, comunicación estratégica, negociación, innovación, identidad, fortalecimiento organizacional y contexto nacional e internacional. También incluyó herramientas para comunicar mejor el valor de participar en los Centros Empresariales y reflexiones sobre adaptación al cambio e inteligencia artificial. En una época de polarización, comunicar con claridad, negociar con responsabilidad y sostener una visión común se vuelve indispensable.

Fue igualmente importante el énfasis en la unidad empresarial. México necesita organismos fuertes y con claridad de propósito. La unidad no significa uniformidad ni ausencia de debate. Significa reconocer que, frente a desafíos de gran tamaño, los esfuerzos fragmentados tienen poco alcance.

Esa lógica también debería servir a la coyuntura política y económica nacional. Gobierno, partidos, organizaciones intermedias, medios de comunicación y sociedad necesitan reconocer que los grandes problemas del país no se resuelven desde la acción aislada o la polarización, sino mediante responsabilidad, diálogo serio y visión de largo plazo.

Hemos insistido en que México debe recuperar confianza para crecer. La inversión productiva prospera cuando existen reglas claras. El Estado de Derecho brinda certidumbre a quienes arriesgan capital. La seguridad permite emprender sin miedo. La energía suficiente y competitiva sostiene la operación de las empresas. La simplificación regulatoria libera tiempo, recursos y capacidad de innovación. Y una comunicación efectiva entre gobierno, trabajadores y empresarios permite construir soluciones realistas.

A esa presencia territorial se suma una visión de la empresa como institución social. La empresa formal no solo genera utilidades. Crea estabilidad, abre oportunidades, permite movilidad social, forma colaboradores, paga impuestos y construye comunidad. En un país donde las MiPyMEs son la base de la actividad productiva y generan la mayor parte del empleo, fortalecer la cultura empresarial fortalece al país.

Por eso, la formación de dirigentes debe verse como una inversión estratégica. Las empresas requieren líderes capaces de entender el contexto económico, adoptar tecnología, impulsar innovación, elevar productividad y participar en la construcción de políticas públicas. También requieren dirigentes con sentido ético, vocación de servicio y capacidad para tender puentes, porque la economía no se sostiene solo con datos, sino con confianza.

Desde su origen, nuestra institución ha defendido principios que siguen vigentes. La dignidad de la persona, la libertad responsable, la libre empresa, la legalidad, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común. No se trata de referencias del pasado. Son criterios para enfrentar problemas actuales como la informalidad, la falta de certeza jurídica, la necesidad de inversión, la educación para el trabajo y un país más competitivo.

El encuentro de Puerto Vallarta dejó una lectura de fondo. La Confederación sabe que no basta con tener historia, presencia nacional o legitimidad institucional. Se necesita insistir en su identidad y valores, así como preparación permanente ante un entorno cada día más complejo. El futuro se construye desde hoy con liderazgo, equipos sólidos, unidad e incidencia regional. La formación de liderazgos empresariales es parte de esa respuesta, porque permite que cada Centro Empresarial sea más fuerte y que su región sienta con mayor fuerza su representatividad.

México necesita dirigentes capaces de construir confianza, sostener convicciones y abrir caminos de colaboración. En esa tarea, Coparmex tiene una responsabilidad. La cohesión del empresariado, el fortalecimiento de capacidades directivas y la claridad de rumbo son herramientas para construir un entorno más competitivo, seguro y favorable para emprender, invertir y crecer.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llevó a cabo el Summit de Grandes Empresas “Decisiones Empresariales en un Entorno de Alta Incertidumbre”, con el patrocinio de Banca Empresarial Azteca, en un espacio de análisis y diálogo estratégico que reunió a empresarios, especialistas, representantes del sector financiero y líderes de opinión para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta México en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad comercial y presión inflacionaria.

Durante el encuentro, COPARMEX reafirmó que la incertidumbre dejó de ser una coyuntura temporal para convertirse en un factor permanente en la toma de decisiones empresariales.

Frente a este escenario, destacó que México cuenta con una oportunidad histórica derivada del nearshoring y de la integración económica regional; sin embargo, las inversiones no llegan únicamente por ubicación geográfica, sino por confianza, certeza jurídica, infraestructura suficiente, energía y reglas claras para competir globalmente.

