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La industria automotriz es una parte vital de la economía de nuestro país. Representa casi el 3% del PIB nacional y provee empleo a casi dos millones de personas.
Desde hace muchos años, a nivel nacional, el sector automotriz es ejemplo de competencia y dinamismo.
El sector automotriz recibe más inversión extranjera directa que cualquier otra industria del país y el año pasado experimentó un crecimiento cuatro veces mayor al del PIB nacional.
También es un referente a nivel internacional: 4 de cada 100 vehículos que se producen en el mundo son ensamblados en México. Somos el mayor productor de vehículos en América Latina y el séptimo del mercado mundial.
Sin embargo, durante el último año, la industria automotriz de México ha sufrido fuertes golpes. En el primer semestre de 2018, la venta de autos ligeros disminuyó en un 8% y la venta de vehículos pesados decreció en un 9%. Las tres marcas con mayor presencia en México también experimentaron una caída considerable en sus ventas: 16% para Nissan, 13.2% para General Motors y 22% para Volkswagen.
Este panorama adverso se puede explicar por varios factores, especialmente la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones en México, y por otro lado, en el aumento a las tasas de interés y la volatilidad cambiaria que impactan directamente las ventas en el sector.
El decremento en las ventas del sector automotriz, también está asociado y es consecuencia de decisiones políticas que inciden directa y negativamente sobre la industria.
Especialmente afectan a la producción y venta de automóviles en la economía formal, los programas de inspiración política para la “regularización” de vehículos internados ilegalmente al País -coloquialmente denominados “autos chocolate”- y de forma emergente, una propuesta que ha esbozado el futuro gobierno federal, en el sentido de “recorrer” 30 kilómetros hacia el sur las aduanas de la frontera norte para crear de forma repentina una zona franca.
La introducción ilegal hacia territorio mexicano de autos “chatarra”, a los que por su antigüedad y obsolescencia tecnológica, ya no les es permitido circular en los Estados Unidos, compromete la seguridad vial en calles y carreteras, y desde luego, pone en riesgo la seguridad pública.
El contrabando de vehículos es frecuentemente ignorado por las autoridades federales, y su libre circulación solapada por muchas autoridades locales y municipales, contribuyendo con esas omisiones, al debilitamiento del mercado interno y del sector automotriz.
No es un asunto marginal: la comercialización de los vehículos chatarra representa el 10.05% de las ventas totales de vehículos en México, en detrimento de la producción nacional.
Además, cabe aclarar algo: la regularización no significa legalización. Sólo normaliza y vuelve recurrente el contrabando de vehículos al territorio nacional.
Para darnos una perspectiva del problema, basta con revisar los efectos de las políticas implementadas en los primeros años del sexenio 2006-2012, en los que infortunadamente se intentó regularizar a los vehículos “chatarra”.
Según un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), de 2006 a 2008, la venta de vehículos importados usados, sobrepasó las ventas totales de unidades nuevas de todo el país.
El sector automotriz podría enfrentar de nuevo esta amenaza si los nuevos intentos por regularizar, una vez más, los vehículos importados usados fructifican.
Varios gobernadores han propuesto regularizar estos vehículos a través de un engomado que les permita circular. Nuestro más enérgico rechazo a estas medidas de clara orientación política.
Paradójicamente, esta medida sería contraproducente sobre todo en los estados fronterizos. El 68% de los vehículos importados usados durante el primer semestre del 2018 se concentraron en la zona fronteriza, lo que explica que, en esa zona, la caída en las ventas de vehículos haya sido mucho más importante que en el resto del País, alcanzando una disminución del 20% frente al 8% a nivel nacional.
El contrabando de vehículos usados no sólo afecta la economía nacional, también representa un elemento de deterioro ambiental.
Según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la internación ilegal de estos vehículos, ha provocado el agravamiento del envejecimiento del parque vehicular a nivel nacional.
Los datos son contundentes: El promedio de edad de los vehículos en México es de 18 años, mucho mayor que en Estados Unidos que es de apenas 5 años. En nuestro País el 15% de los vehículos ligeros y cerca del 33% de los vehículos pesados, tienen más de 20 años, lo que sin duda representa un factor para el deterioro del medio ambiente y un grave riesgo para la seguridad vial.
Si se quiere acabar con el contrabando de vehículos, se debe incluir un planteamiento integral del problema que aborde la necesidad de crear transporte público digno y de calidad para aquellos que no tienen acceso a ingresos que les permitan comprar autos.
Así mismo se debe considerar el tema dentro de las renegociaciones del TLCAN. Sin una normativa fortalecida no se puede otorgar seguridad jurídica a quienes importan vehículos dentro de la ley, y será inevitable que México sea el basurero regional de vehículos obsoletos provenientes del resto de Norteamérica.
En el contexto actual, la introducción anárquica de vehículos usados sólo crea una competencia desleal e indirecta con los vehículos producidos en el territorio nacional, que transfiere recursos al exterior, sin ningún impacto positivo en la economía del País.
Hacemos un llamado a los gobernadores que han impulsado la regularización de vehículos introducidos ilegalmente para que reconsideren y desistan de ese propósito con base en los datos y argumentos aquí presentados.
La industria automotriz es un ícono del México moderno, pleno de capacidades para competir en el contexto global.
El sector automotor es campeón en la atracción de inversión extranjera y detonador del comercio y los servicios de clase mundial.
Es líder en la transferencia de conocimientos y competencias a la fuerza laboral mexicana, preparándola para la inminente revolución de la manufactura mundial.
Ante el contexto internacional adverso y en un entorno de incertidumbre en el comercio global, resulta vital generar certidumbre y con ello propiciar estabilidad y crecimiento en el sector automotriz, partiendo desde las políticas internas.
La regularización de los vehículos usados, internados como contrabando, tiene el potencial de agravar la situación que hoy atraviesa la industria automotriz mexicana.
El reto del desarrollo con bienestar para combatir la pobreza requiere de más inversión y crecimiento.
Cuidar que los sectores que están cumpliendo con su parte de responsabilidad con el País será, siempre, un buen comienzo.
