Coparmex respalda la estrategia contra la extorsión. Pide reformas legislativas que garanticen resultados efectivos.

• Urge atender la extorsión con inteligencia, protocolos eficaces y legislación específica para frenar uno de los delitos más lesivos para las empresas.
• Es necesaria una reforma al artículo 73 constitucional para expedir una Ley General de Extorsión que permita coordinar de forma eficaz la persecución del delito en todo el país.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal, representa un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas. Valoramos que se promueva una respuesta coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Marina, la FGR, la Guardia Nacional y el CNI. Sin embargo, pese a que desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) coincidimos en la urgencia de esta iniciativa, advertimos que, para que tenga un impacto real, debe acompañarse de reformas legales profundas que garanticen su efectividad.

Respaldamos el anuncio de la presidenta de México sobre la presentación de una iniciativa de ley en materia de extorsión para el próximo periodo ordinario. Desde septiembre de 2023 impulsamos una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en la materia. Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias. Esperamos que los primeros ocho estados donde se aplicará esta estrategia sean el punto de partida para una cobertura nacional.

Los datos reflejan con contundencia la gravedad de esta problemática: en nuestro país; cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que en conjunto ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024. En nuestra Comisión Nacional de Seguridad y Justicia hemos impulsado, desde hace años, propuestas para enfrentar este delito, y recientemente, a través de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8% de nuestros socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%). Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer.

La creación de Unidades Antiextorsión locales como una medida necesaria, resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata. Asimismo, coincidimos en la importancia del uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes que operan al margen de la ley (o en contubernio con algunas autoridades), y que hoy tienen en la extorsión su principal fuente de financiamiento. En particular, consideramos urgente actuar con firmeza frente a las llamadas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios.

Es indispensable que los protocolos nacionales de atención a víctimas estén adaptados a las realidades regionales. Un solo modelo no basta para una nación tan diversa. En entidades donde la extorsión telefónica predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección. En zonas rurales o regiones con prácticas como el “cobro de piso”, deben intervenir directamente las fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades y brindar acompañamiento institucional sostenido.

La estrategia debe prever atención especializada para víctimas de extorsión telefónica. Este tipo de delito, aunque no siempre se concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo padecen. Por eso es fundamental contar con operadores del 089 capacitados en manejo de crisis, con la posibilidad de usar también canales digitales para una atención más efectiva y discreta.
Además, las Mipymes son la base de nuestra economía y generan el 65% de los empleos formales en México. Sin embargo, son las más afectadas por la extorsión, ya que tienen menos recursos para protegerse. Por eso, la estrategia contra este delito debe incluir apoyo especial para ellas, como atención rápida, asesoría legal y programas de prevención, para que puedan seguir creciendo sin miedo.

Coincidimos en la importancia de acompañar la estrategia con campañas de prevención, pero también con una visión de largo plazo que reconstruya el tejido social. La educación en valores y legalidad es el cimiento para generar nuevas generaciones que rechacen la violencia como medio de vida. La prevención no debe limitarse a informar, sino que debe sembrar convicciones éticas que fortalezcan la convivencia y el Estado de Derechos.

Seguiremos colaborando activamente en la construcción de soluciones que protejan a las personas, a las empresas y al país. La extorsión no puede seguir siendo parte de la normalidad. Estamos convencidos de que solo mediante la coordinación institucional, la legislación adecuada, la atención integral a las víctimas y una estrategia de prevención con visión social, lograremos construir un México donde la seguridad no sea excepción, sino regla. Sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay inversión, y sin legalidad no hay futuro.