
Artículo de opinión escrito por, Emilio Blanco del Villar, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario e Islas | Vía: @elsolde_mexico
México se piensa a sí mismo como un país abierto, y lo es: tratados por todo el mundo, la frontera más transitada del planeta, puertos por donde sale lo que producimos y un Caribe que atrae visitantes de todas partes. Y, sin embargo, el empresario que vive de esa apertura es hoy el que menos confía en el futuro inmediato.
La medición 2026 de #DataCoparmex lo dice sin rodeos: solo 23.0% de los socios considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos en un año, la mayor que hayamos registrado. Uno esperaría que las entidades fronterizas, portuarias e insulares —las primeras en sentir cualquier oportunidad global— encabezaran la lista. Aparecen al final.
La explicación cómoda sería el entorno: aranceles, incertidumbre global y revisión del T-MEC. Pero cuando se le pregunta al empresario qué lo detiene, no habla de mercados lejanos. Habla de trámites que no avanzan, de permisos que dependen de quién esté en la ventanilla y de mercancía que no llega completa a su destino. Que la extorsión sea hoy el delito más frecuente contra las empresas, y que en uno de cada cinco casos el cobro lo haya hecho una autoridad o alguien que aparentaba serlo, dice más que cualquier índice. Lo que frena no viene de afuera: viene de adentro y, por eso, es corregible.
Dos estados del mismo golfo lo ilustran mejor que cualquier argumento. En Quintana Roo, la mitad de las empresas vivió algún acto de corrupción: la cifra más alta del país, justo en la región que más divisas turísticas genera. En Campeche, esa incidencia es de 11.8%, la más baja de México, y la confianza para invertir está entre las mayores. Misma costa, misma vocación marítima, resultados opuestos. La diferencia no es la geografía ni el presupuesto: es si las reglas se cumplen igual para todos.
Ahí está el verdadero costo. Una empresa dedica 72.1 horas al mes a atender el marco regulatorio, tiempo que no se invierte en producir, contratar ni exportar. Pero lo más caro no se mide en horas, sino en la decisión que nunca se toma: la sucursal que no se abre, el contenedor que se ruteó por otro puerto, el socio que eligió otro país.
Hay un dato en esta medición que me parece el más revelador, y no es un porcentaje alarmante. Al preguntar a los empresarios en qué campo les gustaría crecer, la expansión internacional aparece como la opción de menor preferencia. En un país cuya principal ventaja competitiva es su ubicación, nuestras empresas están mirando hacia adentro. Eso no es prudencia: es una renuncia.
No se corrige con discursos sobre el nearshoring, sino con lo único que alguien necesita para arriesgar su patrimonio a diez años: certidumbre. Reglas claras, plazos que se cumplen, autoridades que no cobran de más, corredores por donde la carga llegue entera. La frontera, el puerto y la isla no piden trato preferente; piden que el país funcione con la seriedad con la que ellos compiten cada día. Lograrlo convertiría el desarrollo regional en lo que siempre debió ser: la agenda de crecimiento de México.



