No a una elección de estado

Autor: Juan Manuel Hernandez Niebla

Según reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de dictar normas y evaluar acciones de países miembros en el combate al lavado de dinero, el sistema anti lavado en Mexico tiene huecos tan profundos que durante 2016 las autoridades incautaron solo el 0.1% de los más de $56 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, el fraude fiscal y la corrupción.

Según el GAFI, los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan esto, políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales utilizan los mismos métodos para “blanquear” sus capitales. Durante 2016, 98% de los delitos vinculados a lavado de dinero en donde la PGR inició investigación, quedaron impunes.

En su evaluación, el GAFI identifica a la PGR y la SHCP como los responsables del fracaso de esta actividad, equivalente al 6.6% del producto interno bruto del país, donde la “ruta del dinero” debería ser la actividad preponderante para el debilitamiento y por consecuencia la desaparición de los carteles, responsables directos de la violencia que sufre nuestro país, así como del combate a la corrupción y la impunidad.

Con estos precedentes, es sorprendente la celeridad con la que la PGR inició un procedimiento por lavado de dinero en contra de uno de los actuales candidatos a la Presidencia de la Republica.

En el entendido que nadie puede estar por encima de la ley, existen procedimientos y demandas previas a esta acusación de casos de corrupción, desvíos de fondos, algunos incluso fundamentados por la Auditoria Superior de la Federación, donde la PGR ha actuado de manera lenta y omisa en contra de los posibles implicados.

En consecuencia, resulta demasiado extraño la celeridad con la que las autoridades federales en materia de procuración de justicia están actuando en contra del candidato en cuestión, por lo que existe la sospecha de que las entidades responsables de sustentar el Estado de Derecho en nuestro país están siendo utilizadas para minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos.

La credibilidad y confianza en las instituciones debe ser un factor fundamental para la democracia de un país, por lo que toda conducta o acción desproporcionada de un gobierno que pretenda directa o indirectamente beneficiar o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada por su ilegalidad y afectación a la normatividad democrática, y por los profundos efectos dañinos que puede generar a la confianza institucional.

La sociedad debe exigir a todas las autoridades y funcionarios públicos de los distintos órdenes de gobierno su apego y respeto al estado de derecho, limitando su actuación y el uso de los recursos públicos a la función que les encomienda la ley, manteniendo una total neutralidad en el presente proceso electoral.

De igual manera, la situación que nos acontece fortalece la necesidad imperante de transformar la anacrónica Procuraduría General de la Republica en una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente.