Con referencia a la cada vez más creciente oleada de actos violentos que sufrimos en nuestra región y que laceran la sociedad, las organizaciones ciudadanas hacemos un llamado a los tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, para que haya mayor coordinación entre ellos e implementar de inmediato acciones concretas de seguridad que regresen la paz y el Estado de Derecho a la Región.
La sociedad civil está francamente preocupada y exige a las autoridades que modifiquen su estrategia en el combate a la inseguridad, es necesario que se recupere de inmediato la confianza en las instituciones y se fortalezca el tejido social.
Demandamos al Gobierno Federal a asumir su compromiso y responsabilidad revisando la estrategia de seguridad que se implementó en Tamaulipas hace ya más de 3 años y medio y que a la fecha no ha dado los resultados esperados. Es decir No se ha mejorado la seguridad de los ciudadanos de Tamaulipas.
Es evidente que la procuración de justicia en Tamaulipas no ha cumplido su función de persecución penal, ejerciendo de modo inadecuado su poder contra los detractores del régimen o sus enemigos.
A todos nos queda claro que una de las principales obligaciones del Estado mexicano es garantizar la seguridad de los ciudadanos y, dado el estado actual de cosas, sus representantes están demostrando no estar a la altura de la demanda ciudadana.
Hoy como nunca hay que entrar en un proceso honesto de discusión, de altas miras, para acordar los cambios que requiere nuestro sistema de seguridad.
Demandamos certeza jurídica en las instituciones responsables de administrar justicia en nuestro estado, en el corto, mediano y largo plazo, de modo que se haga posible garantizar la inversión productiva y el crecimiento sostenido y sustentable.
Esperamos que el Estado proponga un plan con estas características en forma pública y que, para su ejecución exitosa, disponga los recursos y el apoyo necesarios. De no ser así, el clima de impunidad que ha prevalecido en los últimos días continuará agravándose.
Exigimos que terminen las prácticas policiales abusivas, que no hacen más que debilitar la confianza de la población en las fuerzas de seguridad, sin las cuales es muy difícil obtener información sobre actividades ilícitas, indispensable para la aplicación efectiva de medidas de mejora en materia de seguridad pública. Consideremos que solo una proporción mínima de víctimas denuncian los abusos sufridos por temor y falta de confianza en las autoridades.
Es verdad que la sociedad requiere elevar la calidad de vida a través de mejores condiciones de entorno y servicios públicos, pero más allá de eso, nuestra prioridad es que el Estado garantice la paz social, y que no haya autoridades que se enriquezcan a costa de nuestros impuestos.
Dicho de otro modo, para la ciudadanía son prioritarias dos cosas: la seguridad y el combate a la corrupción, temas que al parecer no son prioritarios para los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
Lo planteamos así porque, en estricto sentido, los resultados en esos dos rubros aún no trascienden de forma que nuestra gente experimente calma. No hay un avance notorio en cuanto a percepción de seguridad, ni ha habido castigos ejemplares en actos de corrupción.
Vemos que hastas el momento que las acciones realizadas por los tres niveles de gobierno han sido insuficientes. Exigimos un replanteamiento de la estrategia de seguridad y de fortalecimiento de dicha coordinación con acciones concretas en el restablecimiento del Estado de Derecho que tanto le hace falta a la región.
