Reflexiones del Encuentro Empresarial Coparmex.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior X: @Armando_ZunigaS

El Encuentro Nacional de Coparmex, celebrado en León, Guanajuato, la semana pasada, dejó una pregunta que trasciende al sector empresarial. ¿Qué condiciones necesitamos construir para que México avance hacia una paz duradera y un desarrollo capaz de generar oportunidades para todos?

Nuestra respuesta nos exigió volver a los principios que han orientado permanentemente a nuestra Confederación y, sobre todo, traducirlos en acciones concretas.

Durante tres días, el Encuentro reunió a empresarios, dirigentes sindicales, autoridades y especialistas para reconocer nuestra historia y reflexionar sobre la paz, las instituciones democráticas y la competitividad. Las discusiones sobre seguridad, justicia, TMEC y desarrollo económico mostraron la necesidad de vincular estos desafíos y avanzar hacia soluciones concretas. Retomo aquí algunas de las ideas y propuestas que surgieron de esos espacios de diálogo, por su relevancia para los desafíos que enfrentamos como país.

Entendemos la paz social como una convivencia sustentada en la armonía, el orden y la justicia. Para alcanzarla, identificamos tres condiciones inseparables. Necesitamos instituciones que garanticen el orden y la vigencia del Estado de Derecho, autoridades que ejerzan legítimamente el poder y una sociedad comprometida con la justicia y el bien común. En este marco, el respeto a las leyes debe ir acompañado de un sentido ético y de justicia, teniendo siempre como fundamento la dignidad y los derechos de las personas.

Esta concepción obliga a mirar más allá de las cifras delictivas. Recuperar territorios y combatir a las organizaciones criminales son tareas indeclinables del Estado, pero una paz duradera también requiere combatir la impunidad, recuperar la confianza en las instituciones y generar oportunidades de desarrollo. La construcción de la paz demanda así una responsabilidad compartida, en la que cada sector de la sociedad debe contribuir desde el ámbito que le corresponde.

En esa perspectiva, la democracia y el Estado de Derecho forman parte de la construcción de la paz. Las diferencias políticas deben procesarse mediante reglas confiables, autoridades independientes y contrapesos efectivos. Por ello, el reciente posicionamiento de nuestra institución sobre el INE tiene un alcance que rebasa la designación de su próxima presidencia. Es indispensable garantizar una autoridad electoral profesional, autónoma y sujeta a rendición de cuentas, particularmente ante los comicios de 2027. Las instituciones pertenecen a los ciudadanos y su fortaleza debe prevalecer sobre quienes temporalmente las encabezan.

La confianza que requieren las instituciones también resulta decisiva para la economía. Invertir significa comprometer recursos hoy con la expectativa de producir, contratar y competir durante años. Sin seguridad física ni certeza jurídica, proyectos viables se posponen y las oportunidades se desplazan. A estas condiciones se suman dos necesidades materiales ineludibles, energía suficiente y agua disponible. Son las cuatro certezas señaladas durante el Encuentro, que nuestro país debe atender si pretende aprovechar su capacidad industrial y su posición dentro de América del Norte.

La revisión del TMEC ilustra la urgencia de actuar. México debe preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y evitar compromisos apresurados que condicionen su futuro. Al mismo tiempo, las empresas tienen una tarea inmediata. Deben revisar y documentar el origen de sus insumos para acreditar el cumplimiento de las reglas de origen y ampliar las compras a proveedores mexicanos y norteamericanos. La integración regional será más valiosa en la medida en que fortalezca la proveeduría nacional, eleve nuestro contenido productivo y permita incorporar más pequeñas y medianas empresas.

El avance de la IA y de nuevas industrias abre posibilidades adicionales, pero también evidencia una asignatura pendiente. Exportar más no garantiza por sí mismo generar suficiente valor agregado en México. Necesitamos inversión en tecnología, capacitación, financiamiento y condiciones para que las empresas nacionales desarrollen capacidades y participen en las cadenas de mayor productividad. El beneficio de la integración debe reflejarse en mejores empleos y remuneraciones, además de mayores ventas al exterior. Aprovechar el talento y las capacidades de las mujeres en puestos de liderazgo y dirección, así como impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones, también forma parte de este desafío.

En este esfuerzo, la política hacendaria tiene una responsabilidad que va más allá de cumplir metas recaudatorias. Una futura reforma debe evaluarse también por su capacidad para elevar la productividad, estimular la inversión y favorecer el empleo formal. Las reglas fiscales pueden facilitar que un negocio crezca y se formalice o incrementar los obstáculos que enfrenta para hacerlo. La estabilidad de las finanzas públicas es necesaria, al igual que una estructura de incentivos congruente con el desarrollo de largo plazo.

Desde la empresa, la contribución a la paz comienza con empleos formales, condiciones de trabajo justas y oportunidades de capacitación. Se extiende al respeto a la legalidad, al entorno comunitario y a la participación responsable en los asuntos públicos. Como expresó nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, “Generar riqueza y empleos es fundamental, pero también lo es participar en la vida pública y contribuir a las mejores condiciones del país”. Esa responsabilidad exige propuestas, diálogo y colaboración, sin sustituir las obligaciones del Estado en materia de seguridad y justicia.

En ese mismo sentido, añadió con énfasis que “México necesita mucho diálogo social efectivo, real, no de mentiras, diálogo que nos lleve a la colaboración estratégica”. Un llamado que cobra sentido cuando se traduce en acuerdos, responsabilidades compartidas y resultados verificables.

La medida de este compromiso estará en los resultados. Territorios recuperados frente al crimen, instituciones que merezcan confianza, inversiones que se concreten, empresas mexicanas incorporadas a nuevas cadenas productivas y más trabajadores con empleos formales. Ahí podrá comprobarse si avanzamos hacia una verdadera paz social, con responsabilidades claras para el gobierno, los empresarios y la sociedad.