En su mensaje inaugural, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló que: “México no puede desperdiciar la oportunidad más importante de las últimas décadas. En la actualidad existen inversiones detenidas por insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y falta de condiciones para operar con estabilidad. Y eso debe llevarnos a actuar con visión de largo plazo y sentido de responsabilidad. El país necesita acelerar infraestructura logística, conectividad, seguridad y disponibilidad energética. Porque la competitividad ya no depende solamente de costos. Depende de confianza, talento, innovación y capacidad institucional”.

Por su parte, Eduardo Cepeda Casasús, Director General de Banca Institucional y de Gobierno de Banco Azteca, destacó que “Los empresarios son los héroes de la economía. Son estas personas que, en libertad, ven una necesidad en la sociedad y dicen: yo puedo solucionarla. Y van tratando de resolver esa necesidad, creciendo en la sociedad. Y esa supervivencia entre todos los empresarios es lo que genera la natalidad empresarial”.

El panel “Invertir en México: Entre la oportunidad y la incertidumbre”, contó con la presencia de Javier Laynez Potisek, Ministro en retiro de la SCJN, Ana Laura Magaloni, Directora del observatorio IBERO del Sistema de Justicia y Mariana Campos, Directora General de México Evalúa y fue moderado por Juan Pablo de Leo, Socio fundador de Político MX, se advirtió sobre el deterioro institucional que enfrenta el sistema de justicia y sus implicaciones para la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas. Los participantes señalaron que, entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías estatales pasaron de 1.3 millones a 2.6 millones, mientras que las causas acumuladas en tribunales aumentaron a 425 mil, reflejando un rezago creciente en la impartición de justicia.

Asimismo, destacaron que la falta de confianza ciudadana, la lentitud procesal y la insuficiencia de capacidades institucionales han debilitado el Estado de Derecho, afectando directamente el clima de inversión. En este contexto, subrayaron que la reforma judicial no resolvió los problemas estructurales del sistema y alertaron que la politización de la justicia y la incertidumbre derivada de los cambios en el Poder Judicial podrían profundizar los desafíos para la competitividad y el desarrollo económico del país.

Posteriormente, en el panel “Entre la tensión y la oportunidad: Perspectivas de la relación bilateral México-EUA” moderado por Ivette Camacho, Consejera Delegada de la Relación con Canadá de COPARMEX, Arturo Sarukhán, Ex Embajador de México en EUA, y Sergio Gómez Lora, CEO – México ‘s Business Coordinating Council U.S. Representative Office, ofrecieron una lectura estratégica sobre el momento que atravesó la relación bilateral y los retos que surgieron rumbo a la revisión del T-MEC.

También se subrayó la importancia de fortalecer la estrategia de cabildeo y diplomacia corporativa de México en Estados Unidos, involucrando a gobernadores, congresistas, cámaras empresariales y actores locales en ambos países. Los especialistas coincidieron en que la revisión del T-MEC será un proceso complejo y prolongado, en un contexto marcado por tensiones políticas. Asimismo, advirtieron que la certidumbre jurídica y la modernización de las aduanas mexicanas serán factores determinantes para consolidar a Norteamérica como una región más competitiva frente a Asia y Europa.

COPARMEX reiteró que defender las instituciones también significa defender el empleo, la inversión y el crecimiento económico. México necesita fortalecer condiciones internas de confianza, acelerar el desarrollo de infraestructura estratégica y garantizar seguridad, energía suficiente y certeza jurídica para mantener la competitividad frente a otras regiones del mundo.

En momentos de alta incertidumbre global, la estabilidad institucional representa una de las principales ventajas competitivas para atraer capital y generar desarrollo de largo plazo. Por eso, COPARMEX seguirá impulsando espacios de diálogo y análisis que contribuyan a construir un país con mayor competitividad, fortalecimiento institucional y visión de futuro.

Artículo de Opinión escrito por, Pedro Higuera Velázquez, Comisario de COPARMEX | Vía: @ElFinanciero_MX

En los últimos 17 años nuestras finanzas públicas han mostrado una tendencia creciente del déficit presupuestario tradicional, es decir ha sido mayor el gasto neto total que los ingresos presupuestarios de cada año. Del año de la crisis económica de 1994 al año 2008 el déficit se mantuvo moderado, ya que no alcanzó el -1%, sin embargo, a partir del año 2009 el déficit fue del -2.1% y desde este año existe una tendencia de aumento en el mismo, tanto solo por citar un ejemplo en el año 2024 fue del -5%, el mayor nivel alcanzado desde 1989, aquellos años eran cuando las crisis de las finanzas públicas llevaban a crisis económicas y por ello aprendimos la lección como país de la importancia de mantener el equilibrio fiscal para tener finanzas públicas sanas.

