Artículo de opinión de Juan Manuel Hernandez Niebla, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático
Twitter: @hernandez_sd
Aun cuando los principales problemas heredados al nuevo gobierno federal son inseguridad y corrupción, derivados de un eje común que es la impunidad, los temas sobresalientes del inicio del sexenio han sido la cancelación del nuevo aeropuerto y el robo de gasolina (huachicol), y no la debilidad del Estado para procurar e impartir justicia.
En el tema del huachicol, el cierre de las tuberías de PEMEX ha generado desabasto en varios estados de la república, costando a las cadenas productivas $10 mil mdp semanales.
Paradójicamente, no se ha generado ninguna detención importante de personas relacionadas a este ilícito, aunque si una compra multimillonaria, sin licitación, de camiones pipa para transportar combustible por carretera.
En el tema de inseguridad y corrupción, poder combatirlas requiere políticas integrales en materia de justicia, que respetando los derechos humanos, asegure los delincuentes reciban condena.
Combatir la impunidad necesitas una estrategia de tres ejes: una estructura policial acorde a las necesidades apremiantes del país, un esquema de administración y procuración de justicia que fortalezca el estado de derecho, y un legislativo que genere las leyes necesarias para que el aparato de justica cumpla cabalmente sus funciones. Todo coordinado por un poder ejecutivo que ponga el combate a la impunidad como la primera prioridad de su gobierno.
Sin embargo, en estos primeros 60 días de gobierno, los mensajes parecieran estar encontrados.
Primeramente, la conformación de la nueva guardia civil ha generado controversias, por la utilización del ejército como eje central.Igualmente, la nueva ley no establece lineamientos para la adecuada capacitación y formación de las policías municipales y estatales, como tampoco estrategias adecuadas de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social.
En procuración de justicia, si bien ya tenemos el nombramiento del primer fiscal general de la república, que parece tener las credenciales adecuadas para el cargo, su proximidad al presidente no garantiza la independencia y autonomía que el puesto debiera tener, entendiendo que el nuevo fiscal arriba a una institución cuyo marco legal es insuficiente para garantizar efectividad en los procesos judiciales.
Finalmente, el combate a la impunidad requiere leyes adecuadas que garanticen un balance entre la presunción de inocencia y el debido proceso.
En ese sentido, existe una propuesta en el Congreso para aumentar la lista de delitos que ameriten prisión preventiva, en particular la portación de armas de uso restringido y el robo al transporte, temas impostergables para detener la “puerta giratoria” que tanto nos cuesta como sociedad.
Debido al nuevo sistema de justicia penal, la mayoría de los delincuentes detenidos por estos delitos están siendo liberados.
Consecuentemente, no entendemos un despropósito tan grande por parte de los diputados al rechazar la iniciativa presentada, ni como el ejecutivo y el nuevo fiscal general permiten que esto suceda.
¿Combate al huachicol o combate a la impunidad y la corrupción? ¿Cuáles deberían ser los temas prioritarios para el país?
