El Grupo Parlamentario del partido Morena en el Congreso de Oaxaca, presentó una iniciativa por el que se adiciona el artículo 20 bis. de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el fin de prohibir y sancionar la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad.
El pasado miércoles 29 de julio se votó en primera lectura el dictamen y se estima que mañana miércoles 5 de agosto, se sufrague en el Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados oaxaqueña. Por ello, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) solicitamos a los legisladores de Oaxaca que se posponga la discusión del dictamen hasta que se realicen mesas de trabajo que permitan escuchar a los sectores involucrados, principalmente a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
La aprobación del dictamen generará barreras a la competencia y libre concurrencia, al establecer medidas restrictivas sólo a los alimentos envasados, no así a alimentos preparados, a la venta en granel y a todo el sector informal.
La actual situación que atraviesa el país, nos exige la colaboración de todos los sectores, para buscar soluciones conjuntas que promuevan el correcto funcionamiento de todos los motores de la economía, y así poder hacer frente a los distintos retos sanitarios y sociales a los que nos enfrentamos.
Sin embargo, en el Sector Empresarial nos preocupa que desde los poderes legislativos federal y locales, se procesen temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica.
En particular, nos preocupa el hecho de que sin una argumentación sólida y desatendiendo las solicitudes de audiencia del sector privado, los legisladores oaxaqueños pretendan prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad.
Esta situación podría, eventualmente, originar un efecto contrario al esperado mediante la creación de una controversia jurídica contra el Congreso de Oaxaca, que pretende legislar sobre facultades exclusivas de la Federación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la medida podría impactar directamente a alrededor de 58 mil comercios, en particular a misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros. Lo anterior, derivado a que alrededor del 60% de los ingresos dichos negocios dependen de la venta de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa pérdida de empleos.
Adicionalmente, la prohibición tendría un impacto directo en la economía regional, en particular a los pequeños y medianos productores de productos tradicionales como el cacao y chocolate, íconos de la entidad, que actualmente se encuentran en riesgo por la baja producción de la semilla y la carga fiscal que se le ha impuesto en tiempos recientes, mermando así los ingresos de miles familias.
Además, en estos momentos Oaxaca se encuentra en una crisis económica profunda, la cual afectará principalmente a los pequeños comercios. Tan sólo a nivel nacional, se estima que derivado de esta situación, ya han cerrado más de 70 mil tiendas de abarrotes.
Asimismo, estimamos relevante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha señalado que los alimentos y bebidas procesadas representan tan solo el 30% de la ingesta calórica.
Es importante recordar que el próximo 1º de octubre se prevé la entrada en vigor de las recientes modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual tendrá como objeto informar al consumidor sobre el contenido de los productos.
Por tal motivo, consideramos que es menester esperar a la implementación de las políticas de carácter federal y valorar su efectividad con base en su ejecución, previo a implementar medidas coercitivas que puedan dañar el patrimonio de miles de oaxaqueños, sin evidencia alguna que sustente o justifique la medida.
En la COPARMEX hacemos un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Oaxaca, para no castigar a los comerciantes locales y posponer la votación de la reforma propuesta, en tanto no se realiza un análisis integral de la misma y se promueve un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales de la entidad, permitiendo construir un proyecto en beneficio de la niñez sin afectar la economía.
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