La voz de la IP / Presupuesto 2027: asfixia fiscal o vida digna.

Artículo de Opinión escrito por Fernando Sánchez Argomedo | Presidente de la Comisión Nacional de Innovación de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X: @fsargomedo

La entrega del Paquete Económico 2027 marca un momento de inflexión para el sector productivo y el futuro socioeconómico de México. Como líderes empresariales desde Coparmex, tenemos la responsabilidad de realizar un análisis a fondo y buscar tener una visión propositiva.

La propuesta gubernamental plantea metas claras: reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público a 3.9 por ciento del PIB para encauzar el déficit, proyectar un crecimiento económico prudente de entre 1.5 y 2.5 por ciento, y estabilizar la deuda en torno al 55 por ciento del PIB.

Estos parámetros macroeconómicos reflejan la intención de mantener un orden fiscal; sin embargo, el verdadero reto para los empresarios y las empresas de todos los niveles radica en el mecanismo elegido para financiar este esquema, en un contexto donde el gasto en programas sociales superará el billón de pesos anual. Se trata de un gasto social necesario para los más vulnerables, pero que necesita de un desarrollo económico y empresarial que lo mantenga.

Al descartarse la creación de nuevos impuestos o el incremento de tasas, la premisa hacendaria descansa en una fiscalización algorítmica sin precedentes.

La aplicación de modelos de aprendizaje automático y minería de datos por parte del Servicio de Administración Tributaria sobre la facturación electrónica transforma la relación tributaria. Para los grandes corporativos, esto implica un escrutinio exhaustivo sobre esquemas corporativos e intangibles. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral de nuestro empleo, significa una presión administrativa asfixiante, derivada de cartas invitación automatizadas, demoras en la devolución del Impuesto al Valor Agregado y la exigencia milimétrica de demostrar la materialidad de cada operación, so pena de ver paralizada su facturación.

La trazabilidad operativa en sectores estratégicos busca erradicar la competencia desleal, pero impone costos de cumplimiento y digitalización que absorben liquidez operativa vital.

Esta presión técnica tiene una repercusión directa e ineludible en el tejido social. La actividad económica no se reduce a balances contables; su fin último es la persona y la construcción de condiciones para una vida digna. Cuando las políticas recaudatorias exprimen exclusivamente a la base formal, se desincentiva la inversión productiva y se frena la generación de empleos de calidad, con seguridad social y remuneraciones suficientes.

La consolidación fiscal no puede sostenerse sacrificando la inversión física en infraestructura, energía y agua, pues son precisamente esos bienes públicos los que detonan el desarrollo comunitario y abren oportunidades reales de movilidad social. Si el ajuste presupuestal recae en exprimir al contribuyente cautivo mientras persiste una economía informal superior al cincuenta por ciento, el objetivo de combatir la desigualdad queda truncado en su raíz.

Frente al panorama de 2027, el sector patronal debe asumir un rol proactivo y estratégico. En lo interno, las empresas debemos robustecer nuestra gobernanza corporativa, digitalizando procesos para anticipar discrepancias y blindar nuestra operación. Hacia afuera, debemos exigir una fiscalización justa que combata de fondo la informalidad y un ejercicio del gasto público eficiente y transparente. Una sociedad no prospera con asistencialismo si este carece de una base económica sólida que lo sostenga.

La verdadera ruta hacia una vida digna exige certidumbre jurídica, estímulo a la competitividad y la convicción de que sólo una empresa libre, formal y socialmente responsable puede generar la riqueza necesaria para un México equitativo.