Iniciativa de reforma administrativa del Gobierno Federal genera incertidumbre y atenta contra el Estado de derecho

• El Gobierno debe cumplir la ley y no cambiarla para darle prioridad al Estado sobre la iniciativa privada.
• De ser aprobadas estas reformas, advertimos que violan la Constitución y los tratados comerciales internacionales firmados por México; serían -una vez más- reformas que terminarían litigadas.
• Las modificaciones legales que impulsa el Ejecutivo pueden generar un efecto contrario al que persiguen, pues las empresas evitarían firmar contratos con el gobierno por el riesgo que implica. 

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideramos que la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia administrativa, de revocación de concesiones, permisos o autorizaciones de bienes nacionales viola la constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de Derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas.

Rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias, que de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales.

Advertimos que las modificaciones propuestas son una mala señal para los mercados, hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales -entre ellos el TMEC- signados con por lo menos 46 países, con lo que advertimos, podría abrirse un nuevo frente de conflicto con  Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de Instrumentos Jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales; impacta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mina la confianza en nuestro país.

De acuerdo con los planteamientos, pretende facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que agrupe por sectores a las entidades de la administración pública paraestatal y pueda asignar directamente a las entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos, al régimen de dominio público de la federación por razones de interés público general, social o de seguridad nacional. Lo que podría representar una profunda discrecionalidad en la administración. 

Por lo que hace a la figura de la revocación,  se establecen causales para poder llevar a cabo la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la prestación de un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio de la Federación, lo que deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo, debido a que en cualquier momento podrían modificarse las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.

Por si esto fuera poco, la propuesta abre la posibilidad de adquirir bienes en participación pública internacional, sin tener que agotar concursos nacionales, con lo cual, no sólo dejan de apoyar al sector nacional, sino que se corre el grave riesgo de adquirir productos o servicios de baja calidad, lo que además afecta a la ciudadanía y consumidores finales.

En Coparmex lo tenemos claro, si México quiere ser un país con Estado de Derecho, competitivo y donde se genere bienestar para las familias, se debe cumplir la ley y no buscar maniobras jurídicas para evadirla; eso incluye al Gobierno y a los particulares.

Hacemos un respetuoso, pero enérgico llamado a los legisladores de todas las representaciones políticas, para que no aprueben las modificaciones propuestas, pues de hacerlo, será un golpe devastador a los esfuerzos por posicionarnos como un sitio seguro para las empresas nacionales y el capital extranjero.

Aprobar una enmienda de tal magnitud a la administración pública, echaría por la borda las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital fresco que nos abre el nearshoring y terminaría por afectar a los jóvenes que requieren opciones de empleo y mejores ingresos en el presente y futuro. Sin inversión no hay desarrollo.