Amigos de COPARMEX,
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 fueron aprobados 43 mil millones de pesos extra con respecto del proyecto original enviado por el Ejecutivo, recursos que en buena medida fueron colocados en ramos que serán ejercidos por las entidades federativas y que son susceptibles a la discrecionalidad.
Una parte de esos recursos fue asignado mediante artículos transitorios; el 5º prevé 2 mil 500 millones de pesos a un fondo para la reconstrucción en entidades federativas; el 6º. destina186.3 millones de pesos a la búsqueda de desaparecidos y el 9º transitorio, 750 millones para el “Fondo de Fronteras”, un subsidio para combatir la pobreza en la frontera norte y sur del país.
A estos se suman otros fondos, como proyectos de desarrollo regional, Fondo de Apoyo a Migrantes, Programas Regionales y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, entre otros rubros, los cuales quedaron considerados en las participaciones y previsiones del ramo 23, al cual se asignaron poco más de 156 mil millones de pesos, lo que marcó un incremento real del 11.7%. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, al carecer de reglas de operación o bien al ser éstas cambiadas año con año, el manejo de estos fondos puede ser objeto de uso discrecional.
Elevar la transparencia y rendición de cuentas requiere necesariamente de la participación de la sociedad. No sólo porque es destinataria de las acciones de gobierno, sino porque puede consolidarse en vigilante de la forma en que se utilizan los recursos públicos.
Por ello desde la sociedad estaremos atentos a los nombramientos de más de 22 titulares de organismos autónomos que son clave en el combate a la corrupción y la impartición de justicia. Uno de éstos, de suma relevancia, es el del Auditor Superior de la Federación –que concluye su periodo el 31 de diciembre—y que es una pieza clave en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que es la figura que provee información en relación al uso indebido de los recursos públicos tanto a nivel federal como local.
En la gestión del actual Auditor Superior de la Federación, de hecho, fueron detectados casos como el fraude en Oceanografía y el desvío de recursos en las pasadas administraciones de los estados de Veracruz y Quintana Roo, que derivaron en procesos penales de los responsables.
Con el fin de fortalecer las instituciones y asegurar el combate a la corrupción y asegurar la legalidad en el uso de los recursos públicos, desde la sociedad demandamos:
1º. Que se atienda el nombramiento del Auditor Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
2º. Definir el modelo de la Fiscalía General de la República y que sea nombrado su titular, así como el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados especializados en este ámbito.
Ello precisa de un proceso de discusión con altura de miras, para que sean nombrados los mejores candidatos, que garanticen su autonomía e independencia de grupos de interés.
3º. Elevar la calidad de la política fiscal creando un Consejo Fiscal Independiente.
4º. La urgencia de entrar a la discusión de una reforma hacendaría de fondo, que abarque tanto los ingresos como la reestructura al gasto público.
Hacemos un llamado a los legisladores al diálogo y a la reflexión, a efecto de que se resuelvan estos pendientes, que son de la mayor relevancia.
Sólo a través de verdaderos contrapesos al Poder Ejecutivo, con transparencia, rendición de cuentas, participación y exigencia ciudadana, podremos construir el futuro de México.
Muchas gracias
