
Artículo de Opinión escrito por Sharzy Molina Guizar, Presidenta de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex | Vía: @elsolde_mexico X:@psicsharzy
Hay que decirlo: el Paquete Económico 2027 trae una buena noticia para la salud de los mexicanos.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto en salud crecerá 12.7% real, en un presupuesto federal que apenas avanza 1.1%, y alcanzará 2.9% del PIB, su nivel más alto en una década. Eso es una decisión, no una inercia. Y merece reconocimiento. Aun así, seguimos lejos del 6% recomendado por los organismos internacionales.
Pero en salud, el monto es solo la mitad de la historia. La otra mitad es a dónde llega cada peso.
Tres de cada cuatro pesos nuevos irán a la población con seguridad social, principalmente al IMSS, donde casi la mitad del gasto se destina a pensiones. Al mismo tiempo, sus reservas financieras bajan 5.7% real. Para quienes generamos empleo, esto no es un dato técnico: el IMSS se financia con las cuotas de trabajadores y empresas. Cuidar sus reservas es cuidar a quienes sostienen la economía formal del país.
El proyecto también da soporte al Servicio Universal de Salud: que una persona sea atendida donde haya cama disponible, no donde diga su credencial. Es una idea correcta y largamente esperada. Pero el mecanismo para pagar ese intercambio entre instituciones todavía no tiene monto, tarifas ni reglas.
Un derecho sin reglas de pago es una promesa. Con reglas, es un sistema.
Mientras tanto, la brecha la pagan las familias. Según el CIEP, una persona afiliada al IMSS recibirá más del doble de gasto que una atendida por IMSS-Bienestar, y el gasto de bolsillo por persona será 29.3% mayor que lo que el Estado invierte en cada usuario de IMSS-Bienestar. En México, el 39% del gasto en salud sale del bolsillo, el doble del promedio de la OCDE. Y las empresas, además de pagar cuotas, costean seguros, consultorios y medicamentos para que su gente no pierda días de trabajo.
En los hechos, pagamos dos veces por la misma salud.
Desde la iniciativa privada no venimos a señalar. Venimos a sumar. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para fortalecer este presupuesto, y proponemos cuatro ajustes.
Primero, transparentar la compensación del Servicio Universal: monto por institución, tarifario de referencia y reporte trimestral. Segundo, proteger las reservas del IMSS, porque son el ahorro de quienes cotizan. Tercero, integrar la capacidad instalada del sector privado con reglas claras, como complemento de lo público y nunca como sustituto. Cuarto, recuperar la prevención: las transferencias de la Secretaría de Salud a estados caen 90% frente a 2024, y con ellas salen los programas contra obesidad y diabetes. Las empresas pueden ser su mejor aliado: ahí pasan el día millones de mexicanos.
Salud y economía no son agendas paralelas. Son la misma agenda.
El presupuesto ya dio el primer paso. El segundo es que cada peso se convierta en una consulta, un medicamento surtido y un trabajador que regresa sano a casa. Eso no lo logra el gobierno solo. Tampoco la empresa sola.
Lo logramos juntos, o no se logra.



