TEPJF Debe velar por la certidumbre democrática en BC

No convalidar el cambio a la duración de la Gubernatura durante la campaña

El próximo 29 de Mayo del 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP JRC 22/2019 promovido por varios partidos políticos nacionales y local, en contra de la resolución dictada en el juicio instaurado por Jaime Bonilla Valdez (candidato de la coalición formada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo), para alargar hasta 6 años,  el período de la gubernatura del Estado de Baja California que se elegirá el próximo 2 de Junio de 2019, y que conforme a la Constitución Política de Baja California debe ser de solo 2 años de duración, para alinear en 2021, los procesos electoral federal y local.

Los Centros Empresariales Coparmex Ensenada, Coparmex Mexicali y Coparmex Tijuana, integrantes de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana, hacen un respetuoso pero firme llamado a los siete Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que con la resolución que están por emitir, otorguen certidumbre electoral, preserven el principio de libre configuración legislativa local,  y hagan respetar la norma constitucional vigente en Baja California.

Para los ciudadanos resulta inadmisible, que habiendo iniciado un proceso electoral y encontrándose los candidatos en campaña, una sorprendente resolución del Tribunal Estatal Electoral, pueda pasar por encima de la Constitución Política del Estado de Baja California en vigor, y a través de interpretaciones inconsistentes y jurídicamente insostenibles, se atienda obsequiosamente la petición de un candidato a la Gubernatura, para triplicar de forma repentina la duración del periodo de la próxima gubernatura del Estado de Baja California.

Es la segunda ocasión en el mismo proceso electoral, que extrañamente el Tribunal Estatal Electoral pretende alargar con sus inauditas resoluciones dicho período gubernamental, por lo que dos de los Magistrados que aprobaron mayoritariamente ambas resoluciones, hoy se encuentren sujetos a Juicio Político.

Además, es claro que la reclamación del Candidato Jaime Bonilla Valdez, fue presentada de forma extemporánea, razón que debería ser suficiente para que su demanda para la ampliación del período de la gubernatura fuere desechada.

El TEPJF al emitir hace unas semanas la resolución SUP-JRC-05/2019, ya determinó que conforme a la Constitución Local, el próximo período de la gubernatura de Baja California debe ser de dos años, y no por un plazo mayor como se ha pretendido.

Por eso esperamos que el proyecto que habrá de presentar a sus colegas el ponente, a saber el Presidente Felipe Puente, sea congruente y consistente con los criterios que han adoptado por el órgano jurisdiccional federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por unanimidad de votos desde el año 2015, que la adecuación a las constituciones estatales que implica reducir, por única ocasión, el periodo del cargo de gobernador de seis a dos años es constitucionalmente válida y que no vulnera ningún principio democrático.

Han causado gran preocupación en Baja California, las reiteradas versiones sobre los encuentros en Palacio Nacional, del abogado del candidato Jaime Bonilla Valdez a cargo de la impugnación y el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, sobre todo por la pública y cercana relación afectiva y política, del hoy candidato gubernamental con el Titular del Poder Ejecutivo, y las virtuales presiones que se dice estarían haciéndose sobre algunos de los integrantes del TEPJF para resolver el juicio concediendo el alargamiento de la gubernatura.

Desde 2014 el Poder Legislativo de Baja California y los Ayuntamientos del Estado, determinaron adecuar la Constitución Política de la Entidad, tal y como se hizo en la mayoría de los Estados, para concentrar en menos años todas las elecciones, alineándose los procesos electorales locales y federal, desde años antes de aplicarse dicha reforma, es decir, sin dedicatorias de momento electoral o candidato alguno.

De materializarse la pretensión que plantea solo un candidato, el Estado de Baja California tendría que celebrar elecciones en 2019, 2021, 2024 y 2025 trastocando la normalidad cívica y generando un gasto dispendioso.

Por ello es inaudito, que a menos de nueve días de la jornada electoral, los ciudadanos no puedan conocer si su determinación al emitir el sufragio, será para elegir un gobernador para un periodo de dos años, como marca la Constitución desde hace tiempo, o para un sorpresivo e infundado período de seis años, que elimina en el corto y mediano plazo, la posibilidad de la concurrencia de elecciones. Hacemos un llamado a preservar la certeza electoral y la división de poderes, valores esenciales de la democracia.