Legislar, con visión de Estado.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @heraldodemexico X:@jsierraalvarez

En el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la agenda nacional entra en una fase de definiciones cruciales para el porvenir económico del país. Las discusiones que en ambas cámaras inciden de manera directa en la inversión, innovación, competitividad y estabilidad del empleo formal.

Hoy más que nunca, frente a un escenario donde los datos de #DataCoparmex revelan que el ánimo para invertir se ha desplomado 23%, el Poder Legislativo tiene ante sí la responsabilidad histórica de actuar con rigor técnico, apertura y una profunda visión de Estado.

Legislar bien implica entender que cada norma tiene un costo y un impacto operativo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

No podemos darnos el lujo de progresar hacia reformas que incrementen las cargas fiscales, encarezcan la formalidad o introduzcan elementos de discrecionalidad que ahuyenten al capital.

Un ejemplo de ello es la discusión en torno a la Ley de Inversión Extranjera. Si bien es imperativo salvaguardar la soberanía nacional, condicionar las inversiones mayores a 49% en sectores estratégicos al escrutinio de seguridad, aplicar la negativa ficta e imponer sanciones desproporcionadas genera trabas burocráticas que vulneran la certidumbre indispensable para aprovechar el nearshoring y cumplir con los compromisos del T-MEC.

La misma exigencia de equilibrio aplica para las reformas ambientales, como la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Conciliar la protección de nuestros recursos naturales con la viabilidad técnica y la atracción de inversiones exige abrir espacios genuinos de Parlamento Abierto, reduciendo la sobrerregulación y evitando la discrecionalidad en los trámites.

Lo mismo sucede con la regulación de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA): México necesita garantizar un marco protector que no termine asfixiando la innovación ni frenando el desarrollo digital que nuestras empresas requieren para competir globalmente.

En el plano del Estado de Derecho, la consolidación de las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial y anticorrupción debe orientarse a fortalecer la profesionalización, especialización técnica y certeza jurídica, erradicando cualquier resquicio de discrecionalidad. Asimismo, la estabilidad institucional exige que las vacantes en los órganos de impartición de justicia electoral sean ocupadas por perfiles con trayectoria técnica impecable y absoluta independencia ideológica, garantizando la confianza en procesos democráticos.

El momento económico que atravesamos no admite ocurrencias ni decisiones unilaterales. De acuerdo con nuestros indicadores, la incertidumbre política y regulatoria se mantiene como uno de los principales frenos para el crecimiento.

México necesita un Congreso que escuche a quienes arriesgan su patrimonio, que mida los impactos de cada iniciativa y que priorice el diálogo con el sector productivo. De la responsabilidad con la que legislemos hoy depende que México recupere la confianza, fortalezca sus inversiones y asegure el futuro que sus familias merecen.