Fortalecer a estados y municipios con equidad, prioridad de un nuevo pacto fiscal

En este 2020, como resultado del Pacto Fiscal, mil 972 mil millones de pesos han sido destinados a la distribución del gasto federalizado, con la finalidad de que los gobiernos de las 32 entidades cuenten con recursos para infraestructura, educación, salud, entre otros.

La disparidad en la carga recaudatoria que se deriva del actual Pacto Fiscal es un reto pendiente que tenemos como País. Mientras que en el norte se logra la mayor recaudación en estados con baja densidad población; al sur encontramos entidades que aún cuando tienen un mayor número de habitantes, son los que menos recursos aportan a la Federación.

El 65% del total de los ingresos tributarios de todo el país se concentran en Ciudad de México (46.2%), Nuevo León (8.5%), Tamaulipas (7.7%) y Veracruz (7.5%). Contrario a ellos, encontramos a estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, cuyas aportaciones tributarias representan apenas el 10% del total de los recursos federales que perciben.

Este amplio contraste entre lo que se recauda y lo que se recibe, se explica en los dos problemas principales que implica el sistema actual de distribución del gasto federalizado:

Primero. Un reparto inequitativo entre los estados que no atiende criterios justos, la fórmula actual sólo considera como variables el número de habitantes y la recaudación generada por cada entidad, pero no premia a los estados que más esfuerzos hacen por recaudar y que cuentan con sistemas de recaudación más modernos.

Segundo. Dado que actualmente los estados que menos aportan son también los que más recursos reciben, el esquema actual de distribución de recursos ha ocasionado una mayor dependencia presupuestal, al no promover el fortalecimiento hacendario ni estimular las responsabilidades tributarias locales.

Es un hecho que el Convenio de Coordinación Fiscal, creado en 1947 durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, ya no responde a las necesidades actuales de los estados y municipios. El México actual requiere de un nuevo Pacto Fiscal que revise el esquema para la distribución del gasto federalizado, que mantenga su sentido solidario, sí, pero que también reconozca los esfuerzos que en materia recaudatoria realizan los gobernadores y alcaldes. No se trata de abrir una caja de pandora, sino de que una vez por todas modifiquemos un Convenio que al día de hoy es obsoleto.

Aunque la solidaridad es uno de los principios del pacto federal, la inequidad no puede llegar al extremo de minar las capacidades financieras básicas de las entidades que más ingresos aportan a las arcas públicas de nuestro país. Cabe mencionar que el actual esquema de distribución genera además riesgos financieros al traducirse, en algunos casos, en la contratación inmoderada de deuda pública. Ejemplo de ello son, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, que obtienen hoy más recursos por la vía del financiamiento que por parte de las contribuciones fiscales.

Más aún, aunque el Gobierno Federal ha mantenido su propuesta de no crear nuevos impuestos o aumentarlos, lo cierto es que un gasto federalizado estático no alcanzará para que los gobiernos estatales y municipales cubran las crecientes necesidades de su población; esto los obligará a recurrir a la creación de nuevos impuestos locales asumiendo por sí solos el costo político que esto implica.

Además, al no haber incentivos para recaudar, la regla de distribución actual genera una mayor dependencia de los recursos. Como resultado, los estados que más recursos reciben mediante transferencias federales son también los que menos recursos propios generan. Este es el caso de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, cuyos ingresos propios por recaudación representan menos del 2% de sus ingresos totales. En contraparte, la CDMX y Nuevo León representan el 25% y 11%, respectivamente.

Otra problemática reside en la pobre fiscalización que tenemos a nivel estatal y municipal. En este sentido, las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre el ejercicio de los recursos que se transfieren a estados y municipios son preocupantes. Auditoría tras auditoría, se destaca la ausencia de controles eficientes que permitan monitorear y vigilar, con profundidad y oportunidad, que los gobiernos locales apliquen los recursos para los propósitos a los que les fueron destinados. Tan sólo en la Cuenta Pública 2018, se encontraron 38 mil millones de pesos que fueron gastados por los gobiernos estatales y municipales que al día de hoy no han aclarado o comprobado cómo fueron utilizados.

Desde Coparmex exhortamos al gobierno federal a convocar este año a los 3 órdenes de gobierno, para que, junto con la sociedad civil, se lleve a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria donde se alcancen acuerdos sobre cuatro dimensiones particularmente relevantes:

1. Determinar una nueva fórmula del egreso mejorando el reparto del gasto federalizado a través de nuevos criterios de distribución y añadiendo un sentido de justicia a la repartición de los recursos fiscales. Más allá del índice de población, el diseño de un nuevo planteamiento en el reparto del gasto requiere necesariamente considerar nuevos criterios como los esfuerzos de saneamiento financiero, el incremento de los ingresos propios, el esfuerzo recaudatorio, y la extensión territorial.
2. Promover la recaudación local. Por las condiciones tan distintas que hay entre los estados, cualquier reforma de Coordinación Fiscal será asimétrica y deberá cumplir con los principios de solidaridad. Sin embargo, se debe de incentivar a los estados con menos recaudación local a que lo hagan, teniendo como meta dejar de sobrevivir a costa del sustento de la federación.
3. Alcanzar una nueva legislación fiscal, que considere los impuestos directos (ISR) y los indirectos (IVA y IEPS), enfocada a elevar los ingresos de la recaudación mediante el incremento a la base de contribuyentes.
4. Inclusión de mejores mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales. Establecer controles para asignar, monitorear, vigilar y hacer transparente la aplicación de los recursos por parte de estados y municipios para evitar que se destinen a propósitos distintos a los que les fueron etiquetados.

En Coparmex estamos convencidos de que, con un renovado federalismo, es posible fortalecer al Pacto Fiscal, y de esta forma, potenciar el desarrollo de cada una de las regiones. No hay razón para seguir postergando la Convención Nacional Hacendaria, el momento es ahora, estaremos atentos a la convocatoria del gobierno federal.

Muchas gracias