La industria automotriz en México genera 1.9 millones de empleos en general, de los cuáles 530 mil son empleos directos en la manufactura de unidades ligeras y pesadas. Además representa el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
En los últimos cuatro años, el sector automotriz –el sexto productor en el mundo– ha visto reducidas sus ventas internas. Este año se registró en el mes de junio, el desplome más cuantioso al haberse obtenido una disminución en las ventas por arriba del 11 por ciento.
La combinación de un entorno global adverso junto con el debilitamiento de la economía nacional, ha permitido que nuestro sector automotor haya enfrentado estas contracciones en los últimos meses. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el acumulado de enero a septiembre de 2019 se han vendido 955,395 vehículos ligeros nuevos, 7.5% menos que en el mismo periodo de 2018.
En estas condiciones de adversidad para la industria automotriz mexicana, puntal en el desarrollo económico de México, los legisladores de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, en sigilo, el viernes 18 de octubre por la noche, modificaron la fracción 15 transitoria de la Ley de Ingresos 2020 para que, y cito textualmente:
“A efecto de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en leyes y ordenamientos aplicables a la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional, que hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”.
La medida aprobada por 316 votos a favor, permitirá la regularización de unos 18 millones de vehículos que fueron contrabandeados a México.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, se estima que esta regularización provocará una caída de entre el 20 y el 30 por ciento de las ventas de autos en México. Lo que inhibirá la inversión en el sector, y acotará la generación de empleos directos.
Comprometidos como estamos en la Coparmex con el desarrollo de las empresas mexicanas y el establecimiento de políticas públicas que alienten a la inversión y la generación de empleos, estamos total y absolutamente en contra de la regularización de los autos chocolate.
Hacemos un llamado al Poder Legislativo para que –en aras de promover el desarrollo de la industria automotriz y con ello establecer las bases para la generación de la inversión, una mayor captación de recursos a la hacienda pública, y el bienestar de los mexicanos– detengan la regularización de autos producto del contrabando y el tráfico, pues esta ilícita actividad:
- No genera impuestos en ningún orden de gobierno.
- Fomenta el contrabando rodante.
- Perjudica al medio ambiente.
- Beneficia a las células criminales de tráfico de vehículos.
- Blanquea el delito de adquisición de bienes con recursos de procedencia ilícita al impedir conocer el origen de los mismos.
- Afecta la generación de empleos en el sector automotriz.
- Y disminuye las ventas de autos nuevos.
En contraparte, proponemos al Poder Legislativo que establezcan las condiciones para que cada vez más mexicanos se desarrollen en la legalidad, en un contexto económico, político y social que les permita acceder a una vida digna que satisfaga con eficiencia, no sólo sus necesidades primarias, sino también la adquisición de bienes para el mejoramiento de sus actividades laborales y familiares de manera cotidiana.
Les pedimos a los legisladores:
- Crear incentivos para la adquisición de vehículos nuevos.
- Crear programas financieros para dar accesibilidad a la compra de automotores.
- Eliminar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; México es el único país que tiene dos impuestos para esta adquisición.
- Establecer un programa de entrega para destrucción de vehículos irregulares a cambio de la condonación de impuestos en la compra de uno nuevo.
- Y generar condiciones de certidumbre para el desarrollo y crecimiento de la industria automotriz mexicana, no sólo en el ámbito de la exportación, cuanto más en el incremento de las ventas internas.
La Coparmex rechaza categóricamente la irresponsable decisión de la regularización de autos chocolate, llevada a cabo en secrecía y sin consenso, con la que se da la espalda a los sectores involucrados y, peor aún, a los consumidores.
La incorporación del Artículo Décimo Quinto Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación rompe con el compromiso público realizado hace unos días por el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público ante el sector empresarial, al haber asegurado que no habría un ejercicio de regularización de los vehículos ilegales.
De concretarse su aprobación, esta medida convertiría a nuestro país en el “basurero automotriz” del mercado estadounidense. Literalmente, México se volvería el depósito de los vehículos obsoletos, que incumplieran las regulaciones en el país vecino.
La regularización de los vehículos “chatarra” profundizaría la crisis de las ventas en el mercado doméstico que, de junio de 2017 a septiembre de 2019, suman 28 meses consecutivos con resultados negativos, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
La evidencia reciente ha demostrado que, al introducir al mercado los vehículos importados usados, se genera una caída inmediata en la venta de automóviles y autopartes. Debemos recordar que en el proceso de regularización impulsado en el sexenio 2000-2006, la comercialización de automóviles cayó 30%.
Esta situación resultaría especialmente grave para el cierre de operaciones de muchas agencias automotrices, comenzando por las que están ubicadas en los estados fronterizos, que sería la región más vulnerable a esta alteración del mercado.
La regularización del contrabando de vehículos usados no sólo genera una competencia desleal con el mercado formal de automóviles, sino que transfiere recursos al exterior, sin dejar impacto positivo en la economía nacional.
Si ocurriera la regularización, se estima que el pronóstico de ventas de la AMDA para 2019, de 1 millón 301 mil vehículos, se desplomaría cerca de un 30%, considerando las tendencias actuales del mercado, para colocarnos en un nivel cercano a los 910 mil vehículos vendidos, afectando severamente a la economía del país.
Igualmente, habría una grave afectación en términos fiscales. Una inminente disminución en la producción y venta de automóviles, implicaría una baja en los ingresos tributarios, a partir de una menor recaudación por concepto de ISR, IVA e ISAN correspondientes al sector.
Una baja en la recaudación fiscal, tendría un impacto inmediato en las capacidades del Estado para invertir, por ejemplo, en transporte público moderno y eficiente, que amplíe la movilidad de las personas en los centros urbanos y rurales.
Aunado al importante golpe económico, la regularización de autos “chocolate” tendría un fuerte impacto en el aspecto ambiental, ya que se estaría envejeciendo el parque vehicular en el país, con las unidades desechadas en Estados Unidos, comprometiendo con ello, además, la seguridad vial de calles y carreteras en México.
Hoy, la tendencia mundial es justamente a la inversa, para transitar en los siguientes años y décadas a alternativas de transporte más limpios y amigables con el medio ambiente. En ningún caso, la incorporación de estos automóviles “chatarra” al mercado mexicano significaría una medida responsable para mitigar la contaminación que afecta, sobre todo, a algunas ciudades en el país.
Pero sin duda, la afectación más grave es al Estado de Derecho. Con la incorporación de dicho artículo a la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 se lanza una nueva señal desde el Gobierno Federal de incapacidad para hacer cumplir el marco legal de México.
Dada la compleja coyuntura de inseguridad que atraviesa el país, los mexicanos no podemos aceptar una medida que normaliza e incorpora a la formalidad, el contrabando de vehículos ilegales a nuestro territorio, muchas veces impulsado y promovido por los mismos grupos delincuenciales que hoy combate el Estado mexicano.
Por todas estas razones, en Coparmex nos oponemos a la regularización de autos “chocolate”. Hacemos un llamado enérgico a la Cámara de Senadores para que reconsideren esta decisión y la deroguen. Aún estamos a tiempo de detener la legalización del “contrabando rodante” e impedir las graves afectaciones económicas, sociales y de seguridad pública que traería consigo.
Respetuosamente le pedimos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir el compromiso que en voz de su Secretario de Hacienda manifestó el Gobierno Federal ante el empresariado nacional, de no regularizar los automóviles ilegales que provienen del extranjero.
Muchas gracias.
