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Estimados amigos,
El viernes 15 de diciembre cerró el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, dejando tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados, múltiples pendientes.
Esto significa que temas de alta relevancia para la vida y el desarrollo del País, no podrán discutirse antes del 1ro de febrero de 2018.
Debido a la desatención y al incumplimiento legal de Senadores y Diputados, la agenda política y ciudadana viene posponiéndose.
No cumplieron con realizar los nombramientos clave para identificar, perseguir y juzgar delitos de corrupción. Tampoco establecieron un límite claro para el uso de la publicidad gubernamental; mientras la Fiscalía General de la República sigue sin tener una realidad al no establecer los legisladores la ley orgánica para que pueda tener una fiscalía que sirva.
En COPARMEX demandamos que los legisladores cumplan a cabalidad con sus funciones, que dejen en segundo plano la política partidista que los vuelve ineficientes y crecientemente omisos ante el deber.
Es urgente que el Congreso de la Unión, o alguno de sus líderes convoquen a un periodo extraordinario de sesiones para discutir los asuntos que quedaron pendientes, de forma que el legislativo no se desintegre, sino hasta que haya cumplido con su responsabilidad.
Particularmente en dos temas de relevancia para la Cámara de Senadores, y en cuatro de gran importancia en la Cámara de Diputados.
En el Senado de la República los pendientes tienen que ver con dos temas fundamentales para la vida del País, el combate a la corrupción y la libertad de prensa.
Efectivamente, en materia de lucha contra la corrupción, los senadores cerraron la sesión ordinaria sin nombrar al Fiscal Especial en Delitos de Corrupción. Tampoco concluyeron el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especializados en casos Anticorrupción, y para el cual fueron postulados 18 personas.
Sin estos nombramientos, la operación eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción queda comprometida.
Es imperante que estos nombramientos se hagan en base a la evaluación de los perfiles profesionales y la trayectoria. Cuidar a toda costa, la selección de personas cercanas a las cúpulas partidarias o a la Presidencia de la República, lo que afectaría la independencia de la función y sesgaría la aplicación de la ley.
En materia de libertad de prensa, el Poder Legislativo debe impulsar una ley que regule los criterios de asignación y ejercicio del gasto de la publicidad oficial.
Al no estar regulada adecuadamente, la publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, y frecuentemente funge como un arma para restringir la libertad de expresión.
El desafío que supone esta falta de regulación es claro: Tan solo de 2013 a 2016, esta administración ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, lo cual es un 75% mayor a los que aprobó el Congreso de la Unión para estos años, de acuerdo a un estudio de Fundar.
Tres grupos parlamentarios presentaron iniciativas de regulación en la materia, sin embargo, los Senadores no las discutieron.
La aprobación de una ley que regule la publicidad gubernamental no puede esperar, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que la ley debe ser aprobada a más tardar el 30 de abril del 2018.
Los retos para la Cámara de Diputados son aún mayores y se pueden clasificar en 4 dimensiones: combate a la corrupción, Seguridad, Derechos de Propiedad y Competitividad.
En materia de lucha contra la corrupción, la Cámara de Diputados faltó a su deber de nombrar al nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación. De una terna ya integrada, no llegaron al consenso.
Siendo la corrupción una de las principales preocupaciones ciudadanas, es irresponsable que los diputados hayan dejado sin cabeza a una de las instituciones más críticas para promover la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Otro pendiente relacionado con mejorar la transparencia, es la Ley General de Archivos. Su aprobación quedó pendiente desde el 13 de diciembre, a pesar de ser fundamental para establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de las autoridades.
Esta ley permitirá que sea más fácil acceder a los registros que transparenten la forma en las autoridades se conducen y toman decisiones. Facilitará, rastrear conductas que hayan permitido llevar a cabo actos corruptos o ilegales.
En materia de seguridad, es necesario dotar de una plena autonomía a la Fiscalía General, y aprobar una Ley General de Seguridad Pública que permita la creación de un mando mixto policial.
El hecho de que en 2017 sea el año más violento que ha vivido nuestro país, atestigua la necesidad impostergable de implementar estos cambios legislativos.
Sin una Ley General de Seguridad Pública, y más allá de sus deficiencias intrínsecas, La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada, da una solución incompleta al problema de la inseguridad en el país.
En materia de derechos de propiedad, los diputados deben discutir y aprobar cuanto antes la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 12 de diciembre.
La ley es necesaria para clarificar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral, a fin de brindar certeza jurídica a los derechos de propiedad de los inmuebles.
Así mismo, la ley es necesaria para la creación de una muy requerida Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que articule la información de la propiedad privada, pública y social, un aspecto crítico para fomentar el desarrollo económico local y promover la inversión privada.
En materia de competitividad, debe reconocerse que México necesita facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios financieros a todos sus ciudadanos, para poder ser más competitivos.
La Ley de Tecnología Financiera (Fintech) es un paso más en la dirección correcta. Ya ha sido aprobada por el Senado, sin embargo, yace sin ser recibida oficialmente por las comisiones de la Cámara de Diputados. Sabemos que existe una voluntad política para su aprobación, pero, aún así, los legisladores lo han dejado pendiente hasta febrero.
Otro paso importante que debe de darse para mejorar la competitividad, es la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de que ésta pueda comenzar a aplicarse, y aligerar la carga regulatoria de más de 138 mil leyes, normas y reglamentos, que inhiben la creación y el desarrollo de las empresas.
Estimados amigos:
Hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestro País, requiere de legisladores críticos, independientes y comprometidos con los ciudadanos.
Nuestro llamado es claro.
Senadores y Diputados han tenido logros en este periodo ordinario de sesiones que recién concluyó.
Les demandamos convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que cumplan con su responsabilidad, y estén a la altura de la agenda ciudadana.
Desde COPARMEX, exigimos a los legisladores que cumplan con su responsabilidad.
Muchas gracias.