Lo anterior ha ocasionado que del año 2008 el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público “SHRFSP” evolucionara de un 31.4% del PIB a un 43.3% en el año 2019, para llegar a un 52.7% en el año 2025. Todo ello se explica por un mayor ritmo de crecimiento del gasto público, por ejemplo, en el año 2019 el gasto representaba un 23.1% del PIB y al cierre del 2025 ha alcanzado un 27.2%, en tanto que los ingresos presupuestarios en ese mismo período de tiempo representaban el 21.4% del PIB y al cierre del año pasado fueron del 23.3%.

Los ingresos presupuestarios han mostrado un ritmo moderado de crecimiento, derivado de una disminución de los ingresos petroleros. Sin embargo, el crecimiento constante de los ingresos tributarios ha logrado mantener a flote a los ingresos públicos, por ejemplo, en el 2013 los ingresos tributarios representaban el 9.2% del PIB y con las reformas fiscales y esfuerzos para mejorar la recaudación han alcanzado un nivel récord en el año 2025 de un 15.2%.

Como comentaba anteriormente el gasto público ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años, ante ello tenemos como reto mejorar la calidad en la planeación y ejecución del gasto. En la aplicación del gasto ha sido recurrente el mal uso de los recursos públicos por casos relacionados con la utilización indebida de los mismos en los tres niveles de gobierno, pero también ha habido un uso ineficiente del gasto por el destino a proyectos de infraestructura que no necesariamente tienen un impacto en la atracción de inversión. Cada que hay un uso indebido o deficiente del gasto público implica una afectación a los derechos humanos de nuestra población, ya que se dejan de destinar recursos para atender temas prioritarios que ayuden a mejorar la calidad de vida en aspectos básicos como salud, educación, y seguridad.

Los ingresos que percibe el erario hacen posible la existencia del Estado mexicano a fin de sufragar los gastos que ello implica. A lo largo de estos años el civismo fiscal se ha enfocado al cumplimiento en el pago de las contribuciones, pero ahora también tiene que ser abordado en el uso eficiente del gasto público. Tanto la omisión en el pago del tributo, como el dispendio en el gasto, tienen un mismo efecto, al deteriorar la calidad de vida de las personas. Por ello considero que, al abordar la perspectiva y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, debemos vincularla con la importancia de disponer de ingresos públicos suficientes y con el ejercicio de un gasto adecuadamente planeado, eficiente y de calidad, donde se cierren los espacios a la discrecionalidad, al dispendio y utilización indebida del mismo.

Toda política pública debe ser evaluada de manera objetiva, y las finanzas públicas no son la excepción, tanto el marco tributario como el uso del gasto deben someterse a una evaluación rigurosa. En el caso de la política fiscal se debe evaluar la repercusión que tienen las distintas reformas tributarias no solo en la obtención de ingresos, sino también en el ahorro, en cómo afecta el crecimiento económico y la inversión, en la certidumbre jurídica a los contribuyentes, en el costo del cumplimiento fiscal, en la generación de empleos formales de calidad y con ello reducir el empleo informal que se ubica aproximadamente en 55%. 

A partir del año 2025 el Ejecutivo Federal tiene como estrategia reducir gradualmente el déficit fiscal con una contención en el crecimiento del gasto, pero tenemos como reto mejorar la calidad del gasto en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, dando espacio a inversiones mejor planeadas que aumenten la productividad del país y eviten el dispendio de este.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) celebramos la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea, instrumentos que consolidan una alianza estratégica fundamental para fortalecer la competitividad, la inversión, la innovación y la diversificación económica de nuestro país.

La Unión Europea representa actualmente el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista más importante en nuestro país, con un intercambio comercial superior a los 86 mil millones de euros en 2025 y una inversión acumulada que supera los 200 mil millones de euros, consolidándose como un socio estratégico para el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de cadenas de valor de alto nivel.

Por ello, la formalización del acuerdo durante la VIII Cumbre México–Unión Europea representa un paso trascendental para ampliar las oportunidades comerciales de México y fortalecer su posición internacional. La modernización del instrumento vigente desde el año 2000 permitirá acelerar la entrada en vigor de beneficios económicos mediante el Acuerdo Comercial Interino, facilitando la aplicación anticipada de disposiciones comerciales mientras concluyen los procesos de ratificación integral en Europa.

