La extorsión alcanza su nivel más alto en 11 años.

Al cierre del primer semestre del año y, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión se mantiene como el principal delito al alza en México, En los seis primeros meses de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas, un incremento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025, lo que representa la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.

La dimensión real del problema es aún mayor. Según el INEGI, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra, por lo que las cifras oficiales representan apenas una pequeña fracción del fenómeno.

Ante este escenario, el Monitor de Seguridad de COPARMEX da seguimiento a la incidencia delictiva nacional, estatal y municipal para analizar su impacto en empresas y ciudadanía. Estos resultados confirman la urgencia de fortalecer la estrategia contra la extorsión, que continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades. Por ello, reiteramos la necesidad de aplicar efectivamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Evolución de la extorsión en México
De enero a junio de 2026 la extorsión aumentó en 551 víctimas, frente al mismo periodo de 2025. El incremento se extiende por todo el país: 19 entidades registraron un aumento entre enero-junio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, y 12 alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.

Las mayores variaciones anuales se registraron en Chihuahua (+2,325%, de 4 a 97 víctimas), Zacatecas (+551.4%, de 35 a 228), Yucatán (+400%, de 1 a 5) y Tabasco (+184.2%, de 82 a 233). Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, las entidades con mayores registros fueron Morelos (18.8), Querétaro (15.5), Zacatecas (13.2), Ciudad de México (12.7) y Baja California Sur (12.4).

La concentración territorial también es significativa. 10 de los 20 municipios con mayor tasa se ubican en sólo 2 entidades: Guanajuato, con 5 municipios, y Ciudad de México, con 5 alcaldías. El municipio con la tasa más alta del país es Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Nuevas modalidades de extorsión
En el acumulado del semestre, de acuerdo con la nueva metodología “Registro Nacional de Incidencia Delictiva”, 7 de cada 10 extorsiones son a distancia, mediante internet, redes sociales o teléfono, mientras que 2 de cada 10 son presenciales y el resto corresponde a tentativas. Además, 13 entidades superan el promedio nacional de 14% en tentativas, entre ellas Campeche, Aguascalientes y Tabasco, lo que también refleja diferencias en la adopción del nuevo criterio de registro.

Durante el primer semestre de 2026, la extorsión fue el único delito que va al alza. En contraste, los demás delitos registraron disminuciones: asesinato (-29.6%), homicidio doloso (-30.1%), feminicidio (-10.7%), secuestro (-25.3%), robo a negocio (-7.3%), robo a transportista (-19.4%) y robo de vehículo (-16.9%).

Índice de Extorsión COPARMEX
COPARMEX desarrolló el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), que combina tres variables: magnitud del delito, con datos del SESNSP y un peso de 0.50; cifra oculta y percepción de inseguridad, con información del INEGI y un peso de 0.25 cada una.

El IEC muestra que 14 entidades tienen un IEC mayor que el promedio Nacional (49.7%). Guerrero da el salto más pronunciado del ranking, del lugar 11 al 5, y se instala en el top 5 nacional. Sinaloa (22 al 17) y Michoacán (16 al 13) también suben posiciones. En contraste, Tlaxcala (17 al 23), Baja California (7 al 12) y Jalisco (23 al 28) bajan posiciones en el ranking. Los resultados permiten identificar dónde la extorsión representa una mayor amenaza y dónde es necesario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Postura COPARMEX
Desde COPARMEX consideramos indispensable pasar del reconocimiento del problema a la implementación efectiva de las herramientas existentes. El combate a la extorsión requiere coordinación, capacidades especializadas y mecanismos verificables de cumplimiento. Por ello exigimos:

• Concluir con la homologación de las legislaciones locales conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
• Crear y garantizar la suficiencia presupuestal para la operación de unidades especializadas contra la extorsión en las fiscalías locales, como establece el artículo 13 de la Ley General.
• Seguimiento y acompañamiento de las fiscalías mediante nuestros Centros Empresariales, identificando progresos y pendientes.
• Instalar inhibidores en los Centros Penitenciarios, conforme al artículo 38 de la Ley General, para impedir comunicaciones desde estos espacios.
• Verificar la implementación de estas medidas mediante nuestros Centros Empresariales, una vez concluidos los plazos establecidos.

Necesitamos instituciones capaces de responder con eficacia y una aplicación efectiva de la ley. De ello dependen la seguridad de las personas, la continuidad de las empresas y la confianza para invertir.