Artículo de opinión de Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de Coparmex
Twitter: @gdehoyoswalther
[ Periódico Reforma ]
La primera reforma estructural del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador está en proceso. Se trata de una legislación cimentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, y que concluirá la nueva Legislatura con la marca del Mandatario que la promulgará.
La reforma laboral está delimitada por el cambio Constitucional que el Presidente Peña propuso en 2016 y entró en vigor desde 2017. También la inspira el Convenio 98 de la OIT que él mismo envió al Senado en 2015, y que el Senado aprobó en Septiembre de 2018.
Desde luego, la reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene su factor determinante en el último acto jurídico relevante del sexenio anterior: la firma ministerial del T-MEC ante los Jefes de Gobierno de los países involucrados, materializada en Buenos Aires el 30 de Noviembre, en la víspera del cambio de Gobierno.
Los avances y los retrocesos que experimente México en su competitividad laboral, a resultas de la legislación que se apruebe, serán atribuibles por ello a dos Presidentes y dos Legislaturas.
Resulta paradójico que a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos liderazgos hayan transigido en distintos momentos y circunstancias, a los apetitos extremos de políticos, legisladores y líderes sindicales norteamericanos, y en la preocupación legítima de lograr la renovación del acuerdo comercial, calibrasen mal los límites de la negociación internacional dando un paso atrás de la línea de la soberanía, aceptando imposiciones que deterioran las libertades individuales, los equilibrios institucionales, y la paz laboral.
Cierto, hay aspectos rescatables en el Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. La iniciativa que dio origen fue discutida por las organizaciones sindicales y empresariales, con las anteriores y actuales autoridades del trabajo. Se lograron consensos en lo esencial para impulsar los derechos laborales, en material de libertad, representatividad y democracia sindical.
Sin embargo, consensos básicos para lograr una legislación equilibrada, se deterioraron en el tramo final, por visiones fundamentalistas de la dinámica sindical, que aunque formalmente ajenas al Gabinete, inciden en la orientación de la política laboral del Gobierno Federal.
Por otro lado, una mala lectura de las posiciones inamovibles de representantes comerciales norteamericanos, la virulenta retórica congresional, y la impericia de algunos actores gubernamentales en la negociación, impactaron elementos de trascendencia en el Dictamen que aprobó la Cámara de Diputados.
Afortunadamente, el sistema bicameral brinda a México la oportunidad de perfeccionar la legislación. La tarea del Senado es fundamental para corregir y afinar aspectos de la reforma laboral que lo ameritan.
Estando la legislación laboral marcada por la influencia internacional, al enmendar la Minuta que recibió, prepararía el Senado el ejercicio de su atribución para aprobar el T-MEC, a cuyo texto no podrá formular reservas ni declaraciones interpretativas, como le faculta la Constitución.
La competencia e incluso las guerras comerciales, toman formas peculiares. Las más evidentes se materializan en tarifas y cuotas comerciales. No obstante, las afectaciones de mayor calado resultan del sometimiento de un País en el diseño de sus instituciones y legislación. Y aunque doloroso, la reforma laboral, en algunas de sus partes, responde a esa determinación supranacional.
Que ni el peor enemigo de la apertura comercial pueda argumentar en un futuro, que el gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador, asociados, entregaron la soberanía legislativa, deterioraron la competitividad y destruyeron la paz laboral, solo por resguardarse de los vientos cruzados de la política norteamericana de la era de Donald Trump.