Este acuerdo adquiere una relevancia particularmente estratégica para México en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, reconfiguración de cadenas de suministro y una creciente competencia económica entre regiones. Frente a este escenario, el país requiere fortalecer su inserción global mediante una mayor diversificación comercial y la atracción de inversiones de largo plazo que reduzcan vulnerabilidades y amplíen oportunidades de crecimiento.

La consolidación de la relación con la Unión Europea envía una señal positiva de apertura, certidumbre y cooperación económica con uno de los bloques más relevantes del mundo, contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad, la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo formal.

Desde COPARMEX destacamos que este acuerdo permitirá:

• Facilitar el acceso preferencial de las Empresas mexicanas a un mercado de más de 450 millones de consumidores en 27 países europeos, ampliando oportunidades para incrementar exportaciones.
• Eliminar aranceles para cerca del 98% de los productos intercambiados entre México y la Unión Europea, fortaleciendo la competitividad de sectores estratégicos nacionales.

• Impulsar las exportaciones agroindustriales y manufactureras mexicanas, particularmente en industrias con alto potencial de crecimiento y generación de empleo formal.
• Incrementar la participación de las MiPyMEs mexicanas en cadenas globales de valor, agilizando su integración en mercados internacionales con mayores estándares de productividad.
• Consolidar oportunidades para sectores estratégicos como el automotriz, agroalimentario, energético, tecnológico y de innovación.
• Brindar mayor protección y reconocimiento en Europa a productos emblemáticos mexicanos como el tequila, el mezcal, la vainilla de Papantla, el café de Chiapas y el chile habanero de Yucatán.
• Ampliar la cooperación internacional en innovación, sostenibilidad, transición energética, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional, elementos fundamentales para elevar la competitividad del país.

En COPARMEX reiteramos que la apertura económica, acompañada de condiciones de competitividad, seguridad, energía, fortalecimiento institucional y consolidación del Estado de Derecho, resulta indispensable para generar empleo formal, impulsar la productividad y elevar la calidad de vida de las familias mexicanas.

México necesita profundizar su integración con aliados estratégicos que compartan una visión basada en la cooperación internacional, la innovación y el crecimiento económico con certidumbre para construir un país con mayores oportunidades de inversión y desarrollo de largo plazo.

Artículo de Opinión escrito por Hector De La Miyar Garza | Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario | Vía: @ElIndpendiente

El Plan México, presentado el pasado lunes 4 de mayo de 2026, intenta detonar en el empresariado mexicano un nuevo impulso hacia la productividad.

El llamado Plan México contempla la simplificación de trámites e incentivos a la inversión, la creación de una ventanilla única digital para acelerar procesos, el otorgamiento de permisos exprés y la homologación de trámites entre dependencias federales, en un momento en que la economía mexicana continúa estancada.

Según el INEGI, el crecimiento en el primer trimestre de 2026 fue de apenas 0.2% trimestral y cerca de 1.1% anual. Con este panorama, atraer inversión no solo es importante, sino prioritario.

El Plan México, con todas sus buenas intenciones, no termina de convencer a los inversionistas, porque las empresas buscan condiciones básicas para invertir: crecimiento económico, seguridad jurídica y estabilidad política.

Para un inversionista, lo más importante es que existan reglas claras y que, en caso de conflicto, pueda recurrir a un árbitro independiente y competente; es decir, que exista un verdadero Estado de derecho.

Al gobierno federal le urge que el dinero privado llegue rápidamente para compensar el gasto público y evitar que la desaceleración económica se convierta en una recesión más profunda.

Un punto particularmente negativo es que el gobierno federal decidió que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) deje de ser un organismo autónomo y pase al control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Recordemos que PRODECON surgió como un organismo independiente en 2006 y era la única institución creada para defender a los contribuyentes frente al SAT; sin embargo, ahora quedará bajo control político.

Resulta relevante escuchar a organismos empresariales que advierten sobre auditorías agresivas, todo ello en un entorno de menor certeza jurídica para invertir en México.

En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana retrocedió 0.8%, confirmando el freno económico señalado por calificadoras y organismos financieros.

