Estimados amigos,
La inseguridad ha llegado a niveles alarmantes y la criminalidad es rampante. Tan solo hace un mes el joven empresario Uriel Ulberto Loya Deister, presidente de la COPARMEX Parral, Chihuahua, fue asesinado. La tragedia volvió a tocar a COPARMEX este fin de semana cuando, el empresario y exalcalde suplente de Acapulco, César Zambrano Pérez, fue privado de la vida.
Ambos cobardes crímenes permanecen impunes y representan un ejemplo de lo que nuestro México, corroído por la impunidad y la falta de Estado de Derecho, debe enfrentar día a día.
Tan solo en lo que va de enero a septiembre de 2018, se tienen registrados 21 mil 383 homicidios dolosos. Al paso que vamos, 2018 será el año más violento en la historia de nuestro país, superando al 2017.
Esto equivale a más de 78 homicidios al día, con una tasa de 25 homicidios por 100 mil habitantes, cifra que no veíamos desde la década de los sesentas y mayor al doble que la observada hace 10 años.
La situación ha empeorado consistentemente en los últimos años. Específicamente a partir de 2014, las cifras se incrementaron en más del 63% hasta finales de 2017 y se estima al menos un 10% de incremento para el cierre del 2018.
La realidad que dibujan varias encuestas dadas a conocer esta semana por el INEGI confirma que la situación de inseguridad de nuestro país exige atención inmediata.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, cada año una tercera parte de las empresas fueron víctimas del delito. Estos crímenes, principalmente robo, extorsión y corrupción, causaron un costo promedio de 66 mil pesos para cada empresa victimizada y con un costo total de 155.8 mil millones de pesos, es decir, 0.86% del PIB. Este es el cuarto año consecutivo en el que el INEGI reporta tasas de victimización empresarial superiores al 33%.
En COPARMEX tenemos la absoluta convicción de que la única forma de reducir estas alarmantes cifras de criminalidad es creando un Estado mexicano con capacidad de impartir justicia expedita y efectiva en los tres niveles de gobierno.
Las cifras dadas a conocer por el INEGI en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal dan cuenta de ello. Durante 2017, 145 mil causas penales ingresaron a los juzgados en materia penal de primera instancia. De estas, solo se concluyeron un total de 114 mil, y al 31 de diciembre de 2017 todavía había en trámite 225 mil, cifra que incluye asuntos rezagados de años anteriores.
El sistema penitenciario, que en años recientes ha sufrido grandes transformaciones legislativas con el fin de repensar la función social de las penas de cárcel, tiene enormes áreas de oportunidad en cuanto a alternativas reales de readaptación y eficacia de la justicia penal. El modelo en su conjunto exige un replanteamiento de la reinserción desde el punto de vista de los derechos humanos.
Se requiere urgentemente el fortalecimiento de las instituciones que puedan prevenir, perseguir, combatir y castigar la violencia que vive el País.
El camino es claro. Debemos desarrollar estrategias de prevención del crimen, profesionalizar e incrementar el estado de fuerza de nuestros cuerpos de seguridad y ministerios públicos, rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad. Una parte crítica de esta reingeniería deber ser deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstaurar la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, y a pesar de que se tiene claridad sobre las medidas que deben tomarse desde hace tiempo, lo cierto es que éstas simplemente no se llevan a cabo.
Llevamos prácticamente mas de una década en esfuerzos de depuración, capacitación y profesionalización de las policías, sin que haya resultados significativos en su desempeño. Al depender de la contribución con las fuerzas estatales, este esfuerzo también ha sido regionalmente heterogéneo y difícil de impulsar desde la Federación.
Es por ello que instamos al gobierno que todavía está en funciones, al gobierno del Presidente Peña Nieto, a que tome medidas urgentes para controlar la ola de criminalidad que ataca nuestro país.
El Presidente de la República no debe bajar la cortina antes de tiempo y dejar la responsabilidad al gobierno electo. Se deben emprender reformas a fondo hasta el último día en gestiones.
El proceso de transición política debe ser un momento en el que el gobierno entrante se empapa del diagnóstico y los aprendizajes hechos por el gobierno saliente, y el gobierno saliente asume la responsabilidad que mantiene en la materia. No debe ser un momento de vacío político donde nadie toma responsabilidad directa del rumbo del país.
La transición no puede ser ocasión para que el gobierno ceda en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en contener la violencia.
Los llamados a la paz que ha hecho el gobierno son loables pues llaman a una reconciliación nacional, pero son insuficientes para atacar el problema de la delincuencia organizada. Controlar los ataques de la delincuencia organizada debe ser el objetivo particular y prioritario de las diferentes instituciones federales y estatales.
Llamar a la paz y al perdón es insuficiente para contener la crisis. Las cifras que he descrito no sólo reflejan un incremento en número de homicidios, sino una incapacidad sistémica por lidiar con la violencia.
Estimados amigos,
El combate a la inseguridad debe intensificarse urgentemente. Por eso hacemos un llamado al gobierno del Presidente Peña para que reconozca que sigue siendo el principal responsable de mitigar la crisis.
Todavía está en sus manos mejorar la implementación de las políticas de seguridad que permitan enfrentar la grave situación.
Hacemos extensivo el llamado a la sociedad para que siga con atención el desarrollo de este tema. La pacificación del país no puede esperar hasta el 1 de diciembre. La urgencia apremia.
Muchas gracias.
