La voz de la IP / Lo que la corrupción le está costando a nuestras fronteras y puertos.

Artículo de opinión escrito por, Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario e Islas, Vía @elsolde_mexico

Cada vez que hablamos de corrupción en México solemos pensar en cifras nacionales: miles de millones de pesos perdidos, millones de personas afectadas o posiciones poco alentadoras en los índices internacionales. Sin embargo, existe una dimensión del problema que merece mucha mayor atención: el enorme costo que la corrupción impone a las regiones fronterizas y portuarias del país.

Ahí se encuentra buena parte del futuro económico de México. Son las puertas de entrada y salida del comercio internacional, los puntos donde se concentra la inversión logística y donde el fenómeno del nearshoring puede traducirse en crecimiento, empleo y desarrollo regional. Pero también son espacios donde la discrecionalidad administrativa tiene un impacto particularmente profundo.

Los datos de #DataCoparmex 2025 muestran que la corrupción se presenta con mayor frecuencia en el ámbito municipal, seguida del estatal y, en menor medida, del federal. No es un dato menor. Son precisamente los gobiernos locales quienes autorizan los cambios de uso de suelo, las licencias de construcción, los permisos ambientales y múltiples trámites indispensables para desarrollar infraestructura logística, industrial y portuaria.

Cuando ese primer contacto con la autoridad depende de criterios discrecionales, cualquier proyecto inicia con una desventaja competitiva. La inversión enfrenta retrasos, incrementos en los costos y, sobre todo, incertidumbre. Ningún inversionista toma decisiones de largo plazo cuando las reglas pueden cambiar según el funcionario que tenga enfrente.

La situación resulta aún más delicada en las aduanas y los cruces fronterizos. El Estado tiene la obligación de ejercer controles eficaces sobre el comercio y el tránsito de personas. Sin embargo, cuando esos procesos carecen de transparencia, trazabilidad y digitalización, un control legítimo puede convertirse en un espacio propicio para prácticas indebidas.

COPARMEX ha documentado que casi la mitad de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destinó, en promedio, 82 horas al mes para cumplir con obligaciones regulatorias. En materia logística, el tiempo es competitividad. Cada hora perdida significa mercancías detenidas, mayores costos de operación, incumplimientos en las cadenas de suministro y empresas que comienzan a considerar otros destinos para invertir.

La corrupción tampoco se limita a los sobornos o a la burocracia excesiva. La extorsión representa una de sus expresiones más dañinas, particularmente en las regiones estratégicas para el comercio exterior. Que una parte importante de los casos de cobro de piso sea atribuida a autoridades o a personas que se hacen pasar por ellas constituye una señal de alerta que no puede normalizarse. Ninguna estrategia de desarrollo regional puede prosperar cuando quienes deberían brindar certeza jurídica terminan generando incertidumbre.

Las MiPyMEs son las principales afectadas. Generan más de siete de cada diez empleos formales en México, pero cuentan con una capacidad mucho menor para absorber retrasos administrativos, pagos indebidos o los costos derivados de la corrupción. En las regiones fronterizas y portuarias, donde la eficiencia logística determina la viabilidad de muchos negocios, estas prácticas pueden marcar la diferencia entre crecer o desaparecer.

El desarrollo regional no depende únicamente de construir carreteras, ampliar puertos o modernizar aduanas. También requiere fortalecer las instituciones. La infraestructura física puede desarrollarse en pocos años; la confianza institucional tarda mucho más tiempo en construirse y puede perderse con rapidez cuando prevalece la corrupción.

En un momento en que México busca consolidarse como el principal destino de relocalización de inversiones en América del Norte, la competitividad ya no depende únicamente de la ubicación geográfica o de los costos laborales. La certeza jurídica, la transparencia y la eficiencia gubernamental son hoy factores determinantes para atraer inversión productiva.

Por ello, resulta indispensable avanzar en una agenda nacional que simplifique y digitalice los trámites gubernamentales; fortalezca los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno; impulse procesos plenamente trazables en puertos, aduanas y cruces fronterizos; y garantice canales seguros y efectivos para denunciar actos de corrupción.

Combatir la corrupción no es únicamente una obligación ética. Es también una política de desarrollo económico. Cada trámite transparente, cada permiso otorgado con reglas claras y cada acto de autoridad sujeto a rendición de cuentas fortalecen la competitividad de nuestras regiones y generan mejores condiciones para atraer inversión, crear empleos y aprovechar plenamente las oportunidades del comercio internacional.

Si queremos que nuestras fronteras y puertos se conviertan en verdaderos motores del crecimiento nacional, debemos comenzar por garantizar que operen bajo un principio elemental: el Estado de Derecho.