Existe una serie de variables y factores que frenan el desarrollo de las empresas mexicanas: las reformas al sistema judicial, los cambios a la Ley de Amparo, las facultades de la UIF, una PRODECON debilitada al pasar a la Secretaría Anticorrupción, los bajos o nulos incentivos fiscales, las altas tasas de interés y la inseguridad en las carreteras. Todos estos elementos desincentivan la inversión y limitan la productividad.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | X:@jsierraalvarez

Contestar una llamada desconocida, abrir un negocio o trasladar mercancía entre ciudades se ha convertido, para miles de personas, en una decisión acompañada de incertidumbre. No porque falte capacidad para trabajar o emprender, sino porque la extorsión ha ido ocupando espacios que el Estado no ha logrado recuperar.

Ese es quizá el mayor riesgo de este delito: su capacidad para infiltrarse en la vida cotidiana hasta convertirse en una amenaza permanente que modifica hábitos, limita decisiones y deteriora la confianza.

La extorsión roba tranquilidad, paraliza proyectos y desgasta la capacidad de crecimiento de las empresas. Particularmente de las micro, pequeñas y medianas, que muchas veces operan con márgenes mínimos y enfrentan este delito sin protección suficiente.

Hay comercios que dejan de expandirse para evitar llamar la atención. Hay empresarios que prefieren no denunciar porque sienten que hacerlo los expone todavía más. Hay familias enteras que aprenden a convivir con amenazas telefónicas, cobros ilegales o intimidaciones como si fueran parte inevitable de la realidad.

Eso no puede normalizarse. Los resultados más recientes del Monitor de Seguridad COPARMEX reflejan que entre enero y marzo de 2026 se registraron dos mil 915 víctimas de extorsión. Pero incluso esas cifras se quedan cortas frente a la dimensión real del problema.

De acuerdo con el INEGI, el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación. Es decir, los registros oficiales apenas representan una mínima parte de lo que ocurre diariamente en el país.

Detrás de cada estadística existe una historia distinta: un pequeño negocio obligado a pagar para operar, un transportista amenazado, una tienda familiar intimidada o una persona que decide guardar silencio porque perdió la confianza en las instituciones.

La cifra oculta más alta de todos los delitos refleja justamente eso: miedo.

Y cuando el miedo se instala de forma permanente en la actividad económica, las consecuencias alcanzan mucho más que la seguridad pública. Impactan la inversión, frenan la generación de empleo y debilitan la competitividad de regiones enteras.

No es casualidad que entidades como Morelos, Tabasco o Zacatecas enfrenten niveles especialmente alarmantes. Tampoco lo es que municipios completos comiencen a resentir afectaciones económicas derivadas de la violencia y la extorsión. Ninguna economía local puede fortalecerse bajo presión criminal constante.

Sin seguridad no hay confianza para invertir. Sin confianza no existe estabilidad. Y si estabilidad resulta imposible construir condiciones sostenibles para generar empleo, atraer capital o consolidar proyectos productivos de largo plazo.

Por eso la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un paso importante. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: lograr que esa legislación se traduzca en resultados concretos.

Se requiere capacidad institucional, coordinación entre autoridades y voluntad política para enfrentar un delito que ha evolucionado rápidamente y que hoy opera mediante llamadas telefónicas, redes sociales, plataformas digitales e incluso desde centros penitenciarios.

Resulta indispensable homologar legislaciones locales, fortalecer fiscalías y crear unidades especializadas capaces de atender a las víctimas e investigar adecuadamente estos casos. También es urgente progresar en la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios, considerando que gran parte de estas operaciones continúan realizándose desde ahí.

La dimensión del problema exige asumir que la extorsión dejó de ser un delito secundario. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la permanencia de miles de empresas y para el desarrollo económico de muchas regiones del país.

México necesita recuperar condiciones mínimas de tranquilidad para quienes generan empleo, invierten y sostienen la actividad productiva todos los días. Necesita instituciones capaces de proteger a las víctimas y de impedir que el miedo siga condicionando la vida económica.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @MundoEjecutivo  X:@jsierraalvarez

Durante mucho tiempo se intentó plantear la relación entre trabajadores y empleadores como una tensión inevitable, como si el crecimiento de uno implicara necesariamente la pérdida del otro. Esa visión es equivocada.

La experiencia demuestra algo distinto: cuando hay diálogo, confianza y objetivos compartidos, es posible construir acuerdos que beneficien a ambas partes y, sobre todo, al país.

