¿Qué perdemos con la desaparición de los organismos autónomos? Derechos, transparencia y prograso

En los últimos años, hemos sido testigos de una preocupante tendencia hacia la centralización del poder en México. La reciente aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para eliminar organismos autónomos, representa una amenaza directa a los derechos ciudadanos y a la transparencia en la gestión de recursos públicos. Sin instituciones independientes que emitan resoluciones técnicas y transparentes, la ciudadanía corre el riesgo de enfrentar retrocesos en el ejercicio de un derecho como es el acceso a la información pública, en la protección de sus datos personales, en la defensa de una sana competencia empresarial, entre otros.

Extinguir estos organismos y transferir sus funciones a la Administración Pública Federal abriría la puerta a la opacidad y la corrupción, además de propiciar una concentración de poder que favorece prácticas monopólicas, incrementando riesgos de precios elevados y desabasto de bienes y servicios básicos.

Entre el paquete de iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Gobierno anterior en febrero de este año, se incluyó la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). En su lugar, se propone transferir sus funciones a dependencias federales, lo cual erosiona el equilibrio y la independencia de poderes que toda democracia saludable requiere.

En esta Señal COPARMEX abordaremos la relevancia de estos organismos y el impacto de su posible extinción.

La importancia de los organismos autónomos

Los organismos autónomos no sólo son entidades técnicas; su autonomía asegura decisiones imparciales, libres de influencias políticas y dirigidas exclusivamente a servir a la ciudadanía.

Protección de derechos humanos

Estos organismos garantizan transparencia y rendición de cuentas, y sus funciones permiten supervisar el uso de los recursos públicos, evaluar programas sociales y regular la competencia en los mercados. Están respaldados por personal técnico altamente capacitado que asegura que sus decisiones estén libres de conflictos de interés y dedicadas a proteger los derechos ciudadanos y optimizar los servicios públicos.

Impacto presupuestario mínimo

Contrario a lo que se ha argumentado, los organismos autónomos no representan un gasto significativo para el país. Su eliminación apenas supondría un ahorro de 0.05% en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que demuestra que su existencia tiene un impacto mínimo en términos económicos, pero fundamental en el desarrollo institucional.

Papel crucial para la democracia

Los organismos autónomos representan contrapesos democráticos que permiten la participación ciudadana y brindan mecanismos de supervisión gubernamental. Su desaparición limitaría gravemente la capacidad de la sociedad para exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales. La iniciativa de eliminar estos organismos y trasladar sus funciones a la administración pública federal implica un riesgo de consolidación autoritaria y opaca, alejada de los valores democráticos.

Estándares internacionales

México se ha comprometido ante organismos internacionales a garantizar derechos como el de competencia, acceso a la información y la protección de datos personales, mismos que dependen de la existencia de organismos autónomos. Su eliminación contradice estos acuerdos y expondría a México a sanciones y pérdida de credibilidad ante la comunidad internacional.Más aún, el T-MEC requiere la existencia de un organismo como el IFT.  

Incertidumbre e inestabilidad

La desaparición de organismos como el INAI, el IFT y la COFECE generaría incertidumbre en los sectores económicos, afectando la inversión, el empleo y la estabilidad. Su eliminación debilitaría el ambiente de negocios, al eliminar reglas justas y claras necesarias para atraer inversión y fomentar el desarrollo. México se alejaría de los estándares de competencia y transparencia internacionales, perdiendo competitividad en los mercados globales.

¿Sabes qué impacto tendría si desaparecen estas instituciones?

INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es esencial para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y a exigir cuentas al gobierno.

• Sin el INAI, México podría caer en una etapa de opacidad, dificultando investigaciones sobre corrupción como la Estafa Maestra, la Casa Blanca o Segalmex.
• Los ciudadanos perderían la capacidad de acceder a información sobre cómo se gastan sus impuestos, limitando su poder de exigir transparencia y rendición de cuentas.
• No habría mecanismos efectivos para proteger la privacidad de los datos personales, lo que expondría a la ciudadanía a posibles violaciones de su privacidad.
• Miles de personas han logrado acceder a sus expedientes clínicos gracias al INAI; su desaparición dejaría a muchos sin esa posibilidad, dado que instituciones públicas o privadas no suelen proporcionar esta información pese a ser un derecho de las personas.

CONEVAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el encargado de medir y evaluar los niveles de pobreza en México, así como la efectividad de los programas sociales.

• Sin el CONEVAL, sería casi imposible obtener datos precisos sobre la pobreza, afectando el diseño de políticas sociales eficientes que beneficien a los ciudadanos más vulnerables.
• La falta de información podría generar políticas ineficaces, perjudicando a las familias que más necesitan apoyo.

COFECE

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se asegura de que los mercados operen de manera justa y en beneficio de los consumidores.

• Sin la COFECE, la formación de monopolios podría aumentar, lo que llevaría a un alza en los precios de bienes y servicios, como los productos de la canasta básica. En 2023, por ejemplo, COFECE sancionó a varias empresas por manipular el precio de la tortilla en Huixtla, Chiapas.
• Además, la calidad de los productos podría disminuir, ya que sin competencia, las empresas no tendrían incentivos para mejorar.

IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) regula los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México.

• Sin el IFT, el costo del acceso a internet y otros servicios de telecomunicaciones podría elevarse, afectando a millones de ciudadanos que dependen de ellos para sus actividades cotidianas. 
• La falta de regulación también podría reducir la calidad del servicio, con más interrupciones y problemas de conectividad.
• En telecomunicaciones, el IFT ha promovido regulaciones que han reducido los precios de estos servicios en más del 31.7% en la última década, lo cual ha beneficiado a millones de personas.

CNH

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) regula la exploración y extracción de hidrocarburos, vigilando a PEMEX y otras entidades del sector energético.

• Sin la CNH, podría haber un aumento en la contaminación ambiental debido a prácticas de extracción irresponsables.
• Además, la falta de regulación adecuada podría generar desabasto de combustibles y provocar aumentos en los precios de la gasolina.

CRE

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) supervisa el mercado energético para evitar la formación de monopolios y asegurar un suministro estable de energía.

• Sin la CRE, los precios de la electricidad, gas y gasolina podrían dispararse debido a la falta de competencia y control.
• También se vería afectada la confiabilidad del suministro de energía, lo que podría traducirse en cortes frecuentes que afectarían a millones de personas y a miles de empresas.

MEJOREDU

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) es clave para el seguimiento y evaluación de la calidad educativa en México.

• Sin MEJOREDU, no habría manera de garantizar que los programas educativos se mantengan actualizados y eficientes, lo que afectaría negativamente a millones de estudiantes.
• Esto podría limitar las oportunidades laborales de los jóvenes, afectando su futuro. 
• Reconectar sus funciones con los ciclos políticos podría distorsionar el reporte de estos indicadores críticos, afectando así la capacidad de los ciudadanos de evaluar el desempeño de los programas sociales y, en época electoral, de decidir su voto de manera informada.

El llamado de COPARMEX

Una vez que ha sido aprobada en lo general y en lo particular la extinción de estos organismos por parte de la Cámara de Diputados, desde COPARMEX, hacemos un firme y urgente llamado al Senado y a todos los actores políticos a reflexionar sobre la ruta de centralización del poder que debilita los contrapesos institucionales y afecta el equilibrio democrático en México. 

La propuesta de eliminar órganos autónomos y modificar el sistema judicial y electoral representa un retroceso que socava la transparencia, la rendición de cuentas y la participación democrática, elementos esenciales para el desarrollo de una nación moderna y competitiva.

La desaparición de estos contrapesos impacta directamente en la estabilidad económica e institucional del país, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas. Al debilitar las instituciones que con su independencia y autonomía garantizan la competencia, la justicia imparcial y la transparencia, México se aleja de sus compromisos internacionales y compromete su crecimiento y credibilidad en el escenario global.

Reiteramos nuestro compromiso con una democracia robusta y equitativa, donde las instituciones sean fuertes, independientes y garantes del bienestar común. Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo a fortalecer, no a debilitar, las instituciones, y a priorizar una visión de país que respete el Estado de Derecho y fomente la participación activa de todos los ciudadanos.