CRE y CNH deben mantener su autonomía como órganos reguladores del sector energético

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El modelo energético instrumentado por el gobierno mexicano a finales de 2013 ha permitido captar nuevas inversiones nacionales y extranjeras para ampliar la capacidad productiva del sector, con el fin de fortalecer el abasto nacional de energéticos.

Con reglas claras, diversas compañías privadas han ganado contratos para la exploración y explotación del petróleo, gas y sus derivados en México, en algunos casos en alianza con Pemex, lo que ha permitido comprometer inversiones por poco más de 150 mil millones de dólares, a mediano y largo plazo mediante concursos realizados a través de tres rondas.

Una de las piezas centrales del modelo energético mexicano que ha permitido esos avances reside en la autonomía operativa y presupuestaria de los entes reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyos comisionados han actuado con independencia, transparencia y profesionalismo en la toma de decisiones relacionadas con concursos para la explotación de diversos campo petroleros.

En ese contexto, resulta preocupante la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el Grupo Parlamentario Morena en la Cámara de Diputados, en la que propone la Sectorización de los Órganos Reguladores en materia energética, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la Comisión Reguladora de Energía.

Esa iniciativa va en contra de la tendencia de los últimos años, mediante la cual varias instituciones del Estado Mexicano se han transformado en órganos constitucionales o legalmente autónomos.

Estos órganos gozan de independencia técnica y de gestión, lo que supone que tengan garantizada su solvencia, sin depender de negociaciones políticas. Con ello, se ha garantizado que funciones clave a cargo del sector público, como la política monetaria en el caso de Banco de México, la estadística nacional en el INEGI y la organización de las elecciones por el INE, por citar algunos casos, no sean influenciados por la coyuntura política, ni cooptados por grupos de interés.

En el sector energético, las decisiones de los órganos reguladores la CRE y la CNH, adoptadas de forma colegiada y cuyos comisionados asumen sus funciones en forma escalonada, ha provisto certidumbre a las inversiones que han llegado a México.

El actual marco regulatorio que brinda autonomía a la CRE y a la CNH garantiza la transparencia en los procesos con los regulados, tales como son las audiencias públicas y un blindaje institucional durante los procesos de licitación, que son referentes internacionales hoy en día.

Estudios Internacionales sobre los reguladores energéticos en México, como el de la OCDE (2016), señalan la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia de coordinación, autonomía y gobernanza.

Por esa razón, la Confederación Patronal de la República Mexicana considera que sectorizar a órganos reguladores como la CNH y la CRE y volverlos parte de la Secretaría de Energía, significaría un retroceso en la ruta hacia un mercado energético competitivo, al facilitar el regreso a los monopolios estatales.

Un Secretario de Energía que sea al mismo tiempo el Presidente del Consejo de Administración de Pemex y CFE, y a su vez instruya de manera directa a los órganos reguladores, no será una buena señal para los demás participantes del mercado energético.

Coparmex hace un llamado al Congreso de la Unión a modificar esta iniciativa, toda vez que de aprobarse como se presentó, significaría un grave retroceso en el Modelo Energético que el país requiere para detonar todo su potencial.

Es fundamental entender que México es un jugador clave en el mercado global en materia de energía y competimos con otros países para atraer las inversiones, por lo que debemos contar con reglas claras y órganos reguladores con la capacidad y fortaleza suficiente para garantizarla.

México no puede darse el lujo de que se pierda la confianza en el árbitro del sector energético, ello pondría en duda la posibilidad de nuevas inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras en el sector.