Celebramos que la Suprema Corte frenara un atropello en contra del Estado de Derecho. Ataques contra el poder judicial y tribunales deben parar

Recientemente hemos sido testigos de una severa embestida en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: críticas sin fundamento, señalamientos graves que podrían vulnerar incluso la integridad de los ministros, plantones con expresiones violentas y actos desde el poder legislativo para someter a juicio político a los integrantes del máximo tribunal del país.

A ello se han sumado diversos acontecimientos en entidades como Veracruz donde se ha sometido a procesos penales a jueces y, de manera arbitraria, se han impulsado reformas para desaparecer tribunales en Aguascalientes y -hace unos días- en Oaxaca, donde violando el debido proceso legislativo y la autonomía de estos órganos, se pretende crear tribunales sometidos a la voluntad de sus respectivos poderes ejecutivos.

Esta situación es muy preocupante, porque sin distinción partidista, se ha convertido en un intento sistemático por mermar uno de los principios base de nuestra República que es la separación de poderes.  

La separación de poderes, principio básico de la República y de la democracia

El propósito central de la separación de poderes es permitir el funcionamiento de las ramas de jerarquía similar que integran el Estado, pero de manera separada y sin que una interfiera con la otra, libres de controles, obstrucciones o presiones intimidatorias. La separación de poderes es la garantía que tenemos los ciudadanos de que un poder no esté por encima de otro y tengamos un sistema de pesos y contrapesos que es fundamental para la vida democrática. 

No hay justificación para atentar contra tribunales, jueces ni contra el Poder Judicial. Su trabajo es fundamental para defender el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos 

Los Tribunales de Justicia Administrativa son instituciones que gozan, en muchos de los casos, de cierto nivel de autonomía para emitir sus fallos, con la finalidad de dirimir las controversias que se presenten entre la administración pública y los particulares. Son los órganos competentes para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas en que pudieran incurrir derivadas de posibles abusos o actos de corrupción. Por ello, su autonomía y capacidad de autogobierno es fundamental para que no actúen como apéndices del gobierno en turno sino como garantes eficaces para procurar justicia administrativa.

A COPARMEX le preocupan las maniobras vistas en Veracruz, Aguascalientes y ahora en Oaxaca ya que representan atropellos en contra de la democracia y un retroceso que afecta al pueblo de México porque daña la certidumbre jurídica del país y la confianza para invertir. ¿Qué confianza brinda un país donde se violenta el marco legal o se impone la arbitrariedad?  Insistimos, se trata de un gravísimo golpe al Estado de Derecho que nos perjudica a todos. 

Con ello, no queremos decir que no se deba sancionar a malos jueces o magistrados cuando el caso esté debidamente fundado; sin embargo, lo que es inaceptable es debilitar a las instituciones por motivos políticos. Tampoco quiere decir que no puedan mejorarse y fortalecerse las instituciones, especialmente las que tienen que ver con el combate a la corrupción. COPARMEX históricamente ha sido promotor de un Sistema Nacional Anticorrupción robusto y eficaz y nos hemos pronunciado siempre por reformas legales que abonen para dotar de autonomía, independencia, recursos económicos y humanos suficientes a los sistemas nacional y estatales anticorrupción, y a los tribunales administrativos. También para que quienes ocupen esos cargos sean profesionales con experiencia y cumplan estándares de idoneidad. 

Desde COPARMEX celebramos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de admitir la controversia constitucional contra la reforma que pretendió disolver al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y suspender los efectos de dicha reforma en tanto se resuelve de fondo. 

Alzamos la voz ante los atropellos y ataques contra el Poder Judicial, tribunales, ministros, jueces y magistrados, nos sumamos a muchos otros actores de la sociedad civil que se han pronunciado al respecto y rechazamos enérgicamente estos ejercicios antidemocráticos. 

En el Modelo de Desarrollo Inclusivo que impulsamos para México, consideramos como un pilar fundamental el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de un sistema político democrático, con instituciones independientes sólidas, así como leyes y reglas claras, estables, que todos debemos cumplir. 

Por ello decimos: Sí a la ley, sí a la separación de poderes y sí a la preservación de nuestro Estado Democrático y de Derecho.