Artículo escrito por nuestro presidente Nacional Gustavo de Hoyos Walther. Vía Forbes México
Twitter: @gdehoyoswalther
La primera obligación de un gobierno es el cabal establecimiento de un Estado de Derecho. Éste no se reduce al marco legal, aunque es su soporte.
La primera obligación de un gobierno es el cabal establecimiento de un Estado de Derecho. Éste no se reduce al marco legal, aunque es su soporte. El Estado de Derecho “disminuye la corrupción, protege a las personas de injusticias y combate la pobreza”, según lo define la prestigiada organización internacional World Justice Project.
Cada año esta organización publica un detallado reporte sobre la situación que atraviesa el Estado de Derecho en 128 países. Este reporte ejemplar, el Índice de Estado de Derecho 2020, se calcula a partir de la información de más de 130 mil encuestas realizadas a la población general y más de 4,000 cuestionarios formulados a expertos en justicia alrededor del mundo.
El Índice es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el planeta. Asigna puntajes y rankings para los siguientes rubros: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El lugar que ocupa México en este Índice y las datos que ofrece la encuesta dibujan para México un panorama devastador. El presente gobierno no ha hecho nada para subsanar las lagunas y hacer más eficiente nuestro endeble Estado de Derecho. Descendimos tres lugares respecto al Índice del año pasado y ahora ocupamos el deshonroso lugar 104 entre 128 naciones encuestadas, sólo arriba de Nicaragua, Bolivia y Venezuela, tres países azotados por el populismo. El nivel que ocupamos en casi todos los rubros es equivalente, sin que esto signifique demerito alguno para estas naciones, al de países africanos como Angola, Etiopía y Liberia.
Un Índice como el que presenta el Word Justice Project es una herramienta muy valiosa para identificar las fortalezas y debilidades de cada país, así como para fomentar políticas públicas y guiar el desarrollo de programas que fortalezcan el Estado de Derecho. El Índice está integrado por ocho rubros. En el primero, el que mide los “Límites al poder gubernamental”, ocupamos el sitio 89 (de 128 países). En el tema de corrupción, que mide la “ausencia de corrupción en el gobierno”, un tema sensible para la actual administración, estamos en el sitio 121. En el respeto a los “Derechos fundamentales”, el lugar 78. En el tema de “Órden y seguridad” nuestro sitio es el 121, en el “cumplimiento regulatorio” (el cumplimiento de la ley) el 91. En dos temas muy sensibles a la sociedad, el de la “Justicia Civil” y el de la “Justicia Penal”, ocupamos los sitios 116 y 119, respectivamente.
Por regiones, ocupamos el lugar 26 de 30 países de América Latina y el Caribe. De acuerdo al nivel de ingreso (según el PIB de 42 naciones) estamos en el sitio 39.
En lo que llevamos de la presente administración no hemos mejorado en ningún rubro, y sí empeorado en varios. Un pueblo sin Estado de Derecho es un pueblo sin ley efectiva, donde campea la impunidad. Esa es por desgracia la realidad del México de hoy.
