Empresas y Empresarios / La fuerza laboral que protege la economía.

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @laprensaoem X: @Armando_ZunigaS

Antes de que una fábrica inicie operaciones, una escuela abra sus puertas o un comercio reciba a sus primeros clientes, muchas veces ya hay una persona encargada de vigilar el acceso, cuidar las instalaciones y prevenir riesgos. Su trabajo suele pasar inadvertido, aunque forma parte de la vida diaria de millones de personas y permite que numerosos centros de trabajo funcionen con mayor seguridad.

En el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos obtenidos del INEGI, había en México más de 866 mil vigilantes y guardias en establecimientos, 48 mil más que un año antes. El crecimiento fue de 5.9 %, mientras el total de personas ocupadas en el país aumentó 1 %.

Si se agregan los vigilantes y porteros en casas particulares y otros trabajadores dedicados a la protección y vigilancia, la cifra se acerca a las 900 mil personas. Es una fuerza laboral enorme que está presente en escuelas, hospitales, tiendas, hoteles, oficinas, fábricas, centros de distribución y espacios públicos.

La seguridad también requiere mucho trabajo que no vemos, por ejemplo, las funciones de supervisión, administración, capacitación, monitoreo, desarrollo de sistemas, instalación y reparación de equipos, entre otros, además, cada servicio necesita organización, tecnología y personal preparado para responder. Por ello las empresas de servicios de investigación, protección y seguridad emplean más de 600 mil personas, de ellas 77 % son vigilantes y guardias.

En los últimos doce meses, el número de vigilantes y guardias creció 3.8 %, lo cual nos hace ver que se requiere de personal operativo suficiente y también supervisores, capacitadores, técnicos y especialistas que respalden su trabajo. Un área de oportunidad que cada vez se especializa y ofrece nuevas oportunidades de trabajo.

Por otra parte, hay vigilantes y guardias en todas las actividades económicas, por ejemplo, hay poco más de 45 mil de ellos en escuelas públicas, cerca de 28 mil en el autotransporte de carga, casi 22 mil en asociaciones y organizaciones y más de 20 mil en tiendas de autoservicio y departamentales. La vigilancia está presente en prácticamente todos los espacios donde estudiamos, trabajamos, compramos o recibimos un servicio.

Aunque los datos no permiten saber en todos los casos qué empresa paga al trabajador, cuál es su relación contractual o el sitio exacto donde presta el servicio, lo que queda claro es que la protección atraviesa una parte muy amplia de la economía y de la vida cotidiana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social dice que en julio de 2026, los servicios de protección y custodia tenían 467 mil puestos de trabajo registrados que equivalen a 2.1 % de todo el empleo afiliado al Instituto. Es una parte de la economía formal de gran tamaño que puede seguir creciendo con esquemas cada vez más especializados.

Por otra parte, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal reportó 6 mil 302 empresas de seguridad privada registradas ante instituciones estatales en 2025. Para integrar esa cifra tomamos de la Ciudad de México el último dato disponible, correspondiente a 2024, de los servicios más frecuentes encontrados son la protección de bienes y personas, el monitoreo electrónico y el traslado de bienes o valores.

El INEGI, el IMSS y el Censo miden aspectos diferentes, por lo que sus cifras no deben sumarse ni restarse; deben ser vistas en conjunto, para que ayuden a entender el tamaño del sector.

Este esfuerzo es más importante ahora que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce a los servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública. Ese avance debe traducirse en reglas claras, mejores registros, requisitos comunes en todo el país y canales permanentes de comunicación con las autoridades.

La formalidad también protege al trabajador, pues quien cumple una función de vigilancia debe contar con seguridad social, capacitación, equipo adecuado, supervisión y protocolos claros. Las empresas que contratan estos servicios deben reconocer esos costos y elegir proveedores que cumplan la ley. Cuando el precio es el único criterio, se abren espacios para la simulación, la competencia desleal y empleos sin la protección necesaria.

La capacitación debe incluir prevención de riesgos, primeros auxilios, protección civil, derechos humanos, atención al público, manejo de crisis y uso responsable de la tecnología. Cámaras, controles de acceso, geolocalización y centros de monitoreo pueden mejorar la seguridad, siempre que estén acompañados por personas preparadas para utilizarlos y actuar con responsabilidad.

Detrás de cada uniforme hay una persona que cuida vidas, empleos, instalaciones y bienes. Reconocer a quienes realizan esta labor también implica mejorar sus condiciones de trabajo y elevar la calidad de los servicios. Desde ASUME seguiremos impulsando la formalidad, la capacitación, la innovación y la colaboración con las autoridades. Fortalecer a esta fuerza laboral ayuda a proteger a las familias, mantener abiertas las empresas y construir un México con más seguridad y mejores oportunidades.