DESCARGAS
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]
[content_link title=”MP3″ icon=”icon-music” link=”http://coparmex.org.mx/downloads/senalcoparmex/091/ghw_0091_audio_mp3.zip” target=”_blank” class=”” download=””][content_link title=”PDF” icon=”icon-doc-text-inv” link=”http://coparmex.org.mx/downloads/senalcoparmex/091/SC_091_Regulacion.pdf” target=”_blank” class=”” download=””]
México adolece de una tramitología caótica y excesiva con más de 130 mil regulaciones aplicables en distintos niveles de gobierno, de acuerdo a los datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). A razón de ello, en el índice de competitividad global 2017-2018 realizado por el Foro Económico Mundial (FEM), la ineficiencia en la burocracia gubernamental se mantiene como el tercer factor más problemático para hacer negocios en México, sólo por debajo de la corrupción y del crimen. Es insostenible que el 87% de los países evaluados por el FEM tengan cargas regulatorias menores que México; esto incluye países como Nigeria y Haití. Solo por ejemplificar puede decirse, que en nuestro país, para obtener un permiso de construcción se realizan en promedio 14.7 trámites y se invierten 82.3 días, lo que representa un costo del 9.9% del valor de la construcción. El modelo de permisos de construcción ideal, de acuerdo a COFEMER, debería garantizar la licencia con solo 6 trámites y en 36 días. Otros asuntos cotidianos para la marcha de cualquier unidad económica, como obtener servicios de electricidad para un negocio, requiere realizar en promedio 6.8 trámites e invertir alrededor de 100 días. En Nueva Zelanda, un país con baja densidad, por ejemplo, un trámite similar toma solo 58 días. [Problemática] A pesar de lo evidente del problema regulatorio para México, y de múltiples llamados por parte de COPARMEX para solucionarlo, el Congreso de la Unión ha sido omiso en su obligación legal para discutir y aprobar una Ley General de Mejora Regulatoria que permita simplificar regulaciones, trámites y servicios.
Hace 11 meses, una reforma a la Constitución Federal mandató a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal para lograr su aprobación y promulgación, a más tardar el 7 de agosto de 2017. En su momento, la Coparmex propuso al Presidente presentarla con el carácter de “iniciativa preferente” al inicio del período ordinario de sesiones. La iniciativa, con importantes omisiones, apenas se presentó por el Poder Ejecutivo el 12 de Diciembre de 2017, más de 4 meses después de vencer el plazo legal para su discusión y aprobación. La propuesta, apenas inició por tanto su trámite ante la Comisión de Economía, que permanecerá prácticamente inactiva hasta el 1ro de febrero de este año. La falta de discusión y aprobación oportuna de una legislación reglamentaria de la Constitución, es un ejemplo tangible de la violación al estado de derecho. El default constitucional, se ha vuelto costumbre en México. [Efectos negativos tangibles] La necesidad de una Ley General de Mejora Regulatoria es por demás notoria. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2016), uno de cada cinco unidades económicas del país considera que el marco regulatorio es un obstáculo para el éxito de sus establecimientos (20%), y el 13.5% lo clasifica como uno de los siete principales obstáculos de su entidad. En Quintana Roo, es considerado como el segundo obstáculo más importante (43%), solo por debajo de la inseguridad y delincuencia (58%). Más de la mitad de las empresas (52.6%) incurre en gastos económicos directos para cumplir con el marco regulatorio actual. De estas, 95% son micro empresas que gastan anualmente 22 mil pesos, una cantidad que, no les resulta trivial. El promedio de gasto, entre las empresas que lo
hacen, es de 48 mil pesos, con ciertos sectores, como el industrial, con cantidades hasta 2.4 veces mayores que esta. Parte del problema yace en que en México los tres niveles de gobierno tienen facultades para emitir reglas, permisos, licencias y trámites sin organización y comunicación, creando requerimientos que se sobreponen y duplican. Ante ello, el “Doing Business 2018”desarrollado por el Banco Mundial ha propuesto que, las áreas de regulación empresarial que más necesitan ser mejoradas son: el pago de impuestos, el registro de propiedad y la obtención de electricidad. [Siguientes pasos] COPARMEX considera que la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria debe ser enriquecida antes de que se proceda a su aprobación. Una mejor iniciativa deberá tener tres importantes mejoras: mayor control federal sobre los estados, instrumentos para asegurar su cumplimiento, e instituciones autónomas. Primero, se debe crear un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria federal que se articule con los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria, y que de posibilidad de atracción o remoción de funcionarios estatales, como sucede en el Sistema Nacional Electoral o Sistema Nacional de Transparencia. Segundo, es necesario también que la Ley contenga sanciones explícitas a su incumplimiento, especificando los tipos de infracción y/o delitos en esta materia y no solo hacer remisiones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es decir, una verdadera Ley General de Mejora Regulatoria debería estar dotada de elementos sancionatorios bien definidos.
Finalmente, es importante lograr que la COFEMER se convierta en un órgano autónomo, como lo son el Instituto Nacional Electoral (INE), o el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Esto permitirá que su actuación sea independiente. [Llamado a la acción] Ante estas importantes omisiones en la iniciativa, y sobre todo, ante la violación manifiesta a la ley que se está cometiendo por no haberla aprobado en los tiempos establecidos, COPARMEX hace un llamado a los legisladores para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, en el cual se discuta y aprobar, cuando antes, una versión enriquecida del proyecto que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Una verdadera Ley General de Mejora Regulatoria debe dar su justo valor a la regulación y promover una regulación inteligente. Es decir, identificar a la regulación como un mecanismo necesario para la protección del medio ambiente, de los grupos vulnerables y de los derechos humanos, sin que ello implique impedir u obstaculizar el crecimiento económico, y la creación de más y mejores empleos formales para los mexicanos. Una regulación onerosa, es un costo innecesario que crea incentivos perversos. Los resultados son aún peores cuando existen burocracias que pueden discrecionalmente decidir quién es sujeto de trámites. De hecho, la principal causa confesa para incurrir en algún acto de corrupción por parte de los empresarios, es la necesidad de agilizar algún trámite. Una excesiva regulación crea tortuguismo en la atención de las gestiones empresariales, cuando la reacción inmediata y la adaptabilidad son condiciones necesarias para el éxito. Una regulación inteligente es aquella que permita crear un estado de derecho pleno, donde se incentiva la iniciativa y se promueve la competencia. Se deben crear condiciones para que las empresas que emerjan bajo la ley, puedan rápidamente volverse competitivas y crear mercados más competidos. La regulación debe existir para vigilar el interés último de los ciudadanos, promoviendo el medio ambiente, el turismo, los derechos laborales y la salubridad, a la vez que se impulse por un crecimiento de sectores como la construcción, energía, transporte y el comercio, entre otras.
[Cierre – Crecimiento redistributivo] COPARMEX seguirá impulsando la rápida aprobación de una Ley General de Mejora Regulatoria que cree un estado con regulación inteligente, cuya meta última sea un mayor crecimiento económico con bienestar. La regulación no es, en sí misma, el enemigo a vencer. La regulación ineficiente es la que debe combatirse, pues frena a los emprendedores y solo favorece a los que pueden evadirla por cualquiera de las formas de corrupción. Como nunca México necesita crecer y transformar su economía para hacer frente a los nuevos retos de la economía donde el valor genera con innovación. Es tiempo ya de dar un paso decisivo, a través de una regulación inteligente. Por eso, exigimos se apruebe ya la Ley General de Mejora Regulatoria.
