Coparmex en contra de ley para registrar vehículos ilegales en BC

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) apoyamos  la posición de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), y la Industria Nacional de Autopartes (INA), las cuales se oponen la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, misma que remitió al Congreso local el pasado 30 de diciembre de 2019, y aprobado por el Poder Legislativo bajacaliforniano el 27 de febrero.

La Ley legaliza el contrabando de vehículos en Baja California y contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado, iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley; sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país.

Ante la actual política federal de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad. Por todo lo anterior, solicitamos la expedita intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el Estado de Derecho de nuestro país, que sea observada la supremacía normativa existente, así como el cumplimiento de los acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la SHCP, para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales, por lo siguiente:

La  ley presentada por Jaime Bonilla Valdez y aprobada por el Congreso de Baja California viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones aduaneras federales, cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

Baja California al amparo del convenio de colaboración sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la Federación, al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando. El Poder Ejecutivo Federal debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aplicarse la ley en comento serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

La COPARMEX – en apoyo a la AMDA, AMIA, ANPACT e INA -, se opone a la creación del “Instituto Regularizador de Vehículos Chuecos”. Urgimos que el presidente López Obrador defienda el Estado de Derecho y no permita la corrupción y la impunidad, ya que el Gobierno de Bonilla Valdez reta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al violar principios constitucionales con su Ley registral de vehículos ilegales.

Nos reiteramos en disposición de entablar un diálogo constructivo, que nos permita analizar posibles soluciones a temas de ésta naturaleza, honrando siempre el marco de legalidad de nuestro país.

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