Hoy, la competencia global por inversión, talento y cadenas productivas exige cohesión social, instituciones sólidas y una visión común sobre el rumbo que queremos construir. En ese contexto, la relación entre sindicatos y el sector empresarial adquiere una relevancia estratégica.

Se trata de construir un entorno donde el trabajo digno, la productividad y la competitividad se refuercen mutuamente; donde el crecimiento económico se traduzca en mejores ingresos, pero también en mayor estabilidad y oportunidades para las personas.

El diálogo social es, en ese sentido, mucho más que una herramienta: es una condición para el desarrollo.

Cuando trabajadores y empleadores se sientan en la misma mesa con disposición para escuchar, entender y construir, el resultado es un acuerdo más sólido, más duradero y con mayor legitimidad. Esa es la ruta que hemos decidido impulsar.

Sabemos que los desafíos actuales no pueden resolverse desde posiciones aisladas. La transformación del mercado laboral, la necesidad de elevar la productividad, la integración regional y la formación de talento requieren respuestas compartidas.

México no puede darse el lujo de fragmentar a su sector productivo; por el contrario, necesita fortalecerlo desde la coordinación. Los países que han logrado consolidar economías más dinámicas y sociedades más equitativas son aquellos que han apostado por el diálogo social como un mecanismo permanente.

Esto implica reconocer que tanto trabajadores como empresarios comparten un mismo objetivo de fondo: generar condiciones que permitan crecer, competir y prosperar en un entorno cada vez más exigente. También implica asumir una responsabilidad compartida.

Para el sector empresarial, significa seguir impulsando mejores condiciones laborales, invertir en capacitación y apostar por el desarrollo del talento. Para el sector sindical, representa fortalecer una visión que acompañe la productividad, la formalidad y la sostenibilidad de las empresas.

Cuando se logra ese entendimiento, los resultados son visibles: mayor estabilidad en el empleo, mejores condiciones para la inversión y un entorno más propicio para el crecimiento económico.

Pero, sobre todo, se construye confianza, y la confianza es el activo más valioso para cualquier economía.

En un momento en el que México tiene frente a sí una oportunidad histórica para consolidarse como un destino estratégico en el mundo, la unidad del sector productivo será determinante.

La relocalización de cadenas de suministro, el fortalecimiento de la integración regional y la atracción de inversión requieren un país que envíe señales claras de estabilidad y colaboración. Eso solo es posible si avanzamos juntos.

Desde COPARMEX estamos convencidos de que el camino está en el entendimiento: en construir puentes donde antes había distancia, en generar acuerdos que sienten las bases de un futuro más sólido.

Porque, al final, el desarrollo es mejor cuando se construye en conjunto.

Artículo de Opinión escrito por Francisco López Díaz / Director General de Coparmex / Vía: @Excelsior

X:@franlodimx

Imagina que cada vez que parpadeas (aproximadamente cada tres segundos) alguien imprimiera todos los libros que la humanidad ha escrito a lo largo de su historia: desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los textos más recientes del siglo XXI. Ésa es, a grandes rasgos, la velocidad a la que hoy la humanidad genera datos e impulsa la industria de la inteligencia artificial. Y esa velocidad tiene un consumo muy concreto: electricidad. Es tal la magnitud que, para 2030, los servidores que hacen funcionar la IA consumirán en Estados Unidos más energía que toda su industria manufacturera junta. El reloj ya corre y México tiene exactamente lo que su vecino necesita. 

En 2024, las enormes instalaciones de cómputo que sostienen la IA (los llamados centros de datos) utilizaron en EU tanta energía como Francia y Argentina juntas en un año completo. Para 2030, ese consumo crecerá más del doble. El problema es que construir plantas de energía lleva años y la demanda ya llegó. El gobierno de EU calcula que necesita capacidad eléctrica equivalente a cien nuevas plantas nucleares antes de 2030, la mitad destinada únicamente a centros de datos. 

Tan grande es hoy la demanda, que las empresas ya reactivan plantas nucleares antiguas y levantan generadores de emergencia.

Aquí es donde México entra en escena. Nuestro país tiene tres cosas que EU necesita urgentemente: sol, viento y frontera. El noroeste mexicano recibe una de las irradiaciones solares más intensas del planeta. El Istmo de Tehuantepec es uno de los corredores eólicos más poderosos del continente. Y compartimos más de tres mil kilómetros de frontera con el mayor consumidor de energía digital del mundo. La oportunidad es doble. Por un lado, México puede exportar directamente electricidad renovable a California, Arizona y Texas mediante líneas de transmisión fronterizas; incluso ya existen proyectos de interconexión entre Sonora y Arizona que podrían escalar rápidamente con voluntad política. 

