Artículo de Opinión escrito por: Luis E. Durán Luján | Presidente de Comité de Difusión en Coparmex | Vía: Excelsior.
Twitter: @LuisEDuran2
México se enfrenta a uno de los desafíos más apremiantes y trascendentales de su historia: la inseguridad. La creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad son problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Para comprender su magnitud es fundamental examinar los hechos y las cifras que reflejan la realidad actual.
Uno de los aumentos más notables en la delincuencia ha sido en la categoría de homicidios. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron más de 35 mil 625 homicidios en México, una cifra alarmante que representa un aumento de casi 5% en comparación con el año anterior. Además, según los datos oficiales del gobierno, la tasa de homicidios en México aumentó de aproximadamente 8.1 por cada 100 mil habitantes en 2000 a alrededor de 29 por cada 100 mil habitantes en 2021. Esto representa una escalada sustancial de los delitos violentos en las últimas dos décadas. Ésta es una clara evidencia de la persistente violencia que afecta a nuestro país.
La presencia y el poderío del crimen organizado también representan un desafío significativo. México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que genera violencia y corrupción en diferentes niveles de gobierno y socava los esfuerzos por combatir la inseguridad. Además, la delincuencia organizada se ha diversificado en actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. La inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los mexicanos. La violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho. Ante este panorama desafiante, es necesario tomar medidas urgentes y efectivas para abordar la inseguridad en México. Esto requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del problema y promueva una estrategia basada en evidencias y en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
En primer lugar, es fundamental fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y mejorar su coordinación a nivel federal, estatal y municipal. Esto implica invertir en la capacitación, equipamiento y profesionalización de las fuerzas policiales, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Además, es necesario promover una justicia efectiva y accesible para combatir la impunidad. Esto implica fortalecer el sistema de justicia penal, asegurando que los responsables de delitos sean llevados ante la justicia. También se debe fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia, para garantizar la confianza de la ciudadanía en su funcionamiento.
La prevención del delito también debe ser un pilar fundamental de cualquier estrategia de seguridad. Es necesario invertir en programas y políticas que aseguren la prevención del delito desde sus raíces. Éste es uno de los desafíos más importantes que enfrenta México en la actualidad. Los altos índices de violencia, el crimen organizado y la impunidad afectan la calidad de vida de todos y obstaculizan el desarrollo del país. Es fundamental adoptar un enfoque integral que fortalezca las instituciones de seguridad y justicia, promueva la prevención del delito y fomente la cooperación internacional. Sólo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá construir un México más seguro, justo y próspero para todos.
