Reforma 102 : Batalla social por la justicia

Autor: Gustavo de Hoyos Walther 

@gdehoyoswalther

La fragilidad del Estado de Derecho es el principal inhibidor del desarrollo y el bienestar en México. Fenómenos como la inseguridad, la impunidad y la corrupción, solo pueden explicarse por la inobservancia sistemática de la ley y la obsolescencia de las instituciones que tienen mandato de hacerla cumplir.

Para remediar esta problemática, nuestro País necesita modernizar el marco legal de las instituciones que intervienen en el proceso de prevención, investigación, persecución, enjuiciamiento y readaptación de quienes violentan la ley. Son muchas las instituciones por vigorizar y complejas las tareas por realizar para fortalecer el Estado de Derecho en México.

Una de las primordiales es contar con una Fiscalía General de la República moderna y que se caracterice por su independencia, autonomía y eficacia, que respete los derechos humanos y rinda cuentas.

La inoperatividad de la actual PGR hacen posible que en México permanezcan en impunidad los responsables de cerca 37,000 desapariciones ocurridas desde 2007, y los que cometieron más de 120,000 homicidios perpetrados desde 2012.

La obsolescencia de la institución responsable del Ministerio Público de la Federación ha solapado, en perjuicio del interés social y el tesoro público, casos de corrupción como los de Javier y César Duarte, Odebrech y la Estafa Maestra. Su inoperancia técnica se tradujo recientemente en que la más importante investigación a su cargo, a saber la de la masacre de Ayotzinapa, fuere desestimada por el Poder Judicial.

En el colmo de la desviación de sus rectos fines sociales ha hecho de la persecución política una agenda recurrente en los procesos electorales, pues lo mismo amenazó a López Obrador con el desafuero, en el famoso caso de El Encino, que acorraló años después a Ricardo Anaya, en plena elección presidencial.

Desde los inicios del sexenio, que hoy agoniza, un grupo amplio de organizaciones y activistas impulsó la reconfiguración institucional de la PGR. Pero el avance fue limitado. El sistema político creó entonces sus anticuerpos y canalizó el activismo ciudadano hacia una reforma cosmética de la Constitución en 2014, en la que se le sembraron varias “trampas” para provocar su deliberada inocuidad y la consecuente preservación del status quo. Las luchas sociales por frenar al “fiscal carnal” y erradicar el “pase automático”, dan testimonio de batallas con restos aún humeantes.

Así llegó septiembre de 2017, cuando en un nuevo intento, las organizaciones sociales plantearon al Congreso de la Unión la necesidad de una transformación a fondo de la actual PGR y su evolución hacia la Fiscalía General independiente.

Sin embargo, en la ruta ordinaria, los cambios legislativos no se concretaron para hacer posible esta transformación. Por ello, en uso de nuestros derechos ciudadanos y en el marco de la ley, la Coparmex inicio el 1 de Agosto pasado, el proceso para impulsar la Iniciativa Ciudadana que haga realidad que en la ley, y no sólo en los hechos, el anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna.

La Iniciativa Ciudadana #Reforma 102, para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo contribuir para la construcción de una institución que cuente con real autonomía respecto del Poder Ejecutivo. Una transformación de gran calado como nuestra propuesta, lleva su tiempo, pues además de la selección de un Fiscal General con la participación de la sociedad, requiere de la instrumentación de diversos cambios legales, empezando por una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Por ello se ha propuesto un Fiscal de transición, que esté en funciones a partir de Diciembre de 2018 y hasta Septiembre de 2021. Para agilizar su nombramiento, el Fiscal de Transición deberá ser electo por el método tradicional, con una terna que envíe el Ejecutivo Federal al Senado.

A partir de la Iniciativa Ciudadana #Reforma102 empieza a forjarse el primer gran desafío que afrontará la nueva Legislatura federal y el próximo Presidente de la República: Construir a partir de esta Iniciativa Ciudadana, la Fiscalía General de la República como la institución ejemplar del Estado Mexicano que garantice la máxima Juarista: “Nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley”.

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