Por otro lado, podemos atraer a nuestro territorio los centros de datos que EU no puede alimentar. Amazon, Microsoft, Google y Oracle ya han invertido aquí, con compromisos que superan los 18 mil millones de dólares proyectados hacia 2030. Cada servidor que opera en Querétaro o Monterrey es uno menos presionando la red eléctrica de nuestro vecino.

Pero hay una trampa: la oportunidad tiene fecha de vencimiento. EU no va a esperar. Ya busca acuerdos con Canadá, reactiva plantas nucleares y construye infraestructura de gas a gran velocidad. Si México no se posiciona en los próximos dos o tres años, habrá dejado pasar una de las mayores oportunidades económicas de su historia reciente.

¿Qué hace falta? Cuatro acciones concretas. Primero, reglas claras para que la inversión privada pueda generar energía renovable a gran escala y garantizar suministro continuo; los centros de datos no pueden apagarse ni cinco minutos. Segundo, desarrollar las líneas eléctricas transfronterizas que hoy son insuficientes. Tercero, formar a los técnicos e ingenieros que operarán esta infraestructura: el cuello de botella no es sólo la energía, también es el talento, y ahí el Modelo de Educación Dual puede marcar una diferencia real. Cuarto, y quizá lo más urgente: México necesita una política pública moderna de inteligencia artificial. No basta con atraer servidores si no sabemos qué queremos hacer con ellos.

Los países que liderarán la economía digital no serán sólo los que tengan electricidad, sino los que posean visión: marcos regulatorios que impulsen la innovación, protejan los datos de los ciudadanos, orienten el uso de la IA hacia la productividad y la competitividad, y garanticen que los beneficios de esta revolución tecnológica lleguen también a las regiones y sectores que hoy permanecen al margen.

El nearshoring fue la gran historia económica de los últimos años. Lo que viene puede ser todavía mayor: el nearshoring digital y energético. México puede convertirse en la planta eléctrica y el centro de cómputo del continente. Tenemos los recursos, la ubicación, los socios que ya apostaron por nosotros.

Lo que falta es decidir que esto sea una prioridad nacional. Porque cada tres segundos el mundo sigue parpadeando. Y la pregunta es si México estará conectado… o mirando desde afuera.

#OpiniónCoparmex

Artículo de opinión escrito por Óscar de Jesús Martínez Treviño, Vicepresidente Nacional de Estado de Derecho, Justicia y Seguridad de Coparmex | Vía @altonivel X: @oscarmartinezt

Las naciones, como los seres humanos, son entes en constante construcción. No hay tal cosa como naciones plenamente exitosas o fallidas, como tampoco hay seres humanos absolutamente buenos o malos. Son las decisiones que tomamos cada día las que nos van haciendo cada vez más buenos y exitosos o, por el contrario, más equivocados y fallidos.

En este sentido, las decisiones que los países toman a lo largo del tiempo los hacen más o menos estables, más o menos seguros y, por lo tanto, más o menos propicios para un desarrollo sano e inclusivo. Por eso importan las decisiones que tomamos: porque cada una tiene consecuencias.

El pasado 6 de abril, nuestra Suprema Corte de Justicia tomó, por mayoría de votos, una decisión crucial que, desafortunadamente, impacta la seguridad jurídica de los mexicanos y debilita el Estado de Derecho.

La reciente resolución sostiene la legalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para congelar cuentas bancarias de particulares sin mediar orden judicial, cuando existan indicios de que están relacionadas con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita u otros delitos asociados.

Por supuesto, nadie puede estar en contra de que las autoridades cuenten con facultades adecuadas para combatir delitos que tanto dañan al país. Sin embargo, resulta, por decir lo menos, una victoria pírrica que, para dotarlas de estos instrumentos, se haya tenido que sacrificar la seguridad jurídica establecida en el artículo 14 de nuestra Constitución, el cual señala con claridad que nadie puede ser privado de su libertad o de sus bienes sin un juicio previo.

El hecho de que la congelación de cuentas sea de carácter cautelar y exista la posibilidad de defensa “a posteriori” ofrece poco consuelo a quien resulte afectado por una medida de esta naturaleza. Sin recursos para defenderse y frente a un sistema de justicia lento, una medida supuestamente cautelar puede convertirse en un golpe definitivo para el afectado, incluso si es inocente.

Por ello, desde Coparmex sostenemos que la reciente decisión de la Suprema Corte no agota el debate; por el contrario, abre la oportunidad para que el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias mejoren la norma vigente y logren un equilibrio: dotar a las autoridades de instrumentos eficaces sin sacrificar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Encontrar esta solución nos conviene a todos. Por ello, desde Coparmex proponemos: (i) definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables; (ii) establecer un control judicial que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de seis horas, con negativa ficta en ausencia de resolución; (iii) garantizar un derecho de defensa oportuno y expedito al afectado; (iv) establecer un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas; y (v) asegurar la transparencia en el uso de estas facultades.

Encontrar un balance adecuado entre contar con autoridades debidamente facultadas para perseguir delitos y vivir en un país que garantice la seguridad jurídica es fundamental. De lo que hagamos hoy dependerá si el Estado de Derecho en México se fortalece o se debilita. Este no es un debate menor.

Más allá de ideologías o colores partidistas, sin un Estado de Derecho sólido no hay inversión, y sin inversión nuestro país seguirá lejos del desarrollo sostenible al que los mexicanos podemos y debemos aspirar. Por el bien de todos, defendamos el Estado de Derecho.

Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy

Cuando el mundo voltea a ver a México como el próximo gran hub farmacéutico de América del Norte, México todavía discute si tiene presupuesto para modernizar a su regulador.

 Esa tensión define al sector salud hoy. No como fracaso, sino como diagnóstico preciso y los diagnósticos precisos son siempre el primer paso hacia las decisiones correctas.

La oportunidad es real

Los números no mienten: México es el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, valuado en 18 mil millones de dólares, con crecimiento proyectado de 6.4% anual hacia 2028 (IQVIA). Esta semana lo confirmaron hechos concretos: siete memorandos de entendimiento firmados con empresas canadienses en manufactura farmacéutica y salud digital, y una inversión anunciada de 2 mil millones de pesos para construir una planta de ingredientes farmacéuticos activos en Hidalgo. 

El mundo apuesta por México. La pregunta legítima es: ¿está México listo para recibirlo?

El cuello de botella que hay que resolver

COFEPRIS enfrenta una contradicción estructural: en 2026 incrementó tarifas de registros sanitarios y permisos de importación, mientras los compromisos del Programa de Simplificación Administrativa permanecen incumplidos por insuficiencia presupuestal y rezago tecnológico. Los tiempos de aprobación en México promedian entre 18 y 36 meses, frente a los 12 meses del estándar internacional. Esa brecha no es un dato técnico: es una barrera de inversión.

“En un país donde 75.2% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad, bloquear el genérico de semaglutida no es un debate regulatorio: es un asunto de equidad sanitaria”.

El caso de la semaglutida lo ilustra con precisión: laboratorios mexicanos están listos para producir su genérico – medicamento clave para obesidad y diabetes tipo 2- pero COFEPRIS aún no puede autorizar los registros. Estados Unidos, Canadá y Argentina ya lo aprobaron. El original de patente cuenta hasta seis veces más que su equivalente genérico proyectado. (ENSANUT 2022). 

Las Señales del Mercado

FEMSA – operador de YZA, Farmacon y Moderna – cerró 335 farmacias en México en doce meses y analiza salidas estratégicas por bajo desempeño. Con cerca de 22,000 unidades privadas que actúan como primer punto de contacto sanitario para millones de mexicanos, ignorar esta señal sería un error de política pública. La infraestructura privada de acceso a medicamentos no puede darse por garantizada.

Lo que México puede hacer

Desde COPARMEX, la propuesta es propositiva: primero, dotar a COFEPRIS del presupuesto y arquitectura tecnológica que su mandato exige; segundo avanzar con decisión en genéricos de alto impacto, siguiendo el modelo de cooperación regulatoria México-Brasil; tercero, integrar al sector privado como aliado estructural – no como actor paralelo – en la estrategia nacional de salud.

México tiene talento científico, posición geográfica privilegiada, capacidad manufacturera emergente y un mercado interno que exige soluciones. El T-MEC es una plataforma, no un techo. 

El mudo ya tomó su posición en México. Ahora México debe tomar la suya.