Autor: Valeriano Suárez Suárez
Cuando el empresario español Juan De Antonio -ingeniero en telecomunicaciones y graduado por la Universidad de Stanford- decidió invertir sus recursos y talento en una plataforma digital de movilidad para el transporte privado de personas, probablemente no imaginó que uno de los riesgos de llevar su empresa a otros países pasaría por padecer los altos índices de criminalidad y las graves deficiencias de la procuración de justicia en México.
El pecado de Cabify, en Puebla ha sido confiar en un chofer que resulto en el presunto asesino de la joven Mara Fernanda. La empresa ha explicado su modelo de operación, incluyendo carta reciente de no antecedentes penales del chofer implicado y ha dado muestra de cumplir cabalmente con toda la normatividad vigente para prestar sus servicios. Nada ha sido suficiente para la autoridad. En medio de toda la agitación, frustración y coraje social, las autoridades -en voz de su Secretario de Gobierno-no tuvieron una mejor idea que la de retirarle el permiso para operar a Cabify.
El hecho ha captado las principales notas en todos los medios y atraído la indignación social. Todos hemos lamentado este trágico suceso, otro feminicidio en México, irrazonable y brutal, a una estudiante que apenas transitaba por su juventud; lo mejor de la vida.
Con sorpresa y estupor me ha tocado escuchar entrevistas y comentarios -de medios de comunicación- que, en el afán de buscar explicaciones y respuestas, se han excedido en reproches hacia esta compañía. En un programa de radio, el locutor llego incluso a reclamara un funcionario de Cabify por no hacer (previo a su contratación) exámenes de confianza y pruebas de polígrafo a sus choferes.
Como empresario me pongo en los zapatos de Juan De Antonio y sus socios, ¿a dónde nos lleva el proceder de estas autoridades?.¿Los empresarios debemos ser responsables de todas las conductas de nuestros asociados y colaboradores?. ¿Este es el modelo de Estado de Derecho que se pretende, desde la clase dirigente, para México?
Me pregunto si en los otros cincuenta y ocho casos de feminicidios registrados en Puebla (señalados por Cabify en carta abierta a la sociedad) la autoridad ha sido tan competente para localizar y detener a los presuntos homicidas como si ha sucedido para este crimen.Me pregunto dónde están las doscientas cuarenta y nueve mujeres desaparecidas en Puebla (en lo que va de este año), según demanda realizada por parte de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad Iberoamericana.
Si este cobarde asesinato se hubiera dado en alguno de los muchos lugares de trabajo en la economía informal, sin un registro fehaciente de sus colaboradores, ¿la misma autoridad hubiera sido tan eficaz para detener al sospechoso?
Mara Fernanda ya no está entre nosotros(es muy triste, lamentable y no hay palabras para reconfortar a sus seres queridos) pero lo que si debe de quedarnos claro es que ella no fue víctima de un servicio de vanguardia en el transporte privado. La verdadera causa de esta muerte nace de un sistema de procuración de justicia viciado de origen; torcido para cohabitar con la impunidad. La misma impunidad que protege a la clase política para derrochar los recursos públicos y enriquecerse ilícitamente a través de la corrupción y la simulación. Así se explica la principal razón por la que nuestros gobernantes no tienen el más mínimo interés de que México sea un país en pleno Estado de Derecho.
