Artículo de opinión escrito por Gustavo Almaráz Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex
El Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en una visión del futuro deseado, sus objetivos y metas deberían alinearse, no sólo a una concepción ideológica del gobierno, sino a principios técnicos y al respeto del marco jurídico establecido.
El 30 de abril, el presidente López Obrador presentó su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, este fue dividido en dos documentos: uno apegado a un discurso político ideológico y otro basado en principios técnicos de planeación gubernamental. En algunos puntos, ambos se contraponen.
Por ejemplo la meta de crecimiento de seis por ciento del PIB hacia 2024 y con un promedio sexenal de cuatro por ciento, en contexto de finanzas públicas limitadas, donde se proyecta una disminución de ingresos presupuestarios y existe falta de claridad en mecanismos institucionales de distribución del gasto –como en el sector salud-.
Prueba del potencial que puede alcanzar la actual administración respecto a sus prioridades de gobierno en el PND será alinear objetivos de austeridad y combate a la corrupción a la necesidad de aumentar inversión pública para contribuir al crecimiento económico, cuando se proyecta que hacia 2024 se incrementará entre 22.1 por ciento y 25 por ciento como proporción del PIB.
Habrá que esperar los instrumentos para que el gobierno federal detone dicha meta, el principio ideológico es que “el mercado no sustituye al Estado”, el cuestionamiento es si el Estado tendrá capacidad de cubrir espacios que han mostrado eficiencia y son pilares del crecimiento.
Friedrich August apuntaba en su obra Camino de servidumbre que “nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia del estado de Derecho” es decir el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas que permiten prever con certidumbre cómo usará la autoridad sus poderes y disponer de asuntos individuales sobre la base de conocimiento.
La planeación de acciones gubernamentales debe estar guiada por principios del estado de Derecho, garantizando atención efectiva de necesidades apremiantes, a partir de un marco normativo establecido y debe fundarse en metas e indicadores que permitan medir resultados de objetivos y estrategias que se implementarán, donde cada dependencia y entidad de gobierno tengan clara su contribución para alcanzarlos.
