- Era una medida inconstitucional, violatoria de los derechos humanos que atentaba contra la presunción de inocencia.
- Pugnamos para que las resoluciones de la Suprema Corte mantengan esa independencia e imparcialidad frente a presiones políticas o de cualquier otra índole.
- Celebramos que los argumentos expuestos por COPARMEX mediante un Amicus Curiae hayan sido atendidos.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconocemos el debate sostenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y nos congratulamos de la decisión de la mayoría de los ministros de eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales por considerarla una medida inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
Recordemos que en 2019 se modificó el artículo 19 de la Constitución, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir (el contrabando, la defraudación fiscal y la venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales) delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, como infracciones que ameritaban prisión preventiva oficiosa.
La resolución emitida este 24 de noviembre por la SCJN acredita la inconstitucionalidad de la medida y avala, como se había señalado, que las infracciones incluidas en la reforma de 2019 no representan un ataque a la seguridad nacional y, por lo tanto, no se les puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, medida que se advertía como desproporcionada.
En Coparmex consideramos que la decisión tomada por los ministros no sólo abona a la certeza jurídica en nuestro país, sino que nos acerca a lo establecido al respecto en materia de derecho internacional y derechos humanos que buscan proteger el derecho humano a la libertad. Además que es totalmente acorde a la presunción de inocencia.
Celebramos el fallo de la SCJN porque atendió la voz ciudadana y de expertos que a través de un Amicus Curiae presentado por Coparmex en diciembre de 2019 manifestaron su visión técnica con el objetivo de aportar elementos suficientes para alcanzar una resolución apegada a derecho como la que tuvo lugar.
Reconocemos la actuación que, en este caso, ha tenido la SCJN; pugnamos para que sus resoluciones mantengan esa independencia e imparcialidad frente a presiones políticas o de cualquier otra índole. Siendo así ganan México y los mexicanos. Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley, con la defensa de nuestra Constitución y con la sana división de Poderes que garantiza el equilibrio en nuestro país e impide que existan abusos por parte de la autoridad.
